 Hugo Alberto de Pedro |
Los políticos son unos atorrantes
...y no
hablemos de pavadas
si son todos traficantes
y si no el sistema que
y
si no el sistema que...
no me digan se mantiene con la plata de los pobres
eso solo sirve para mantener algunos pocos.
ellos transan, ellos
venden
y es solo una figurita el que este de
presidente...
de la canción Sr.
Cobranza de Las manos de Filippi
por Hugo Alberto de Pedro
Una bomba de humo maloliente copó el escenario de la información nacional
entre dos fechas particulares y muy especiales de la vida argentina, la del 10
de diciembre y la del 20 de diciembre. La primera marca los veinte años de una
ininterrumpida democracia representativa en los cuales ocho años gobernó el
radicalismo y los restantes doce el peronismo, la segunda señala la pueblada que
hizo volar por los aires al gobierno de la Alianza con el presidente huyendo
dentro de un helicóptero mientras decenas de personas eran asesinadas en las
calles de la República.
Un radical arrepentido, quebrado, necesitado, apretado y/o corrupto
llamado Mario Pontaquarto, con vasta experiencia en el Congreso Nacional y que
fuera secretario parlamentario del Senado en el año 2000, ha sido llevado de la
mano por Aníbal Ibarra -jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-
y por Alberto Fernández -jefe del gabinete de ministros de la Nación- para que
recobrara la memoria de forma muy sospechosa y relatara primero al periodismo y
posteriormente a la Justicia Federal parte de uno de los hechos de corrupción
que hace poco más de tres años y medio se produjeron en el Senado de la Nación
en oportunidad de votar la Ley de Reforma Laboral el 26 de abril del año
2000.
Estos dos
funcionarios, además de ser abogados, deberían haber realizado la denuncia penal
ni bien tomaron conocimiento del tema en lugar de hacer reuniones a puertas
cerradas, en esas que todos sabemos que siempre se tratan los “asuntos de
Estado”.
Pontaquarto es un cínico y mentiroso que si la justicia actuaría como
corresponde debería haber quedado detenido y no como se pretende ahora
presentarlo como un arrepentido al cual hay que encima garantizarle su seguridad
y la de su familia. Porque su accionar corrupto ha contribuido a que millones
padezcan zozobras a límites inmorales e
inhumanos.
Al Senado pueden llegar aquellos que tengan más de treinta años, posean
seis años de ciudadanía y sean naturales de la provincia que los elija o por lo
menos dos años de residencia en ella. Una vez que llegan se quedan durante seis
años y pueden ser reelegidos indefinidamente en elecciones que cada dos años
permiten que una tercera parte de ellos sean renovados. No pueden recibir empleo
o comisión del Poder Ejecutivo excepto los empleos a escala y sus remuneraciones
están a cargo del Tesoro de la Nación. Los senadores deben jurar que
desempeñarán debidamente su cargo y que obrarán de conformidad a la Constitución
Nacional. Son los que deliberan en representación del
pueblo.
Para ser presidente y vicepresidente es necesario ser hijo de un
ciudadano nativo o haber nacido en el territorio argentino, además de las
“calidades” establecidas para poder ser senador. No podrán ejercer otro empleo
ni recibir ningún otro emolumento de la Nación mientras duren sus cuatro años de
mandato en cuyo transcurso la remuneración la paga el Tesoro. Deberán jurar que
desempeñará con lealtad y patriotismo el cargo y que harán observar y observarán
fielmente la Constitución. Podrán ser reelectos por otro período para seguir
gobernando en nombre del pueblo.
La condición de idoneidad es la única que establece nuestra carta magna
para ser admitido en los empleos ya que todos los habitantes “son iguales” ante
la ley. Le deja reservado a Dios, ya que corresponde al Gobierno federal
sostener el culto católico apostólico romano, aquellas acciones privadas que no
ofendan al orden y a la moral pública, como tampoco perjudiquen a terceros. Si
alguien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve a su
enriquecimiento se considerará que es un atentado contra el sistema democrático
y debería quedar inhabilitado por un tiempo para ocupar cargos o empleos
públicos.
No hace falta ahondar más para darnos cuenta de la mentira institucional
en la que vivimos en la República Argentina.
De confirmarse en sede judicial los dichos del corrupto Mario Pontaquarto
un atorrante inescrupuloso como lo son los senadores involucrados, el presidente
y vicepresidente de entonces, sabremos el destino que han tenido por lo menos
6.000.000 millones de dólares provenientes de las arcas del Tesoro de la Nación,
cifra ésta que hoy representa tres veces el Fondo de Asistencia a Empresas
Recuperadas establecido por el Gobierno Nacional para atender las necesidades de
unas 170 unidades económicas que han permitido recuperar más de 10.000 puestos
de trabajo. Otra comparación que demuestra una vez más que hacen los políticos
argentinos dentro y fuera de la Confederación Argentina es mencionar que esa
suma representan hoy 120.000 subsidios a los desocupados o bien 80.000
jubilaciones mínimas.
