por Hernán Uribe

El Mercurio (23/10/1970):

Según el Senado de Estados Unidos, el diario estuvo involucrado en la conspiración desestabilizadora de la CIA, que incluyó el fallido secuestro y asesinato del comandante en jefe del Ejécito, General René Schneider.

Desde fines de los años 50, y durante toda la década de los ’60, Chile vivia un período de auge en las luchas sociales y políticas. El hecho ápice de los ’50 fue la derogación de la llamada Ley de Defensa Permanente de la Democracia. El proceso culminó en 1970 con la elección de Salvador Allende, el primer socialista elevado a la Presidencia de la República.
Fueron tiempos históricos en que la lucha social conquistó espacios democráticos en favor de las mayorías; años en que obreros, empleados y periodistas de verdad accedían al parlamento. Tiempos muy distantes, lejanísimos del «modelo» de democracia vigente hoy.
En aquel paisaje social signado por el optimismo, porque además en el país regían las libertades públicas y los derechos de los ciudadanos, se advertía una gran falencia: la escasez de una prensa, de medios de comunicación que representaran los intereses populares en auge. Allende fue electo sin el apoyo de siquiera una radioemisora. Los periódicos que lo respaldaron (El Siglo, del Partido Comunista, y Las Noticias de Ultima Hora, influida por el Partido socialista), más revistas como Punto Final y publicaciones provinciales, circulaban en una proporción menor al 10 por ciento de la tirada de los diarios adversarios. Clarín, un matutino popular-sensacionalista de circulación nacional, se empeñaba en dividir su simpatía por mitades, entre los candidatos demócrata cristianos y de la izquierda.
Aunque ya es un lugar común que los medios de comunicación sirven en la sociedad como propagadores de la ideología dominante y refuerzan la estabilidad del sistema, la dirigencia progresista no tuvo la sapiencia de preocuparse del tema, con la excepción del gran esfuerzo que en ese sentido hizo permanentemente el Partido Comunista.
En la trinchera opuesta, el cuadro era absolutamente diferente. El empresariado, la aristocracia agropecuaria y sus expresiones políticas, e incluso corporativas, tuvieron claro que los medios masivos realizan una función dirigida a la conquista de las conciencias, a despecho de que se autoproclamen objetivos...
En 1970, y al margen de la televisión que era universitaria y estatal, los campos de la prensa escrita y de la radiodifusión estaban dominados por diez grupos cuasi monopólicos:

Agosto de 1973: Crónica de un «golpe anunciado»

En referencia directa a la acción de la CIA en 1970-73, el "Informe Church" apunta, por ejemplo:
—"Incluía un grupo de apoyo periodístico que suministraba artículos sobre política, editoriales y noticias para colocar en la prensa y en la radio".
—"Otro de los proyectos proporcionaba fondos para fichas (nombre eufemístico de agentes) individuales en la prensa".
—"Otras fichas, empleados todos de El Mercurio, permitían que la Estación CIA publicara más de un editorial al día basado en sus orientaciones".
—"La campaña de propaganda tenía varios componentes. Las predicciones del colapso económico con Allende eran reproducidas por periódicos europeos y latinoamericanos en artículos originales de la CIA".
—"El Mercurio fue uno de los principales canales de propaganda en 1970-73, como lo había sido en las elecciones de 1970 y en el período anterior a la posesión de Allende" (4/11/70).
Ahora bien, ni las fichas ni los empresarios de la noticia hicieron su labor gratis, pese a que suponía la defensa de sus intereses. El Informe Church proporciona algunas cifras aprobadas por el Comité 40 para las operaciones ilegales en Chile. He aquí algo del reparto de dólares:

1970
Marzo 25: El Comité aprueba 125.000 dólares para "operación de descrédito de la Unidad Popular".
Junio 27: Se acuerdan 300.000 dólares adicionales.
Septiembre 9: Se aprueban 700.000 dólares para El Mercurio.
1972
Abril 11: Otros 965.000 dólares para El Mercurio.
Entre 1963 y 1973 —asegura el Comité Church— se gastaron en Chile 12 millones 300 mil dólares solamente en el "rubro prensa".

