El ALCA constituye un nuevo peldaño de la ofensiva económica de Estados Unidos por recolonizar Latinoamérica. Al ser parte integral de la política globalizadora, de aprobarse quedarían abiertas todas las compuertas para el saqueo estadounidense y la desaparición de cualquier vestigio de desarrollo autónomo industrial y agrario. Por ello, en todo el hemisferio se alzan en su contra las voces de quienes perseveran en su convicción y compromiso nacionalistas. En esta ocasión se trata de una denuncia cubana, que publicamos por recomendación de la Sociedad Colombiana de Economistas.

Pascual Serrano / KOEYU

El pasado 7 de abril, 34 ministros de comercio de países americanos, con la excepción de Cuba, aprobaron en Buenos Aires el calendario para poner en marcha la mayor zona de libre comercio del mundo, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los primeros pasos de este proyecto se remontan a diciembre de 1994, con motivo de la primera cumbre de las Américas, en Miami, cuando los ministros de Comercio de todos los países americanos, también sin Cuba, se pusieron de acuerdo en establecer una zona de libre comercio "desde Alaska hasta Ushuaia" que incluiría a 34 países. Poco más fue hecho hasta la cumbre de Santiago en abril de 1998, cuando se estableció un Comité de Negociaciones Comerciales, encabezado por el argentino Adalberto Rodríguez y conformado por los viceministros de cada país. Este comité ha estado trabajando desde fines de 1999 mediante reuniones llevadas con el mayor secreto, a pesar de las repetidas llamadas de la sociedad civil pidiendo una mayor transparencia y participación.
En secreto
Ese secretismo ha sido uno de los elementos más sospechosos del acuerdo. Así lo han denunciado las organizaciones que se pronunciaron en la Segunda Cumbre de los Pueblos de las Américas en Québec, en su declaración del 19 de abril y la Central de Trabajadores Argentinos: "Ni los pueblos de la región ni el conjunto diverso de organizaciones sindicales y sociales ni los parlamentos han podido participar en los debates ni conocer el detalle de la marcha de los acuerdos. Por el contrario, con gran cinismo, los negociadores afirman que han tomado nota de las recomendaciones del Foro Empresarial de las Américas y que las mismas han sido aportes valiosos al proceso del ALCA. Así los gobiernos se aprestan a firmar un tratado a espaldas de los pueblos y que amenaza con profundizar radicalmente las terribles consecuencias que depararon las políticas neoliberales vigentes".
Este secreto también ha sido denunciado por intelectuales como Noam Chomsky, quien afirmó en una entrevista a Radio Habana Cuba que "en realidad no sabemos con detalle lo que se está planeando, porque todo se mantiene en silencio. Hay negociaciones que llevan años realizándose y el mundo de los negocios si conoce bien lo que se ha estado tramando; también los medios de información lo conocen bien, pero no se publica nada. Si se hace una encuesta a la población en Estados Unidos, probablemente ni uno en un millón haya oído hablar de ésto. Realmente es impresionante la capacidad mostrada para hacer que este asunto se mantenga en silencio durante tantos años, sobre todo si se tiene en cuenta que detrás de ésto no hay ninguna fuerza, sino que ha sido una decisión de los propios medios corporativos privados la de guardar silencio sobre el asunto".
El promotor de la iniciativa es Estados Unidos, concretamente el ex presidente George Bush padre. Ahora su hijo, asesorado por numerosos secretarios y consejeros procedentes de la administración de Bush padre, pretende cerrar el acuerdo antes de finalizar su mandato en enero del 2005. El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque, ha afirmado que "estas cumbres de las Américas no son otra cosa que cumbres de Estados Unidos, ya que es este país el que las diseña y organiza a su gusto". El argumento esgrimido a favor del ALCA es que a través de esta área de libre comercio se logrará también "el fortalecimiento de la democracia en el continente y la creación de prosperidad y desarrollo humano". Nada más alejado de la realidad, según denuncian los diferentes movimientos sociales, desde sindicales a medio-ambientales e indígenas.
