ALCA

Por Ramón Pichs Madruga, subdirector del CIEM.

A la hora de evaluar integralmente la iniciativa norteamericana de establecer un Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), debe tenerse en cuenta que los temas energéticos y ambientales, si bien no han sido identificados como cuestiones centrales de ninguno de los nueve grupos básicos de negociación del ALCA1, constituyen aspectos medulares de la agenda hemisférica.
En efecto, un proyecto de integración como el ALCA, concebido para perpetuar la dependencia de América Latina con respecto a EE.UU. en todos los órdenes y para garantizar, ante todo, los intereses de los inversionistas norteamericanos en este continente, tendría serias implicaciones en sectores estratégicos de América Latina y el Caribe, como aquellos relacionados con las actividades energéticas y de protección ambiental.
Motivaciones e implicaciones de una integración energética hemisférica
Uno de los componentes fundamentales del proyecto de los EE.UU. es la integración energética hemisférica. En este sentido, la actual administración republicana, si bien reconoce la naturaleza global del problema energético, ha hecho especial énfasis en la necesidad de "construir una asociación energética sólida e interdependiente en las Américas". En otras palabras, se aboga por una "seguridad energética común", que asegure un acceso adecuado y confiable a la energía.
Debe destacarse que éste ha sido un objetivo histórico de los EE.UU. en sus relaciones con Latinoamérica, retomado con particular fuerza en el proyecto norteamericano de integración de todo el hemisferio. Aunque el Medio Oriente, donde se ubican dos terceras partes de las reservas petroleras mundiales, se mantendría como un área de especial interés para los países industrializados, cada uno de los grandes bloques económicos en gestación trataría de diversificar las fuentes de los suministros petroleros, dedicando especial atención a las cuencas petroleras situadas en sus respectivas áreas geográficas de mayor influencia.
1 Los nueve grupos de negociación del ALCA se refieren a: 1) Inversiones, 2) Política de competencia, 3) Propiedad intelectual, 4) Acceso a mercados, 5) Servicios, 6) Compras gubernamentales; 7) Solución de disputas, 8) Agricultura, 9) Subsidios, antidumping y salvaguardas.
Entre los atractivos energéticos de América Latina y el Caribe cabe señalar que la región en su conjunto es exportadora neta de hidrocarburos. En esta zona se localiza el 11% de las reservas mundiales de petróleo y se produce cerca del 15% del crudo que se extrae a nivel internacional. Además, América Latina cuenta con cerca del 6% de las reservas internacionales de gas natural, grandes reservas de carbón mineral - suficientes para unos 288 años de
explotación - y abundantes recursos renovables, como la hidroenergía de la que cuenta con casi 23% del potencial mundial (BP-Amoco, 2000; OLADE, 2000).
En los últimos 30 años la región ha sido considerada como un área estratégica sobre todo para Norteamérica, debido a la cercanía geográfica y a la mayor estabilidad política en comparación con otras regiones exportadoras del área subdesarrollada. Además, se calcula que Latinoamérica cuenta con reservas suficientes para más de 33 años, mientras las reservas petroleras de EE.UU. apenas alcanzarían para unos 10 años, de mantenerse el nivel de extracción de los últimos años. En 1999 la región cubría más del 37% de las importaciones petroleras de EE.UU. (BP – Amoco, 2000).
Debe tenerse en cuenta que una integración energética con los EE.UU., bajo el enfoque que promueve el gobierno de ese país para éste continente busca, ante todo, asegurar al Norte industrializado un acceso seguro a la energía requerida para el mantenimiento de los irracionales patrones de consumo energético que prevalecen en esa área. EE.UU., por ejemplo, muestra un consumo per cápita de energía comercial que supera las 8 toneladas de petróleo equivalente (TPE) al año; mientras que América Latina y el Caribe, siendo una región exportadora neta de energía, sólo registra un consumo per cápita de energía comercial de 1.2 TPE anuales, según datos de Naciones Unidas para 1997 (PNUD, 2000).
Así las cosas, el expediente energético de los EE.UU. está lejos de ser el modelo a imitar por los países latinoamericanos y caribeños. La reciente crisis energética que ha afectado a los EE.UU. en los últimos años, y que registró un momento sumamente crítico a raíz de la súbita elevación de los precios de la electricidad en el estado de California, confirma esta idea. La génesis de esta crisis, que se extendió a otros estados de la Unión, está asociada a problemas derivados de la desregulación del sector eléctrico en ese estado, iniciada en
1996. Entre otras cosas, dicha desregulación acentuó el desbalance entre la oferta y la demanda en el sector eléctrico, con serias implicaciones para el abastecimiento de electricidad. Debe tenerse en cuenta que unos 24 estados de la Unión han aprobado leyes de desregulación.