Tribuna (6/9/1973).

Libertad/Libertinaje

  Durante la etapa de preparación del golpe, hubo en Chile irrestricta libertad de prensa y de expresión y, desde luego, no se elaboró una nueva legislación sobre el tema. La supuesta opresión del periodismo fue una ficción que se estrellaba contra la realidad, pero igualmente proclamada como "verdad" por El Mercurio, Las Ultimas Noticias, La Segunda, La Tercera, Tribuna (creadas con fondos CIA) y, más sibilinamente, por La Prensa.
 

«Clima periodístico» pre-golpe

Clarín (30/6/1973)

Diario - Ejemplares Clarín - 220.000
El Siglo - 29.000
Puro Chile - 25.000
La Nación - 21.000
Ultima Hora - 17.000
Total - 312.000

CIRCULACION DE DIARIOS DE OPOSICION AÑO 1972

Diario - Ejemplares
La Tercera - 220.000
El Mercurio - 126.000
Las Ultimas Noticias - 81.000
La Segunda - 55.000
Tribuna - 40.000
La Prensa - 29.000

Total - 541.000

Como sea, en esos tiempos de libertad de expresión la oposición conservadora practicó el periodismo más inmoral que haya conocido Chile, plagado de mentiras fabulosas, de insultos acompañados de lenguaje soez y, por cierto, orientado a objetivos carentes de ética, como la ruptura del orden constitucional. Esa prensa impuso un estilo que cayó de lleno en el libertinaje y que, lamentablemente, fue imitado parcialmente por los periódicos progresistas, donde algunos incluso procuraron superar al adversario en el reemplazo de los argumentos por los insultos, las palabras gruesas o el lenguaje delictual.
Al terminar la dictadura de Pinochet, el Colegio de Periodistas procuró hacer un balance de la actitud de la prensa en el período pre golpe. La conclusión básica fue que unos y otros cometieron el error de incrementar una suerte de caos nacional que habría coadyuvado a la ruptura de la institucionalidad.
Esa deducción nos parece profundamente equivocada y tiene origen, seguramente, en la circunstancia que los analistas observaron un tanto mecánicamente los contenidos de aquellas dos trincheras políticas. Es decir, no consideraron el asunto desde un punto de vista ético, pues uno de esos combatientes quería mantener lo que se había ganado democráticamente en las urnas, en tanto que el otro bando perseguía lo que cualquiera podía adivinar: un país sin libertades y teñido por el rojo sangre de millares de muertos con violencia.

Operación silencio

El silenciamiento de la prensa comenzó en la mañana misma del 11 de septiembre de 1973, cuando el Bando Nº 1 ordenó cerrar a los periódicos y decretó la mudez para las radios, so pena de represalias físicas que siempre se cumplieron.
Mucha gente estaba comprometida con el golpe militar y uno de ellos fue el entonces presidente del Colegio de Periodistas, Carlos Sepúlveda Vergara, quien pasó a dirigir el primer diario de los golpistas, La Patria, reemplazado después por El Cronista, dos sustitutos de corta vida de La Nación. En la vergüenza de esa aventura, Sepúlveda fue acompañado por otros consejeros.
Sin plantearse una competencia macabra, puede afirmarse que los periodistas, proporcionalmente, fueron terriblemente perseguidos por la tiranía. Las Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) registraba en 1976 una cifra de 20 periodistas y comunicadores asesinados o desaparecidos. En los años siguientes la nómina se incrementó con nuevos asesinatos, entre ellos el homicidio de José Carrasco, ocurrido el 8 de septiembre de 1986, todavía impune, como los demás crímenes. En el balance de los agravios se cuenta el medio centenar de periodistas convertidos en prisioneros de guerra, alrededor de 300 exiliados y un millar de desempleados.
La censura, el término de las libertades públicas y la violación de todos los derechos humanos, enmarcaron la creación de una prensa uniformada que por más de tres lustros difundió la mentira oficial de cada día. Pasarían muchos años antes que pudiera emerger una prensa opositora, aunque sujeta a la arbitrariedad, incluida la clausura y la amenaza permanente.
Conformar ese modelo de prensa fue fácil, pues sólo permanecieron los medios que respaldaron el golpe, en tanto que los otros desaparecieron, junto con la apropiación de sus bienes, y simultáneamente con la proscripción de los partidos políticos, de los sindicatos, de las organizaciones sociales y hasta de los colegios profesionales, aunque varios también propiciaron la ruptura institucional.