TLC, el precedente
El precedente más claro de este acuerdo es el NAFTA o TLC, el acuerdo de libre comercio suscrito por EE.UU., Canadá y México en 1994. Desde su puesta en vigor, como consecuencia de las importaciones provenientes de los EE.UU. y de la devaluación del peso, un millón de mexicanos más pasaron a ganar por debajo del salario mínimo y ocho millones de familias han pasado a engrosar las bolsas de pobreza. Se calcula, según las cifras manejadas por la asociación ATTAC, que 28.000 pymes [pequeñas y medianas empresas] tuvieron que cerrar en México tras la irrupción del NAFTA. En las zonas de maquiladoras (empresas de ensamble industrial, en su mayoría textil) a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México, el incremento de la polución y los desechos químicos como resultados de los términos comerciales del NAFTA, han incrementado dramáticamente las tasas de hepatitis y otras malformaciones congénitas. Recordemos que tan sólo 10 meses después de la firma del tratado el 1 de enero de 1994, se produjo la terrible crisis mexicana, denominada "efecto tequila" que provocó la caída estrepitosa de los salarios. A pesar de la recuperación en 1999, estos salarios seguían siendo un 20% menores que antes de la crisis y la firma del tratado. Pero tampoco el acuerdo trajo ningún beneficio a los trabajadores norteamericanos. A ese lado de la frontera se perdieron medio millón de empleos debido a la fuga de empresas hacia México, donde los salarios son notablemente más bajos y la legislación laboral más endeble.
El ALCA supone ampliar el modelo del Tratado de Libre Comercio de Canadá, EE.UU. y México a todo el continente, ignorando la situación de desigualdades desde las que se parte y sin la creación de ninguna medida de redistribución regional de la riqueza, al estilo de los fondos de cohesión creados en la Unión Europea. Los delegados de la Segunda Cumbre de los Pueblos de las Américas han recordado que de los 800 millones de personas que integran la población afectada por el ALCA, quinientos viven en América Latina y la mitad de ellas se encuentra en situación de pobreza. Frente a ello, el ochenta por ciento del peso económico del continente lo tienen Estados Unidos y Canadá, quienes poseen el capital, la tecnología y las patentes. Sólo el PIB de EE.UU. representa el 71% de todo el hemisferio. América Latina no sólo no posee infraestructura ni tecnología, sino que cuenta con una deuda externa de 792.000 millones de dólares. Si exceptuamos a Brasil, todos los demás países de América Latina suman sólo el 12,30% del PIB del continente. El futuro tampoco parece muy halagüeño. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) expresa en su proyecto Panorama Social 1999-2000 su temor: "todo parece indicar que en estos países la tendencia a la reducción de la pobreza observada en los años noventa se verá interrumpida y en aquellos en los que la recesión fue muy intensa se puede prever que se producirán aumentos en los porcentajes de hogares en situación de pobreza". Ni tan siquiera las cifras macroeconómicas son favorables: de 1997 a 1999 la tasa de variación del Producto Interior Bruto (PIB) por habitante pasó del 3,7 al -1,06 por ciento. Cada una de las pequeñas o grandes crisis sufridas por los países de América Latina ha empeorado un poco las condiciones de vida de sus habitantes.
No somos iguales
Es imposible pensar en un mínimo de equidad entre países cuya renta per cápita oscila entre los 30.600 dólares en EE.UU. y los 430 en Nicaragua. Por ello, algunos presidentes latinoamericanos, en especial el brasileño y el venezolano, han expresado sus reservas al ALCA. Hugo Chávez declaraba en el diario El Universal de Caracas que "No podemos hablar de un acuerdo de libre comercio tabla rasa, donde nos midan a todos por igual. ¿Cómo se podría comparar Haití con Estados Unidos?, para poner el ejemplo más extremo -se preguntó. Esa es una reserva que nosotros tenemos sobre la declaración; ya veremos si la mantenemos o no. Yo no puedo comprometerme para que el 31 de diciembre del 2005 entre el ALCA en vigencia para Venezuela".
No lo va a tener fácil Estados Unidos para llevar adelante el ALCA. No sólo por las complejidades del proyecto, sino por la fuerte oposición de dos gigantes latinoamericanos: Brasil y Venezuela. Ambos países saben que a pesar de la firma de Buenos Aires, queda suficiente por delante como para ir pisando el freno sin irritar excesivamente a Bush. El periodo más decisivo será el comprendido entre mediados del 2002 y el 2004, con el objetivo de que el ALCA sea una realidad el último día del 2005, es decir, el 2006. Ya sólo estas fechas suponen un fracaso a las pretensiones norteamericanas que buscaban ponerlo en marcha el primer día del 2003. Por su parte, Venezuela ya ha expresado su intención de integrarse en el Mercosur, un acuerdo regional que si bien está avanzando con muchas dificultades, no es del gusto de Washington. Y aunque EE.UU. amenace con responder a los retrasos con la ampliación del TLC a países como Chile, Bolivia, Colombia o Uruguay, nunca se podrá hablar de libre comercio en América sin contar con Brasil y Venezuela.
Las razones contra el ALCA
¿Pero qué elementos contiene el ALCA que generan esa preocupación en los pueblos latinoamericanos? ¿Cuáles son esos contenidos que tanto les angustian?
