 Sección
Especial Bolivia |
Boletín electrónico
quincenal
del Centro de Documentación e Información Bolivia.
(<http://www.cedib.org/> CEDIB) afiliado a las redes UNITAS
y UNIBAMBA.
En este número:
NOTICIAS COMENTADAS:
1. MNR y MIR Firman acuerdo político para la formación de
gobierno
2. En un semestre setenta muertos en accidente de carretera en Yungas
3. El sector Salud en conflicto permanente
4. Según el PNUD Bolivia se aplaza en desarrollo democrático
5. Aduana y empresarios discrepan en juicio sobre contrabando
6. Senado intenta garantizar impunidad de gobernantes
TEMA DE ANÁLISIS: La polémica nacional sobre el gas toca fondo
.
1. MNR y MIR FIRMAN ACUERDO
POLÍTICO PARA LA FORMACIÓN DE GOBIERNO.
LOS HECHOS.
Tras 25 días de incertidumbre el MIR de Jaime Paz Zamora (cuarto lugar
en las elecciones) decidió apoyar al MNR (primer lugar) representado
por su jefe y futuro presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. A ellos se
suman UCS y ADN (con cinco parlamentarios cada una), de modo que el nuevo "Cogobierno
de Responsabilidad Nacional" cuenta con 17 senadores y 71 diputados, en ambos
casos mayoría absoluta pero en ningún caso dos tercios. El "Plan
Bolivia" que firmaron los dos partidos grandes cuenta con 12 puntos relativos
a creación de empleo, definición de políticas de hidrocarburos,
mejoramiento de la capitalización, desarrollo rural, acceso a la educación,
seguro universal de salud, vivienda social, lucha contra la corrupción,
inclusión social y cultural, derechos de la mujer y promoción
de las culturas locales. La oposición queda constituida por un bloque
de izquierda popular (el MAS de Evo Morales, el MIP de Felipe Quispe y el ahora
independiente Jerjes Justiniano) y por la bancada de la NFR que empieza a dar
muestras de fragmentación.
COMENTARIO.
Por lo menos desde la oposición se califica este acuerdo como oportunista
y sin contenido. De hecho sus doce puntos son formulaciones generales que no
comprometen seriamente a ninguno de los dos partidos ni zanjan en absoluto las
diferencias existentes entre sus respectivos programas. La convocatoria a Asamblea
Constituyente (presentada por Paz Zamora como exigencia inclaudicable) se ha
convertido en "reformar la Constitución". "El gas para los bolivianos"
se ha convertido en "definir una política de estado" al respecto. Etcétera.
El MIR, que en las dos últimas campañas electorales calificó
a Sánchez de Lozada como "vendepatria" (y juraba recuperar los recursos
naturales del país), ahora en busca de mantenerse en el poder se alió
con el capitalizador. Y el MNR, que en las tres últimas campañas
electorales fustigó duramente al MIR por su práctica corrupta
(y puso la lucha contra la corrupción como la primera de sus propuestas)
ahora en busca de mayoría se alía con el "corrupto". El único
objetivo visible es el ejercicio del poder. La falta de coherencia programática
puede resultar más grave que la falta de mayoría parlamentaria.
2. EN UN SEMESTRE SETENTA MUERTOS EN ACCIDENTES DE CARRETERA EN YUNGAS LOS HECHOS.
El último accidente de carretera producido en Sacramento
Bajo, camino de Caranavi, por el desbarrancamiento de un autobús de la
empresa "Veloz del Norte", eleva a 70 el número de personas fallecidas
desde comienzos de este año, a las que hay que sumar más de 180
personas heridas. Según informes de Tránsito en todo el departamento
de La Paz el número de accidentes en el primer semestre alcanza a 212,
con 368 heridos y 94 muertos. No se ha proporcionado datos del conjunto del
país.
COMENTARIO.
No pretendemos hacer crónica roja, sino llamar la atención sobre
la incapacidad e irresponsabilidad institucional de la Policía de Tránsito
y de la Superintendencia de Transportes. Cierto que los caminos del país
son malos y estrechos, y cuando llueve pueden ponerse intransitables; pero el
problema fundamental que convierte un viaje por carretera en inminente peligro
de muerte es la absoluta falta de control por parte de las autoridades responsables.
