 Hugo Alberto de Pedro |
Los pol�ticos son unos atorrantes
...y no
hablemos de pavadas
si son todos traficantes
y si no el sistema que
y
si no el sistema que...
no me digan se mantiene con la plata de los pobres
eso solo sirve para mantener algunos pocos.
ellos transan, ellos
venden
y es solo una figurita el que este de
presidente...
de la canci�n Sr.
Cobranza de Las manos de Filippi
por Hugo Alberto de Pedro
Una bomba de humo maloliente cop� el escenario de la informaci�n nacional
entre dos fechas particulares y muy especiales de la vida argentina, la del 10
de diciembre y la del 20 de diciembre. La primera marca los veinte a�os de una
ininterrumpida democracia representativa en los cuales ocho a�os gobern� el
radicalismo y los restantes doce el peronismo, la segunda se�ala la pueblada que
hizo volar por los aires al gobierno de la Alianza con el presidente huyendo
dentro de un helic�ptero mientras decenas de personas eran asesinadas en las
calles de la Rep�blica.
Un radical arrepentido, quebrado, necesitado, apretado y/o corrupto
llamado Mario Pontaquarto, con vasta experiencia en el Congreso Nacional y que
fuera secretario parlamentario del Senado en el a�o 2000, ha sido llevado de la
mano por An�bal Ibarra -jefe de gobierno de la Ciudad Aut�noma de Buenos Aires-
y por Alberto Fern�ndez -jefe del gabinete de ministros de la Naci�n- para que
recobrara la memoria de forma muy sospechosa y relatara primero al periodismo y
posteriormente a la Justicia Federal parte de uno de los hechos de corrupci�n
que hace poco m�s de tres a�os y medio se produjeron en el Senado de la Naci�n
en oportunidad de votar la Ley de Reforma Laboral el 26 de abril del a�o
2000.
Estos dos
funcionarios, adem�s de ser abogados, deber�an haber realizado la denuncia penal
ni bien tomaron conocimiento del tema en lugar de hacer reuniones a puertas
cerradas, en esas que todos sabemos que siempre se tratan los �asuntos de
Estado�.
Pontaquarto es un c�nico y mentiroso que si la justicia actuar�a como
corresponde deber�a haber quedado detenido y no como se pretende ahora
presentarlo como un arrepentido al cual hay que encima garantizarle su seguridad
y la de su familia. Porque su accionar corrupto ha contribuido a que millones
padezcan zozobras a l�mites inmorales e
inhumanos.
Al Senado pueden llegar aquellos que tengan m�s de treinta a�os, posean
seis a�os de ciudadan�a y sean naturales de la provincia que los elija o por lo
menos dos a�os de residencia en ella. Una vez que llegan se quedan durante seis
a�os y pueden ser reelegidos indefinidamente en elecciones que cada dos a�os
permiten que una tercera parte de ellos sean renovados. No pueden recibir empleo
o comisi�n del Poder Ejecutivo excepto los empleos a escala y sus remuneraciones
est�n a cargo del Tesoro de la Naci�n. Los senadores deben jurar que
desempe�ar�n debidamente su cargo y que obrar�n de conformidad a la Constituci�n
Nacional. Son los que deliberan en representaci�n del
pueblo.
Para ser presidente y vicepresidente es necesario ser hijo de un
ciudadano nativo o haber nacido en el territorio argentino, adem�s de las
�calidades� establecidas para poder ser senador. No podr�n ejercer otro empleo
ni recibir ning�n otro emolumento de la Naci�n mientras duren sus cuatro a�os de
mandato en cuyo transcurso la remuneraci�n la paga el Tesoro. Deber�n jurar que
desempe�ar� con lealtad y patriotismo el cargo y que har�n observar y observar�n
fielmente la Constituci�n. Podr�n ser reelectos por otro per�odo para seguir
gobernando en nombre del pueblo.
La condici�n de idoneidad es la �nica que establece nuestra carta magna
para ser admitido en los empleos ya que todos los habitantes �son iguales� ante
la ley. Le deja reservado a Dios, ya que corresponde al Gobierno federal
sostener el culto cat�lico apost�lico romano, aquellas acciones privadas que no
ofendan al orden y a la moral p�blica, como tampoco perjudiquen a terceros. Si
alguien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve a su
enriquecimiento se considerar� que es un atentado contra el sistema democr�tico
y deber�a quedar inhabilitado por un tiempo para ocupar cargos o empleos
p�blicos.
No hace falta ahondar m�s para darnos cuenta de la mentira institucional
en la que vivimos en la Rep�blica Argentina.
De confirmarse en sede judicial los dichos del corrupto Mario Pontaquarto
un atorrante inescrupuloso como lo son los senadores involucrados, el presidente
y vicepresidente de entonces, sabremos el destino que han tenido por lo menos
6.000.000 millones de d�lares provenientes de las arcas del Tesoro de la Naci�n,
cifra �sta que hoy representa tres veces el Fondo de Asistencia a Empresas
Recuperadas establecido por el Gobierno Nacional para atender las necesidades de
unas 170 unidades econ�micas que han permitido recuperar m�s de 10.000 puestos
de trabajo. Otra comparaci�n que demuestra una vez m�s que hacen los pol�ticos
argentinos dentro y fuera de la Confederaci�n Argentina es mencionar que esa
suma representan hoy 120.000 subsidios a los desocupados o bien 80.000
jubilaciones m�nimas.