La creación del ALCA, al igual que el fallido Acuerdo Multinacional de Inversiones (AMI) que chocó con la oposición de la opinión mundial, y la Ronda del Milenio de la Organización Mundial del Comercio, boicoteada por miles de activistas en Seattle en noviembre de 1999, forman parte de una agenda global de liberación del comercio que ha tenido, en donde se ha aplicado, a las grandes corporaciones transnacionales como grandes ganadores, a expensas de la gran mayoría de la población, el medio ambiente y la equidad social. Algunos puntos del ALCA están calcados del AMI; por ejemplo el que declara que los inversionistas podrían exigir compensaciones y demandar a los Estados en caso de guerra, de revolución o de conflicto social, lo que según los expertos supondría que una empresa podría demandar a un gobierno y reclamar compensaciones en caso de una huelga en su contra. Los Estados tendrían, por tanto, como función primordial no velar por unas adecuadas condiciones de vida de los ciudadanos, sino por las mejores condiciones para el desarrollo y enriquecimiento de las corporaciones, compensándolas si no lo consiguiera.
El objetivo de asegurar la más absoluta libertad al capital para moverse a nivel continental significará, como lo señala la experiencia más reciente, una tendencia a la baja de los salarios y las condiciones laborales. El ejemplo más elocuente de lo que les augura el ALCA es la terrible situación que sufren las trabajadoras de las maquilas en México: sueldos por debajo del salario mínimo, jornadas laborales de más de 12 horas, ausencia de amparo legal, limitación de los derechos sindicales, condiciones insalubres de trabajo, trabajo infantil. Por otro lado, los efectos de la libre importación de mercancías amenazan con condenar al sector industrial local a una completa desaparición, profundizando así los altos índices de desempleo que ya castigan a estos países.
Los gobiernos no podrán impulsar estrategias de desarrollo y seguirán compitiendo por bajar más los salarios, degradar las condiciones de trabajo o los estándares ambientales, con la esperanza de atraer las deseadas inversiones. El proyecto del ALCA se extiende además a los servicios, comprometiendo a los Estados a velar por el derecho de las empresas a prestarlos. Esto abre la posibilidad de privatización en áreas socialmente delicadas donde aún no ha tenido lugar, en sectores como la educación, la salud o el servicio penitenciario, tal y como ya ha sucedido en EE.UU. También se excluye expresamente revertir las privatizaciones ya realizadas. El principio general es transformar los servicios sociales en mercancías, cuyo acceso quede regulado por la capacidad individual de pago. Por otra parte, permitirá que las empresas, como ya ha ocurrido en Canadá y México, exijan las mismas exenciones y privilegios con que cuentan los organismos públicos que los prestan.
El ALCA impondrá la eliminación de las barreras arancelarias y la prohibición de cualquier política estatal destinada a favorecer el uso de bienes nacionales o privilegiar cualquier forma de desarrollo local o sectorial.
También impondrá la obligación de abrir las compras o contrataciones del Estado a todas las empresas del continente. Todo ello amenaza con condenar a la desaparición a las ya golpeadas medianas y pequeñas empresas, así como profundizar la desindustrialización de las economías nacionales.
Además, los términos del ALCA están redactados a medida de EE.UU. Veamos algunos ejemplos. Dado que la agricultura sería el principal sector norteamericano en desventaja en una economía regional sin barreras, la existencia de subsidios a este sector será una excepción gracias a la cual EE.UU. podrá mantener artificialmente mediante sus subsidios de 80.000 millones de dólares anuales la competitividad de su agricultura y evitar las importaciones de los países latinoamericanos.
Si bien la supresión de los límites comerciales contemplada en el ALCA arrasa con cualquier medida o legislación laboral o medioambiental, existe un derecho que sí se respeta en el ALCA: el de la propiedad intelectual. Detrás de este aparentemente loable respeto no hay otra cosa que el objetivo estadounidense de mantener la patente y la exclusividad en la producción de medicamentos, adueñarse de las patentes de los recursos fitogenéticos del continente y mantener su monopolio sobre las tecnologías de punta. Iniciativas como la de Brasil de producción de medicamentos genéricos contra el SIDA más baratos y con mayor posibilidad de acceso para los sectores más empobrecidos, supondrían un incumplimiento del ALCA y le obligarían a indemnizar a las multinacionales propietarias de patentes. El derecho de propiedad intelectual y patentes también supondrá todo un negocio para las multinacionales de la biotecnología, quienes verán aprobados sus productos transgénicos y garantizarán su monopolio en la producción y distribución de semillas, fertilizantes e insecticidas. Los productos transgénicos no producen su propia semilla, los campesinos deben adquirirla para cada cosecha a la multinacional productora o propietaria de la patente.
Los Estados se obligan a poner los recursos naturales (en especial el petróleo) a disposición del "accionista mayoritario". Puesto que en una economía neoliberal el Estado se verá obligado a la privatización de cualquier recurso natural que todavía tenga en sus manos, el accionista mayoritario siempre será una multinacional, y ésta, según el acuerdo de libre comercio vinculante a los países del continente, sólo podrá ser Norteamérica.
