Mario Amorós
La Clave

Chile se aproxima al trigésimo aniversario del golpe de estado dividido y aprisionado en el laberinto de una tragedia que empezó el 11 de septiembre de 1973 y que aún no tiene fin. Los esfuerzos iniciales del Gobierno que preside el socialista Ricardo Lagos por unir a todas las fuerzas políticas, a las Fuerzas Armadas y a las agrupaciones de víctimas de la represión en un gran acto institucional naufragaron muy pronto ante la distancia sideral que media entre quienes protagonizaron y apoyaron la destrucción de la democracia y el genocidio y quienes lucharon por la libertad y la defensa de los derechos humanos..
En las filas de la derecha, en sus sectores más ultramontanos, la Fundación Pinochet ha organizado una conferencia de Sergio Onofre Jarpa, presidente del Partido Nacional en 1973 y ministro del Interior de la dictadura entre 1983 y 1985, sobre "El sentido del 11 de septiembre". También el jueves el decrépito dictador recibirá por la mañana en su fundo Los Boldos a sus más fieles: militares en retiro, empresarios, ex funcionarios y destacados partidarios de su régimen. Para estos sectores, el 11 de septiembre de 1973 no hubo sino un "pronunciamiento militar", elevado a proporciones míticas, que libró a Chile de la amenaza de una tiranía comunista. Las mismas falsedades, pues, que, contenidas en el Libro Blanco sobre el cambio de gobierno en Chile (publicado en octubre de 1973 por la junta militar), sirvieron para justificar el derrocamiento del Gobierno constitucional que presidía Salvador Allende..
Por su parte, los partidos de la derecha, la pinochetista Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, se han negado a participar en los actos del Gobierno y preparan sus propios foros para reafirmar su interpretación histórica, coincidente con la que delineará Jarpa, ante sus militantes y cuadros..
Crisis en la Concertación.- Muy significativa ha sido la polémica desatada en el seno de la Concertación, la coalición que gobierna desde el final de la dictadura en marzo de 1990. Con la disputa sobre su candidatura para las elecciones presidenciales de 2005 ya como telón de fondo, el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, de filiación democratacristiana, desató una agria discusión con el Ejecutivo al asegurar que no participaría en ninguno de los actos oficiales en memoria del Presidente Salvador Allende, actos como el que se realizó el 3 de septiembre en la Cámara de Diputados o como el que prepara el Gobierno para el 10 de septiembre, en el que se descubrirá una placa cerca del lugar de La Moneda donde se inmoló Allende. De inmediato, su hermano Adolfo, presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hizo suya esta posición..
Zaldívar recordó que su partido y él mismo fueron connotados opositores del Gobierno de la Unidad Popular y que por tanto no tienen motivos para rendir tributo a quien fue parlamentario durante 33 años y murió en La Moneda defendiendo las conquistas democráticas de su pueblo. No en vano el 12 de septiembre de 1973 la dirección del PDC apoyó públicamente el golpe de estado, un golpe de estado que supieron que iba a producirse al menos con un día de antelación y del que no previnieron a Allende..
La disputa entre el PDC, el Partido Socialista y el Gobierno concluyó con el anuncio de la dirección democratacristiana de que sí asistirán al acto que tendrá lugar en La Moneda el mismo 11 de septiembre y que ha sido convocado por Ricardo Lagos para reflexionar sobre "la pérdida de la democracia", en palabras del portavoz del Gobierno, Francisco Vidal..
De este acto, además de la derecha, también se han excluido las Fuerzas Armadas, que realizarán ceremonias privadas en recuerdo de sus miembros "caídos" el 11 de septiembre. Tampoco esta vez se escuchará una reflexión verdaderamente autocrítica de los responsables de unas instituciones armadas que hace treinta años se levantaron "en guerra" contra un pueblo desarmado y violentado día a día durante los siguientes 17 años. Como siempre, todas sus maniobras han ido encaminadas a justificar la represión con los argumentos de la anticomunista Doctrina de Seguridad Nacional ("la lucha contra la subversión"), defender a los oficiales procesados y negociar con el Gobierno una suerte de "punto final" encubierto..
Por su parte, el Ejecutivo ha adoptado tres medidas de enorme simbolismo. En primer lugar, el 11 de septiembre reabrirá la puerta de acceso al palacio de La Moneda que hasta el golpe de estado estuvo en el número 80 de la calle Morandé y que la junta militar eliminó al reconstruir el edificio después del bombardeo. El próximo jueves Ricardo Lagos ingresará a La Moneda por la que fue la entrada de los presidentes, la misma por la que los militares sacaron el cadáver de Allende y a sus colaboradores y escoltas detenidos..
