José Cademartori.
Diciembre , 2003.
La política norteamericana de "libre comercio".

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos tuvo su origen en la propuesta de Clinton a Frei en 1994 para que Chile se incorporara al NAFTA. (Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte) Nunca fue un objetivo propio del gobierno chileno, sino una "invitación" que no se podía rechazar. La oposición de sindicatos y ambientalistas norteamericanos a la ampliación del NAFTA llevó a la Casa Blanca a optar por un tratado bilateral. Elogiada como la economía más próxima al modelo norteamericano, El TLC con Chile, fue acogido por las transnacionales y los políticos estadounidenses, como un paso adelante en su viejo sueño de anexar a las naciones del continente. Al obtener la ratificación chilena en diciembre 2003, EE.UU ha logrado tres objetivos: a) avanzar en su disputa con los capitales europeos y asiáticos por la supremacía en el continente b) consagrar un camino alternativo, los tratados bilaterales, para el caso de que se empantane el ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas) y c) bloquear la entrada de Chile al MERCOSUR bloque que podría limitar la expansión estadounidense en la región. Con razón la Casa Blanca ha calificado el Acuerdo como un éxito "geopolítico". Los beneficios que EE.UU espera son más de proyección política que económica, dado el reducido tamaño de nuestro mercado y el acceso que ya tiene a nuestros recursos naturales. Esto es, sin despreciar los logros alcanzados por sus negociadores en facilitar los negocios de sus transnacionales. La campaña del gobierno de Lagos y del gran empresariado para convencer acerca de "las inmensas ventajas" que Chile obtendría de este Tratado, más que mostrar beneficios concretos para todos los chilenos, tiene objetivos políticos: a) dar a la opinión pública una "señal de prestigio" de la Concertación, por "ser elegido como socio" de la superpotencia b) minimizar las concesiones que se le otorgan y la mayor dependencia en que Chile se sitúa de EE.UU y c) hacer olvidar la crisis del modelo neoliberal y sus causas, vendiendo la ilusión de que el Tratado contribuirá decisivamente a su superación .
La estrategia económica norteamericana para dominar el mundo es la imposición de las reglas del libre comercio internacional en todos los países. Ya a mediados de los noventa, EE.UU había alcanzado dos grandes éxitos: la Ronda Uruguay, plasmada en el Tratado de Marrakesh y en la creación de la Organización Mundial de Comercio, (OMC); y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA) con Canadá y México.
En cuanto a Chile, como resultado de su ingreso a la OMC, los fabricantes británicos de whisky exigieron de inmediato la aplicación del Tratado. Dos regiones del país, la Tercera y la Cuarta, sufrieron un golpe económico en una de sus industrias importantes. El gobierno cedió a la presión, al rebajar el impuesto al whisky de 47% al 27% y de esa manera equipararlo con el pisco, con lo cual esta industria perdió una ventaja importante. El Estado fue privado de 11 millones de dólares, por menores ingresos tributarios. Se calcula que deberán desaparecer 2.000 hectáreas de parronales de alto rendimiento. Resultaron perjudicados parceleros, obreros, transportistas, comerciantes, municipios. Los pequeños industriales tienden a desaparecer, mientras la industria se concentra en dos grandes compañías. Otra consecuencia del "libre comercio" fue la exigencia de la OMC de que Chile eliminara el reintegro de impuestos, beneficio del cual gozaban los exportadores nacionales no tradicionales, el cual países desarrollados siguen otorgando a sus exportadores.
Un antecedente importante: Los efectos del NAFTA en Canadá, Estados Unidos y México.
Para apreciar los efectos que puede tener el TLC Chile-EE.UU es necesario conocer las consecuencias que ha tenido el NAFTA en cada uno de esos países.
