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Derecho al aborto, derechos sexuales y reproductivos en Argentina
Sexo, mentiras y... silencio
Andrea D'Atri
Lucha de Clases Nº 5
Aún cuando las decisiones relativas a la reproducción tienen una vital y mayor
importancia para las mujeres que para los varones, la estructura de dominación
patriarcal –materializada en diferentes instituciones, a lo largo de la historia
de la humanidad– ha impedido que éstas pudieran ejercer el derecho a controlar
los ciclos de su fertilidad con plena autonomía. Por el contrario, la capacidad
reproductiva de las mujeres ha sido enajenada y todos los intentos por recuperar
el control de sus cuerpos ha sido castigado rígidamente de diversas maneras.
Sin embargo, desde épocas milenarias, las mujeres han ideado y empleado
diferentes métodos para evitar y controlar la reproducción, entre ellos el
aborto. Esto lo han hecho mayormente en la clandestinidad, apelando a la
solidaridad entre pares para preservarse de la punición. Esta clandestinidad,
que aún actualmente atraviesa la práctica del aborto en numerosos países
–incluida la Argentina–, tiene un precio muy costoso en dinero "contante y
sonante" para las mujeres de las clases dominantes y las clases medias que
buscan seguridad y discreción. Pero, mucho más costoso aún, para aquellas que no
cuentan con ese dinero ni las mismas posibilidades socio-culturales y abonan con
su salud o, peor aún, con sus vidas, el derecho a decidir.
Actualmente, cerca del 26% de la población mundial vive en 74 países que
prohíben el aborto completamente o bien lo permiten sólo en los casos en que el
embarazo pone en riesgo la vida de la mujer. En América Latina, se practican 4
millones de abortos anualmente y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
calcula en 5 mil el número de muertes por infecciones y otras consecuencias de
las intervenciones clandestinas1.
En la Argentina no existen estadísticas fiables, sin embargo, se calcula que se
practican más de 500 mil abortos por año. Esta cifra indicaría que existe casi
una relación de 1 a 1 entre cantidad de niños nacidos vivos y embarazos
interrumpidos voluntariamente. En el período reciente de mayor crisis
socio-económica, entre 1999 y 2002, la cifra de mujeres que fueron atendidas en
los hospitales públicos por las consecuencias de los abortos clandestinos
aumentó un 46%2. Además, distintas investigaciones señalan que un tercio del
total de las muertes maternas es ocasionado por el aborto clandestino, que es la
segunda causa en orden de frecuencia.
En este artículo presentamos, de manera sintética, la política del Estado en
materia de derechos sexuales y reproductivos en diferentes períodos de nuestra
historia. En la segunda parte, hacemos un raconto de la lucha de las mujeres por
el derecho al aborto, historia de la cual nos sentimos parte y pretendemos sacar
las lecciones para seguir adelante.
I. "Gobernar es poblar". Ideología pro-natalista, Estado e Iglesia en
Argentina
1. Coincidencia de liberales, conservadores, populistas y militares
Durante la década menemista, la Argentina ha establecido alianzas no sólo con el
Vaticano, sino también con naciones que presentaron posiciones conservadoras
respecto de los derechos sexuales y reproductivos en las conferencias mundiales
organizadas por las Naciones Unidas en El Cairo (1994) y Beijing (1995). Si bien
esta postura no resultaba discordante con las políticas reaccionarias del
gobierno de Menem en otras áreas, es justo señalar que tampoco lo era con
respecto a las posiciones asumidas históricamente, en esta materia, por
distintos gobiernos nacionales.
Contrariando las ideas neomalthusianas en boga en los países europeos a mediados
del siglo XIX, las élites dominantes nativas sustentaron sus proyectos de país
en la política demográfica de "poblar" el territorio como base para el
desarrollo de la nación. Este "poblar" era interpretado en ocasiones, no sólo en
un sentido cuantitativo, sino también privilegiando las "cualidades" de una
inmigración europea que facilitaría la modernización3. Y estas ideas, aunque
suene paradójico, no sólo fueron patrimonio de los sectores conservadores sino,
particularmente, de los liberales.
El primer Código Civil argentino de 1869 hallaba su fundamento en el modelo
canónico de familia, convalidando los paradigmas católicos de las relaciones
familiares que consagran al varón como jefe y le atribuye derechos sobre esposa
e hijos, imponiendo restricciones inusitadas a los derechos de la mujer. Pero,
más tarde, la modernización trajo aparejada la incipiente inclusión de las
mujeres en la esfera de la producción. Con ello fue inevitable el debate, en
todos los niveles, sobre la cuestión de la "mujer trabajadora". Científicos,
estadistas, políticos, religiosos y sindicalistas discutieron las ventajas y
desventajas de este nuevo rol social de las mujeres. La preocupación del Estado
se centró, entonces, en las pésimas condiciones laborales y las consecuencias
que éstas podían acarrear para el "natural" desarrollo del ciclo reproductivo
femenino.
En un informe de 1892, encargado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, su autor se refiere a los problemas de salud causados por las condiciones
de trabajo y señala las terribles consecuencias que puede acarrear la fatiga a
la que están sometidas las trabajadoras.
[...] puede determinar el aborto o el parto prematuro y si el embarazo llegara a
término, el parto será lento con tendencia a la inercia uterina y a sus fatales
consecuencias, tanto para la mujer como para el niño. Si la mujer fatigada por
trabajos excesivos estuviere en la época de la lactancia, la nutrición de su
hijo hecha en tales condiciones sería sumamente perjudicial (cit. en Recalde,
1989).
Durante las décadas sucesivas, fueron muy pocos los cambios que se introdujeron
en la legislación nacional con relación a estos temas. Pero ya a principios del
siglo XX, las ideologías pro-natalistas predominantes contrariaban, cada vez
más, una realidad que evidenciaba un mayor control de las mujeres en la
regulación de su fertilidad.
Aún entre los sectores que enarbolaban las banderas de la emancipación obrera,
las ideas iban por detrás de las costumbres. Porque si es cierto aquello de que
la ideología dominante en una época es la ideología de la clase dominante, nunca
más atinado que en el caso de las prédicas pro-natalistas de las élites
argentinas que trascendían, inclusive, en los ambientes progresistas y
pro-obreros.
