 Salvador
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El año pasado, la apertura a la prensa de la discusión sobre la inminente creación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) -luego del fallido intento de aprobar el Servicio Nacional de Inteligencia (SNI)-, rompió la habitual reserva sobre el tema. La iniciativa plantea incorporar a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) a las tareas de "inteligencia política", bajo supervisión del gobierno civil. Hasta hoy, las labores de inteligencia que realizan las FF.AA. y, principalmente el Ejército a través de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), no poseen ningún control "civil".
La connivencia entre los gobiernos de la Concertación y las Fuerzas Armadas durante la "transición a la democracia", no llama la atención. La transición precisamente consiste en mantener con pequeños remozamientos el statu quo de la era militar en el objetivo común de perpetuar la institucionalidad y el modelo económico bajo férreo control impidiendo cualquier expresión de descontento popular. La ANI y el posible ministerio de Seguridad son parte del objetivo estratégico de las clases dominantes y su expresión política.
Tortuoso camino
La "transición" mantiene las desigualdades económicas y sociales de la dictadura, el aparato militar y de inteligencia con sus estructuras casi intactas, perpetuando la impunidad de los principales responsables de violaciones a los derechos humanos. Un sistema político de "continuidad" con la dictadura, por lo que no es extraña la unidad de criterios de la Concertación, la derecha y los militares respecto de la necesidad de instalar la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Las "coincidencias" entre los políticos del sistema y el mundo militar se han manifestado desde antes del inicio de la "transición" y, principalmente, durante el gobierno de Patricio Aylwin en temas como la "seguridad ciudadana", el "control represivo-selectivo", el "Estado policial" y el "exterminio de la subversión". Se exacerba en el imaginario un cuestionable aumento de la delincuencia, acompañada de la "conexión entre ex subversivos, asaltantes y narcotraficantes", "delitos con mayor violencia", y un mayor acceso a "armas de fuego y explosivos", lo que va de la mano con reprimir intentos de articulación de grupos estudiantiles o poblacionales, y principalmente las organizaciones y comunidades mapuches en las zonas en conflicto. Incluso, las fuerzas policiales han desalojado hogares universitarios mapuches, reprimiendo actos o tocatas musicales organizadas en defensa de la lucha mapuche por sus tierras.
Con el pretexto de urgencia de "políticas de seguridad ciudadana" se fortalece el control social a través del sistema "represivo-preventivo", manteniendo estructuras centralizadas e innumerables ramificaciones territoriales en poblaciones, centros estudiantiles, zona mapuche, etcétera.
La Oficina: represión política y poder
El Presidente de la República, Ricardo Lagos, concretará el abortado intento de crear un organismo de inteligencia cívico-militar presentado por Eduardo Frei Ruiz-Tagle en enero de 1997, tras la fuga de cuatro (4) militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) de la Cárcel de Alta Seguridad. El proyecto del Presidente Eduardo Frei no prosperó por los "ruidos" que creó la detención de Augusto Pinochet en Londres y su petición de extradición por España.
Según trascendidos de prensa, los principales objetivos de la ANI serán: "coordinar las direcciones de inteligencia que ya existen. (...) Regular el intercambio de información que éstas generan. (...) Asesorar directamente al jefe de Estado respecto a los mecanismos de seguridad que debe tener el país en materias políticas, económicas y militares, tanto dentro como fuera del país". Se inaugurará una nueva colaboración cívico-militar, abocada hoy a crear la legalidad necesaria para prevenir y/o reprimir cualquier expresión de descontento popular, siguiendo las directrices norteamericanas.
A los gobiernos de Chile y Estados Unidos los une el discurso común contra el "narcoterrorismo" y una práctica en terreno de modelos policiales y ejercicios militares conjuntos. En materia de seguridad, el gobierno de Patricio Aylwin creó un organismo de inteligencia con capacidad de equiparar la labor de organismos militares que siguieron operando con autonomía, y con la misión de desarticular a las organizaciones políticas que pudieran constituirse en un obstáculo para la "transición".