Tránsito sirve para llevar estadísticas de accidentes, muertos
y heridos, pero no para impedir esos accidentes, que debería ser su función
central. Y por su parte la Superintendencia y el Ministerio correspondientes
se han mostrado definitivamente incapaces de poner en su lugar a los empresarios
de "flotas" de buses, que se dan el lujo de transportar personas en vehículos
sin mantenimiento (que con frecuencia además van hacinados), conducidos
por chóferes normalmente mal pagados, con mucha frecuencia cansados por
las muchas horas diarias en carretera y en ocasiones incluso en estado de ebriedad.
Y encima esas empresas son de las pocas que se dan el lujo de no pagar impuestos
(al menos es imposible conseguir que entreguen factura al usuario). Y nos hablan
de modernizar el estado.
3. EL SECTOR SALUD EN CONFLICTO PERMANENTE LOS HECHOS.
Todas las quincenas la prensa publica noticias relativas a paros
y huelgas en los centros de salud del país. En este momento los trabajadores
en salud se encuentran en huelga de hambre, y los médicos llevan 72 horas
en paro nacional. Las movilizaciones suelen encontrar una solución, pero
inmediatamente surgen otras. Las demandas van desde incrementos salariales y
pagos de escalafón hasta cambios de autoridades, pasando por cargas horarias
y devolución de aportes. Las consecuencias, permanentemente denunciadas
en la misma prensa, son decenas de miles de pacientes que dejan de ser atendidos
y también pérdidas cuantiosas de los hospitales que dejan de atender,
y cobrar, al público. El ministro arguye que los médicos no se
compadecen de la situación del país y pretenden incrementar sus
salarios que ya son superiores a Bs 6 mil.
COMENTARIO.
Si esta vez recogemos una noticia que es parte de la rutina diaria del país
es porque hemos tenido acceso a información alarmante y que deja en evidencia
la falta de seriedad y solvencia de las autoridades. Resulta que ahora al personal
médico y paramédico se lo ha dividido en dos categorías,
los pagados con fondos del Tesoro (TGN) y los que son pagados con fondos del
plan de "alivio a la pobreza" (HIPC). Estos últimos son de segunda categoría,
tienen contratos eventuales, y se les paga tarde mal y nunca.
Sus huelgas resultan inútiles porque el personal pagado por el TGN no
las secunda, y éstos no pueden hacerlo porque viven bajo el chantaje
de ser "degradados" a la categoría HIPC. Se comprueba que el "alivio
a la pobreza" sólo sirve para la propaganda oficial, pues en los hechos
es un instrumento manejado a capricho de las autoridades.
4. SEGÚN EL PNUD BOLIVIA SE APLAZA EN DESARROLLO DEMOCRÁTICO LOS HECHOS.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo acaba de presentar
su informe sobre 173 países, entre los cuales Bolivia ocupa el puesto
114. En un rango de 1 a 7 nuestro país tiene una puntuación de
3 en libertades civiles y un 1 en derechos políticos; igualmente obtiene
calificaciones negativas en lo que se refiere a libertad de prensa, ejecución
de leyes y eficacia gubernamental; y ocupa el primer lugar de América
Latina en corrupción. Sólo tiene una calificación presentable
en la reducción de la mortalidad infantil. En el conjunto de lo que es
desarrollo humano sólo 3 países latinoamericanos están
por debajo de Bolivia: Haití, Nicaragua y Guatemala.
COMENTARIO.
Se puede poner en tela de juicio los criterios desarrollistas con que el PNUD
se aventura a calificar a 173 países. Pero en todo caso salta a la vista
la contradicción de los discursos gubernamentales (por parte de mandatarios
y funcionarios que en todo caso comparten los criterios del PNUD) con una realidad
que se empeña en no avanzar, sino que en términos comparativos
retrocede. Lo menos que pueden hacer los gobernantes y los políticos
en general es preguntarse si el actual modelo económico y político
no será inadecuado para que el país en su conjunto pueda avanzar
hacia el "desarrollo humano y democrático". Incluso la disminución
de la mortalidad infantil (que se basa en datos cuestionables, por cuanto sigue
habiendo numerosas zonas donde la muerte de bebés y de niños chicos
simplemente no se registra) puede llevarnos a la cruel pregunta de para qué
se ha salvado de la muerte a miles de niños y niñas que enfrentarán
una vida sin condiciones mínimas de nutrición, educación
y ejercicio de derechos. Un tema de reflexión para todos.