En este período, los esfuerzos de legisladores socialdemócratas y médicos
higienistas por mejorar las condiciones de vida, salud y trabajo de la clase
obrera se orientan, en lo relativo a las mujeres, según los mismos criterios
pro-natalistas dominantes, argumentando a favor de las reformas sociales y
jurídicas para garantizar el mejor desarrollo de las actividades femeninas
ligadas a la reproducción. El diputado Alfredo Palacios, el primer legislador de
extracción socialdemócrata en la historia institucional del país, señala:
Con el reposo de la obrera recién parida, no se trata de velar sólo por la salud
de la puérpera, sino también por la del hijo. Si la madre, inmediatamente
después del alumbramiento va a la fábrica, el niño sufre; no puede ser
alimentado con la leche materna y esto implica un serio peligro (Palacios,
1922).
La lectura de toda la legislación laboral con relación a las mujeres, hasta
fines de la década del ’40, pone de manifiesto el objetivo de preservar la
función maternal para las trabajadoras. La ideología subyacente, en la mayoría
de los casos, remitía a las amenazas de disolución de la familia que acarreaba
el trabajo femenino extradoméstico. Incluso algunas organizaciones obreras
interpretaron el trabajo femenino como una competencia de fuerza de trabajo más
barata y, con argumentos similares a los de los sectores conservadores,
intentaron excluir a las mujeres de los gremios, también avalando sus posturas
con la agitación de los peligros que amenazaban a la familia proletaria.
A partir de la gran depresión de los ‘30, con la crisis del modelo
agro-exportador y el necesario viraje hacia la industrialización, se modificaron
también las ideas demográficas, aunque sin cambiar el criterio poblacionista: la
antigua situación de privilegio de la inmigración europea para garantizar el
desarrollo del país se trocó por un renovado interés en promover el crecimiento
interno. Este discurso, teñido de un fuerte nacionalismo, atacaba la reducción
del tamaño de las familias que empezaba a imponerse al tiempo que las mujeres se
incorporaban masivamente a la producción. Fue por esa razón que el Estado adoptó
una política activa con relación al crecimiento demográfico, promoviendo el
bienestar de la madre y la familia, bajo el amparo de la Iglesia Católica que
incluso intervenía directamente en la sugerencia de ministros para áreas como
las de educación, asistencia social, etc.
2. El peronismo: de la "nación católica" a la excomunión y el diálogo
Sólo un corto período de la historia del país revela un enfrentamiento agudo
entre la Iglesia y el Estado semicolonial argentino. Después de haber
reivindicado los "valores" católicos en la construcción del movimiento peronista
y de la nación argentina, Perón se ve enfrentado con la Iglesia, en 1949, al
punto de ser excomulgado por el Vaticano. Es que el peronismo avanzaba sobre
terrenos que habían sido, hasta el momento, de exclusiva injerencia
eclesiástica, como la caridad y la asistencia social.
Mientras tanto, al interior del propio peronismo los sectores "nacionalistas"
reivindicaban el carácter católico del movimiento, mientras su base obrera
–grandes sectores provenientes del "laborismo" que fuera absorbido por este
movimiento de tinte nacionalista burgués encabezado por el militar Perón– veía
con desconfianza a la jerarquía eclesiástica, asociada con la odiada "oligarquía
golpista".
La Iglesia, entonces, después de haber visto con buenos ojos al movimiento
peronista en su intento de hacer de la Argentina una "nación católica", volvió a
apoyarse en el único sector que podía representar un "partido católico" estable
y que no le disputara espacios de poder: el Ejército.
Cuando los militares y la Iglesia ya conspiraban planificando el golpe contra
Perón, éste –para mantener el apoyo popular– suprimió la enseñanza religiosa en
las escuelas, introdujo la ley del divorcio y expulsó a dos obispos del país.
Los trabajadores y los sectores populares, mientras tanto, con un elemental
instinto de clase incendiaban iglesias en respuesta al bombardeo golpista de la
Marina a la Plaza de Mayo, cuyos aviones portaban en las alas la inscripción
"Cristo Vence".
Luego, la dictadura que sucedió al golpe, con Aramburu a la cabeza, suprimió la
ley del divorcio, creó el obispado castrense y nuevas diócesis, con el objetivo
de incrementar aún más la exclusiva capacidad de la Iglesia de tener el aparato
de control de la población más importante del país.
A partir de entonces, con el peronismo proscripto, la Iglesia empezó a
desempeñar el rol de "mediadora" en los conflictos obreros por la falta de otros
"canales institucionales", al punto de representar un papel protagónico en las
negociaciones con los emisarios de Perón en el exilio, para su regreso al país4.
3. Democracia o dictadura, las mismas leyes prohibiendo los anticonceptivos
En 1969, la cuestión demográfica vuelve a emerger como problema político, bajo
la presión de los EE.UU. por implementar un mayor control de la natalidad en los
países "subdesarrollados". Esta política, sugerida en el marco de la Alianza
para el Progreso y presentada como un plan para la erradicación de la pobreza,
fue resistida por su carácter intervencionista. En este rechazo, aún por
distintos motivos, coincidieron desde la derecha católica nacionalista hasta la
izquierda marxista.
Más tarde, ya iniciada la década del ’70, el gobierno de María Estela Martínez
de Perón avanzó más aún contra los derechos sexuales y repro-ductivos, limitando
enormemente los derechos individuales sobre la anticoncepción. Mientras las
leyes que permiten el aborto se conquistan en los países centrales como
consecuencia de la segunda ola feminista y sus movilizaciones y acciones
políticas, el Ministro de Salud y Acción Social argentino, José López Rega,
promulga el Decreto Nº 659 de 1974 que dispone controlar, mediante el expendio
obligatorio de receta médica, la comercialización de anticonceptivos y prohibir
el desarrollo de actividades relacionadas con el control de la natalidad.
Además, se impidió la prestación de servicios de planificación familiar en los
hospitales públicos, con la consecuencia de que sólo los sectores de la
población con acceso a la medicina privada contaron con atención especializada
en materia de anticoncepción, mientras las clases trabajadoras y los sectores
populares quedaron prácticamente desprotegidos (Checa y Rosenberg, 1996).
Quienes ejecutaron el golpe militar de 1976 continuaron con la misma prédica del
anterior gobierno democrático. En 1977, la junta militar promulga el Decreto Nº
3.938 "Objetivos y Políticas Nacionales de Población", en el que se señala que:
[...] el bajo crecimiento demográfico y la distorsionada distribución geográfica
de la población constituyen obstáculos para la realización plena de la Nación,
para alcanzar el objetivo de ‘Argentina-Potencia’ para salvaguardar la Seguridad
Nacional.
