Eduardo Dimas
Radio Progreso

Puede que ustedes hayan oído hablar del Plan Puebla-Panamá (PPP), y si han escuchado o leído solo a los que lo propugnan, creerán que se trata de un enrome proceso de desarrollo para una de las regiones latinoamericanas más atrasadas: los 13 estados del sudeste mexicano y todas las naciones centroamericanas.
Y tal vez no se hayan dado cuenta de que el PPP termina donde comienza el Plan Colombia y que tiene estrechos vínculos con el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que Estados Unidos pretende imponer a todos las naciones del subcontinente a partir del año 2005.
Para decirlo con palabras del Secretario de Estado, Colin Powell: "Nuestro objetivo con el ALCA es garantizar a las empresas estadounidenses el control de un territorio que va del Polo Norte hasta el Antártico, el libre acceso sin ningún obstáculo o dificultad para nuestros productos o servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio". Cabría agregar, sin importar los intereses legítimos de los habitantes de la región. Pero eso siempre ha sido un problema secundario.
Y si el PPP es parte del ALCA, como lo es a su modo el Plan Colombia, es obvio que persigue el mismo objetivo. Así que cuando vean o escuchen al presidente mexicano, Vicente Fox, o a su canciller, Jorge Castañeda, hablando de las tres P, piensen que son solo los voceros, los impulsores, pues la idea surgió en Washington hace ya algún tiempo, cuando después del llamado Consenso de Washington se comenzaron a implementar los pasos para el control de todas las riquezas de América Latina por parte de las transnacionales estadounidenses y algunas otras, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y, desde luego, con la anuencia de la mayoría de los gobiernos locales.
Este periodista tuvo la oportunidad de entrevistar de una forma protocolar al presidente Fox durante su visita a Cuba, en febrero del presente año, y una de las preguntas obligadas, además del estado de las relaciones entre México y Cuba, fue cómo marchaba el PPP y cuáles eran sus objetivos. Fue muy "político" en ambas respuestas, pues me dijo que las relaciones iban muy bien y que el PPP era un ambicioso plan de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del sudeste mexicano y del istmo centroamericano. Ambos asuntos fueron al revés. Sin embargo, la entrevista tuvo el poder de interesarme en el tema y de obligarme a buscar información. Descubrí que el documento oficial sobre el PPP se encuentra en Internet, consta de 61 páginas y puede ser impreso por cualquiera. Lo único que los que van a ser "beneficiados", por no decir perjudicados, son parte de los latinoamericanos más pobres y apenas el 0,5% de los centroamericanos, según datos de la Agencia Central de Inteligencia, tiene acceso a la red de redes, así que siguen sin saber lo que les espera.
Asegura el Banco Interamericano de Desarrollo que el PPP supone la inversión de $13 mil 685 millones de dólares, de los cuales el 99,12% corresponde a proyectos de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, sistemas energéticos --incluida la construcción de hidroeléctricas-- y de telecomunicaciones, mientras que solo el 0,88% (unos 155 millones de dólares) será destinado a los proyectos de desarrollo social, para una población calculada en 64 millones de personas. Es decir, $2,42 dólares por habitante. Si a alguien se le ocurre pensar que son las migajas las que recibirán los pobladores de esa región, no creo que esté muy alejado de la realidad.
El territorio que abarca el PPP tiene más de un millón de kilómetros cuadrados y posee una extraordinaria riqueza minera, petrolera, agrícola, hidráulica, forestal y biológica. No por gusto muchas avanzadas de empresas farmacéuticas transnacionales, como Novartis, Monsanto y la mexicana Pulsar, --de Arturo Romo, amigo de Fox--, ya realizan investigaciones in situ, en busca de nuevos medicamentos que se convertirán en patentes que luego hay que pagar. Por esos territorios es posible encontrar también a representantes de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), programando "proyectos sociales" y obras de infraestructura, creando las condiciones para que la población acepte con resignación el destino que le impondrán.
El desarrollo energético, imprescindible para la instalación de industrias maquiladoras --para aprovechar la mano de obra barata de los moradores del istmo--, explotar minas y producir sustancias químicas, ha estado precedido de un rápido proceso de privatización de las empresas eléctricas, encaminado a controlar ese importante componente. Históricamente, en México y Centroamérica la energía eléctrica, al igual que en muchas otras naciones latinoamericanas, era producida principalmente por empresas estatales que mantenían precios bajos, a los efectos de beneficiar a los empresarios nacionales y a la población. Según datos del Banco Mundial, a principios del año 2001 la generación eléctrica estaba al 100% en manos privadas en Belice, Guatemala y Panamá; al 75% en Nicaragua; al 50% en el Salvador, mientras que en Costa Rica y Honduras era del 25%. Ese proceso tiene como objetivo que las grandes empresas transnacionales sean las que controlen la energía, que incluso podría ser enviada después a estados estadounidenses fronterizos con México.
En la parte mexicana del PPP el 25% de la energía es generada por empresas privadas, debido a que el presidente Fox no ha logrado que el Congreso modifique los artículos 27 y 28 de la Constitución, a los efectos de privatizar las empresas eléctricas del estado, paso previo, según algunos observadores, para poner también el petróleo en manos de las transnacionales. De todos modos, es de esperar que a la postre consiga sus objetivos dadas las enormes presiones que se ejercen sobre los congresistas del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que, en conjunto, tienen mayoría en las dos Cámaras. Es bueno recordar que fue durante los últimos tres gobiernos del PRI (Miguel de La Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo), que Estados Unidos logró un dominio casi total de la economía mexicana.