5. ADUANA Y EMPRESARIOS DISCREPAN EN JUICIO SOBRE CONTRABANDO LOS HECHOS.
Mientras la Aduana Nacional afirma que no existe contrabando que
ingrese de Argentina en camiones o vehículos pesados, sino ingreso legal
de productos argentinos a hombros de "bagalleros" o en bicicletas y triciclos,
el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente sostiene que "la
Aduana ha perdido el control y no sabe nada, ni tiene idea de la cantidad de
contrabando que entra diariamente al país". Según el diario La
Prensa los contrabandistas y los acuerdos políticos arrinconaron al Control
Operativo Aduanero. Desde Tarija informan que el cemento argentino entra a Bolivia
a la mitad de precio que el cemento nacional, mientras la producción
de leche disminuyó en dicho departamento en un 60 por ciento debido al
contrabando.
Los empresarios exigen que el Gobierno entregue los 2,3 millones de dólares
que la Aduana requiere para reforzar los controles fronterizos, pero Hacienda
sólo ha aprobado 270.000.
COMENTARIO.
Estamos en un callejón sin salida, fruto de 17 años de "libre
importación".
Esta medida del D.S. 21060 mató centenares de empresas industriales y
obligó a migrar a muchos miles de campesinos (además de las decenas
de millares de mineros); poco a poco la única salida de toda esa población
suburbanizada fue el comercio informal, y éste se nutría en gran
medida del contrabando. Las leyes de la sobrevivencia son más fuertes
que las normas estatales, sobre todo cuando éstas se ven sistemáticamente
corroídas por la corrupción. El resultado es la actual masa poblacional
que vive del contrabando, y ante cuya presión, masiva y agresiva, el
gobierno se ve obligado a hacer permanentes concesiones. Por otra parte un estado
con las arcas empobrecidas (por la privatización de las empresas y los
recursos nacionales) no está en condiciones de hacer fuertes inversiones
en la modernización de la Aduana, lo que supone un círculo vicioso.
Parece que la solución de este problema sólo puede venir como
parte de un cambio sustancial del modelo.
6. SENADO INTENTA GARANTIZAR IMPUNIDAD DE GOBERNANTES LOS HECHOS.
Aprovechando el caos político de los días previos
a la elección definitiva del nuevo mandatario, el día martes 23
de julio, el Senado aprobó en grande un nuevo Proyecto de Ley que establece
la nulidad de los procesos contra los ex presidentes luego de 5 años
de haber concluido su mandato. Con la aprobación de esta ley se dejaría
sin efecto las leyes contrarias, como la de 31-10-1984, la de 23-12-1944 y todas
las disposiciones sobre juicios de responsabilidades, que establecen que los
mandatarios que incurran en actos de corrupción y actúen en contra
de los intereses del estado serán sometidos a juicio de responsabilidades
resarciendo daños civiles y penales. El presidente Quiroga está
de viaje y llega el martes. Antes de su llegada -y preocupado por su futura
reelección- requiere que el proyecto de Ley se apruebe en la Cámara
Baja.
COMENTARIO.
La verda es que hasta la fecha ningún juicio prosperó por la falta
de voluntad política en el Parlamento, dejando en absoluta impunidad
actos dolosos de los gobernantes como ser el juicio de responsabilidades contra
Sánchez de Lozada por los contratos de capitalización y por la
masacre de Amayapampa y Kapasirka; el juicio de responsabilidades contra Jaime
Paz por la privatización, con sobornos, de hoteles prefecturales que
pertenecían al estado; varios juicios de responsabilidades contra Banzer,
etc. Pero ahora al Senado no le basta la impunidad de facto y quiere convertirla
en impunidad legal, algo doblemente grave en momentos en que el pacto de gobernabilidad
entre MNR, MIR, UCS y ADN tiene el propósito de limpiar el camino para
que los nuevos mandatarios nuevamente puedan cometer crímenes contra
el pueblo boliviano, p.ej. con la firma de contratos lesivos al país.
Esperemos que el lunes los diputados no conviertan la impunidad en ley.