También se propone otorgar incentivos para la protección de la familia y
eliminar las actividades que promuevan el control de la natalidad. Pero si los
primeros nunca se otorgaron, la coerción y punición para quienes incumplieran lo
segundo se llevó a cabo de manera contundente.
La Iglesia, nuevamente, evidenció su fuerte vinculación al poder del Estado.
Esta vez, la jerarquía eclesiástica y una considerable cantidad de miembros y
adherentes fueron cómplices –por "pensamiento, palabra, obra u omisión"– de los
crímenes perpetrados por la dictadura militar.
4. Tecnocracia de género y democracia para ricos
Una vez más, a contrapelo de las tendencias internacionales, la Argentina seguía
implementando políticas coercitivas con respecto a la anticoncepción y el
aborto. Mientras en nuestro país se preparaba el golpe de Estado que se
concretaría en marzo de 1976, la ONU comenzaba a organizar las Conferencias
Internacionales de la Mujer –un sistema de conferencias decenales, más otras
intermedias cada cinco años– que lograron absorber las actividades de las
organizaciones de mujeres al punto que, a pesar de haber sido resistidas en sus
inicios por algunos sectores del movimiento feminista, terminaron incluyendo en
su programa los foros paralelos de esas mismas ong’s críticas junto a las
actividades oficiales (Falquet, 2004).
Mediante el pedido de informes de situación a cada país –realizados ante la
inminencia de cada conferencia– y el otorgamiento de financiamiento para las ONG
que los elaboraran, la ONU fue cooptando a grandes sectores del movimiento
feminista en el mundo entero. Esta práctica no se limitó exclusivamente al
movimiento de mujeres.
La cooptación alcanzó cifras indiscutibles: según la información de la OECD, en
1970, las ONG de los países latinoamericanos recibieron 914 millones de dólares;
en 1980, la cifra ascendió a 2.368 millones de dólares y en 1992, rondó los
5.200 millones. Es decir que, en veinte años, el dinero destinado a las ONG se
incrementó en más de un 500% (D’Atri, 2004).
La consecuencia que tuvo para el feminismo fue que muchas activistas pasaron a
engrosar las filas de una nueva "tecnocracia", que se incorporó a los organismos
multilaterales de desarrollo y las agencias internacionales de financiamiento,
en la creación de proyectos de gobernabilidad, sustentabilidad y
transparencia... con perspectiva de género.
En este período, que se extiende desde la década del ‘80 hasta la fecha, la
cuestión del aborto queda definitivamente englobada en la de los "derechos
reproductivos", que es el modo en que estos temas se incorporaron en las agendas
políticas del período, ligados a la exigencia por el "cumplimiento de los
derechos humanos", que el imperialismo desplegó como bandera con la caída de las
dictaduras que él mismo había sustentado en la etapa anterior. La regulación de
la fecundidad se enfoca, desde esta nueva perspectiva, como un derecho de
libertad individual que no debiera ser limitado por el Estado.
Pero en Argentina, el silencio todavía era la política de salud impuesta manu
militari5. Del aborto no se hablaba y no se pudo hablar hasta bien entrada la
democracia. Recién en 1985, a dos años de haberse reinstaurado el régimen
parlamentario burgués, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, se ratifica en el
Congreso la "Convención sobre todas las formas de discriminación contra la
mujer"6.
Sin embargo, las acciones en materia de regulación de la fecundidad no fueron
más allá de algunos pronunciamientos sin consecuencias relevantes: se pusieron
en vigencia disposiciones legales que garantizaban el derecho a la planificación
familiar; pero no se aprobaron las normativas que debían poner en funcionamiento
la asistencia a través de los servicios de salud.
Recién en 1987 se deroga el Decreto Nº 659 de López Rega, cuyo "espíritu" había
permanecido vigente durante la dictadura genocida7 y se crea la Secretaría de la
Mujer, dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social.
Con la restauración del parlamentarismo, se asistió a la emergencia de luchas y
reclamos de distintos sectores que habían sido reprimidos bajo el régimen
castrense –entre ellos el feminismo–, que comenzaron a difundir las políticas y
acciones de los organismos internacionales en éste y otros asuntos de interés
para las mujeres. Su reaparición en la escena pública, sin embargo, tomó formas
bien diferentes de la radicalidad con la que había emergido en los ’70. La
cooptación a la que hicimos referencia le imprimió a la "apertura democrática"
un carácter distintivo: "especialistas" en vez de "activistas", "ONG" en vez de
"agrupaciones" y debates en foros internacionales que ocuparon el lugar de las
antiguas movilizaciones.
Mientras tanto, el parlamento siguió autista frente a los reclamos, mientras el
Estado implementaba sus políticas de cooptación. En las elecciones de 1989, que
llevaron a la presidencia a Carlos Menem, la única mención en campaña
relacionada con la fecundidad es la de su Partido Justicialista, que propone
desarrollar una fuerte política natalista a través de la promoción estatal
(Torrado, 2000).
Fue recién en 1995 que la Cámara de Diputados aprobó la ley de salud
reproductiva que incluía la provisión de servicios gratuitos en los hospitales
públicos. El propósito explícito era garantizar el "derecho a una maternidad sin
riesgos" a las mujeres de toda condición social. La propuesta de este proyecto
de ley tuvo, como telón de fondo, la aparición de la encíclica Evangelium Vitae,
en la que Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, reiteraba su condena al aborto,
la anticoncepción y la eutanasia, y responsabilizaba a los legisladores que
promovieran o aprobaran leyes que ampararan las prácticas abortivas (Gutiérrez,
1998).
Tres diputadas de distintos sectores de la oposición burguesa presentan un
proyecto común sobre salud reproductiva, convocando al movimiento de mujeres y a
las activistas más reconocidas por su lucha por el aborto en Argentina a
divulgarlo y apoyarlo. Después de arduos debates entre la Iglesia, el gobierno y
la Cámara de Diputados, los medios de comunicación y las activistas, el proyecto
se aprobó con algunas modificaciones y con el nombre de Ley de Procreación
Responsable. Luego, la ley debía pasar a la Cámara de Senadores para su
aprobación definitiva. Allí, con una mayoría oficialista, se dejó vencer el
plazo para su tratamiento y quedó sin efecto su sanción, volviendo a foja cero.