En Canadá, la aprobación del NAFTA tuvo inmediatas consecuencias políticas. La ciudadanía rechazó el Tratado, castigando al gobierno. El primer ministro Mulroney, su principal impulsor, sufrió una estrepitosa derrota electoral, que significó la pérdida de su mayoría absoluta en el Parlamento y un desastre para los conservadores, los cuales fueron reducidos hasta casi desaparecer del mapa electoral. Los canadienses se resintieron porque el NAFTA otorga "tratamiento nacional" y garantiza "el derecho de residencia" a compañías estadounidenses en Canadá. Esto significa que el gobierno no puede darle a las empresas canadienses asistencia o incentivos, a menos que estos mismos beneficios también se les otorgue a las estadounidenses. Canadá renunció a exigir a las sucursales norteamericanas en suelo canadiense que utilicen de preferencia insumos nacionales o que transfieran sus tecnologías a las empresas nacionales. Tampoco puede reservar a los canadienses la comercialización exclusiva de determinados productos. Canadá ya no puede decretar cualquiera restricción a la exportación de capitales o ganancias de las sucursales estadounidenses. Su banca central tiene que fijar altas tasas de interés para evitar la fuga de capitales, con lo cual, el crédito comercial e incluso el hipotecario se han encarecido para los nacionales. Si el gobierno canadiense quisiera crear nuevas empresas públicas o defender servicios como el Correo Federal de la competencia norteamericana, o imponer regulaciones por el medio ambiente, debería pagar fuertes indemnizaciones a las firmas norteamericanas a título de "pérdida de oportunidades potenciales". Las más modestas regulaciones pueden llegar a ser consideradas como "expropiatorias" para las transnacionales. (3) Debido al NAFTA, Canadá renunció al control de sus propios recursos energéticos e hidrológicos. No puede aplicar precios mínimos a la exportación de esos recursos ni aplicar impuestos, para evitar su dilapidación. Tiene que permitir las exportaciones petroleras a Estados Unidos sin limitaciones de cantidad, aunque en Canadá se produzca escasez. Tampoco puede colocar precios menores a los consumidores nacionales de gasolina cuando el precio internacional está demasiado alto. El agua potable que abunda en Canadá y escasea en Estados Unidos se declara producto comercializable. Los bancos norteamericanos pasaron a operar sin ninguna limitación. Productos norteamericanos con precios más bajos que los nacionales debido a menores normas de regulación ambiental gozan de ventajas frente a los canadienses que tienen leyes más rigurosas. Ni el gobierno central ni las provincias pueden establecer precios justos o poderes compradores para sus agricultores. Un asunto clave son los derechos de propiedad intelectual. El NAFTA extendió en cierta medida la legislación norteamericana sobre derechos de patentes a Canadá. Esto afecta la libre difusión de los conocimientos y obliga a pagar más caro y en exclusiva, por los medicamentos, semillas, materias primas químicas, programas de computación, de películas, etc. ¿Qué ha ganado Canadá en este tratado con EE.UU? Los grandes capitales se han beneficiado. Pero, aunque en el papel pueden aparecer ventajas y normas igualitarias, el poder económico y político de los capitales estadounidenses tiende a imponerse cada vez que hay controversias o disputas. Como consecuencia del NAFTA varias plantas subsidiarias de las transnacionales norteamericanas en territorio canadiense se han cerrado y generado cesantía, debido a que a sus matrices les conviene más, al no pagar aranceles, aumentar un poco la producción dentro de Estados Unidos y exportar a Canadá.
En Estados Unidos la implantación del NAFTA dio origen, por primera vez en muchos años, a una posición independiente del gobierno y de sus patrones de los sindicatos afiliados a la poderosa AFL-CIO frente al gobierno demócrata y a sus transnacionales. La AFL-CIO, junto a los ambientalistas y a los granjeros realizaron una gran campaña nacional en contra del "libre comercio" y el Tratado. Aunque no lograron impedir su aprobación, arrancaron del Capitolio la creación de un fondo especial para compensar a los despedidos de las empresas o plantas que iban a cerrar para trasladarse a otros países. Según cálculos oficiales, en pocos años, más de un millón de empleos estables han sido trasladados a México y otros países, como consecuencia del Tratado, creando zonas empobrecidas donde el trabajo permanente ha dado paso a empleos precarios. Por otra parte, los ambientalistas han denunciado a las transnacionales locales que presentan demandas judiciales contra estados como California por dictar leyes prohibitivas de aditivos tóxicos a la gasolina, como el butyl. Invocando el NAFTA otras multinacionales han presentado demandas contra diversos estados de la Unión las cuales, de prosperar empeorarán las condiciones ecológicas de sus habitantes.