Tema de análisis:
LA POLÉMICA NACIONAL SOBRE EL GAS TOCA FONDO
La polémica pasó a las calles. Ya el 12 de julio
se fundó la "Coordinadora de Defensa del Gas" con participación
de 21 organizaciones con una multitudinaria marcha popular en La Paz, marcha
que se reprodujo esta semana tanto en La Paz como en Cochabamba. El detonante
de estas últimas fue la información publicada por el diario chileno
"La Tercera" en el sentido de que ya hubiera un acuerdo secreto entre los gobiernos
de Bolivia y Chile para la utilización de un puerto chileno (cosa que
el gobierno boliviano niega rotundamente). En todo caso un acuerdo entre gobiernos
sería insuficiente, ya que se requiere la ratificación por parte
del Congreso Nacional por dos tercios de votos. Por tanto, aunque es evidente
que el próximo presidente tiene la misma tendencia que el actual a firmar
un contrato con Chile, la discusión en el Congreso no va a ser fácil
y va a tener en cuenta las voces que emerjan de la sociedad civil y de los movimientos
sociales. Y en el conjunto de la sociedad civil la única voz que se eleva
a favor de la utilización de un puerto chileno es la del movimiento cívico
de Tarija (engañado por los cálculos de diferencia de precio "en
boca de pozo", cf. boletín anterior).
Chile o Perú, un dilema falso Al principio los diversos sectores sociales
del país se apasionaban por la disyuntiva entre un puerto chileno y uno
peruano. Es evidente que a las transnacionales petroleras les interesa definitivamente
el puerto chileno (ya que tienen enormes intereses en ese país), y por
tanto a los gobernantes también (casualmente siempre muestran tendencias
coincidentes con las de las transnacionales), mientras que Perú les resulta
poco interesante por el famoso "riesgo país". La formulación más
extrema y distorsionada fue la del canciller Gustavo Fernández cuando
habló de recuperar "el componente económico de la cualidad marítima".
La única voz oficialista disidente fue la del ex vicepresidente Julio
Garret, que a esa fórmula la llama "claudicación" y que añade
que el puerto de Mejillones (Chile) es inaceptable e inutilizable, por su lejanía
de La Paz y por tanto sólo sería gasífero y no comercial.
Pero el problema de fondo es otro.
Y lo novedoso de las últimas movilizaciones sociales es que dejan cada
vez más a un lado la negativa a negociar con Chile (si es que no se obtiene
a cambio algún tipo de soberanía costera) para concentrarse en
el verdadero fondo de la cuestión, que es la conveniencia o no de vender
el gas en las condiciones planteadas. Ya el señor Chakib Khelil, representante
de la OPEP y ministro argelino de Energía, sostuvo que a Bolivia le resulta
mucho más rentable la venta de gas a Brasil que a Norteamérica,
pues el precio es claramente superior, no requiere del enorme volumen de inversiones
que requiere la venta a Norteamérica, y es un mercado en permanente expansión.
Ésta es la cuestión que ahora se debate en el conjunto de la sociedad
boliviana, y que debe tener en cuenta algunos elementos: "Podemos perder la
oportunidad" Éste es el argumento del gobierno, de la empresa Sempra
Energy y de algunos analistas que siguen lamentando que Bolivia no haya regalado
su litio a la Lithium Corporation. Sin embargo el mercado del gas natural va
en permanente ascenso (se ha triplicado en los últimos 30 años),
pues emite 30 por ciento menos de CO2 y ahora es transportable con relativa
facilidad.
Además es materia prima para la industria petroquímica, para la
termoeléctrica y para la producción de hidrocarburos líquidos.
No hay pues peligro de perder la oportunidad. "Nuestras reservas son interminables,
no venderlas equivale a perderlas" Otro argumento falaz empleado por el propio
presidente de la república. En ningún caso el volumen de reservas
puede justificar que se malvendan, como los liberales malvendieron el estaño
durante la segunda guerra mundial.
Pero además, para poder afirmar esto, los gobernantes presentan cálculos
trucados, en los cuales suman las reservas "probadas" a las "probables" para
poder mostrar que Bolivia tiene 52 TCF (el doble que Argentina), cuando en realidad
sólo tiene 27 TCF de reservas probadas.
