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HACIA EL 2006:
LAS ENCRUCIJADAS DE PAZ Y GUERRA
En diversos espacios de reflexión se viene evaluando lo acontecido en materia de diálogo y negociación y se buscan líneas para retomar el hilo de la solución política al conflicto armado interno y para detener la guerra. Una y otra vez se insiste en la conveniencia de declaraciones públicas de la guerrilla y del Gobierno sobre la disposición a retomar las conversaciones, acogiendo las recomendaciones del Documento de los Notables y los Acuerdos de La Habana como referencia para una eventual negociación.
En esa dirección se trabajó en el Seminario de las Mesas Ciudadanas para la Agenda de Paz, realizado en abril de 2002 y en el Congreso Nacional de Paz y País, en mayo del mismo año. Desde una mirada pacifista se pueden destacar algunas propuestas:
Primero: reconocer la perspectiva constituyente como el escenario más adecuado para institucionalizar un Pacto Nacional.
Las deliberaciones en las mesas Gobierno-guerrilla y las propuestas de los más representativos sectores de la sociedad, llevaron en el cuatrienio Pastrana a identificar la convocatoria a una Constituyente como el escenario más adecuado para considerar y aprobar definitivamente un pacto nacional de paz. Se construyó un gran consenso acerca de la necesidad de dirigir hacia esa meta las conversaciones sobre la agenda de temas que implicaran cambios o definiciones constitucionales o de leyes de mayor alcance, sin perjuicio de pactos de aplicación inmediata en asuntos humanitarios, sectoriales o regionales. Esa fue una de las recomendaciones de la Comisión de los Notables integrada por personas propuestas por las FARC y por el Gobierno, cuya pertinencia debe ser reconocida para un nuevo proceso de negociaciones.
Las FARC-EP se han pronunciado en ese terreno y han reclamado para el proceso preconstituyente una zona desmilitarizada por el Estado en dos departamentos. A esa pretensión sería conveniente responder que la convocatoria a la Constituyente de paz es imaginable en un contexto donde esté definido un cese a los fuegos y a las hostilidades, tanto para el periodo de elección de los constituyentes como para el funcionamiento de la Asamblea. Además, en esa hipótesis es de suponer que -como recomendaron los Notables- se haya pactado el procedimiento postconstituyente sobre el tema de las armas.
Si hay un pacto que retome las recomendaciones de los Notables sobre los procesos constituyente y de disminución de la intensidad de la confrontación, es menos difícil abordar el tema de la seguridad de los mandos de la guerrilla para el desarrollo de conversaciones o de la Constituyente, la ubicación de los efectivos armados, las garantías para la acción política en la transición hacia la Constituyente o las características de eventuales zonas de paz.
La perspectiva constituyente facilita también retomar los diálogos Gobierno-ELN y dar a la Convención Nacional un papel destacado para un proceso simultáneo y en vía de unificación. Porque de no convertirse en instrumento de un pacto preconstituyente, esa Convención se reduciría a una serie de foros de poca trascendencia.
La idea de promover congresos preconstituyentes desde el movimiento ciudadano por la paz es parte central de una estrategia de promoción de la solución política negociada.
Segundo: resistencia a la guerra
La posibilidad de una solución política que se retome en los próximos años y lleve a un acuerdo, depende sobre todo de la conformación de una gran alianza por la paz que agrupe a sectores de todos los partidos, grupos y clases. Las redes internacionales de apoyo a la solución política del conflicto armado en Colombia son parte destacada de esta alianza.
Las bases mínimas de la alianza por la paz están en el texto del Voto por la Paz de 1997, que sigue vigente: compromiso de no violencia, con la justicia social, contra la guerra, por la solución negociada y el respeto a las normas del derecho internacional humanitario; rechazo expreso a prácticas atroces como el asesinato político, el secuestro y la desaparición forzada, el reclutamiento de niños, el desplazamiento forzado y el uso de armas de destrucción indiscriminada, sean artesanales o de alta tecnología.
Es evidente que en estos meses que siguen a la ruptura de las negociaciones y en el inicio del nuevo gobierno, las mayores apuestas se hacen por los factores militares del conflicto. Sectores importantes de la sociedad cifran sus ilusiones en una rápida modificación de la relación de fuerzas en favor del gobierno.
Los movimientos por la paz se encuentran arrinconados o se expresan en la resistencia civil pacífica de comunidades o grupos de alta organización. Pero el péndulo de las ilusiones oscilará con el ritmo de las próximas frustraciones y con la confirmación de la imposibilidad de soluciones militares en el corto plazo. A ello ayudará la inestabilidad institucional que se abre con la instalación de un Congreso cuestionado por las irregularidades en su elección; además la profundización de la crisis humanitaria, social y económica puede obligar a buscar alternativas.