En México, después de siete años de firmado, la independencia económica, la fortaleza industrial y las condiciones de vida de la gran masa se han deteriorado.(4) El aumento del comercio con Estados Unidos, logrado en desmedro del intercambio con Europa y Asia, continúa arrojando un déficit mundial para México. El país se ha hecho más dependiente de Estados Unidos, al punto que 74% de las importaciones provienen del norte y el 89% de las exportaciones dependen del mercado estadounidense. La tasa de crecimiento del PIB después del Tratado si bien aumentó, aún resulta muy inferior a la que tenía el país en los años setenta.
La crisis de la economía norteamericana iniciada en el 2001, continuada en el 2002 y 2003 redujo de inmediato la tasa del crecimiento mexicano. La expansión de las empresas maquiladoras, en su casi totalidad, sucursales de multinacionales instaladas en la frontera con Estados Unidos, no ha significado un mayor estímulo para las industrias mexicanas, pues el 98% de las piezas y componentes que aquéllas utilizan, las importan de Estados Unidos y otros países, con las cuales ensamblan los productos que luego la estadística registra como "exportaciones mexicanas". En verdad apenas el 4% de esas exportaciones corresponden a empresas mexicanas, el resto pertenece a las multinacionales. Entretanto, tal como se temía, la avalancha de productos agropecuarios norteamericanos, fuertemente subsidiados por Washington, está causando estragos entre los campesinos y los agricultores pequeños y medianos. Grandes protestas ha causado la importación desde EE.UU de productos avícolas y otras carnes. México se ha convertido en importador neto de papas, algodón, arroz y maíz, en circunstancias que antes los exportaba o se autoabastecía. En contraste, las exportaciones agrícolas mexicanas así como los camiones que las transportan son objeto de hostilización permanente en la frontera, con pretextos de carácter sanitario o ambiental. Como resultado neto de los primeros ocho años del Tratado, se han dejado de cultivar 10 millones de hectáreas y 6 millones de campesinos han debido emigrar. El NAFTA permite también que las transnacionales acentúen sus políticas depredadoras y contaminantes. Greenpeace ha denunciado que las maquiladoras vierten sus desechos, muchos de ellos tóxicos, en los centros urbanos. En el estado de Guerrero, los consorcios privados desmontaron ya el 40% de las selvas naturales para extraer sus maderas. Invocando el fatídico capítulo 11 del Tratado, las multinacionales presentaron demandas contra la Federación y los gobiernos estaduales que exigen la derogación de normas ambientales u otras regulaciones, o bien el pago de fuertes indemnizaciones.
En los años de vigencia del Tratado, los salarios reales han disminuido a pesar del aumento de las remuneraciones nominales porque el costo de los alimentos básicos se elevó cinco veces más que aquéllas. Más de la mitad de los asalariados no calificados reciben menos de lo que percibían a comienzos de los noventa, debido a la caída del poder adquisitivo del salario mínimo. Han sido eliminados 200.000 puestos de trabajo estables, mientras aumenta dramáticamente el trabajo infantil y los empleos precarios. Más de la mitad de los nuevos puestos creados son informales, donde campea la ausencia de contratos de trabajo, derecho a vacaciones anuales, acceso a la jubilación y de asociación sindical. En las maquiladoras y en diversas regiones del país, el desempleo, los miserables salarios y pésimas condiciones de trabajo son tan malas, que miles de mexicanos prefieren arriesgar sus vidas para traspasar la frontera. En el 2002, un 50 % de los mexicanos, o sea más de 50 millones se encontraban bajo la línea de pobreza. Casi 20 millones de mexicanos sobreviven en la indigencia.