Las coimas y sobornos existieron y ahora deberá ser determinado por la
justicia argentina, ese enmadejamiento de jueces que actúan como legos al
servicio de la politiquería. Son los mismos magistrados que desde que se efectuó
la denuncia no han logrado esclarecer este mismo tema. No han querido hacerlo
sin dudas.
Después de 38 meses desde que Carlos “Chacho” Álvarez renunció a la
vicepresidencia, supuestamente por la corrupción reinante dentro del Senado de
la Nación, y el comienzo de un proceso de investigación judicial que tiene 48
cuerpos, no hay ningún procesado, ningún preso y ninguna verdad
esclarecida.
Ahora el ex
funcionario arrepentido (¿?) entregará a cuenta gotas toda la información,
papeles, itinerarios y demás datos que tiene y conoce, al ser parte
indispensable para que se haya desarrollado el
delito.
Debe conocerse la verdad y aplicarse la justicia con el mayor rigor, pero
debemos advertir que este tema no debe convertirse en el montaje de un
espectáculo de dimes y diretes a los que la partidocracia nos tiene
acostumbrados, y que luego de ocupar varios días la atención, la distracción
fundamental y principalmente, nada pasa.
El pueblo intuye que no ha sido la única vez que esto ha sucedido. El
pueblo sabe que así funciona desgraciadamente la democracia representativa. El
pueblo no se equivoca.
La perversidad de este hecho tiene origen en la no menos grave perversa
sanción de la ley de “flexibilización laboral” que permitió aumentar la
precariedad del trabajo, su deterioro a extremos insoportables y atentó de forma
indisimulable contra la seguridad del empleo. Por ella se elevaba el período de
prueba en el cual los trabajadores no gozaban de indemnización ni preaviso ante
el despido; alteración fuera de los parámetros legales de las horas
extraordinarias, las vacaciones y la jornada laboral; posibilidad de rebajar los
sueldos en caso de que no se negocien nuevos convenios colectivos; permitir la
violación de las categorías con la polifuncionalidad del trabajador; violentar
la representación gremial sindical a través de acuerdos con las comisiones
internas; rebajar los aportes patronales; dejar sin piso a las nuevas
negociaciones de salarios; etcétera.
En las calles la
sanción de la flexibilización fue reforzada con la represión a los trabajadores
que se movilizaban contra ella y la intención de las autoridades nacionales de
hacer otro ejercicio de genuflexión ante las corporaciones empresarias y los
Organismos Internacionales de Crédito. Como siempre
sucede.
Desde el Poder Ejecutivo estas medidas fueron alentadas por el presidente
Fernando de la Rúa, el vicepresidente Carlos Álvarez, el ministro de Trabajo
Alberto Flamarique, el ministro de Economía José Luís Machinea y el ministro del
Interior Federico Storani. Debe recordarse que había sido el vicepresidente
quien apretaba a los legisladores del FREPASO para que votara la ley que
violentaba al corazón de las promesas electorales por las cuales la Alianza se
había hecho del poder. Y ahora tiene la desfachatez de presentarse como un
cruzado en la defensa de los más elevados intereses de la Nación. Causa
repugnancia.
Son todos conspicuos miembros de la “clase política” que desde hace
veinte años manejan los destinos de las Provincias Unidas del Río de la Plata
como si se tratará de una unidad básica o un comité. Decir que hace veinte años
es una ponderación generosa porque sabemos que muchos vienen haciéndolo desde
mucho años antes.
Fernando de la Rúa, Carlos Álvarez, José Genoud, Alberto Flamarique,
Leopoldo Moreau, Rodolfo Terragno, Fernando de Santibáñez, José Luís Gioja, Remo
Costanzo, Augusto Alasino, Antonio Cafiero, Eduardo Duhalde, Eduardo Bauzá,
Emilio Cantarero, Alberto Tell, Beatriz Raijer, Ramón Ortega, Ángel Pardo,
Ricardo Branda, Carlos Verna, entre otros. Involucrados y comprometidos. Todos
lo sabían y todos callaron. Todos participaron de alguna u otra forma por
acción, por omisión, por corrupción o por
complicidad.
Es despreciable saber que algunos de estos nombres se han quedado en la
política, han aumentando su poder y el de sus maniobras políticas. No se han ido
ni se irán jamás. Ni siquiera han tenido la moral, vergüenza no la tendrán
jamás, de haber ido a presentarse al juzgado inmediatamente de haber tomado
estado público. Seguramente ya estarán pensando amparase en sus fueros y
buscando a célebres abogados para que los defiendan en el hipotético caso que la
justicia actúe por la justicia y no por las servilletas y
prebendas.
El pueblo tiene la responsabilidad y la irrenunciable obligación de
exigir que todos los sospechados vayan presos. El empobrecimiento general, la
falta de trabajo, las muertes por desnutrición y el desamparo es culpa de estos
individuos que hemos permitido convertirlos en nuestros
representantes.
El pueblo no estaba equivocado cuando pedía “Que se vayan todos”, la
revocatoria de los mandatos y una democracia
participativa.
Menos equivocado está el pueblo al seguir sosteniendo que los políticos
son unos atorrantes.
14 de diciembre del 2003