Las tareas de inteligencia "democráticas" se comenzaron a desarrollar desde 1990, pero la creación formal del Consejo de Seguridad Pública data del 23 de octubre de 1991. Sus primeros directores fueron: Mario Fernández (DC), Jorge Burgos (DC) y Marcelo Schilling (PS). La "Oficina" -como fue conocida por la prensa y la ciudadanía-, dispuso de la información residual de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y de herramientas operativas y legales que le permitieron, en definitiva, orientarse hacia los objetivos definidos por el ministerio de Interior, presidido entonces por Enrique Krauss: "Dislocación y exterminio del complejo Mapu-Lautaro en sus tres estructuras Movimiento Juvenil Lautaro (MJL), Fuerzas rebeldes y Populares Lautaro (FRPL), y MAPU-Lautaro; desarticulación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), y trabajo hacia el Partido Comunista (PC)". Para cumplir con los objetivos, que incluyeron la desarticulación del MIR EGP-PL, la Oficina diseñó, planificó y participó en operaciones y montajes, inaugurando una nueva "guerra sucia", que incluyó la muerte de una treintena de militantes del Lautaro y el FPMR, y la detención de la mayoría de sus dirigentes. Para esos fines se utilizó la delación, infiltración y contratación de "informantes". Los escándalos de la "Oficina" obligaron al poder político a aprobar la Ley 19.212 (1993), que creó la Dirección de Seguridad e Informaciones, bajo el mando de Isidro Solís (PRSD), funcionario de Gendarmería y hombre de confianza de Belisario Velasco, en ese momento subsecretario de Interior.
En 1995 se produjo un giro en las políticas de inteligencia. Los presos políticos fueron trasladados a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), y se habló del fin de la "transición y la subversión". Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la Dirección de Seguridad pasó a llamarse Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (DISPI). Mario Papi (PRSD) asumió la jefatura y volcó sus objetivos a "privilegiar el análisis a partir de fuentes abiertas, enfocado en escenarios delictuales, sindicales y económicos entre otros".
Sistema represivo-preventivo
En el gobierno de Ricardo Lagos, los socialistas volvieron a la cabeza de la DISPI. Gustavo Villalobos (PS), abogado y ex integrante de la Vicaría de la Solidaridad fue nominado en su dirección. Se comprometió a "no utilizar" la información que conoció por su "antiguo cargo". Desarticulada la "subversión", la nueva labor de inteligencia civil se abocó a "la búsqueda y procesamiento de datos relacionados con los actores sociales populares". A la cabeza del departamento encargado se nombró a Luis Marcó, uno de los principales articuladores de las políticas de "seguridad ciudadana".
La campaña "antisubversiva y antiterrorista" de los primeros años de la Concertación, se desarrolló paralelamente con el reforzamiento de la "seguridad ciudadana" y contó con la legislación represiva heredada: ley de Detención por Sospecha, Control de Armas y Explosivos, Antiterrorista, Seguridad Interior del Estado, y la aprobación de nuevas leyes que facilitaron las tareas de inteligencia, como la ley de Delación Compensada.
El traspaso de la dependencia de Carabineros del ministerio de Defensa al de Interior no significará una "democratización" de las fuerzas represivas, que operan en sentido contrario: crecimiento numérico, impunidad, más recursos, aplicación de planes norteamericanos, etcétera. El sistema represivo-preventivo de los organismos de inteligencia, la "globalización" de la represión y la especialización y militarización de las policías pone de manifiesto la tradición autoritaria de las clases dominantes y el férreo control sobre la sociedad, control que se mantiene a través del modelo económico, reforzado por los medios de comunicación y la propia "seguridad ciudadana".
(*) Ex preso político. Licenciado en Historia por la Universidad de Chile. Redactor de los medios chilenos