La nueva Política Energética Nacional, lanzada en mayo del 2001 parte analizando que los EE.UU. enfrentan en el 2001 la más seria escasez de energía desde comienzos de los años 70; con efectos que se han transmitido a toda la Unión. Se destaca que uno de los rasgos más sobresalientes de esta crisis han sido los precios de la energía, y el hecho de que en algunos estados como California, los apagones se hayan incorporado a la vida cotidiana de sus habitantes.
Luego de definir a la crisis como el resultado de un desbalance fundamental entre la oferta (estancada) y la demanda (creciente), la nueva Política Energética Nacional hace particular énfasis en el incremento de la oferta de energía, sobre todo a partir de fuentes convencionales y de origen nuclear.
También se dedica especial atención a la reparación y modernización de la infraestructura energética (líneas de transmisión, refinerías, oleoductos, gaseoductos, etc.). El incremento de la oferta energética a partir de combustibles convencionales (preferentemente petróleo, gas y carbón) es realmente uno de los objetivos fundamentales de la política energética. Se señala que se requerirían entre 1300 y 1900 nuevas plantas eléctricas, y se aboga por expandir la generación
de electricidad de origen nuclear que ya representa el 20% de la electricidad generada en el país (ver NEPDG, 2001). Además, se propone abrir a exploración el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Artico (Alaska) y relajar leyes sobre emisiones de contaminantes.
En estas condiciones, el fomento de las fuentes energéticas renovables, que sólo aportan el 2% de la electricidad generada en el país, y los programas de ahorro y conservación energética quedarían relegados a un segundo plano y, consecuentemente, no recibirían la debida prioridad.
Como era de esperar, la nueva Política Energética Nacional ha sido objeto de severas críticas tanto dentro como fuera de los EE.UU. En el plano interno, se destacan tanto las críticas del Partido Demócrata como de diversas ONGs ambientalistas, que consideran que este plan es el sueño de las compañías petroleras hecho realidad. Se destaca que tanto el Presidente G. W. Bus como el Vicepresidente D. Cheney, director del equipo que elaboró el Plan Energético, eran ejecutivos petroleros y las compañías petroleras figuraron entre los principales contribuyentes a la campaña presidencial republicana.
Las críticas externas, muchas de las cuales han sido formuladas desde Europa, señalan además que este plan aleja aún más a la actual administración norteamericana del cumplimiento del compromiso de EE.UU. con las estrategias de respuesta ante el cambio climático.
Uno de los pilares de la integración energética hemisférica promovida por los EE.UU. es el ulterior avance en la privatización y desregulación de los sectores energéticos nacionales, luego de dos décadas de aplicación de fórmulas neoliberales en este sector en América Latina y el Caribe, con la consecuente erosión de la participación de los Estados en este sector estratégico.
Para los principales exportadores de hidrocarburos latinoamericanos, un esquema integracionista de esta naturaleza sólo constituiría un mecanismo de renovada dependencia económica y tecnológica de los EE.UU. e implicaría, en gran medida, la renuncia al control soberano de recursos naturales estratégicos, como los energéticos. Para los países importadores netos de hidrocarburos de la región, la variable energética continuaría siendo un factor totalmente fuera de control y sujeto a la voluntad de agentes externos.
Tales tendencias, lejos de contribuir a resolver los problemas energéticos regionales, reforzarían significativamente la vulnerabilidad energética de América Latina y el Caribe, región donde persiste una elevada deuda externa energética; alrededor de un 30% de la población sin acceso a los servicios de electricidad; y una gran dependencia de los combustibles tradicionales (leña, carbón vegetal y otros), sobre todo en sectores rurales y suburbanos; entre otros problemas.
En medio de la compleja situación económica mundial y teniendo en cuenta el errático curso de los precios internacionales del petróleo en las últimas tres décadas, el desarrollo de la cooperación energética regional continúa siendo una alternativa para paliar los efectos de la crisis socioeconómica.
Debe recordarse que el potencial energético de la región se encuentra muy desigualmente distribuido. Consecuentemente, las exportaciones latinoamericanas se concentran preferentemente en apenas cinco países (México, Venezuela, Ecuador, Trinidad-Tobago y Colombia) y dos de estas naciones (México y Venezuela) concentran alrededor del 86% de las reservas petroleras probadas de la región. La mayoría de los países latinoamericanos dependen básicamente de las importaciones de petróleo para el funcionamiento de sus economías.
El sector energético latinoamericano ofrece amplias posibilidades para convertirse en factor de cambio y de cooperación entre los países de la región. Este hecho ha sido reconocido históricamente, pero los esfuerzos conjuntos emprendidos en esa dirección han sido limitados, como muestran las cifras del comercio regional del petróleo.