El gobierno de Menem fue también uno de los más notables abanderados del
establecimiento del Día del Niño por Nacer, una de las acciones impulsadas por
el Vaticano en su renovada cruzada contra el derecho al aborto en todo el mundo,
de la cual el presidente argentino fue un embajador meritorio premiado por la
Santa Sede.
Más tarde, la asunción de la Alianza, una coalición de oposición burguesa al
menemismo, recreó las esperanzas de numerosos sectores de la población en que
las cosas cambiarían en todos los órdenes. Estas expectativas, sin embargo, se
vieron rápidamente frustradas, al punto que el presidente De la Rúa debe
renunciar ante las movilizaciones populares de diciembre de 2001, que dejaron un
saldo de más de 30 muertos en todo el país, víctimas de la represión de las
fuerzas policiales.
En el año 2002, bajo el gobierno provisorio de Eduardo Duhalde se crea el
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, en el ámbito del
Ministerio de Salud, que es el que aún se encuentra vigente. La Iglesia recibió
a cambio un papel preponderante en el Diálogo Argentino, una mesa conformada por
diversas instituciones nacionales, el gobierno y auspiciada por las Naciones
Unidas para el restablecimiento del orden institucional después de la crisis.
5. Los discretos encantos del doble discurso kirchnerista
En los últimos dos años, las expectativas se centraron en el gobierno de
Kirchner que, con discursos encendidos y enfrentamientos vehementes a la
jerarquía eclesiástica, logró que distintas organizaciones feministas y
activistas de trayectoria consideraran propicio esperar confiadamente su
desenvolvimiento en materia de aborto y derechos sexuales y reproductivos.
Dándole mayor preponderancia a Cáritas –el sector de la Iglesia encargado de la
caridad que maneja cifras millonarias en materia de donaciones y subsidios– y
fustigando con duros epítetos a los exponentes más reaccionarios de la jerarquía
eclesiástica ligados al menemismo, los banqueros y otros personajes del poder
del período anterior, el gobierno mantuvo una posición de negociación permanente
con la Iglesia.
Con algunos "desplantes" menores que, en última instancia, se resuelven
diplomáticamente y con una política de incorporación de la Iglesia en el manejo
de los planes asistenciales a los desocupados, mantuvo el vínculo del Estado con
la institución eclesiástica sin dejar de hacer "gestos" para la opinión pública
de centroizquierda.
A pesar de que el mismo Kirchner y su esposa, la senadora Cristina Fernández,
reiteraron en diversas oportunidades su oposición a la despenalización del
aborto, el gobierno se vio enfrentando en un episodio con la Iglesia a raíz de
las declaraciones del Ministro de Salud, Ginés González García. Éste habría
señalado en un reportaje que era favorable a la despenalización, lo que causó la
respuesta de Monseñor Baseotto, obispo castrense, quien declaró que al Ministro
habría que ponerle una piedra al cuello y arrojarlo al mar. Su "metáfora
bíblica" no podía ser interpretada sino como una amenaza, viniendo de un
sacerdote encuadrado en las Fuerzas Armadas, responsables del asesinato de miles
de personas precisamente a través de un método bastante similar al expresado por
monseñor.
Mucho revuelo y pocas sanciones son lo que finalmente arrojó como resultado este
lamentable episodio. El Vaticano, mientras agonizaba Wojtyla, envió su apoyo
–provocador, por otra parte– al obispo castrense argentino que contaba como
antecedente, además, con varias denuncias por declaraciones antisemitas y
xenófobas en su contra. El gobierno, como respuesta, le retiró su salario que
alcanzaba los 5000 pesos mensuales (el equivalente a 33 planes sociales con los
que debe vivir una familia desocupada) y solicitó al Vaticano que se designara a
otro obispo en su lugar.
No sólo no aprovechó la ocasión para eliminar la figura del obispado castrense
creada bajo la dictadura de Aramburu, sino que en pocos días, asistió a la
asunción del Cardenal Joseph Ratzinger como nuevo Papa –uno de los solícitos
benefactores de Baseotto en todo este asunto–, además de conocido por sus
posiciones ultraconservadoras durante más de veinte años al frente de la
Congregación para la Doctrina de la Fe.
Superado el incidente, el Ministerio de Salud inició una campaña publicitaria
para la difusión del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable creado
ya en tiempos de Duhalde. El argumento central con el que se presentó la campaña
fue el de "evitar embarazos no deseados" y de esta manera reducir la cantidad de
abortos clandestinos. Algo bien alejado de lo que las mujeres que han luchado
por el derecho al aborto ya conocen: que la información y la asistencia en
materia de anticoncepción, si bien es necesaria, no es suficiente para evitar
las muertes por aborto séptico.
Además, la campaña anunciada de manera rimbombante se redujo a un spot
publicitario en los medios de comunicación, durante un breve período de tiempo.
Según el mismo Ministerio, las políticas de salud reproductiva abarcan sólo a un
millón y medio de habitantes, una cifra muy lejana a las necesidades reales8.
Otra medida que acompañó esta campaña fue la publicación de un "manual de
atención post-aborto" para ser repartido entre los profesionales de la salud que
se desempeñan en hospitales públicos. Allí se indica cómo atender a las mujeres
que llegan al nosocomio con las consecuencias de un aborto incompleto y se
sugiere, veladamente, que el personal no denuncie a la mujer ante las
autoridades policiales. Sin embargo, perversamente, nada se avanzó, mientras
tanto, para que la despenalización sea efectiva y que no quede en manos de los
médicos, quienes denuncian a las mujeres muchas veces prejuiciados contra la
práctica abortiva y, en otras ocasiones, atemorizados por una futura denuncia
contra ellos por mala praxis.
Mientras estas medidas, más ruidosas que efectivas, aparecían en los titulares
de los diarios, las trabajadoras y trabajadores de la salud iniciaban una lucha
por aumento de salario y mejoramiento de las condiciones de los hospitales
públicos en la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Pcia. de Buenos Aires,
etc.. El Hospital Garrahan, una institución modelo en atención pediátrica, fue
el blanco preferido por el gobierno y los medios de comunicación para demonizar
a los trabajadores e intentar torcer en su contra a la opinión pública. El mismo
"progresista" Ministro de Salud fue, entonces, quien señaló que contra ellos
había que aplicar todo el rigor de la ley.