El impacto del TLC en el comercio chileno de productos.
Solamente nueve especies de frutas frescas chilenas entrarán a EE.UU sin pagar arancel. La tarifa anterior al Tratado era muy cercana a cero, lo que significa que Tratado otorga una ventaja adicional muy pequeña; otras especies y algunas hortalizas, jugos y pulpa de fruta, conservas y pastas tendrán una desgravación, que demorará hasta 12 años. Algunas otras especies, como paltas y alcachofas, para gozar de arancel preferencial, quedarán sometidas a cuotas de entrada. Las carnes rojas, en forma gradual y las carnes blancas, más lentamente, así como la leche y derivados deberán esperar hasta 12 años para entrar libremente. Los productos forestales, no todos, seguirán entrando con arancel cero, sólo que este beneficio será permanente, y no renovable como antes. Las esperanzas de la agroindustria, con sus productos más elaborados y de mayor valor agregado, quedaron frustradas. Estados Unidos, mantendrá plenamente aplicables contra las exportaciones chilenas sus leyes antidumping, subsidios a su agricultura, las "marketing orders" que discriminan por tamaño, color o calibre y sus duras y, sus arbitrarias barreras fitosanitarias. Todas ellas servirán de pretexto para poner limitaciones a las exportaciones chilenas, cada vez que amenacen con desplazar a sus competidores norteamericanos, lo que ya ha ocurrido en numerosos casos. Según el Presidente de la Asociación de Exportadores Ronald Brown, "Chile no vivirá un boom de exportación frutícola" con el Tratado.
En cuanto a las importaciones agropecuarias el Acuerdo hace concesiones a EE.UU que pueden significar graves perjuicios a vastos sectores y zonas agrarias. Los agricultores chilenos tienen presente cómo el Tratado de Libre Comercio con Canadá, les ha significado una competencia destructiva para cultivos chilenos tradicionales, como lentejas, papas, habas, arvejas y cebada que están siendo desplazados por importaciones. Según fuentes estadounidenses ( sitio USTR.GOV) las tres cuartas partes de su extensa y variada producción entrarán libres de aranceles, a partir del cuarto año de vigencia. Especialmente beneficiadas serán las compañías de EE.UU que exportan carne de cerdo y de vacuno, semilla de soya, trigo, papas; agroindustriales como pastas, bebidas alcohólicas y cereales comestibles. Los funcionarios norteamericanos se jactan de haber logrado el compromiso de debilitar los controles fitosanitarios que Chile mantiene a las importaciones de carne y leche. Los agricultores chilenos que dependen del trigo, arroz, maíz, avena, cebada, remolacha, semillas oleaginosas y otros cultivos, perderán un eficaz instrumento de defensa ante la competencia desleal, el sistema de "bandas de precios" y el consiguiente poder comprador estatal para sus productos. También la producción para el mercado interno de leche y carne puede sufrir el embate norteamericano. Debido a la pérdida de estas garantías, sumada a la entrada sin aranceles del grano del norte, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) reconoció que dejarían de sembrarse unas 150.000 hectáreas de trigo, o sea, casi el 40% de las actuales. De resultar estas estimaciones, los agricultores nacionales sufrirán un duro golpe que la mayoría no podrá resistir. Resulta imposible para los cultivadores locales competir con quienes reciben subsidios anuales de Washington por unos 55.000 millones de dólares en total. Otro tanto le ocurrirá a miles de sembradores de remolacha, desde Rancagua hasta Puerto Montt, quienes serán perjudicados con la libre entrada del azúcar y otros edulcorantes norteamericanos. Cabe recordar que el 85% de los propietarios agrícolas tienen un tamaño inferior a las 50 hectáreas, que muchos de ellos carecen de capital o acceso al crédito bancario y a la tecnología para modernizarse o reconvertirse, por lo cual deberán abandonar sus tierras.