Robo de la maquinaria

La supresión de cualquier expresión opositora y el inmovilismo social impuestos a sangre y fuego se unieron a una medida cuyas secuelas permanecen: el saqueo y un gigantesco robo de los bienes de las víctimas, iniciado con el hurto de los objetos materiales pertenecientes al presidente Allende.
Partidos políticos, sindicatos y personas naturales fueron despojados de 111 propiedades, léase bienes inmuebles, y de una cantidad imprecisa de bienes muebles. Los robos recrudecieron al aparecer la siniestra Dirección Nacional de Inteligencia (DINA). Cuando en 1991 se procuró sistematizar la magnitud del botín para efectos de eventuales devoluciones o indemnizaciones, se registró a 23 personas naturales o jurídicas robadas.
Calculado con valores de 1973, este gigantesco botín del golpismo asciende a 20 mil 200 millones de pesos. Mas, ¿cuántos asesinados no pudieron reclamar sus automóviles u otros bienes? ¿Cuántos saqueos, como el del ex Congreso Nacional, no han podido ser aclarados?
Todos los partidos de la Unidad Popular, más la Democracia Cristiana, fueron robados y en muchas ocasiones la exacción correspondió a recintos o instalaciones de medios de comunicación.
Junto con la clausura, El Siglo, Puro Chile, Las Noticias de Ultima Hora, Punto Final y otros medios, perdieron simultáneamente sus bienes. Al Partido Socialista se le quitó radio Corporación y la infraestructura de su cadena nacional, instalaciones que pasaron al Ejército y después, a la emisora oficial de la dictadura, la nueva radio Nacional.
De igual manera se procedió con las imprentas del Partido Comunista, con 40 radios clausuradas y con las propiedades e imprentas de la empresa editora de Clarín. Ninguno de estos robos ha sido reparado hasta hoy.

Los disidentes no tienen expresión

Todo lo reseñado constituye un fundamento para afirmar que hoy, terminando el año 1996, no existe todavía en Chile una auténtica libertad de expresión y de información, carencia acentuada por la concentración de la propiedad y de los contenidos de los órganos informativos, rasgo que impide el pluralismo.
Contrariamente a lo que ocurría en la segunda mitad de los ’60 y en los tres años de la Unidad Popular, los disidentes del modelo ideológico de dominación imperante no tienen voz. Una mayoría de la población está impedida de expresase en la comunicación masiva, mientras tribunales militares refuerzan la limitación de la libertad informativa al juzgar en tiempos de paz a periodistas y medios.
Los periodistas, que de algún modo sobrevivieron a la tiranía más sangrienta de la historia de Chile, y sobre todo las generaciones de jóvenes informadores, están llamados a luchar por restablecer aquí el derecho del pueblo a ser informado veraz y oportunamente.
Hernán Uribe, es profesor de la Universidad de La República, sub director de la revista Punto Final y presidente de la Comisión Latinoamericana Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP-FELAP), autor de cuatro libros y de 30 ensayos, dirigente el Consejo Nacional del Colegio de Periodistas en seis períodos.