Salvador Allende

Joan E. Garcés
La Jornada
El 4 de septiembre de 1970 los electores de Chile votaron en favor de la candidatura de Salvador Allende a la presidencia. En el siguiente mes, octubre, el Congreso Nacional, reunido en sesión plenaria, lo eligió como jefe del Estado, descartando al candidato conservador, que obtuvo la segunda mayoría electoral.

El proyecto nacional del gobierno de Allende consistía en desarrollar la soberanía popular, las libertades, la democracia participativa y la igualdad social mediante la transformación del sistema socioeconómico. Promovía, asimismo, impulsar la integración de América Latina en una perspectiva emancipadora respecto de Estados Unidos y su intervencionismo.

Los principales instrumentos con que contaba el gobierno reposaban en la solidez de las instituciones del Estado y de las organizaciones sociales y civiles. El contexto externo lo configuraba el sistema de Naciones Unidas (del que Chile era miembro fundador desde 1945), el Pacto Andino (del que Chile era fundador y miembro junto con Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela), y el Grupo de Países No Alineados (al que Chile se incorporó durante el gobierno Allende).

El sistema de Naciones Unidas está basado en los principios de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos (artículo primero, punto 2), de respeto efectivo a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos (artículos primero - punto 2-, 55 y 56), de igualdad soberana, integridad territorial e independencia política (artículo segundo, puntos 1 y 4) y no intervención en los asuntos internos (artículo segundo, punto 7).

El Grupo de Países No Alineados propiciaba una política de cooperación autónoma respecto de Estados Unidos y la Unión Soviética.

El gobierno de Allende entendía que era del interés nacional de Chile no subordinarse a la servidumbre de las fronteras ideológicas de una u otra potencia, sino mantener relaciones de amistad y cooperación con todos los estados del mundo. Con esta finalidad el gobierno de Allende incrementó las relaciones con todos los países de Europa y del tercer mundo, y reconoció a estados que, como China, Vietnam y Cuba, Estados Unidos denegaba el derecho a existir.

En el ámbito económico, en abril de 1971 el Congreso de Chile ejercitó el derecho de los pueblos al dominio de sus recursos naturales, al nacionalizar la gran minería del cobre a instancias del gobierno de Allende.

Chile ejercitó, asimismo, el derecho a elegir democráticamente su sistema económico al ampliar el área de propiedad social de la economía y apoyar el régimen común de inversiones extranjeras del Pacto Andino. Este último, aprobado en Viña del Mar el 31 de diciembre de 1970 (decisión número 24), aunque no llegó a aplicarse, contemplaba que al menos 51 por ciento del capital de las empresas de propiedad de inversores extranjeros debía haber sido transferido a inversores privados nacionales en un plazo de unos 12 años.

Al mismo tiempo, Chile propuso mantener relaciones de mutuo respeto con Estados Unidos, según los principios de Naciones Unidas, tanto bilaterales como en el seno de los organismos regionales que ambos integraban desde su formación, como la Organización de Estados Americanos (creada en 1948) y el Pacto de Seguridad Colectiva, firmado en Río de Janeiro.

El comportamiento de la administración de Nixon en relación con el gobierno de Allende fue muy distinto. A lo largo de los años 60, las administraciones de Kennedy y Johnson habían financiado clandestinamente campañas electorales de candidaturas opuestas a la del senador Allende, y financiaron también las campañas de propaganda negra del diario El Mercurio contra la persona y el proyecto político del doctor Allende. En las elecciones presidenciales de 1964 el gobierno de Estados Unidos financió en secreto la candidatura de democristiano Eduardo Frei, y en las elecciones presidenciales de 1970 invirtió de nuevo abundantes recursos financieros en propaganda negra contra la candidatura del doctor Allende.