En el sector manufacturero, el Tratado otorga escasas franquicias para la reducida producción chilena exportable al país del Norte. Se mencionan como logros excepcionales, el cobre en cátodos y algunos tipos de producción textil y vestuario.En este último rubro podrían generarse algunas nuevas fuentes de empleo. Pero, en general, Estados Unidos no ha modificado a favor de Chile, su sistema general de aranceles escalonados, según el cual son más altos según más valor agregado contengan, lo cual nos condena a limitarnos a exportaciones con bajo valor agregado. En cambio, las importaciones norteamericanas entrarán con el arancel general de 6%, a partir de 2003. Los gobiernos de la Concertación vienen rebajando unilateralmente y para todo el mundo, sus derechos aduaneros, renunciando a la posibilidad de negociar y obtener reciprocidad. A pesar de esto, la rebaja de aranceles no se traduce en menores precios para los compradores chilenos de manufacturas norteamericanas, sino en mayor margen de ganancia para los importadores, como lo han reconocido sus representantes. Los funcionarios norteamericanos se jactan de que el 85% de sus productos de consumo e industriales que entraban a Chile antes del Tratado, lo harán en el futuro, libres de tarifas. Mencionan como especialmente beneficiados a los fabricantes de equipos para construcción, automotores y sus partes, productos informáticos, instrumentos de medición, medicamentos y papelería. General Motors y Ford obtuvieron que Chile se desista a aplicar en el futuro, el impuesto a los automóviles de lujo, con lo cual el presupuesto fiscal pierde 14 millones de dólares anuales. El Tratado incluye la renuncia de Chile a exigir a compañías norteamericanas la compra de insumos nacionales para sus operaciones en Chile, lo cual perjudica a los proveedores nacionales. Los norteamericanos se felicitan por haber logrado algo que la mayoría de los países se resiste a ceder: El apetecido mercado nacional de compras gubernamentales, calculable en unos 3.000 millones de dólares anuales, que históricamente los países en desarrollo reservaban para la producción doméstica, quedará abierto a las mercancías del norte, mediante nuevas reglas más favorables. Entre esas nuevas reglas se establece la renuncia del estado chileno a dar preferencia a las ofertas provenientes de fabricantes nacionales. En resumen, según la Asociación Nacional de Manufactureros de los EE.UU, el Tratado les permitirá incrementar sus ventas a Chile en unos 800 millones de dólares anuales, esto es un 25% más. Este aumento será a costa de importaciones de otros países (europeos, asiáticos, latinoamericanos) y de una parte de producción interna, generando quiebras, cierres y desempleo.
Servicios, tecnologías, capitales.
En el comercio de servicios, las concesiones otorgadas por Chile sientan un precedente negativo, ya que la mayoría de las naciones se resiste a abrir estos mercados y preservarlos a su producción nacional. Las firmas norteamericanas podrán utilizar el comercio electrónico, libre de impuestos como el IVA u otros nuevos, en cuyo caso las pérdidas potenciales en recaudación fiscal pueden ser considerables. La información procedente de Washington destaca que el Tratado otorga facilidades a compañías del Norte para proveer en Chile servicios bancarios, de telecomunicaciones y transporte de encomiendas. Las transnacionales de seguros son las más favorecidas. Otro tanto ocurrirá con las empresas norteamericanas de turismo, publicidad, asesorías, servicios profesionales y comercio mayorista. En el creciente mercado de la educación de adultos y el entrenamiento, los norteamericanos se preparan a ingresar gracias a las facilidades otorgadas por el Acuerdo. En cuanto a la industria cultural, el vocero de los productores de Hollywood, Jack Valentie declaró que el Tratado era un "hito histórico en el acceso al mercado chileno del cine, la entretención y la cultura".