Las coimas y sobornos existieron y ahora deber� ser determinado por la
justicia argentina, ese enmadejamiento de jueces que act�an como legos al
servicio de la politiquer�a. Son los mismos magistrados que desde que se efectu�
la denuncia no han logrado esclarecer este mismo tema. No han querido hacerlo
sin dudas.
Despu�s de 38 meses desde que Carlos �Chacho� �lvarez renunci� a la
vicepresidencia, supuestamente por la corrupci�n reinante dentro del Senado de
la Naci�n, y el comienzo de un proceso de investigaci�n judicial que tiene 48
cuerpos, no hay ning�n procesado, ning�n preso y ninguna verdad
esclarecida.
Ahora el ex
funcionario arrepentido (�?) entregar� a cuenta gotas toda la informaci�n,
papeles, itinerarios y dem�s datos que tiene y conoce, al ser parte
indispensable para que se haya desarrollado el
delito.
Debe conocerse la verdad y aplicarse la justicia con el mayor rigor, pero
debemos advertir que este tema no debe convertirse en el montaje de un
espect�culo de dimes y diretes a los que la partidocracia nos tiene
acostumbrados, y que luego de ocupar varios d�as la atenci�n, la distracci�n
fundamental y principalmente, nada pasa.
El pueblo intuye que no ha sido la �nica vez que esto ha sucedido. El
pueblo sabe que as� funciona desgraciadamente la democracia representativa. El
pueblo no se equivoca.
La perversidad de este hecho tiene origen en la no menos grave perversa
sanci�n de la ley de �flexibilizaci�n laboral� que permiti� aumentar la
precariedad del trabajo, su deterioro a extremos insoportables y atent� de forma
indisimulable contra la seguridad del empleo. Por ella se elevaba el per�odo de
prueba en el cual los trabajadores no gozaban de indemnizaci�n ni preaviso ante
el despido; alteraci�n fuera de los par�metros legales de las horas
extraordinarias, las vacaciones y la jornada laboral; posibilidad de rebajar los
sueldos en caso de que no se negocien nuevos convenios colectivos; permitir la
violaci�n de las categor�as con la polifuncionalidad del trabajador; violentar
la representaci�n gremial sindical a trav�s de acuerdos con las comisiones
internas; rebajar los aportes patronales; dejar sin piso a las nuevas
negociaciones de salarios; etc�tera.
En las calles la
sanci�n de la flexibilizaci�n fue reforzada con la represi�n a los trabajadores
que se movilizaban contra ella y la intenci�n de las autoridades nacionales de
hacer otro ejercicio de genuflexi�n ante las corporaciones empresarias y los
Organismos Internacionales de Cr�dito. Como siempre
sucede.
Desde el Poder Ejecutivo estas medidas fueron alentadas por el presidente
Fernando de la R�a, el vicepresidente Carlos �lvarez, el ministro de Trabajo
Alberto Flamarique, el ministro de Econom�a Jos� Lu�s Machinea y el ministro del
Interior Federico Storani. Debe recordarse que hab�a sido el vicepresidente
quien apretaba a los legisladores del FREPASO para que votara la ley que
violentaba al coraz�n de las promesas electorales por las cuales la Alianza se
hab�a hecho del poder. Y ahora tiene la desfachatez de presentarse como un
cruzado en la defensa de los m�s elevados intereses de la Naci�n. Causa
repugnancia.
Son todos conspicuos miembros de la �clase pol�tica� que desde hace
veinte a�os manejan los destinos de las Provincias Unidas del R�o de la Plata
como si se tratar� de una unidad b�sica o un comit�. Decir que hace veinte a�os
es una ponderaci�n generosa porque sabemos que muchos vienen haci�ndolo desde
mucho a�os antes.
Fernando de la R�a, Carlos �lvarez, Jos� Genoud, Alberto Flamarique,
Leopoldo Moreau, Rodolfo Terragno, Fernando de Santib��ez, Jos� Lu�s Gioja, Remo
Costanzo, Augusto Alasino, Antonio Cafiero, Eduardo Duhalde, Eduardo Bauz�,
Emilio Cantarero, Alberto Tell, Beatriz Raijer, Ram�n Ortega, �ngel Pardo,
Ricardo Branda, Carlos Verna, entre otros. Involucrados y comprometidos. Todos
lo sab�an y todos callaron. Todos participaron de alguna u otra forma por
acci�n, por omisi�n, por corrupci�n o por
complicidad.
Es despreciable saber que algunos de estos nombres se han quedado en la
pol�tica, han aumentando su poder y el de sus maniobras pol�ticas. No se han ido
ni se ir�n jam�s. Ni siquiera han tenido la moral, verg�enza no la tendr�n
jam�s, de haber ido a presentarse al juzgado inmediatamente de haber tomado
estado p�blico. Seguramente ya estar�n pensando amparase en sus fueros y
buscando a c�lebres abogados para que los defiendan en el hipot�tico caso que la
justicia act�e por la justicia y no por las servilletas y
prebendas.
El pueblo tiene la responsabilidad y la irrenunciable obligaci�n de
exigir que todos los sospechados vayan presos. El empobrecimiento general, la
falta de trabajo, las muertes por desnutrici�n y el desamparo es culpa de estos
individuos que hemos permitido convertirlos en nuestros
representantes.
El pueblo no estaba equivocado cuando ped�a �Que se vayan todos�, la
revocatoria de los mandatos y una democracia
participativa.
Menos equivocado est� el pueblo al seguir sosteniendo que los pol�ticos
son unos atorrantes.
14 de diciembre del 2003
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