La Biblio de La Fogata

El escenario del crimen

SERGIO RAMÍREZ
Sergio Ramírez es escritor y fue vicepresidente de Nicaragua

.Los organismos financieros internacionales pusieron de moda en la década de los noventa, finales del siglo pasado, una palabra que aún sigue teniendo ecos: gobernabilidad. Con la entrada triunfal de los gobiernos civiles electos en el escenario político de América Latina, y el regreso callado de los ejércitos dictatoriales a sus cuarteles, se necesitaba armonizar todo bajo una cábala que hiciera posible para las democracias nacientes ser efectivas en términos del desarrollo económico y social. Nada de eso podía conseguirse si los gobiernos surgidos de los votos no eran capaces degobernar. Es decir, de tener gobernabilidad. No olviden que siempre seguimossiendo amigos de las propuestas retóricas, y de los neologismos.
Lo primero era poner en orden la casa, cuadrar las cuentas internas, y saldar la deuda externa, herencia acumulada esta última de décadas de crisis y desajustes. Buenos consejos. Para lograr este tipo de gobernabilidad, era necesario cumplir con los estrictos catálogos de medidas de ajuste propuestas con exactitud homogénea para todos los países. Lo mismo economías de precaria sobrevivencia como las de Centroamérica, donde el modelo agroexportador saltó hecho añicos ya hace tiempo, que economías de pasado esplendor caídas en bancarrota, como la de Argentina.
Pero el concepto de gobernabilidad suponía otros componentes fundamentales. El funcionamiento ecuánime de las instituciones democráticas, la eficacia delos gobiernos alternos a la hora de enfrentar los problemas diarios causadospor la marginación y la pobreza; y además, saber acumular una visión delargo plazo, para crear un modelo de desarrollo sostenible. Y, de último pero no lo último, un hilo conductor imprescindible debía atravesar este complejo tejido: la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Es decir, el destierro de la corrupción.
El advenimiento de los gobiernos electos ha traído, como paradoja, el crecimiento agresivo, y desmedido, de la corrupción, al grado de haberseconvertido en el principal valladar frente a la gobernabilidad. El otrovalladar ha sido el fracaso de los planes de ajuste, que saca a la gente enprotesta a las calles, por recortes de salarios, por alza de tarifas, porfalta de créditos para una agricultura en quiebra. Pero también, y cada vezmás, por la privatización de las empresas públicas, que la opinión ciudadanaliga cada vez más a la corrupción.
El presidente Alejandro Toledo prometió en un encendido discurso de plazapública en Arequipa, durante su campaña presidencial, que jamás seríanprivatizadas las empresas de energía eléctrica del sur del Perú, unofrecimiento que le ayudó a ganar miles de votos. Pero al anunciar semejantecompromiso olvidó por lo menos dos cosas: que la privatización es uno de loscánones sagrados de los planes de ajuste, y que cualquier decisión suya encontrario chocaría contra al voluntad férrea de los organismos financieros internacionales, proveedores exclusivos de recursos frescos para economíasen crisis; y que durante la era Fujimori-Montesinos, la privatización de másde trescientas empresas públicas había representado uno de los másformidables negocios de enriquecimiento ilícito de la historia del Perú. El resultado ha sido un alzamiento popular en Arequipa, con muertos y heridos,y un grave saldo de destrucción, que ha obligado a Toledo a retroceder.
Esos mismos organismos financieros, y la comunidad de países donantes queapoya a los países con economías de mayor riesgo, han fallado en algofundamental, y es consentir la multiplicación de la corrupción en lasesferas más altas del poder, dejando que se saque provecho privado de losrecursos que provienen de la venta de las empresas públicas. Esto haocurrido tanto en Argentina, como en Perú, o en Nicaragua; y la corrupción,una vez consentida arriba, se derrama en cascada sobre la sociedad,contaminando todas sus fibras. La corrupción a gran escala, que significatrasponer a cuentas en el extranjero recursos frescos de apoyo a lasbalanzas de pago, echarse a los bolsillos los fondos de emergencia paracatástrofes, y convertir en estafas vulgares la privatización de las empresas públicas. De esta manera, en lugar de ir por el camino de lagobernabilidad, vamos por el camino de la quiebra y la desmoralización .Escándalo tras escándalo, la gobernabilidad pasa a quedarse reducida a lo que originalmente fue, un neologismo.
Escándalo tras escándalo, como en Nicaragua, donde cada día vamos comprobando que el país está más quebrado de lo que creíamos gracias a lacorrupción. Ya sabíamos que fondos de la ayuda externa para los damnificados del huracán Mitch sirvieron para construir un palacete en una playa delPacífico, cuyo dueño es un íntimo asociado del ex presidente Arnoldo Alemán.Y ahora sabemos que el mismo Alemán y familiares suyos hicieron uso a lolargo de cinco años, para beneficio privado, de una tarjeta de créditoavalada por el Banco Central, y pagada con recursos asignados por elMinisterio de Hacienda a la Presidencia de la República.
En una fiebre de compras que cubre más de treinta países, de Singapur, a Egipto, a Suecia, a los Estados Unidos, a la isla de Bali, a Francia, aItalia, Alemán y su esposa usaron la tarjeta para adquirir alfombras en El Cairo, joyas en Nueva Delhi, modelos exclusivos en boutiques de París yLondres, y también para pagar los gastos de su fiesta de compromiso en elhotel más lujoso de Miami, los costos de la boda misma, y el viaje de lunamiel a Venecia. Casi dos millones de dólares derrochados aún en momentos enque el país sufría las consecuencias de erupciones volcánicas, huracanes y otros desastres que han abierto aún más la brecha de la pobreza.
Mientras los tribunales de justicia no pasen a ser una pieza esencial del sistema democrático, y sirvan para castigar los actos de corrupción, y paraque nadie se esconda tras los parapetos de la impunidad, no habrá manera deavanzar por el camino del desarrollo que siempre nos están proponiendo, aúnasí se privatice el aire que respiramos. Y tampoco habrá, por supuesto,gobernabilidad.
Y si los organismos financieros creen saber lo que nuestros países necesitana la hora de dictar sus reglas inviolables de conducta financiera, ni ellosni la comunidad de países donantes deberían alejarse silbando del escenario del crimen, como si no hubieran visto a los ladrones saltar por la ventanacon el saco del botín a cuestas.