BAJO LOS AUSPICIOS de la ONU y de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (IUT), empieza hoy en Ginebra la primera Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (www.wsis-cs.org), con un objetivo preciso: reducir la fractura digital , ese abismo que separa a los países altamente equipados en informática y electrónica de aquellos que aún están en la prehistoria de Internet.
Recordemos algunas cifras: mas de dos mil millones de personas -un tercio de la humanidad- no disponen de electricidad; cuatro de cada cinco habitantes del planeta no han utilizado jamas un teléfono (existen más líneas telefónicas en el barrio de Manhattan, en Nueva York, que en toda el África sub-sahariana); más del 90% de nuestros contemporáneos nunca navegaron por Internet.
En una sociedad del conocimiento y del saber como la nuestra, estas carencias resultan fatales y contribuyen a mantener el retraso de muchos países pobres. Por eso, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha insistido en que una de las maneras de combatir el atraso y la pobreza consiste en reducir esta fractura; con un progreso ideal, debería desaparecer de aquí al 2013.
La Cumbre de Ginebra, en la que yo intervengo esta misma tarde, tratará de insistir en la necesaria cooperación internacional y la indispensable solidaridad electrónica entre los pueblos. La declaración final, que se publicará el viernes 12, irá firmada por los 191 estados miembros de la ONU y tendrá valor de solemne compromiso internacional. Constituirá una especie de Carta magna de la sociedad de la información y propondrá un programa de acción que deberá ser puesto en práctica en los dos años venideros.
La preparación de esta Cumbre de Ginebra ha dado lugar a enfrentamientos homéricos entre estados, empresas y ciudadanos. Fueron necesarias tres conferencias preparatorias para allanar en parte las profundas divergencias entre ellos. Los problemas surgieron como consecuencia de que, por primera vez, una cumbre de la ONU convoca, con igual derecho, no sólo a Estados sino también a actores privados (empresas y ciudadanos) cuyas proposiciones escandalizan a algunos gobiernos.
Cinco discrepancias centrales deberán resolverse. Primero, la cuestión del fondo de solidaridad destinado a ayudar a los países en desarrollo a equiparse de infraestructuras de comunicación. Muchos estados pobres están dispuestos a permitir que estas infraestructuras sean instaladas por empresas privadas que podrán explotarlas luego y sacarles todo el beneficio que quieran. Las ONG se oponen y denuncian un neocolonialismo digital que agravará, dicen, la fractura tecnológica entre ricos y pobres.
Segundo, los derechos humanos. Se trata de obtener que, en el preámbulo de la declaración final, todos acepten que la comunicación sea considerada como un derecho del ser humano, y que se formule que cada ciudadano tiene derecho de ser emisor y no sólo receptor de informaciones.
Tercero, el control de las redes de información y de comunicación. Lo que, en la jerga de los internautas, se llama la e-gobernancia y que concierne sobre todo a Internet. Hoy Internet está controlado por una autoridad privada, el ICANN, proclamada por los Estados Unidos, y muchos países desean que una red de comunicación y de saber tan fundamental como Internet esté bajo el control internacional de la ONU o de la UIT.
Cuarto, el problema de las libertades públicas. En el ambiente seguritario actual, muchos gobiernos no respetan la vida privada de los usuarios y a través de las redes electrónicas vigilan a sus ciudadanos. Las ONG denuncian esta situación que se agravó después de los atentados del 11 de septiembre del 2001.
Y quinto, la cuestión de la propiedad intelectual. Los Estados quieren que este problema se trate en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Los ciudadanos replican que, como la cultura, la comunicación y la información no son sólo mercancías.
Los debates se anuncian tremendos. Está en juego una sociedad de la información más justa. Y un mundo tecnológicamente más solidario.