El próximo gobierno tendrá su periodo de gracia, pero la impaciencia acrecentada por las expectativas le restará capacidad de maniobra. La coyuntura electoral de 2003 será un momento de balances y de posibilidades para un nuevo aliento a las iniciativas de paz y a las propuestas humanitarias desde las regiones. Así, la construcción de una movilización social que merezca ese nombre será el resultado de la persistencia en la convocatoria por el diálogo y la paz, que acompañe las demandas de respeto a la población civil en medio del conflicto. Los baluartes de esa movilización hoy son las comunidades que reclaman autonomía de las partes armadas, el derecho a no intervenir en la guerra y a que se respeten a sus habitantes, sus territorios, sus bienes e instituciones; son las expresiones de resistencia de las poblaciones y familias agredidas; las iniciativas de no violencia y de defensa de los derechos humanos.
Tercero: compromisos unilaterales y acuerdos humanitarios y de derechos humanos
La presión pacifista, nacional e internacional, se encamina en este nuevo periodo a la exigencia de respeto a la población civil y a las normas humanitarias. Y en realidad la posibilidad de retomar eficazmente los contactos para intentar la solución negociada, dependerá de hechos concretos contra la barbarie y degradación en la guerra.
El cumplimiento de las normas humanitarias es una exigencia desde la población civil que cuenta con el respaldo nacional. Sobre este particular se imponen gestos unilaterales de las partes armadas del conflicto, de modo que se proscriban prácticas atroces tipificadas como crímenes de guerra, genocidio o delitos de lesa humanidad. Y a los temas incluidos en el voto por la paz, a los cuales se aludió en el primer punto, se puede añadir la prohibición de uso (como armas contra la población y bienes civiles - sobra) de sustancias químicas o biológicas en operaciones de guerra antinarcóticos, el ataque a lugares de culto, hospitales, escuelas, viviendas, fuentes de agua, de alimentos o de fuerzas peligrosas.
La credibilidad del Estado y de las iniciativas del Gobierno seguirá dependiendo en buena parte del deslinde que ocurra entre los mandos de la Fuerza Pública y los grupos paramilitares. Una estrategia de complementariedad o complicidad militar-paramilitar para la lucha antiinsurgente es antagónica con la solución negociada y tiene efectos disolventes para el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.
Compromisos humanitarios de corte unilateral en temas como los mencionados, no sólo conducen a disminuir el dolor de la población, sino que facilitan futuros acercamientos. En función de ellos son positivas las iniciativas de las Naciones Unidas sobre un Acuerdo Global en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; la propuesta de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia alude a temas como la impunidad, el paramilitarismo, la proscripción de armas de destrucción indiscriminada, la protección de la población civil y en particular de los defensores de derechos humanos y de acciones sanitarias.
El nuevo gobierno cuenta en esa iniciativa de las Naciones Unidas un punto de apoyo para retomar contactos.
Cuarto: superar el esquema bilateral y construir escenarios para un pacto de sociedad.
El esquema de diálogo y negociación aplicado durante la administración Pastrana, adoleció, entre otros, de la ausencia de mecanismos de inclusión de la sociedad en la construcción del acuerdo de paz. Se pretendió que una mesa guerrilla-Gobierno tramitara una inmensa agenda de cambios económicos, sociales, de organización del Estado y de los poderes públicos.
Pero el mismo ejercicio realizado, con sus crisis y logros procedimentales, mostró que para llegar a un pacto o acuerdo nacional de paz hay que distinguir entre aquellos asuntos que son del exclusivo resorte del Gobierno y la guerrilla, los que requieren del concurso del Estado y los que son inimaginables sin la participación activa de las fuerzas políticas y sociales que representan a la población.
Un nuevo esquema de diálogo deberá reorganizar la agenda común de modo que se consideren todos sus temas pero diferenciando niveles de tratamiento e instancias para la toma de decisiones sobre los pactos. El pacto preconstituyente no puede atribuírsele a la mesa guerrilla-Gobierno aunque se le reconozca un papel clave en su preparación o en el liderazgo para la concertación.
La mesa deberá abordar la agenda de acuerdo con los lineamientos de la Comisión de Notables, para identificar posibles reformas a llevar a una Constituyente, que debería ser un Congreso Constituyente y Legislativo. Es imaginable que el Gobierno y la guerrilla pacten puntos mínimos que sustentarían conjuntamente en la Constituyente, que lleguen también a acuerdos de aplicación inmediata en materia humanitaria, para el cese de fuegos y de hostilidades, en el tema de cultivos de uso ilícito o para medidas de alivio o de atención a comunidades o regiones; por supuesto, hay otros temas bilaterales relacionados con los procedimientos del proceso y asuntos de seguridad o de tipo militar antes y después del pacto de paz.
La diversidad de temas lleva entonces a considerar varios escenarios de diálogo y de pacto:
Quinto: internacionalizar la paz y neutralizar las presiones externas guerreristas.