Apenas 11 días después de las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970, el propietario de El Mercurio, Agustín Edwards, se reunía en Washington con el presidente Nixon y le pedía que promoviera un golpe militar para impedir que el doctor Allende asumiera la Presidencia de Chile en la fecha constitucionalmente establecida: el siguiente 4 de noviembre. Nixon ordenó a sus servicios movilizar todos los recursos para organizar un golpe militar, invirtiendo en el mismo cuantos millones de dólares fueran necesarios y recurriendo, incluso, al secuestro, seguido de asesinato, del comandante en jefe del ejército, general René Schneider. Para propiciar y justificar el golpe militar, Nixon ordenó ''hacer gritar de dolor a la economía chilena'' (make the economy scream). Así lo ha explicado el entonces director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Richard Helms.1

Con todo, la intervención clandestina de Estados Unidos en los asuntos internos de Chile no logró evitar que en 1970 el doctor Allende ganara las elecciones y asumiera la Presidencia. Pero durante los siguientes tres años Estados Unidos continuó aplicando al país sudamericano el vasto programa de actuaciones secretas dirigido a la "desestabilización" económica, social y política que debía pavimentar el camino hacia la insurrección armada del 11 de septiembre de 1973, a pesar de que en diciembre de 1972 el presidente Allende había denunciado ante la Asamblea General de Naciones Unidas la intervención estadunidense en los asuntos internos de Chile.

Tras la muerte violenta del presidente Allende, todas las instituciones republicanas fueron destruidas.

En primer lugar, fue destruido el ejército republicano profesional. Por primera vez en su historia, fue convertido en una banda armada, fuera del control de las instituciones representativas de la soberanía nacional, que se mandó a sí mismo y se atribuyó la facultad de torturar, asesinar y expoliar a su propio pueblo.

Simultáneamente, la forma representativa de gobierno fue suprimida y el Congreso Nacional fue clausurado por primera vez en la historia del país sudamericano. Fueron igualmente suprimidos las libertades y los derechos civiles, democráticos y sociales. Tanto el derecho a la vida y a la libertad como el derecho de sufragio, de prensa, de información, de propiedad, etcétera. Un ejemplo paradigmático de ello fue la confiscación y disolución de la principal empresa periodística de Chile, editora del diario Clarín, el de mayor venta en el país.

Tres décadas después

El Congreso de Estados Unidos ha manifestado en reiteradas oportunidades su repudio a la intervención de la administración de Nixon y de los servicios secretos de Estados Unidos en Chile. Los ejemplos más conocidos son el Informe de la Comisión del Senado presidida por Frank Church, de 1975; las audiencias sucesivas de la Cámara de Representantes, entre el primero de julio de 1971 y el 18 de septiembre de 19743, y la Enmienda Hinchey, aprobada en 1999.

Los tribunales estadunidenses fueron los primeros en investigar, juzgar y condenar la red terrorista Cóndor, compuesta por agentes del Estado de Chile dirigidos por Augusto Pinochet, así como en condenar a ese régimen por su responsabilidad en el asesinato en Washington, en 1976, de Orlando Letelier, ministro del gobierno de Allende.

El Ejecutivo de Estados Unidos ha lamentado en varias ocasiones la política de Nixon respecto al gobierno de Allende. Recordemos aquí la declaración del embajador Andrew Young ante Naciones Unidas en 1976; la declaración en 1999 del secretario estadunidense de Estado, Madelaine Allbright, reconociendo errores en la política seguida en América Latina; la declaración en abril de 2003 del secretario de Estado, Colin Powell, según el cual Estados Unidos no se siente orgulloso de la política seguida hacia el gobierno del doctor Allende ni de su apoyo a la dictadura posterior. La propia dirección de la CIA ha criticado formalmente, en 2002, al cumplimentar en ese año la Enmienda Hinchey, los actos ilícitos e ilegales cometidos en Chile por la agencia para desestabilizar el sistema democrático y apoyar la subsiguiente política criminal de la dictadura (Informe Hinchey, 18 de septiembre de 2000).

En contraste, el país que sufrió la intervención de Estados Unidos y sus consecuencias, Chile, no ha logrado aún recuperar su condición de Estado republicano, es decir, democrático y soberano, y su establishment no manifiesta mayor empeño en reivindicarla.

Desde 1989 se ha permitido que los ciudadanos recuperen el derecho a elegir un jefe de Estado por sufragio universal, pero en el marco de la estructura creada durante la dictadura, con la finalidad de perpetuar la sustancia antirrepublicana de la estructura del Estado chileno construida durante la dictadura.