"El negocio del siglo" Según el gobierno, Bolivia recibiría 300
millones de dólares anuales por la exportación de gas a Norteamérica
(no más que la cantidad que producía YPFB antes de la "capitalización"),
pero expertos poco sospechosos como Miranda Pacheco señalan que en realidad
lo único que con seguridad se cobraría serían las regalías
del 18 %, y por tanto los ingresos en ningún caso llegarían a
la mitad de lo anunciado. Aquí se suman dos problemas, el primero es
que en general Bolivia se ha convertido en el paraíso de las transnacionales
petroleras al cobrar esas regalías miserables (mientras Venezuela, por
ejemplo, cobra el 60 %). Según R. Maella (ejecutivo de Repsol), cada
dólar que invierten las petroleras en Bolivia genera 10 dólares
de ganancia. Por supuesto en esta generosa donación de nuestro país
a las petroleras juegan un papel fundamental la Ley de Hidrocarburos de Sánchez
de Lozada y su decreto de reclasificación de campos petroleros (que reduce
al 5 % los campos antiguos y produce una pérdida de 1.212 millones de
dólares para el país). El segundo problema es el precio específico
de esta transacción con Pacific LNG, que sitúa el precio del gas
en 0,70 dólares el millar de pies3, prácticamente la mitad del
precio que nos pagaba Argentina, y que ya está dando argumentos a Petrobras
para rebajar el precio del gas que vendemos al Brasil.
Los verdaderos interesados El consorcio Pacific LNG está integrado por
Repsol-YPF, British Gas y Panamerican Gas, que pretenden vender 36 millones
de m3/día al mercado norteamericano (México y USA) y 6 millones
a Chile. Esas mismas empresas son socias del bloque Caipependi (donde se encuentra
el famoso pozo Margarita), y para ello están dispuestas a invertir de
5 a 7 mil millones de dólares hasta el 2005. A la vez están vinculadas
con Sempra Energy (subsidiaria de Enron, que será la que use el gas barato
boliviano para distribuir energía en Chile, México y California)
e indirectamente con Gas Atacama, que ya tiene firmado un contrato con la Andean
Silver (concesionaria del fabuloso yacimiento de plata de San Cristóbal)
para la provisión de energía eléctrica chilena (con gas
boliviano) a dicho complejo minero. Finalmente todos estos intereses, a través
del poderoso grupo croata-chileno Luksic-Abaroa, están vinculados con
auténticos centros de poder económico entre los que sobresalen
la Barrick Gold (cuyo presidente es George Bush), el Banco Bilbao-Vizcaya e
incluso negocios relacionados con Vladimiro Montesinos. Éste es el poder
real con el que tienen que enfrentarse los intereses bolivianos y sus defensores.
żY los verdaderos desposeídos? Miguel Castro, desde Tarija, nos hace
llegar un artículo del que por falta de espacio sólo reproducimos
lo siguiente: "En estos días, cuando todo el mundo, a lo largo y ancho
del país, se siente con el legítimo derecho de opinar sobre la
venta de gas al norte y se han desatado las pasiones más encendidas en
torno a qué puerto es el más conveniente .
nadie se tomó la molestia de preguntarse de dónde saldrá
ese gas y quiénes son los hombres y mujeres que habitan esas tierras
que de manera tan inesperada se volvieron desmesuradamente codiciadas.
. Puerto Margarita no es un lugar más en la extensa geografía
nacional, en estos días esta comunidad guaraní del Chaco tarijeño
es a su manera el testimonio del modelo de explotación de los recursos
naturales que ha primado en nuestro país a lo largo de toda su historia.
. Participar en las decisiones que afectan a los recursos de los territorios
indígenas y ser parte de los beneficios generados por esa riqueza, exigir
que se cumpla con las normas establecidas para evitar o por lo menos mitigar
los impactos ambientales y de esa manera impedir que sus áreas tradicionales
de pesca, caza y recolección sean irreversiblemente dañadas, son
todos ellos derechos consagrados por normas nacionales e internacionales. De
lo que se trata es que estas disposiciones se cumplan y las comunidades sean
debidamente escuchadas en sus demandas, sólo de esa manera podremos hablar
de dignidad nacional. .
Bolivia Press 2002, Nr. 12 (27 de julio del 2002) ISSN 1609-6703
Bolivi@Press .