II. "Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir". Historia
de una lucha
1. Las voces de las proletarias: de la ideología clasista al voto femenino
La inmigración europea trajo a la Argentina, entre otras cosas, las ideas de la
emancipación femenina. Entre las mujeres de las clases acomodadas, estas ideas
se tradujeron en la demanda del derecho al voto, el acceso a la educación
universitaria y el ejercicio profesional. Sin embargo, entre las mujeres
trabajadoras y de los sectores populares, socialistas y anarquistas
propagandizaron la unión libre, el derecho a decidir sobre la maternidad y la
necesidad de que las tareas domésticas fueran compartidas por los varones.
Desde fines del siglo XIX, el anarquismo irrumpe en la clase obrera impugnando
no sólo al Estado y la Iglesia, sino también a la moral y el modelo de familia
patriarcal. En los periódicos, los encendidos discursos ácratas abordan las
problemáticas relativas al placer sexual, la prostitución, el embarazo y las
enfermedades venéreas, aunque son más escasas las referencias al aborto (Bellucci,
2003).
Sin embargo, este discurso libertario no estaba carente de contradicciones. Ya
en los albores de 1896, un grupo de mujeres que se denomina anarco-comunista
edita en Buenos Aires el primer periódico femenino: La Voz de la Mujer en el que
escriben:
Compañeros y compañeras, ¡Salud! Y bien: hastiadas ya de tanto y tanto llanto y
miseria, hastiadas del eterno y desconsolador cuadro que nos ofrecen nuestros
desgraciados hijos, los tiernos pedazos de nuestro corazón, hastiadas de pedir y
suplicar, de ser el juguete, el objeto de los placeres de nuestros infames
explotadores o de viles esposos, hemos decidido levantar nuestra voz en el
concierto social y exigir, exigir decimos, nuestra parte de placeres en el
banquete de la vida (cit. en Molyneux, 1997).
En este periódico, era frecuente el enfrentamiento con los varones que
profesaban sus mismas ideas anarquistas.
Pero es preciso, señores cangrejos y no anarquistas como mal os llamáis, pues de
tales tenéis tanto como nosotras de frailes, es preciso que sepáis de una vez
que esta máquina de vuestros placeres, este lindo molde que vosotros corrompéis,
ésta sufre dolores de humanidad, está ya hastiada de ser un cero a vuestro lado,
es preciso, ¡oh!, ¡falsos anarquistas! que comprendáis una vez por todas que
nuestra misión no se reduce a criar vuestros hijos y lavaros la roña, que
nosotras también tenemos derecho a emanciparnos y ser libres de toda clase de
tutelaje, ya sea social, económico o marital (op. cit.).
Años más tarde, durante el período del Estado de Bienestar –bajo el gobierno
peronista– las mujeres argentinas accedieron al voto y ocuparon un lugar
destacado en la producción, la educación y la cultura. Estos cambios,
propiciados desde el mismo Estado, se acompañaban ideológicamente con la
mistificación de la figura de Evita, convertida en un símbolo para las mujeres
argentinas, comprometida maternalmente con los "descamisados" y manteniendo,
simultáneamente, el lugar de "compañera" del líder. En el profuso imaginario del
justicialismo, el amor y la entrega sacrificial de las mujeres a su familia y,
por extensión, al pueblo desvalido, se presentaba como una elección y no como un
rol ineludible determinado por la opresión social que pesaba sobre su género.
2. La liberación sexual y la lucha de clases de los '70
Hasta finales de la década del ’60 no se dan, entonces, nuevas manifestaciones
de lucha de las mujeres por los derechos reproductivos y el aborto. Recién en
este período, al calor de las luchas obreras y populares que surcan ambos
hemisferios –con el Mayo Francés, la Primavera de Praga, el Otoño Caliente
italiano, los cordones industriales chilenos, las movili-zaciones contra la
guerra de Vietnam y el Cordobazo argentino– surgen, en nuestro país, pequeños
grupos feministas que comienzan a plantearse la cuestión de la maternidad y el
aborto en los mismos términos en que lo estaba haciendo el más extendido
movimiento feminista de los países centrales.
Las masas en lucha ponen en juego, también, el espacio privado, las relaciones
entre los sexos y entre las generaciones, mientras la píldora anti-conceptiva y
la moda unisex hacen factible la "revolución sexual".
Con este marco, en 1970 se crea la Unión Feminista Argentina (UFA) y un año más
tarde, el Movimiento de Liberación Femenina (MLF), integrado por algunas mujeres
con doble militancia, que también se enrolan en la izquierda marxista. Estos
grupos, entre otros, instalarán el tema del aborto en la sociedad convulsionada
de aquellos años, enfrentando la prohibición sobre la difusión y venta de
anticonceptivos promulgada por el gobierno de María Estela Martínez de Perón y
su Ministro López Rega. Un panfleto de UFA de esa época señala:
El embarazo no deseado es un modo de esclavitud.
Basta de abortos clandestinos.
Por la legalidad del aborto.
Feminismo en marcha.
En estos años, los partidos enrolados en lo que se denominaba la "nueva
izquierda" también estimulan el agrupamiento de las mujeres en la lucha contra
la opresión sexual. En 1974, el Frente de Izquierda Popular organiza el
Movimiento Feminista Popular (MOFEP) y el Partido Socialista de los
Trabajadores, de filiación trotskista, impulsa el grupo Muchacha, además de
romper con los prejuicios de la izquierda vernácula, alentando el surgimiento
del Frente de Liberación Homosexual en el que militaron Néstor Perlongher, Sara
Torres, Zelmar Acevedo, etc.
Para el 8 de marzo de 1975, los distintos grupos de mujeres actuaron de manera
unificada en el Frente de Lucha por la Mujer divulgando diversas consignas,
entre las que se encontraba la de libre elección de la maternidad. Sin embargo,
las fracciones y rupturas ocasionadas por las diferencias políticas,
fundamentalmente alrededor de la cuestión de clase, fueron debilitando a los
grupos, muchos de los cuales se disolvieron aún antes del advenimiento de la
dictadura militar.