Ni los gobiernos que se han sucedido desde el 11 de septiembre de 1973 hasta hoy, ni nadie en el Congreso, abierto en Valparaíso desde 1990, ha censurado en forma alguna la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Chile. No han seguido en este punto los ejemplos dados por el Congreso de Estados Unidos o por miembros del Ejecutivo, como el embajador Andrew Young y los secretarios de Estado Allbright y Powell. Obviamente, ningún representante del Chile actual la ha denunciado ante Naciones Unidas.

La clave de bóveda del actual andamiaje estatal de Chile sitúa a las organizaciones armadas fuera de control efectivo de los órganos representativos de la soberanía popular. En la cúspide de la estructura estatal se encuentra el Consejo de Seguridad Nacional, la mitad de cuyos miembros son militares y donde el voto del jefe de Estado tiene igual peso que el del general director de Carabineros.4

Desde el 11 de septiembre de 1973, y también hoy, al pueblo de Chile se le ha negado algo consustancial a dicha República desde su fundación: que los órganos representativos de su soberanía, es decir, el Congreso y el presidente de la República, tienen la autoridad suprema y efectiva sobre los cuerpos armados del Estado. Este es un principio consustancial a un ejército profesional, con mayor motivo cuando se reclama de la tradición prusiana. El alto estado mayor del ejército prusiano nunca se sublevó contra el jefe de Estado, ni siquiera cuando éste, como hizo el canciller Hitler, llevaba a Alemania a su destrucción como Estado y a la ocupación de su territorio por ejércitos extranjeros.

Hasta el 11 de septiembre de 1973, en Chile ningún teniente-coronel era ascendido a coronel sin autorización del Senado; solamente el presidente de la República podía ascender a un coronel a general, quien no podía permanecer en su cargo si perdía la confianza del mandatario de la nación.

Hoy, sin embargo, ni el Congreso Nacional ni el Poder Ejecutivo de Chile tienen el control efectivo de la promoción y ascensos de la oficialidad, ni de las finanzas de los cuerpos militares, ni de su gasto, ni de la definición y ejecución de los fines y medios estratégicos de la defensa nacional.

Desde 1990 los jefes de Estado de Chile tienen el estigma de ser los únicos del mundo cuya Constitución desposee de la jefatura suprema de las fuerzas armadas y del orden del Estado. Inclusive se les prohíbe nombrar, ascender y remover a los mandos militares y de la policía militarizada.

Por ello pocas dudas caben de que más avanzará Chile en restablecer sus libertades republicanas, más se volverá a encontrar con el proyecto nacional de soberanía popular, democracia participativa e igualdad social que impulsaba el presidente Allende.

Hoy Chile está más disociado de América Latina que en 1973. No está integrado en el Pacto Subregional Andino, ni en el Mercosur impulsado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En continuidad con el régimen de la dictadura, Chile ha aumentado su grado de absorción en la zona de influencia económica de Estados Unidos y ha preferido incorporarse al Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 2003 antes que al Mercosur.

Ello contrasta, sin embargo, con el mayor margen de autonomía interna de que disponen los estados del conjunto del mundo en comparación con hace 30 años. El final de la guerra fría ha remplazado la bipolarización entre Estados Unidos y la URSS por una estructura internacional orientada a una multipolaridad creciente en las relaciones políticas, económicas y culturales. La Comunidad Europea integra hoy a 25 estados, frente a seis en 1973, y su autonomía económica prefigura una mayor autonomía política y hasta militar futura. China, Rusia, la India, Brasil y Japón tienen hoy una mayor y más aceptada libertad de acción internacional.

El futuro del desarrollo chileno requerirá mayor dominio de sus recursos propios, mejor y más autónoma cooperación con América Latina y el conjunto del mundo. Más avanzará por ese camino, más se rencontrará con los postulados del presidente Allende.

Chile está hoy en una posición más marginal que antes del 11 de septiembre de 1973 en relación con el resto del mundo, en particular en lo relativo a los cambios en la toma de conciencia de la responsabilidad de cada Estado respecto de los otros y de los ciudadanos del propio Estado.