Salinas de Gortari firmó los acuerdos que pusieron en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. Zedillo fue el encargado de implementarlo.
Pero hay algo más en lo concerniente a la producción de electricidad. Según el periodista mexicano Carlos Fazio, dentro de los planes se encuentra la construcción de un gran complejo hidroeléctrico que constará de 5 presas. "La obra faraónica -dice Fazio-- que comenzará entre el Petén guatemalteco y Marqués de Comillas, Chiapas, y terminará en Tabasco, provocará la inundación de un área de 12 mil kilómetros cuadrados, afectando 800 sitios arqueológicos y asentamientos cooperativistas con más de 50 mil personas, ocasionando pérdidas en millones de árboles de madera preciosa y vida silvestre". Quiere decir que los daños que el desarrollo del PPP puede causar al medio ambiente son incalculables. Y falta por ver como van a quedar los habitantes, en su mayoría indios, que serán afectados. Y eso nos lleva a otro aspecto del PPP: el componente represivo.
En días pasados, el Tribunal Supremo de Justicia de México prácticamente se declaró incompetente para siquiera evaluar las contra propuestas realizadas por las organizaciones indígenas mexicanas, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para que fueran derogadas las leyes elaboradas por el gobierno, en las cuales se les niega la autonomía y los derechos a los que aspiran, y que en ningún aspecto cuestionan la integridad del estado. No es posible desvincular esa actitud del Tribunal Supremo de los planes del PPP. El gobierno de Fox, al igual que los del resto de las naciones centroamericanas, necesitan tener manos libres para implementarlo, para abrirle el camino a las transnacionales que explotarán las riquezas de la región y que, por razones obvias, afectarán los intereses de muchas comunidades indias que viven del cultivo de pequeñas parcelas que les permiten la subsistencia en condiciones muy precarias en la mayoría de los casos. Tener las manos libres significa, romper acuerdos, establecer nuevas reglas de juego, no tener en cuenta los intereses de los habitantes de los territorios del PPP, y todo eso solo puede ser impuesto por la fuerza.
Desde enero de 1994, luego de que el EZLN se alzara contra la situación humillante en que viven los indios y los abusos de los terratenientes, el estado de Chiapas está totalmente militarizado. Y aunque apenas ha habido combates, el ejército mantiene férreos controles de carreteras y caminos, en tanto los grupos paramilitares cometen todo género de crímenes, sin que hasta el presente la fuerza pública haya tomado medidas para evitarlo. Lo mismo ocurre en el departamento del Petén, en Guatemala. Esa concentración de fuerzas no es fortuita. Se debe a que es precisamente en esos dos lugares y en Tabasco donde se construirán las presas para la hidroeléctrica, mayores serán las inversiones inmediatas y más afectada resultará la población.
Lo que no consigan por las buenas, lo obtendrán por las malas.
En este sentido el PPP se funde con el Plan Colombia que, como se conoce, es un plan encaminado a acabar con el movimiento guerrillero colombiano, para lo cual el gobierno estadounidense ha aportado $1 300 millones de dólares, además de otras partidas millonarias para el entrenamiento de fuerzas contrainsurgentes, el fortalecimiento de la policía y la creación de un cuerpo especial encargado de cuidar los oleoductos. Acabar con la guerrilla es la condición previa para adueñarse de las enormes riquezas colombianas, incluido el petróleo. No por gusto el PPP llega hasta la misma frontera de Panamá con Colombia.
Si seguimos las declaraciones de Colin Powell que transcribí al principio, es de esperar que, en la misma medida que ese plan avance las medidas represivas sean mayores, sobre todo si, como se espera, los millones de centroamericanos y mexicanos que serán afectados protestan y se organizan para enfrentar el PPP y el ALCA. ¿Qué sentido tiene en la actualidad resucitar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), la creación de ejércitos regionales y la presencia cada vez mayor de bases estadounidenses en diferentes países como Ecuador, Perú, Brasil, Honduras y Panamá, sino crear las condiciones para reprimir a los movimientos populares? ¿Qué sentido tiene la famosa Cláusula Democrática de la Organización de Estados Americanos, sino impedir que cualquier movimiento popular llegue al poder y permita usar las fuerzas armadas de otros países en su contra? Así pues, el Area de Libre Comercio de las Américas, el PPP y el Plan Colombia son tres aspectos de un plan de dominación de las transnacionales estadounidenses sobre América Latina, a los cuales es muy difícil que los pueblos puedan oponer una resistencia organizada, desinformados y divididos como están. Lo peor del caso es que serán los gobiernos los encargados de abrirle el camino a las transnacionales, en detrimento de los intereses de sus países y hasta de la propia burguesía a la cual representan. Solo unos pocos, los más ricos, se beneficiarán. El resto, los pequeños y medianos empresarios, la llamada clase media tienen, como en Argentina, todas las de perder, incapaces de resistir la embestida de las transnacionales. Por lo tanto, si cambiáramos las palabras desarrollo por explotación, estaríamos más cerca de la verdad.

Eduardo Dimas, periodista, es analista político de la televisión cubana y Profesor Asistente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.