El golpe de Estado de 1976 impidió, a sangre y fuego, cualquier actividad
política reivindicativa, sesgando la vida de miles de hombres y mujeres de la
clase obrera, estudiantes e intelectuales que hoy engrosan la negra lista de 30
mil desaparecidos de nuestro país. Las actividades se suspendieron, muchas
activistas feministas partieron rumbo al exilio junto a los miles de militantes
y luchadores sociales que pudieron escapar de la represión. Otras permanecieron
en el país, sin realizar actividades públicas, pero manteniendo grupos de
estudio y discusión de textos feministas.
3. Conferencias de la ONU, "oenegización" y apertura democrática
Como señalamos anteriormente, con la reapertura democrática, ya iniciada la
década del ’80, las antiguas demandas volvieron a emerger, pero en una época en
la que las reivindicaciones ya tenían la impronta de la "oene-gización"
propiciada por la ONU y las agencias multilaterales de financia-miento.
Muchas feministas fueron partícipes de numerosas organizaciones culturales,
sociales, políticas, sindicales y profesionales que se crearon a la salida de la
dictadura. La mayoría fueron asociaciones o fundaciones con status legal, que
consiguieron financiamiento y desarrollaron actividades de carácter asistencial,
de capacitación e investigación, previstas en los subsidios.
Como señalamos anteriormente, el concepto de "derechos reproductivos" reemplaza
al término "aborto", despolitizando a este último, y pasa a integrar el discurso
técnico en el que se manejan las agendas internacionales sobre políticas de
población. Incluso las corporaciones internacionales de control de la natalidad
adoptan el lenguaje de los derechos sexuales y reproductivos, con otros
objetivos que difieren de los del feminismo. En la década del ’70 el crecimiento
de la población representaba un problema por la escasez de alimentos y en los
’80, fueron el desempleo y la crisis económica los motivos para impulsar las
políticas antinatalistas9. Esto permitió que la Iglesia adoptara argumentos
retóricamente "antiimperialistas" para fundamentar su reaccionario rechazo al
derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo y decidir sobre
su propio cuerpo.
Entre los grupos feministas que permanecieron fieles al espíritu movi-mientista,
en los inicios de la democracia, se encuentra la Asociación de Trabajo y Estudio
de la Mujer (ATEM) que, en 1984 en ocasión de conmemorarse el Día Internacional
de la Mujer, repartió un panfleto en el que proponía la despenalización del
aborto bajo la consigna: "No queremos abortar, pero tampoco queremos morir de
aborto".
En 1987, durante las jornadas que ATEM organizaba anualmente, se realizó un
debate sobre el aborto en el que se propuso la creación de una comisión que se
dedicara exclusivamente a este tema, trabajando en la consecución de la
despenalización. Haciéndose eco de esta propuesta, mujeres de distintos grupos
feministas y con diversas ideologías y trayectorias constituyeron, el 8 de marzo
de 1988, la Comisión por el Derecho al Aborto que, como primera medida, organiza
un taller sobre aborto en el Encuentro Nacional de Mujeres de ese mismo año,
imponiendo la consigna que aún hoy es distintiva del movimiento de mujeres en
Argentina: "anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir".
Dos años más tarde, el país fue sede del Vº Encuentro Feminista Latino-americano
y del Caribe, que se realizó a pesar de la propaganda antife-minista y
lesbofóbica que difundió el gobierno a través de los medios de comunicación. En
este encuentro, las mujeres de Católicas por el Derecho a Decidir proponen
establecer el 28 de setiembre como Día de Lucha por la Legalización del Aborto
en América Latina y el Caribe.
Poco después, en 1994, en medio de una prédica fuertemente conservadora de parte
del gobierno alineado automáticamente con el Vaticano, se constituyó Mujeres
Autoconvocadas para Decidir en Libertad (MADEL), una alianza de 108
organizaciones y grupos centrada particularmente en la demanda del derecho al
aborto y los derechos sexuales y reproductivos. Su principal objetivo fue
organizarse en torno a la reforma de la Constitución Nacional propiciada por un
acuerdo entre el presidente Carlos Menem y el jefe político de la oposición,
Raúl Alfonsín, en lo que dio en llamarse el Pacto de Olivos. Esta reforma que
obedecía, principalmente, a la intención del presidente de conseguir la
posibilidad de ser reelecto, incluía otros temas que provocaron un fuerte
debate. Entre ellos, el objetivo del Partido Justicialista en el poder y la
jerarquía eclesiástica de introducir una cláusula sobre el derecho a la vida
desde la concepción que impediría, a futuro, el tratamiento de una legislación
sobre aborto (Gutiérrez, 1998).
Solicitadas en los diarios, actividades callejeras y, fundamentalmente,
estrategias de lobby sobre los constituyentes fueron algunas de las acciones que
impulsó MADEL en contraposición a las que impulsaban los grupos Pro-Vida y la
Iglesia con el objetivo contrario.
Al año siguiente, la misma alianza se puso en juego con relación a la ley de
procreación responsable y la participación de la delegación argentina en la
conferencia de Beijing, cuando la representante oficial enviada por el gobierno
declaró que la misión de la mujer argentina es la de ser "una clara imagen de
mujer madre, de mujer esposa, de mujer que se une al varón para procrear"
(Gutiérrez, 1998).
El movimiento retrocedió con el crecimiento del Frente Grande, una coalición de
centroizquierda liderada, entre otros, por una mujer que se pronunciaba
favorablemente a la legalización del aborto. La mayoría de quienes auspiciaban
la lucha por el derecho al aborto depositaron esperanzas en una nueva opción de
la política burguesa que ganó peso entre amplios sectores de las clases medias.
Finalmente, junto a la tradicional UCR que fue la "otra pata" del bipartidismo
nacional, formaron la Alianza que ganó la presidencia en el derrumbe del
menemato. Las esperanzas, rápidamente, se vieron defraudadas por un gobierno que
no hizo más que continuar la línea de su predecesor en todas las áreas.
4. Los Encuentros Nacionales de Mujeres
Los Encuentros Nacionales de Mujeres merecen un párrafo aparte. Iniciados en
1986 por la decisión de un grupo de feministas y mujeres activistas que habían
estado el año anterior en la Conferencia Internacional de Mujeres de Nairobi,
los Encuentros comenzaron con la participación de no más de mil mujeres de todo
el país y hoy alcanzan una participación de entre 5 mil y 10 mil cada año.
Convocados por mujeres feministas, de partidos políticos, sindicatos y
organizaciones sociales, son un ámbito de discusión de problemas generales y
específicos. Desde la deuda externa hasta el aborto, pasando por el tema de la
prostitución, las cárceles, los medios de comunicación, etc.