Chile está hoy al margen del desarrollo de las normas que buscan impedir y sancionar los crímenes de guerra y contra la humanidad, siendo así que hasta 1973 estaba en la vanguardia, en conformidad con el proyecto nacional humanista que inspiraba al presidente Allende.

En la medida en que en el Chile de hoy subsisten el andamiaje institucional antirrepublicano y las prácticas no democráticas, ha sido la cooperación judicial internacional, a partir del proceso penal iniciado en España, en 1996, contra Pinochet y sus cómplices, la que ha quebrado la impunidad absoluta que se concedieron a sí los mayores criminales de la historia de esa nación.

En agosto de 2003, mientras Argentina abolía las leyes de impunidad y en Uruguay la Corte Suprema incoaba un proceso contra el ex presidente Bordaberry por su responsabilidad en el golpe de Estado de 27 de junio de 1973; mientras Perú solicitaba a Japón la extradición del ex presidente Fujimori para juzgarlo por crímenes contra la humanidad, en el mismo agosto el presidente de Chile, Ricardo Lagos, reafirmaba la vigencia del decreto de autoamnistía de Pinochet de 1978.

En la medida que recupere sus libertades cívicas, la sociedad chilena se rencontrará con el pensamiento y la acción del doctor Salvador Allende, y se distanciará de quienes impulsaron y sostuvieron la destrucción de sus instituciones republicanas.

El desarrollo de la soberanía popular, de las libertades, de la democracia participativa y de la igualdad social, hizo posible que durante el gobierno de Allende la nación andina alcanzara el mayor nivel de empleo, de consumo y de desarrollo de la mayor parte de los indicadores de calidad de vida y bienestar social de su historia.

La recuperación del desarrollo, del bienestar social y de la democracia participativa será posible en la medida que reanude la democratización de su sistema socioeconómico. En la medida que avancen por ese camino, los chilenos volverán a rencontrarse con el proyecto nacional y social impulsado por el doctor Allende.

El proyecto nacional del presidente Allende estaba enraizado en la realidad histórica desarrollada por el pueblo de Chile en América Latina y en relación con el resto del mundo. Fue un proyecto común, construido democráticamente durante cuatro décadas de luchas sociales, a lo largo de las cuales Allende fue ministro de Estado del gobierno de Frente Popular elegido en 1938, diputado y, también, representante en el Senado, sucesivamente, de todas y cada una de las circunscripciones electorales, desde Arica a Magallanes. El gobierno del Frente Popular mantuvo a Chile neutral durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945); ni la construcción del muro de Berlín, en 1961, afectó la identidad y autenticidad del proyecto nacional gestado en Chile, ni la destrucción del muro en 1989 alteró el vigor y proyección de los valores de un proyecto nacional identificado con los valores humanos más genuinos y, a un tiempo, universales, del pueblo de Chile. Más recuperará el pueblo de Chile sus libertades y se liberará de las ataduras impuestas por la dictadura, más se rencontrarán los chilenos con los principios que inspiraban el proyecto nacional, democrático y popular por el que luchó el doctor Allende.

Notas

1 Thomas Powers. The man who kept the secrets. Richard Helms and the CIA, Nueva York: Alfred A. Knopf, 1979, ps. 223, 228, 234 y ss.

2 Publicadas con el título US and Chile during the Allende years, 1970-1973. Hearings before the Subcommittee on Interamerican Affairs of the Committee on Foreign Affairs. House of Representatives. Washington: US Government Printing Office, 1975.

3 El artículo 93 de la Constitución elaborada por la dictadura en 1980, hoy vigente, designa como miembros del Consejo de Seguridad Nacional, con un voto a cada uno, a los comandantes en jefe del ejército, de la armada y de la fuerza aérea, al general director de Carabineros, al contralor general de la República, y a los presidente del Senado, de la Corte Suprema y de la República. Designa como secretario al jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

*El autor es politólogo español. Fue asesor del presidente Salvador Allende. El texto que aquí se reproduce fue leído en un acto convocado por El Colegio de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa.
Sábado 27 de septiembre de 2003