Los funcionarios norteamericanos se muestran muy satisfechos por los logros conseguidos en otro de sus puntos fuertes: la tecnología, donde los chilenos tienen escasas posibilidades de competir con las empresas norteamericanas tanto en EE.UU como en Chile. Para EE.UU se trata de afianzar el derecho a cobrar royalties, honorarios, comisiones o precios de monopolio por los productos, patentes, marcas, secretos comerciales y servicios provistos por las transnacionales que, en nombre del "derecho de propiedad intelectual" gozarán en Chile de un monopolio de explotación. Al parecer los negociadores chilenos se comprometieron a extender los plazos de vigencia de ese monopolio, perseguir por todos los medios y aplicar fuertes sanciones, a quienes usen, eludan o difundan gratuitamente tecnologías, incluidos programas informáticos y audiovisuales. Se rebajan los derechos aduaneros a los CDV y a los CD, que se calcularán por su valor físico y no por su contenido, lo cual resulta ser una burla para el país. Una de las consecuencias de reforzar los derechos de patente es el alza en los precios de numerosos medicamentos de "marca", la desaparición del mercado de sustitutos más baratos, el cierre de laboratorios nacionales que elaboran esos sustitutos, y por ende, cesantía para un sector de trabajadores y mayores costos en salud para la población, sobre todo para la tercera edad. Por otro lado, mientras en el mundo se discute y se resiste el uso de semillas y otros productos transgénicos, las multinacionales norteamericanas habrán logrado de Chile, una amplia libertad para introducirlos en el país. Los consumidores que rechacen los transgénicos quedarán desprotegidos y los agricultores serán más dependientes de esas transnacionales al tener que pagar por el uso de semillas transgénicas en cada nueva siembra.
En materia de inversión de capitales extranjeros, Chile renunció a utilizar a voluntad el encaje, aplicable a la entrada de capitales de corto plazo, mecanismo de probada eficacia para enfrentar los movimientos erráticos de los especuladores financieros. El Tratado autoriza a Chile a utilizarlo sólo por un año y no como preventivo, sino en caso de "catástrofe" (para lo cual ya sería inútil), y siempre que no "obstaculice seriamente" la salida de capitales, en cuyo caso los inversionistas estadounidenses tendrían derecho a fuertes indemnizaciones. Se incluye entre las concesiones chilenas el compromiso de "controlar y regular" sus empresas estatales ( Codelco,Enap, Banco del Estado, Correos, etc) las cuales deberán tener cuidado de "no dañar" los intereses de las compañías norteamericanas competidoras de aquéllas. En caso contrario los estadounidenses podrían exigir indemnizaciones.
Regulaciones medioambientales, laborales y solución de controversias.
En materia de medio ambiente, los ecologistas venían planteando que este Tratado contemplara exigencias a los exportadores desde Chile, de elevar sus niveles de respeto a las convenciones internacionales, incluso de establecer sanciones especiales a quienes violaran esas normas. Nada se obtuvo al respecto, por la oposición conjunta de las transnacionales y ambos gobiernos. En materia de derechos laborales tampoco el Acuerdo establece medidas para exigir y sancionar a las empresas exportadoras o importadoras que violen las normas básicas establecidos en los Convenios de la OIT. Esta demanda fue rechazada por los negociadores de ambos lados. Solo se estableció para el medio ambiente y el tema laboral un enunciado innecesario en el sentido que cada parte se atiene y respeta las legislaciones de cada país y que en caso de conflicto, un consejo consultivo de ambos gobiernos estudiará el asunto, sin ningún compromiso mayor. Al respecto hay que recordar que la mayoría de las convenciones OIT sobre derecho a formar sindicatos, negociación colectiva y derecho a huelga, nunca han sido ratificadas por Estados Unidos. MacDonald, uno de los mayores empleadores en Chile y en el mundo, se jacta de no aceptar sindicatos en sus establecimientos.
