El capital financiero, el más satisfecho con las cifras y realizaciones de este
gobierno
Crisis política
Pep Valenzuela Alai
Los resultados económicos del gobierno Lula ya los querrían para sí mismos
cualquiera de los partidos con representantes en el parlamento brasileño. Todos
menos el nuevo PSOL (partido socialismo y libertad) creado por los diputados
expulsados del PT. Desde la propia base de apoyo al gobierno hasta la oposición
más dura, por más que sea difícil sino imposible llamar de dura a cualquiera de
las oposiciones que hasta hace poco hayan sido. De hecho, el conjunto de las
clases sociales brasileñas, con la clara excepción de los funcionarios públicos
federales, está básicamente satisfecho con las cifras y realizaciones de este
gobierno. El capital financiero, posiblemente, sea el más satisfecho de todos.
Los sectores que producen para la exportación (minería, alimentación,
telecomunicaciones, automóviles, entre los más importantes), a pesar de las
dificultades cambiarias y derivadas de los tipos de interés, también "super"
satisfechos. En el otro extremo, son ya más de ocho (8) los millones de familias
que reciben efectivamente ingresos y ayuda del denominado Programa Beca Familia,
que agrupó un conjunto de otros programas de ayuda social, consiguiendo mayor
efectividad y consistencia. Esos millones de familias son una buena proporción,
bastante más de la mitad, de los 53 millones de pobres que aparecen en las
últimas estadísticas. El empleo "legal" ha crecido como hacía muchos años no se
conocía y el "informal" también. La población brasileña, en general, se siente
orgullosa de la política internacional de su gobierno y recupera autoestima y
dignidad.
Con los casos de corrupción, reales o ficticios, todavía no hay sentencias ni de
parte del poder Judicial ni tampoco de las comisiones parlamentarias de
investigación que se han creado, la oposición u oposiciones han encontrado el
punto donde concentrar ataques y críticas, por más forzado que pudiera ser o
parecer. Desde el gobierno, el comportamiento adoptado, lejos de ayudar a calmar
las eventuales agitaciones derivadas de las denuncias, lo que se ha conseguido
ha sido encender ánimos de enemigos y también de amigos. Ahora, las inflamadas
arengas antioposicionistas de algunos líderes del PT y del Gobierno suenan a
hueco y más bien parecen contribuir a alimentar un conflicto que no iría más
allá de la escenificación de un conflicto político- institucional que se
alimenta de y a sí mismo, pero sin reflejo ni raíz en el conflicto social. Y
desde esta perspectiva es desde la cual se puede entender lo del "golpismo" de
las "élites" de que habla la "Carta a los Brasileños" hecha pública por varias
decenas de organizaciones y movimientos sociales, entre los que se encuentran la
CUT y el MST.
La crisis ha puesto al descubierto de forma dramática los límites de la
pretendida "gobernabilidad" que Lula y su gobierno han querido garantizar.
La clase política tradicional brasileña, además de ser más reaccionaria que
"Superman", como decía un viejo amigo, es bastante corrupta y poco o nada
moderna, en el estilo de hacer política, que en el vivir ya es otra discusión.
Eso no es ninguna novedad para nadie en este país y menos para quien lleva ya
metido en esto de la política unos cuantos años y muchas batallas. Claro que, a
la hora de hacer las "alianzas necesarias" para ganar las elecciones y, para
después, mantener la tan traída y llevada gobernabilidad, no había otra para
escoger.
Como que, por otro lado, parece que el carisma del presidente exmetalúrgico
muestra señales de agotamiento y, al mismo tiempo, la oposición política, la
derechona pura y dura, empieza a estar ya recuperada del revolcón electoral de
2002, pues la fiesta está animándose pero que bastante. Leer los periódicos o
ver los informativos en televisión es asistir a una orgía de comisiones,
chantajes, compras de apoyo parlamentario, vínculos de políticos con el juego
ilegal y así hacia adelante. Nada nuevo si no fuera que quien se ve
principalmente envuelto en el baile, culpable o no, es el gobierno Lula y su
propio partido. Seguramente, aun con esa misma política de alianzas, si el
núcleo duro del gobierno hubiese sido un poco más prudente hubiera podido
ahorrarse algún quebradero de cabeza. Sin embargo, lo visto hasta hoy no parece
abonar esa tesis.
El caso que hizo estallar la actual crisis está siendo protagonizado por el
presidente del llamado Partido Traballista Brasileño (PTB), Roberto Jefferson.
El tal de Jefferson ya es famoso en el país desde hace algún tiempo,
especialmente después de haber sido un destacado dirigente de la que en su día
se conoció como "tropa de choque" de defensa del entonces presidente Fernando
Collor de Mello, depuesto precisamente tras demostrarse su responsabilidad en un
importante caso de corrupción. Era 1992. El curriculum del susodicho, de acuerdo
con algunos de los más destacados plumas del periodismo brasileño, le daría
entrada rápida para ocupar el cargo de administrador de la cueva de Alí Babá,
que posiblemente se moriría de vergüenza ante el brasileño. Pues bien, después
de que en una cinta de vídeo un ex-amigo de Jefferson le acusara de ser
responsable de armar un esquema de cobros de "propinas" a partir de algunos
negocios sucios en licitaciones de compras de la empresa federal de Correos,
fueron varias las voces, desde la oposición y desde el PT, las que pidieron
aclaración y, en el caso de los miembros del PT, la retirada de confianza por
parte del Gobierno. Fue el propio Lula quien salió en su defensa afirmando:
"ahora va a saber Jefferson quien son sus amigos de verdad".