Durante el IIIº Encuentro, realizado en la ciudad de Mendoza en 1988, la
Comisión por el Derecho al Aborto organiza el primer taller sobre el tema,
incorporándose a partir de ese momento en los temarios de talleres de todos los
Encuentros subsiguientes. Sin embargo, en el XVIº Encuentro realizado en La
Plata pocos meses antes del 19 y 20 de diciembre de 2001, la Comisión
Organizadora, frente a la presión del gobierno provincial y la Iglesia Católica,
eliminó el taller sobre aborto del temario. Este hecho, denunciado por las
feministas platenses, llevó a que distintas organizaciones y partidos políticos
de izquierda comenzáramos el Encuentro denunciando la maniobra e instando a
rebelarse frente a esa decisión censuradora y a discutir sobre el aborto de
todos modos.
Al año siguiente, en Salta, la Iglesia se organizó mejor aún y el PCR, desde la
Comisión Organizadora, junto con sectores del gobierno de Romero intentaron
impedir que la marcha de las mujeres pasara por delante de la catedral salteña.
Esa misma maniobra se siguió repitiendo en los encuentros posteriores, para
evitar el repudio masivo de las manifestantes a una institución reaccionaria que
sólo impone sumisión, opresión, dolor y muerte sobre las mujeres.
El XVIIIº Encuentro realizado en Rosario en el año 2003 marcó una inflexión. La
Asamblea por el Derecho al Aborto de Buenos Aires hizo una convocatoria amplia a
organizaciones y partidos de izquierda para concurrir con una posición común
consensuada a un enfrentamiento que se veía inevitable. El obispo de la sede
donde se realizaría el Encuentro, mientras tanto, arengaba desde los medios de
comunicación contra las "abortistas". Así y todo, miles de mujeres corearon la
tradicional consigna "Anticon-ceptivos para no abortar, aborto legal para no
morir" y varios centenares nos separamos de la marcha "oficial" para concurrir
hasta la puerta del arzobispado y la catedral a escrachar a la Iglesia.
Por primera vez en 18 años, el Encuentro Nacional de Mujeres ocupó la tapa de un
diario nacional, con titular y una foto a todo color de la enorme bandera
violeta de 7 metros que rezaba "Por el derecho al aborto libre y gratuito",
realizada por mujeres del Partido de Trabajadores Socialistas (PTS) y
estudiantes y trabajadoras independientes quienes, de regreso del Encuentro,
conformamos la agrupación Pan y Rosas.
La Iglesia, el gobierno y las organizaciones que participan de los preparativos
del Encuentro sacaron conclusiones: para el año siguiente se votó como sede la
ciudad de Mendoza, donde la opinión pública era bien desfavorable al Encuentro y
a los temas que se debaten en el mismo.
El intento de las organizadoras de consensuar las opiniones divergentes, el
recibimiento con afiches contra el aborto, graffitis amenazantes y hasta el
estallido de una bomba casera en un ómnibus que transportaba a mujeres de la CTA
hacia el Encuentro, no impidieron, sin embargo, que se discutiera el derecho al
aborto una vez más.
Lamentablemente, los Encuentros Nacionales de Mujeres, por su propia definición
impiden que la enorme energía desplegada por miles de mujeres trabajadoras y de
los sectores populares, estudiantes y activistas se plasme en una organización
permanente y con capacidad de generar acciones que, por un lado, desarrolle un
movimiento de lucha por el derecho al aborto y otros derechos y, por otro lado,
impida que la participación de nuestros propios enemigos en nuestro espacio de
lucha -la Iglesia, el gobierno y los partidos patronales- tenga la misma
relevancia, en sus conclusiones finales, que el pronunciamiento de miles de
mujeres dispuestas a luchar por los derechos democráticos elementales que
afectan a nuestras vidas.
5. Una nueva etapa en la lucha por el derecho al aborto
Retomando el desarrollo de la lucha por el derecho al aborto, decíamos que el
gobierno de la Alianza había despertado esperanzas que, rápidamente, se vieron
defraudadas. El 19 y 20 de diciembre de 2001, las movilizaciones sacudieron al
país y derribaron al gobierno del presidente Fernando De la Rúa. Este movimiento
impactó también en el feminismo. Muchas mujeres fueron partícipes de las
asambleas, las movilizaciones y distintas formas de organización que surgían en
diversos sectores, durante todo el año 2002.
El 8 de marzo, sumadas a las asambleas vecinales, las feministas marcharon hacia
la Plaza de Mayo reivindicando el derecho al aborto en las puertas de la
Catedral Metropolitana, contando –por primera vez en muchos años– con el apoyo
de varones y mujeres que aplaudían y coreaban sus consignas. Otras mujeres, más
jóvenes, se sumaban al movimiento portando una bandera violeta que rezaba
"Revolución en las plazas, en las casas y en las camas". Luego, las obreras que
tomaban la fábrica textil Brukman, en el corazón de la ciudad, organizaron un
Encuentro de Trabajadores de Fábricas Ocupadas en medio de la calle y también
allí concurrieron activistas feministas, logrando que una comisión tratara el
tema del aborto y propusiera al plenario general luchar por la despenalización.
En medio de esta situación de efervescencia es que puede entenderse el Encuentro
Nacional de Mujeres realizado en Rosario en el 2003 y al que ya hicimos
referencia.
Con el impulso del Encuentro Nacional, ese mismo año, las movilizaciones por el
Día de Lucha por el Derecho al Aborto en Buenos Aires contaron con la
participación de más de 4 mil mujeres. En diciembre, se organizó el Iº Encuentro
Regional por el Derecho al Aborto en la ciudad de Buenos Aires, impulsado por
diversas organizaciones entre las que se encontraba la agrupación Pan y Rosas.
Pero el impulso de las jornadas de diciembre de 2001 se fue desvaneciendo
lentamente a medida que avanzaban las políticas de reformas por arriba. El
régimen político se recompuso y la estabilidad dio paso a la desmovilización.
Para el año siguiente, el movimiento de mujeres y las feministas se encontraban
nuevamente fragmentado. Las divisiones se establecieron entre quienes planteaban
que era necesario tener confianza en el nuevo gobierno de Kirchner, que hacía
algunos "gestos" políticos que parecían favorecer la situación de las mujeres en
el país. Otras planteaban que había que confrontar con el gobierno y seguir
junto a los movimientos sociales en sus luchas y reclamos.