En materia de "solución de controversias", EE.UU dió un paso más en su política de sustraerse a la legislación nacional y a la jurisdicción de los tribunales chilenos. Se formará para cada controversia un Panel internacional de tres partes, una por cada lado y una tercera designada de común acuerdo. Las multinacionales acudirán allí a exigir el pago de indemnizaciones cada vez que se sientan perjudicadas o amenazadas por decisiones soberanas del estado chileno. La experiencia internacional indica que en la mayoría de los casos, este tipo de tribunales especiales favorece al país más fuerte, el cual tiene todos los recursos para obtener fallos a su favor.
Conclusiones.
La Universidad de Michigan estimó que como resultado del Tratado, el PIB de EE.UU aumentaría anualmente en 4.200 millones de dólares anuales, mientras el PIB de Chile crecería en unos 700 millones de dólares. Al nivel de 2002, para Chile esto representa apenas un 1% de aumento. Este magro resultado contrasta con las eufóricas declaraciones de los negociadores, del gobierno y de personeros de la Concertación y de la Alianza. La sola comparación de las cifras anteriores revela quien sale más beneficiado. Por otro lado, según el estudio de Coeymans y Larraín, dos académicos neoliberales de la Universidad Católica, el resultado previsible del Tratado es que las exportaciones norteamericanas a Chile crecerían en una proporción casi el doble comparado con el aumento de las chilenas a ese país. Esto significa que se acentuaría el déficit comercial que Chile soporta normalmente con ese país, mientras que con Europa y Asia hay superávit. Si a eso se agrega el hecho que una mayor instalación de capitales norteamericanos en Chile aumentará a la larga, la salida de pagos por remesas de sus ganancias e intereses, tenemos como resultado, un neto agravamiento de la cuenta total de pagos corrientes. Finalmente un impacto no menor del Tratado es que el Estado se verá privado de unos 220 millones de dólares por concepto de menores entradas aduaneras.
Adelantándose a esta considerable pérdida de ingresos fiscales, el gobierno de Lagos obtuvo del parlamento la autorización para aumentar los impuestos del IVA, y el diesel. Esto significa que todos los chilenos, consumidores o no de productos estadounidenses comenzaron a pagar el aumento del IVA de 18% al 19%, aún antes de su entrada en vigencia.
En resumen, los resultados previsibles serán: 1. Aumento del déficit comercial de Chile con EE.UU y consiguiente impacto negativo en el saldo de la cuenta de transacciones corrientes. Esto significa que se necesitarán más capitales extranjeros financieros y directos para compensar el saldo negativo de la cuenta corriente. Nuestra Balanza de Pagos estará más tensionada por el Tratado, crecerá el peligro de pérdidas súbitas de reservas de divisas, el Banco Central tenderá a subir la tasa de interés para mantener la atracción de capitales y créditos externos, el país aumentará su endeudamiento y se encarecerán los costos financieros de las empresas. El TLC con EE.UU hará a la economía chilena más vulnerable a las crisis internacionales, la dejará más dependiente de la coyuntura norteamericana y de las decisiones de sus gobernantes.
2. La mayor presencia de los productos, servicios, capitales y tecnología norteamericana será en desmedro de una equilibrada relación con otros bloques comerciales y regiones. El TLC dificultará la participación de Chile en el Mercosur, el pacto comercial más grande dentro del continente. Perjudicará la integración con América Latina y el Caribe, que es nuestro espacio natural, histórico, geográfico y político.
3. Tendencia al aumento del déficit fiscal, o bien, mayores impuestos a la población o recorte de servicios sociales. Se imponen fuertes limitaciones a la capacidad del estado para ejercer soberanía en el ámbito económico y social. Entre las políticas que serán restringidas están la capacidad de establecer o modificar tributos, la política monetaria y crediticia, la regulación del mercado de divisas y la balanza de capitales, las ayudas y subsidios para fomento y protección de sectores perjudicados con la globalización, el desarrollo de las empresas estatales, la regulación del medio ambiente y la legislación laboral. No sólo se recortan atribuciones propias de los poderes ejecutivo y legislativo, sino también del poder judicial, ya que las empresas norteamericanas podrán eludir la justicia chilena acogiéndose al Tratado.
