En otro paso hacia la construcción de una justicia penal universal, el Tribunal Internacional de Opinión sobre los crímenes cometidos en la jurisdicción de los municipios de Bolívar, Colombia, juzgó "plenamente acreditada la culpabilidad del Gobierno de la República de Colombia" en los hechos constitutivos de "crímenes de lesa humanidad, genocidio y terrorismo de Estado".

Reunido a fines de noviembre en Paris, el Tribunal se constituyó por la denuncia presentada por diversas organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y populares, entre ellas la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y La Mesa Regional del Magdalena Medio.

Las sesiones, llevadas a cabo con rigor procesal, tuvieron por Fiscal al jurista argentino español Carlos Slepoy, quien ejerce como "Abogado de la Acusación Popular" en Madrid y participa en la acusación contra militares argentinos y chilenos, que lleva a cabo el juez Baltasar Garzón, entre otros. Slepoy, quien sufrió en carne propia las carceles de la dictadura argentina, es parte de la acusación contra los militares represores argentinos Adolfo Scilingo y Ricardo Cavallo, quienes serán juzgados el próximo año en España, por genocidio y terrorismo.

El Tribunal notificó su constitución por correo certificado a las autoridades colombianas en París, pidiéndoles designar una representación para que fungiera como defensa. Al no recibir respuesta, designó un Defensor de Oficio conforme al reglamento del propio Tribunal, Defensa que recayó en la periodista-jurista Denise Méndez.

El Tribunal estuvo constituido por los presidentes Sophie Thonon–Wesfreid, abogada ante la Corte de Apelación de París; François Houtart, Director del Centre Tricontinental (CETRI), en Lovaina, Bélgica; y los jueces, Luis Javier Garrido, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; Heinz Dieterich, Profesor de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, de México, y el jurista Javier Otaola, síndico- defensor del pueblo de Gasteiz, País Vasco.

Para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1º de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2002 inclusive, en los municipios de Bolívar, el Tribunal fundó su decisión en los siguientes cuerpos jurídicos: la Constitución Política de la República de Colombia, 1991; los Estatutos del Tribunal Internacional Militar de Nüremberg, 1945; la Carta de las Naciones Unidas, 1945; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948; el Estatuto de la Corte Penal Internacional, 1998 y el Código Penal Colombiano, 2001.

Los jueces estudiaron seis casos de asesinato, tortura, masacre, desaparición forzada, persecución y exterminio; escucharon los informes de los expertos amicus curie (amigo de la Corte): el investigador social irlandés, Gearoid O´Loinsigh, el abogado y líder del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Minera, Francisco Ramírez, y del Padre Javier Giraldo, S.J., defensor de Derechos Humanos y representante de la Comisión Interecclesial de Justicia y Paz, ambos de Colombia.

El Tribunal presenció también los testimonios de cuatro testigos directos e indirectos; el testimonio audiovisual de un ex militar, quien fue asesinado y la evidencia documental de más de 209 casos de violaciones ocurridas en esta región y en este período de tiempo, y así pudo comprobar múltiples matanzas colectivas, homicidios, detenciones y desapariciones, torturas, amenazas, extorsiones, lesiones, privación de la libertad, destrucción de cultivos y desplazamientos forzosos, delitos contra la salud por la utilización de productos químicos y actos de barbarie cumplidos como ejecución de un plan generalizado y sistemático contra la población civil.

A través de tales testimonios, peritajes y evidencias documentales, el Tribunal consideró debidamente acreditadas las denuncias presentadas y calificó los hechos como constitutivos de crímenes de lesa humanidad, genocidio y terrorismo de Estado.

Muchos de estos crímenes tienen un origen de carácter económico, expresado, por un lado, en los intereses de las empresas transnacionales por apoderarse de los grandes yacimientos auríferos de la zona, pero también por implementarse un proyecto económico que sólo considera los intereses de las corporaciones transnacionales de Canadá, Estados Unidos y Europa (Inglaterra y España), que operan en la zona y explotan sus recursos naturales, como el gas, el carbón, el oro, las esmeraldas, el agua, las tierras cultivables y, en general, toda la biodiversidad de la región.

Últimamente esa política se desarrolla en el marco del llamado Plan Colombia, diseñado para cambiar de manera definitiva el modelo agrícola del país y facilitar la entrada del capital extranjero. Por eso, el Gobierno de la República de Colombia instaura en los últimos años, por lo menos desde 1995, una política de terrorismo de Estado que perpetró homicidios, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, destrucción de cultivos y traslados forzosos, así como delitos contra la salud por la utilización criminal premeditada de productos químicos en la fumigación de las tierras.

Esta política se efectúa a través de las Fuerzas Armadas de la República de Colombia, la Policía, y las fuerzas paramilitares auspiciadas y organizadas por el Estado, actuando en el marco de una fuerte connivencia entre ellas, y bajo la impunidad absoluta concedida por el sistema jurídico del país, que no investiga los crímenes cometidos.

El Tribunal encontró elementos preocupantes que podrían también acreditar la responsabilidad criminal en la comisión de estos crímenes, de los representantes de diversas agencias civiles y militares del gobierno de los Estados Unidos de América, así como de varios gobiernos europeos.

Ante la manifiesta imposibilidad de ejercer la función jurídica pública dentro del país, con un fiscal general y un comandante en jefe del ejército, que son parte de la criminal política de terrorismo e impunidad del Estado, el Tribunal alentó a llevar los hechos denunciados ante tribunales nacionales y/o internacionales para que los responsables sean sancionados.

La actual política de desmovilización de paramilitares, iniciada por el gobierno del presidente Alvaro Uribe, prevé obviamente la posibilidad de que más temprano que tarde, los responsables del genocidio contra la población civil se encontrarán ante instancias de la justicia universal, como hoy es el caso de los represores Scilingo y Cavallo.

Sin embargo, la desmovilización, calificada por la organización de derechos humanos, Human Rights Watch, como "parodia" y "espectáculo de impunidad", no protegerá a Uribe y sus subalternos de la justicia internacional.

Deben tener en mente que el caso Pinochet no se repetirá. No encontrarán un político como Tony Blair, que les salvará de su merecido castigo.