Esta discusión la resolvieron los hechos mismos: el sector ligado a los
movimientos autonomistas, retrocedió enormemente al punto de desaparecer de la
escena política. Su estrategia de no exigirle al Estado la legalización del
aborto, priorizando la práctica "autónoma" de solidaridad entre mujeres, se vio
enfrentada a una realidad que evidenciaba la cooptación del mismo Estado a
través del incremento de planes para microemprendimientos entre los movimientos
de desocupados que trocaron la lucha por trabajo genuino por la gestión de
subsidios. Por otra parte, el sector que privilegiaba la presión sobre algunas
alas del gobierno que se mostraban favorables a la despenalización, siguieron
reuniéndose para pensar "estrategias" que incluían desde campañas públicas de
difusión y recolección de firmas hasta el manejo de influencias entre
legisladoras, funcionarias, periodistas, etc.
La izquierda se retiró de la discusión o bien se alineó con alguno de estos
sectores. El Partido de Trabajadores Socialistas y la agrupación Pan y Rosas
permanecieron firmes en la convicción de que es necesario organizar a las
mujeres trabajadoras y estudiantes en la lucha por nuestros derechos y que sólo
la movilización nos permitirá arrancarle al Estado una ley que realmente
contemple el derecho al aborto libre y gratuito.
Finalmente, tras las figuras públicas de la ex-diputada de la Alianza María José
Lubertino, la especialista Martha Rosenberg y la ONG Católicas por el Derecho a
Decidir, decenas de grupos y personalidades públicas impulsaron la Campaña por
el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, cuyo objetivo central es la
recolección de firmas para ser presentadas al gobierno y al Congreso a fines de
noviembre de este año. Pan y Rosas se sumó activamente a esta campaña,
manteniendo sus principios de independencia de la Iglesia, el Estado y los
partidos patronales y planteando, a diferencia de las organizadoras, la
necesidad imperiosa de organizar comités activos de campaña entre las
estudiantes y las mujeres trabajadoras.
III. "Los derechos no se mendigan, se conquistan". Conclusiones
La larga historia de la relación del Estado semicolonial argentino con la
Iglesia Católica, de las políticas demográficas desarrolladas por diversos
gobiernos, de tantas ilusiones rápidamente desacreditadas con que la
centroizquierda intentó ganar el apoyo de las clases medias y de los sectores en
lucha por los derechos democráticos, ameritan una conclusión.
El derecho al aborto es un derecho democrático elemental, para cuya consecusión
apelamos a la más amplia movilización. Sin embargo, la unidad en la lucha por
este derecho no puede implicar la subordinación a las estrategias de presión
sobre ningún ala de los partidos patronales ni la ilusión de que la
centroizquierda (que hoy encarna una candidata mujer, católica a ultranza y
opuesta a la legalización del aborto) pudiera solucionar lo que, en décadas de
historia, hemos visto que ha sido imposible.
La lucha por el derecho al aborto libre y gratuito es una de las banderas
fundacionales de la agrupación Pan y Rosas y ha sido uno de los principales
temas de acción, debate e incluso campaña electoral del Partido de Trabajadores
Socialistas, desde su fundación. Sin embargo, no tenemos ninguna esperanza en el
gobierno de Kirchner ni en sus ministros. Por el contrario, creemos que para
lograr el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito tenemos que desarrollar la
movilización, planteando una clara perspectiva independiente del Estado, el
gobierno y todos los partidos que defienden a este régimen de hambre y entrega.
Para ello, nuestras mejores aliadas y aliados son quienes hoy están saliendo a
luchar en defensa de sus salarios como las trabajadoras y trabajadores del
subte, de la salud, de la educación, de LAFSA, Parmalat, Astilleros Río
Santiago, etc.
Porque como decía la feminista ítalo-argentina Julieta Lanteri, a principios de
siglo, "los derechos no se mendigan... se conquistan". Ése es el espíritu que
nos anima a continuar la lucha.
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NOTAS
1 El estudio señala las siguientes estimaciones regionales entre 1995-2000:
África, 5 millones de abortos inseguros con un 13% de muertes maternas como
consecuencia de esas prácticas; Asia, 9,9 millones y una tasa de muerte del 12%
y Europa, 900 mil abortos clandestinos y una tasa que llega al 17% (Evaluación
del plan de acción regional para la reducción de la mortalidad materna, OPS).
2 Datos de Rosenberg, Martha: "Libertad de vientres", Diario Página 12,
26/09/03.
3 En Bases y puntos de partida para la organización política de la República
Argentina, de 1852, Juan Bautista Alberdi afirmaba que la población era el
instrumento básico del cambio que se deseaba para la República. En este libro se
inspiró la Constitución Argentina de 1853. Su frase "gobernar es poblar"
encerraba el sentido de "civilizar", fomentando la colonización del interior del
país y su desarrollo.
4 La Iglesia consideraba que era necesario restablecer lazos con el peronismo,
ya que sin él, el movimiento obrero era "inmanejable", en medio de los aires
revolucionarios de los ‘70. Fue así que se levantó la excomunión de la que Perón
había sido objeto en los años de distanciamiento y éste devolvió el favor,
retomando las buenas relaciones de antaño.
5 Entre otros, fue popular el slogan de la dictadura militar "el silencio es
salud".
6 Adoptada por la Asamblea General de la ONU, resolución 34/180, del 18/12/1979.
Ratificada en Argentina por Ley Nacional 23.179, el 03/06/1985, fue incorporada
a la Constitución Nacional en el artículo 27, inciso 22, en 1994.
7 Decreto 2.274 del Poder Ejecutivo Nacional: interpretando la cuestión de la
repro-ducción bajo el concepto general de derecho humano, deroga el Decreto
659/74 prohibitivo del asesoramiento en materia de anticoncepción.
8 Según datos oficiales, este año el Estado repartirá 10 millones de
preservativos, 450 mil dispositivos intrauterinos, un millón y medio de
anticonceptivos inyectables y casi 6 millones de blisters de píldoras, lo que
sumaría un 36% más que lo entregado en el 2004.
9Actualmente, el crecimiento demográfico se asocia a la crítica situación
medioambiental, convirtiéndolo en un peligro potencial para las futuras
generaciones.