Argelia Guevara
Cimac

El asesinato de mujeres –mil 117, en 2004- y la falta de atención, pone sobre la mesa un sistema de impunidad y revela la existencia de un crimen de Estado, basado en el género, sustentado por la misoginia y la falta de políticas públicas para garantizar a las mujeres su vida y su libertad.

En 2004, poco más de tres mujeres fueron asesinadas cada día en sólo 24 entidades del país. Es decir, mil 117 homicidios dolosos contra las mujeres sucedieron en 12 meses, según información oficial de las Procuradurías de Justicia de una parte del país, incluido el Distrito Federal.

Los homicidas fueron parejas de las occisas en más del 50 por ciento de los casos. La asfixia, las puñaladas y los golpes se identificaron como las causas principales que cegaron la vida de éstas mujeres cuyo ciclo vital se da en un escenario de inseguridad, discriminación y exclusión. Se llama violencia feminicida contra las mujeres.

En Sonora, el 60 por ciento de los homicidios dolosos contra las mujeres pudieron evitarse. Las autoridades recibieron denuncias de violencia cotidiana y no investigaron, según reconoció el procurador de Justicia de esa entidad, Abel Murrieta Gutiérrez, lo que hace evidente la poca importancia que para algunas autoridades tienen esas denuncias.

El resultado de esa falta de atención pone también sobre la mesa un sistema de impunidad y revela la existencia de un crimen de Estado, basado en el género, sustentado por la misoginia y la falta de políticas públicas para garantizar a las mujeres su vida y su libertad.

De acuerdo con éstos informes, en el primer semestre de 2004 fueron asesinadas 203 mujeres en Chiapas; 106 en el Distrito Federal; 91 en Puebla; 95 en Sinaloa; 89 en el Estado de México; 230 en Veracruz; 37 en Baja California Norte, y 33 en Morelos. En Zacatecas y Aguascalientes, las procuradurías informaron de uno y dos homicidios, respectivamente.

En el 75 por ciento de las entidades que respondieron a un cuestionario enviado a distintas autoridades, evidencian que no existen medidas preventivas para evitar este flagelo que ya es una alarma social en México y una clara violación a los derechos humanos de más de la mitad de la población mexicana.

En Ciudad Juárez, donde sólo este año fueron reportados 13 nuevos asesinatos contra las mujeres, las acciones gubernamentales, tras 13 años de denuncia no han realizado ni medidas preventivas, ni diagnóstico integral sobre la violencia feminicida.

Tampoco se avanzó en la identificación de osamentas. Los expedientes no han sido reconstruídos. Lo más grave es que los recursos destinados para atacar el problema fueron retenidos por la Secretaría de Hacienda hasta octubre de 2004, lo que obligó a devolver más de siete millones de pesos a la federación.

En tanto el gobierno federal anunció, durante las sesiones de Naciones Unidas para evaluar los avances de la Mujer, en marzo pasado en Nueva York, en voz de Martha Sahagún, que no hubo impunidad y que la mayor parte de los casos fueron resueltos.

En el caso de esa ciudad de la frontera norte de México, tampoco existen datos suficientes para medir el fenómeno y ni un diagnóstico que diga a la sociedad qué está sucediendo en toda la República Mexicana, por qué está sucediendo y cómo las autoridades pueden enfrentarla.

Las procuradurías y diversas autoridades, entre ellas los Institutos de las Mujeres, dieron esta información de manera oficial a la Comisión Especial del Feminicidio de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Marcela Lagarde.

La Comisión Especial fue creada para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con la violencia feminicida en México y sostiene, tras un año de actividades, que las autoridades han entregado información limitada, incompleta y no explican cómo realizan sus pesquisas ni sobre las investigaciones criminales, los procesos, las detenciones y los sentenciados.

El examen de la información difundida por la Comisión Especial en su informe anual entregado a la Cámara de Diputados hasta el 28 de abril, arroja que en el 80 por ciento de los informes sólo se incluyen datos de los primeros siete meses de 2004.

También se lee que solamente en Quintana Roo y Sinaloa las autoridades reconocieron haber atendido denuncias por intentos de homicidio, 12 en el primero y 10 en Sinaloa. Es decir las autoridades no informaron a la Cámara de Diputados sobre las denuncias de amenazas, llamadas de alarma y agresiones sistemáticas que reciben cientos de mujeres en la vida cotidiana.

VIOLENCIA FEMINICIDA


La Comisión Especial, de manera paralela informa en su reporte anual, que realizó un análisis de la muerte violenta contra las mujeres, estudio que revela que la entidad con la tasa más alta de homicidios dolosos es la de Quintana Roo.

Es el mismo estado, al cual la Cámara de Diputados en pleno exhortó desde marzo de 2005 para que ofreciera medidas precautorias a un refugio de mujeres amenazado y cuyo personal está en peligro. No obstante, hasta ahora Procuraduría de la Entidad no ha contestado a la Cámara de Diputados.

El estudio revela que los focos de alarma se encuentran, sólo por la cantidad de homicidios, con relación al número de habitantes por entidad, en Quintana Roo, Estado de México, Chiapas, Morelos, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Baja California, Sonora, Distrito Federal, Tamaulipas y Coahuila, además de Chihuahua, donde existe el caso emblemático, de Ciudad Juárez.

El reporte indica que la violencia feminicida es un crimen de Estado y la falta de justicia, atención y prevención, evidencian que en el país hay un quiebre del Estado de Derecho.

El feminicidio, dice el preámbulo del informe oficial de la Cámara de Diputados, es una ínfima parte visible de la violencia contra las niñas y las mujeres, sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres.

El común denominador es el género: niñas y mujeres son violentadas con crueldad sólo por el hecho de ser mujeres y sólo en algunos casos son asesinadas como culminación de dicha violencia pública o priva.

Los crímenes se dan en todo el mundo y son el resultado de la violencia misógina llevada al extremo. Está ligada a la supremacía masculina y se legitima en la sociedad.

La Comisión Especial propuso introducir en el Código Penal Federal un capítulo sobre delitos de género y tipificar el delito de feminicidio desde diciembre de 2004, en el que se busca la responsabilidad del Estado para sancionar judicialmente a los responsables de las atrocidades en contra de las mujeres.

Ello obligaría a todos los poderes públicos del Estado a cerrar los espacios de impunidad. Esta iniciativa rebasa la coyuntura actual, señala el texto, puesto que se fundamenta en la necesidad de superar la ausencia de garantías de protección al derecho de las mujeres.

El informe afirma, además, que no se han creado las condiciones sociales y jurídicas de seguridad para la vida de las mujeres en la comunidad, la casa, los espacios de trabajo, de tránsito o esparcimiento para más de la mitad de la población.

El mismo órgano legislativo informó también que ha iniciado un estudio profundo en once entidades del país, para poder determinar con datos fidedignos, cual es el estado del feminicidio en México; proponer medidas legislativas, políticas públicas y una ley general e integral contra la Violencia Feminicida que tutele la vida y la libertad de las mujeres.

Esta Comisión elabora una visión georeferencial del fenómeno a tráves de un mapeo y un análisis antropológico sobre las formas en que se asesina a las mujeres, para entregar en 2005 reportes precisos por entidad y por regiones, lo que permitirá desarrollar políticas públicas eficaces y contundentes para prevenir la violencia y los homicidios contra las mujeres.