La cosa, de todas formas, se calentó bastante puesto que la oposición del PSDB
(partido del anterior presidente Cardoso) y el derechista Partido del Frente
Liberal (PFL) consiguió firmas suficientes entre diputados y senadores como para
crear una comisión parlamentaria de investigación (CPI). La solicitud contaba
con las firmas de catorces petistas. El gobierno intentó impedir la formación de
la CPI llamando al orden a los propios, petistas y algunos otros diputados y
senadores de la base de apoyo al gobierno y, según todos los indicios,
consiguiendo que algunas enmiendas al presupuesto (estas enmiendas representan
financiación para proyectos presentados por los diputados) de miembros de otros
partidos, incluso de la oposición, pudiesen salir más rápido. Además de intentos
de bloquear administrativamente y, por fin, llamamientos a la serenidad junto
con alertas ante un eventual "complot" contra el gobierno y el PT. La CPI fue
aprobada, incluso con el voto del señor Jefferson, por cierto.
Pero la verdadera sorpresa todavía estaba por llegar: dueño de la escena,
Jefferson nuevamente, dio una entrevista a la publicación semanal Veja en la que
acusaba, entre otros, al tesorero del PT, el ex sindicalista Delúbio Soares, de
pagar salarios especiales a diputados de varios partidos para que apoyasen al
gobierno en la aprobación de leyes. Parece que Lula habría llamado
inmediatamente al presidente del partido, José Genoino, para sugerirle que
podría ser bueno darle unas vacaciones a Delúbio. A lo cual, Genoino, que ha
defendido con absoluta fidelidad todo, absolutamente todo, lo que el gobierno
viene haciendo, parece haber respondido que todo tiene un límite. Y no ha sido
el único. El ministro de la Casa Civil (responsable de las relaciones políticas
y con el parlamento) y miembro permanente del núcleo duro de gobierno e íntimo o
casi alter ego de Lula, José Dirceu, afirmó desde Lisboa que se viven las
consecuencias de la política de alianzas que se ha venido haciendo. Además de
aprovechar para criticar la política económica. Lo cual no deja de resultar
sorprendente, siendo él como es uno de los 5 o 7 "magníficos" y más estrechos
colaboradores del propio Lula. El ministro de la Ciudades, ex-gobernador de Río
Grande del Sur, Olívio Dutra, parece que tampoco se pudo contener y, en el mismo
sentido que Dirceu, afirmó que es el pago de juntarse con determinadas
compañías.
La intervención del diputado Jefferson ante la Comisión de Justicia del
parlamento sirvió para calentar más la escena. Defendiendo la inocencia de Lula
en todo momento, el presidente del PTB insistió en la culpabilidad de Delúbio,
así como del antes citado Dirceu, que ha acabado siendo la primera víctima. Esta
misma semana, el ministro jefe de la Casa Civil presentó su dimisión y Lula la
aceptó. El PT celebró la pasada semana un acto de desagravio en el que Dirceu
fue el principal orador. Afirmó éste lo que ya otros habían afirmado: asistimos
a un complot golpista de la oposición. Aunque la "Carta a los Brasileños" habla
también de golpismo conviene distinguir entre unos y otros. De un lado, Dirceu,
Genuino y el propio Lula, insisten en defender la política de alianzas que han
realizado contra viento y marea; así como la política económica que tan buenos
resultados ha dado para el capital financiero y que unánimemente los movimientos
sociales critican, junto los sectores más a izquierda del propio PT. Y su
pensamiento y práctica se mueve en los estrechos y conservadores marcos de la
estructura político-institucional vigente, que es una de las causas de la
corrupción estructural del país. Parece, sin embargo, que algo sí que han
aprendido; desde el gobierno se está intentando ahora acelerar una reforma del
sistema político vigente que se tramita desde hace ya diez años y todavía no
había salido.
La posición que defiende la Carta de los movimientos sociales, contrariamente,
apunta claramente a la conexión entre las opciones políticas y económicas del
actual gobierno, la persistencia de las deudas sociales en el país, de la
pobreza y miseria estructurales, la corrupción y las actuales maniobras de las
"oposiciones" que hacen lo que siempre han hecho y en el terreno por ellas
escogido. Una vía de salida y perspectiva de soluciones, apuntan, es el cambio
de los rumbos actuales de clara continuidad con el modelo neoliberal del
anterior gobierno. Lula recibió el día 22 de junio a una amplia comisión de la
Coordinación de Movimientos Sociales. En principio, todos amigos y camaradas.
Nada, sin embargo, en relación a cambiar de política. Lo peor es que, por otro
lado, tampoco parece que desde los movimientos sociales haya la capacidad
suficiente como para "convencer" al presidente.
Aunque la situación tiene todas las características de ser de momento de
inflexión, no aparecen ni alternativas ni entidades sociales y/o políticas con
hegemonía y fuerza suficiente como para obligar a un cambio de rumbo claro a
este gobierno. Parece, por el contrario, que el gobierno no consigue superar su
actual "realismo" político-económico, lo que le impide salir de los senderos
trillados hasta hoy; entre otras razones, porque la fuerza política que podría
empujarle, el PT, está muy desactivada para una acción política y social que
vaya más allá de lo puramente institucional. El sindicato CUT, que como una
parte importante del sindicalismo en el todo el mundo, navega por el mar del
sindicalismo de "resultados" y "negociación", no consigue tampoco tener una
posición autónoma en relación al gobierno de su más carismático líder hoy
presidente, por más que le cueste en pérdida de legitimidad y credibilidad.
Finalmente, el poderoso MST no moviliza las ciudades (80% de la población) y ni
siquiera todo el campo, por más que se articule con las pastorales sociales de
la Iglesia y otros movimientos sociales.