La situación internacional está marcada por los alineamientos a los que dio lugar la guerra antiterrorista convocada por la administración Bush y eso significa nuevas presiones para que Colombia asuma un enfoque de los conflictos internos desde los intereses de seguridad de los Estados Unidos, con un fortalecimiento de las estrategias militares. El unilateralismo que ha venido asumiendo Washington, no sólo incluye la iniciativa antiterrorista, sino temas económicos y distanciamiento de tratados internacionales de gran importancia, como los ambientales o el de la Corte Penal Internacional.
El nuevo contexto ha conducido a la diferenciación de posiciones de Estados y organizaciones civiles del mundo respecto de Colombia. Aun dentro de Estados Unidos, en el Congreso o entre las organizaciones no gubernamentales, se distinguen posiciones partidarias de la solución política y contrarias a un escalamiento de la injerencia militar externa en el conflicto armado interno que padece nuestro país.
Para fortalecer la cooperación para la paz es importante, tras ajustar las actividades a la nueva situación, dar continuidad al Grupo de Países Amigos de modo que contribuyan a retomar contactos y a facilitar gestos unilaterales o acuerdos procedimentales hacia un nuevo ciclo de conversaciones para la paz. Se puede avanzar de los buenos oficios a la mediación y al acompañamiento de la negociación. De igual manera es importante la continuidad de la cooperación para programas regionales de desarrollo y paz y para iniciativas pacifistas de comunidades y grupos sociales.
Dentro de la búsqueda de aliados internacionales para la paz de Colombia es urgente el seguimiento desde el exterior a la situación de derechos humanos y a los temas humanitarios, lo mismo que los esfuerzos de información alternativa.
Sexto: avanzar en democratización y en garantía de los derechos humanos.
La reforma política y otras reformas de contenido social y de fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho deben impulsarse desde ahora sin esperar a una negociación de paz. Su implementación deslegitima la violencia y la guerra y le da mayor sustento a la solución negociada. Además de la reforma política para democratizar el régimen, fortalecer la justicia, contrarrestar el monopolio de los medios masivos de comunicación, es urgente que se dé respuesta a cuestiones sociales como el desempleo, la garantía de derechos sociales básicos o la sustitución pacífica de cultivos de uso ilícito en la economía campesina.
La polarización y la perspectiva de un periodo de escalamiento de la guerra puede alentar a los sectores autoritarios a establecer regímenes de excepción y normas restrictivas de las libertades y del gasto social. Incluso se habla de institucionalizar un "Estado de Guerra" que con el argumento de la eficacia en la lucha en contra del terrorismo y del narcotráfico, autorice procedimientos expeditos para la retención de sospechosos, modificación de procedimientos judiciales para disminuir controles a la acción de la fuerza pública, limitaciones a la Procuraduría y a la Fiscalía para actuar en los "teatros de operaciones". Ese "Estado de Guerra" se acompañaría de una economía de guerra que significa limitar la inversión social, destinar nuevos aportes tributarios a la guerra y compensarlo con ajustes en lo social y en el la legislación laboral. Los más extremistas de la vía autoritaria llegan hasta proponer una semidictadura civil institucionalizada .
De modo que la unidad en defensa de la democracia es una pieza clave para la perspectiva de la paz; y con mayor razón en un periodo en el cual a escala internacional cobran fuerza los totalitarismos, los fundamentalismos y las nuevas cruzadas.
No existe para Colombia una opción diferente a la búsqueda de la solución negociada al conflicto armado interno. A pesar de ello las frustraciones en los intentos que se han hecho en la última década y el ascenso de los componentes militares están favoreciendo la idea de que una negociación exitosa sólo será posible después de una fase de guerra civil generalizada, cuando se establezca una relación de fuerzas claramente favorable al Estado y a los poderes que lo constituyen o respaldan. Desde el lado de la guerrilla se sustenta una posición similar en lo que respecta a la estrategia de imposición de las condiciones para un eventual pacto mediante la fuerza de las armas.
Las posiciones extremas coinciden en su lógica militarista y la guerra de diez años que consideran necesaria amenaza con destruir las reservas históricas de la nacionalidad colombiana. Es inútil esperar que un replanteamiento emerja desde los sectores extremos, de modo que la posibilidad de la paz depende de la confluencia de otras expresiones que tengan la visión sobre la necesidad de un pacto para la paz construido con muchos aportes.
Para no llegar al 2006 con un país destruido y una guerra sin esperanza, es preciso renovar el mandato por la paz y el resurgimiento de la manifestación ciudadana en contra de la violencia y la barbarie.
Avanzar hacia la solución política requerirá de mucha imaginación y de la capacidad para aprovechar los avances y lecciones del ciclo de diálogo que se desarrolló en este cuatrienio. Al movimiento por la paz le corresponde perseverar, aun en contra de la corriente, promover los congresos preconstituyentes, la resistencia pacífica a la guerra, los gestos y pactos humanitarios, los consensos para reformas de calado democrático y redistributivo y la cooperación sin armas para el desarrollo y la paz.
Bogotá, junio de 2002