Como dice Guillermo Almeyra en el diario mexicano La Jornada: "En este contrato desigual América Latina pone la riqueza y, mediante la exacción constante y creciente de enormes sumas por concepto de pago de la deuda (de tributo al capital financiero), da el dinero a Estados Unidos para que explote las riquezas ajenas y se apropie de ellas en nombre del desarrollo compartido. Los ferrocarriles, canales, caminos son las venas de un sistema. Por ellos no sólo circulan las mercancías, sino también las personas, las ideas".
No es libre comercio
El ALCA terminará siendo una agresión a la voluntad popular y a las instituciones democráticas en cuanto que todo intento de regulación estatal, aunque esté fundado en criterios de desarrollo económico local o nacional, progreso social, bienestar de la población o protección del medio ambiente, puede cuestionarse con éxito por el capital, como lo demuestra la experiencia del NAFTA. En ese sentido las cláusulas del ALCA impondrán, desde hoy y hacia el futuro, un verdadero corsé a la voluntad de la sociedad y al propio funcionamiento de las instituciones estatales.
La declaración de la Segunda Cumbre de los Pueblos de las Américas, aprobada el 19 de abril, concluye afirmando que "El proyecto del ALCA es un estatuto de derechos y libertades para los inversionistas, consagrando la supremacía del capital sobre el trabajo, transformando la vida y el mundo en mercancías, negando los derechos humanos, saboteando la democracia y socavando la soberanía de los Estados".
Lo que está detrás del ALCA, según ha denunciado el economista uruguayo Daniel Olesker, es «reducir las posibilidades de los países del Sur de comprar a quien le ofrezca mejores precios, marginando en los negocios a la Unión Europea y a la totalidad de los países del Asia, cuyas producciones serán aceptadas sólo si sortean fuertes aranceles, pero que los harían igualmente no competitivos por los fabricados por las empresas inversoras norteamericanas. Por supuesto que también con el ALCA en marcha se liquidarán las alianzas que se están intentando desde Europa con diversas áreas económicas que se están desarrollando en Latinoamérica, como el Mercosur".
En la misma línea están los comentarios de Noam Chomsky: "No se trata de un área de libre comercio. Los que se hallan enfrascados en su diseño no están a favor del libre comercio. Si lo estuvieran, todo se podría recoger en un documento de una sola pagina. Sin embargo, de lo que se trata es de una serie de documentos muy detallados que son una combinación de liberación con proteccionismo, que de hecho en su mayor parte no se refiere a nada que pueda considerarse comercio. Más bien digamos que se busca introducir cosas como precios monopolísticos de los productos, de los propios medicamentos. Por ejemplo, las nuevas propuestas están dirigidas a permitir a estas tiranías privadas -las corporaciones- el control sobre los servicios, la salud, la educación, el agua, los asuntos relacionados con el medio ambiente. Eso nada tiene que ver con el comercio y sí mucho que ver con las transferencias de poder de manos del Estado, del pueblo en tanto pueda estar representado por el Estado, a manos privadas. Esto no tiene nada que ver con el comercio y estamos hablando de aspectos centrales del llamado Acuerdo de Libre Comercio de las Américas".
El futuro de América Latina bajo el ALCA lo dibujó Fidel Castro en su discurso del 1o. de mayo: "Las naciones latinoamericanas estarían llamadas a convertirse en enormes zonas francas que no pagan impuestos, o sólo muy reducidos. Tal vez reciban un número mayor de turistas norteamericanos que viajarán por el inmenso territorio de Centro y Sudamérica, que se alojarán en hoteles norteamericanos, viajarán en líneas aéreas o en cruceros norteamericanos, utilizarán servicios de comunicación norteamericanos, comerán en restaurantes norteamericanos, comprarán en tiendas norteamericanas mercancías producidas por empresas norteamericanas con petróleo y materias primas latinoamericanas".
Frente al ALCA ya con motivo de la Segunda Cumbre de las Américas en Santiago de Chile en 1998, se realizó la cumbre de los Pueblos de las Américas. En esta cumbre convergieron diversas organizaciones y movimientos sociales de todo el hemisferio, para expresar su rechazo colectivo a la agenda neoliberal dominante en el proceso del ALCA. La Cumbre de los Pueblos se centró en la construcción de una Alianza Social Continental en torno a alternativas concretas y factibles al modelo neoliberal de integración económica al servicio de las grandes corporaciones transnacionales. Ante el ALCA, la Alianza Social Continental pretende construir una alternativa con base en las propuestas y la fuerza colectiva que emanan de las organizaciones sociales de toda América.