4. Entre los sectores directamente perjudicados están las pequeñas y medianas empresas industriales, comerciantes, transportistas, servicios profesionales independientes, pequeños y medianos agricultores, comunidades indígenas, creadores y difusores de la cultura, innovadores de tecnología. Nuevas limitaciones se imponen a los servicios públicos de salud, educación, lo que presiona a una mayor privatización. El empleo precario tenderá a extenderse.
5. La desigualdad básica del Tratado proveniente de ser una de las Partes, la primera potencia mundial y la otra un pequeño país en desarrollo, no sólo no es atenuada, sino que a lo largo del texto se observan aún mayores ventajas para la gran potencia. Una más de ellas es la definición general de los territorios dentro de los que se aplica el Tratado. Mientras EE.UU excluye expresamente su espacio aéreo y su mar territorial, Chile los incluye, agregados su zona económica exclusiva y su plataforma continental. Otra se refiere a las salvaguardias que EE.UU podrá aplicar sobre 52 productos importantes para Chile, como frutas, hortalizas y sus derivados, mientras Chile sólo puede aplicarlas solamente para 15 productos, entre los cuales figuran las carnes de primates, dugongos y reptiles.
6. Las severas limitaciones que impone el Tratado a Chile han sido resumidas por el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. Por una parte, "Chile no obtuvo un acceso real a los mercados norteamericanos"; "su capacidad de administrar la estabilidad está siendo menoscabada"; y "los inversores extranjeros en Chile tienen más derechos que los inversores chilenos". (El Mercurio, 15 diciembre 2003).
7. No sólo las disposiciones del Tratado se contraponen con diversas leyes chilenas, sino vulneran abiertamente principios constitucionales (3). Entre ellos el establecido en el número 22 del art. 19 que prohibe la discriminación en el trato del estado en materias económicas, por ejemplo a favor de inversionistas extranjeros en desmedro de los nacionales; el establecido en el número 8 del art 19 referido al deber del estado de asegurar el derecho a vivir en un medio libre de contaminación que podría ser anulado por demandas de inversionistas extranjeros aceptadas por tribunales extranjeros; el art 62, número uno, sólo el Presidente de la República y ninguna instancia externa puede suprimir o condonar tributos; los art 5, 73 y 79 que ordena que los bienes situados en Chile aunque pertenezcan a extranjeros, están sometidos a las leyes y a los tribunales chilenos.
Una de las razones para proclamar su euforia que expresaron políticos de derecha, es que el TLC con EE.UU haría más difícil para cualquier gobierno chileno futuro, el cambio del sistema económico interno. Aseguran que salirse del modelo neoliberal, sería imposible por las nuevas obligaciones que Chile ha contraído y por las supuestas represalias norteamericanas que sobrevendrían en caso de su derogación. Sin embargo, también se puede hacer otra reflexión. Si nos atenemos a las lecciones de la Historia, sabemos que ninguna potencia imperial que imponga tratados injustos y desiguales a los ciudadanos de otro país, puede impedir que una nación herida en sus intereses más vitales, tarde o temprano se libere de esas ataduras por medios que pueden ser más radicales mientras mayores sean los agravios inferidos a su dignidad.
Notas.
(1) Esta materia está regulada por el ya célebre capítulo 11 del NAFTA. Acogiéndose a éste, seis compañías norteamericanas –Ethyl, Myers, Ketchau, Sun Belt, Pope and Talbot- demandaron al estado canadiense exigiéndole fuertes indemnizaciones.
(2) Lo que sigue es una síntesis de los estudios del académico mexicano de la UNAM, Germán de la Reza y del cubano Osvaldo Martínez, del CIEM.
(3) Ver de Julián Alcayaga, La inconstitucionalidad del TLC con EE.UU.