En segundo lugar, ha declarado monumento nacional el Estadio Nacional, el mayor campo de concentración de la dictadura. Distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos pretenden conservar la memoria del horror que cerca de veinte mil "prisioneros de guerra" de decenas de nacionalidades sufrieron allí entre septiembre y noviembre de 1973...
Y en tercer lugar, después de cinco años de demandas por parte de artistas, intelectuales, organizaciones sociales y el Partido Comunista, por fin el Gobierno ha accedido a bautizar el Estadio Chile, convertido en otro centro de reclusión de la dictadura, como Estadio Víctor Jara, en homenaje al principal representante de la Nueva Canción Chilena, asesinado allí el 15 de septiembre de 1973 por los militares..
Críticas a Lagos.- Sin embargo, el principal proyecto gubernamental para este connotado aniversario, la propuesta de derechos humanos presentada por Lagos el 13 de agosto, ya ha fracasado tras haber sido rechazada por la izquierda y el movimiento de derechos humanos, incluso por personalidades de la Concertación, como la abogada socialista Pamela Pereira, o afines, como los letrados de la Fundación de Ayuda de las Iglesias Cristianas (FASIC)..
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, los ex presos políticos y el Partido Comunista han criticado con dureza el proyecto por obviar la derogación de la ley de amnistía impuesta por Pinochet en 1978, el principal baluarte de la impunidad que afecta al 99% de los casos de violaciones de los derechos humanos. Sus críticas quedarán de manifiesto en la infinidad de actos de todo tipo que han organizado para esta semana con la misma fuerza con que Fahra Neghme, Pablo Villagra y Alberto Rodríguez, hijos de víctimas de la dictadura, permanecen en huelga de hambre desde el 18 de agosto, en protesta por la propuesta de Lagos y la oprobiosa impunidad que permite a la inmensa mayoría de los asesinos y los torturadores vivir en libertad..
Estos sectores sociales y políticos también se oponen a la interpretación del golpe de estado que con apenas matices comparten la derecha, las Fuerzas Armadas y la Concertación, reivindican con orgullo la labor del Gobierno de la Unidad Popular y ensalzan la figura de Salvador Allende como uno de las grandes personalidades políticas del siglo XX por su defensa de un socialismo democrático y revolucionario. Treinta años después, millones de personas no han olvidado sus últimas palabras: "Tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor"..
Reivindicación de los militares democráticos.- En 1990, a su regreso del exilio, el ex comandante de la Fuerza Aérea Ernesto Galaz afirmó: "Se está haciendo un lugar común decir que 'todos somos responsables de los luctuosos sucesos de 1973'. Que todos somos responsables del quiebre del Estado de Derecho y de la democracia del país. Nada más falso y farisaico que tal postura. Los responsables son quienes con mano ajena se hicieron dueños del poder instrumentalizando a los mandos de las Fuerzas Armadas para lograr por la fuerza aquello que no pudieron lograr por consenso popular (...) No busquemos, pues, responsables en los desaparecidos, en los asesinados, en los vejados y ofendidos, en los humillados, en los torturados..."..
Después del golpe de estado Galaz fue detenido, encarcelado y torturado por orden de los mandos golpistas de la Fuerza Aérea al igual que otros 80 oficiales constitucionalistas de su institución y muchos otros de la Armada. Uno de ellos, el general de aviación Alberto Bachelet (padre de Michelle Bachelet, actual ministra de Defensa), falleció el 12 de marzo de 1974 a consecuencia de las torturas. Todos ellos fueron juzgados y condenados por "traición a la patria y sedición" en el consejo de guerra 1-73 de la Fuerza Aérea, cumplieron varios años de prisión y conocieron el dolor del exilio..
Tras el final de la dictadura en 1990 el mayor anhelo de estos militares democráticos ha sido la reivindicación de su honor con la anulación de aquel juicio absolutamente irregular. Sin embargo, hace un año la Segunda Sala de la Corte Suprema decidió por unanimidad rechazar tal petición porque fue dictada por la justicia militar según la normativa aplicable para los "tiempos de guerra"..
Treinta años después del golpe de estado que destruyó la democracia más arraigada de América Latina, a tres décadas del ignominioso bombardeo de La Moneda, Chile continúa cautivo de las consecuencias del golpe de estado, con un modelo neoliberal que excluye a amplias capas sociales, con una democracia tutelada aún por las Fuerzas Armadas, con una ley electoral antidemocrática que excluye a la izquierda, con una Constitución heredada de la dictadura y sin justicia para las víctimas de la dictadura.