1. Tomás Eloy Martínez, el escritor argentino, decía que el pasado es el tatuaje que ni siquiera el tiempo lava. Nuestro tatuaje en América Latina y el Caribe parece ser la desigualdad. Ayer tuvimos oportunidad de reafirmarlo con motivo de la presentación desde Santiago de Chile del avance sobre los Objetivos del Milenio elaborado por 12 agencias de Naciones Unidas en el ámbito latinoamericano y del Caribe, con miras a la Cumbre mundial de jefes de Estado y de gobierno que se reunirá en Nueva York en septiembre de este año.
2. Es necesario volver a decirlo, ésta es la región con la mayor desigualdad de ingreso en el mundo. Todos los países de la región son más desiguales que el promedio mundial. En 17 de estos países 25 por ciento de la población vive por debajo de la línea de pobreza y en tres de ellos la proporción de pobres supera el 50 por ciento.También encabeza la mayor desigualdad en el acceso a activos como la tierra o el empleo. Siete de cada 10 empleos creados en la región desde 1990 corresponden al sector informal. Algunos analistas estiman que la pobreza en América Latina, que afecta a más de 200 millones de personas, se habría eliminado si la región tuviera la misma distribución de ingreso que tiene algunos países de Europa del Este o de Asia.
3. Un estudio reciente del Banco Mundial concluye que estos altos niveles de desigualdad en el ingreso y el bienestar: disminuyen el ritmo de reducción de la pobreza al reducir el crecimiento, disminuyen el mismo crecimiento económico y el desarrollo, reducen la capacidad de la región para manejar la volatilidad económica, y limitan la calidad en las respuestas macroeconómicas a los shocks, y propician un contexto que favorece espirales de violencia y crimen.
4. La inequidad acrecienta la disparidad social y productiva de nuestras sociedades, dificulta la construcción de consensos duraderos y alimenta una visión política cortoplacista y depredadora. Los estados nacionales tienen dificultades para establecer compromisos creíbles. Los agentes sociales no siempre se embarcan en acciones colectivas para defender intereses comunes. Se dañan instituciones capaces de procesar conflictos. La desconfianza mina la ciudadanía y la competencia económica, porque la exclusión es el enemigo principal del desarrollo.
5. Por ello, es necesario asumir los retos y los peligros que se ciernen sobre las democracias contemporáneas al tiempo que reconocemos también que las posibilidades de sortearlos están al alcance del compromiso ciudadano. Subrayar lo anterior sirve para recordarnos que una de las debilidades del desarrollo latinoamericano está en el peso de los poderes fácticos por sobre la competencia real de los agentes sociales. Se trata por el contrario, de combinar mercado, política social y democracia.
6. Las nuevas realidades exigen también acciones renovadas en las elites y en los ciudadanos que propicien pactos sociales y políticas de Estado. Que superen el dilema de países con pasado o países del pasado, como alguna vez lo planteó el canciller argentino Rafael Bielsa. Que asuman mensajes controvertidos para alimentar la reflexión pública. No el facilismo de la popularidad, sino el tiempo de decisiones valerosas. Aun con las restricciones existentes, es necesario convertir lo deseable en lo posible. Así, se lanzan Fome Zero, Chile Solidario, el Hambre más urgente, Panes, Finagro, Oportunidades y tantos otros programas innovadores que pueden ser puntos de partida. El informe sobre los Objetivos del Milenio en su visión latinoamericana subraya, empero, que para atender de manera estructural y de largo plazo los problemas de la desigualdad se requiere convertir la política social en el centro de la política económica.
7. Al reivindicar la acción pública y el papel articulador del Estado moderno se construyen salidas que evitan que el discurso y las acciones desemboquen en falsos dilemas. El único mecanismo que nos pondera a todos por igual es una democracia de calidad, cuyo deliberado propósito sea erradicar la exclusión, donde se tengan por un lado reales alternativas para elegir y, por otro, chequeos y balances que le den al sistema confiabilidad. Una democracia que sustente un Estado responsable y con respuestas para todos los ciudadanos.