En 1999 América Latina produjo alrededor de 506 millones de toneladas de petróleo y sólo consumió unos 300 millones de toneladas, pero no puede hablarse de la existencia de un mercado autoabastecido ya que cerca del 46% de la producción se dirigió hacia mercados extrarregionales y alrededor de un 24% del crudo consumido procedió de fuera del área en ese año. En 1999 las
exportaciones de América Latina y el Caribe representaban el 12% del total mundial, ubicándose en el segundo puesto después del Medio Oriente, y se dirigieron fundamentalmente hacia EE.UU. (80%) y Europa Occidental (9%) (ver BP- Amoco, 2000).
Entre los escasos esquemas de cooperación energética existentes en América Latina y el Caribe se encuentra el Pacto de San José, entre Venezuela y México, que favorece a alrededor de una decena de naciones importadoras de hidrocarburos de Centroamérica y el Caribe. Desde su firma en agosto de 1980, este Pacto, que no tiene precedentes como instrumento de cooperación entre países subdesarrollados exportadores e importadores de petróleo, se ha renovado anualmente.
En octubre del 2000 se firmó el Acuerdo Energético de Caracas, concebido por el gobierno venezolano como un acuerdo de suministro petrolero a varias naciones centroamericanas y caribeñas, en condiciones preferenciales. Este acuerdo funciona de manera paralela al Pacto de San José y constituye un paso adicional en la necesaria cooperación energética Sur-Sur.
Otras experiencias de colaboración energética en la región latinoamericana son el aprovechamiento compartido de parte del potencial hidroeléctrico; la existencia de interconexiones eléctricas parciales entre países de América Central y Sudamérica; el aprovechamiento conjunto de ciertos recursos hidrocarburíferos; y acuerdos de cooperación horizontal entre empresas energéticas de la región, que permite el intercambio de experiencias e información.
En lo referente a las potencialidades de la región para avanzar hacia la conformación de un mercado latinoamericano de energía, cabe mencionar además otras iniciativas o programas, como el necesario establecimiento de esquemas de protección financiera para reducir el impacto de las fluctuaciones de los precios del crudo; la optimización del transporte intrarregional de energéticos; un mayor aprovechamiento de las capacidades de refinación de la región, la intensificación de la exploración de hidrocarburos; la adopción de políticas tendientes a lograr un uso más eficiente de los derivados del petróleo y nuevos esfuerzos para diversificar el balance energético regional.
La materialización de estas iniciativas de cooperación energética regional, como alternativa a una integración hemisférica funcional a los intereses de los EE.UU., supondría una adecuada evaluación y compatibilización de los intereses de los importadores y exportadores de energía de la región, que considere, además, la situación de los países de menor desarrollo.
La dimensión ambiental del ALCA y retos para América Latina y el Caribe
Al analizar la dimensión ambiental del ALCA debe tenerse en cuenta que la abundante dotación de recursos naturales de la región latinoamericana y caribeña es una de las áreas que históricamente ha atraído el interés de los inversionistas norteamericanos.
Además, de la abundancia de recursos energéticos que tiene América Latina y el Caribe, ya documentada en el epígrafe anterior, cabe mencionar también el caso de los recursos de agua potable. En EE.UU. los recursos hídricos internos renovables per cápita sólo ascienden a 8.838 metros cúbicos por año, una cifra que si bien es ligeramente superior a la media de la OCDE y a la media mundial, es muy inferior al nivel de 27.328 metros cúbicos per cápita para América Latina y el Caribe, y de 87.971 metros cúbicos per cápita para Canadá (PNUD 2000).
América Latina y el Caribe cuentan con el 31% del potencial global de agua utilizable. Adicionalmente, América Latina y el Caribe poseen una parte significativa de las reservas mundiales de minerales; 23% de la tierra potencialmente arable; 23% de los bosques y el 40% de las especies animales y vegetales existentes. Los recursos de la biodiversidad resultan particularmente atractivos, sobre todo para las grandes firmas norteamericanas de productos farmacéuticos, que tendrían en el ALCA el mecanismo ideal para liberalizar el acceso a esa importante materia prima, reforzar la protección de sus "derechos de propiedad intelectual", y consecuentemente, afianzar su posición competitiva a escala global.
Tampoco deben pasarse por alto las principales características del perfil ambiental del socio mayor del ALCA, donde se destacan los irracionales patrones de producción y consumo norteamericanos y el impacto negativo de tales patrones para el medio ambiente, tanto en los EE.UU. como a escala regional y global.
EE.UU., con el 4.7% de la población mundial emite el 22.2% de las emisiones mundiales de CO2, que es el principal gas de efecto invernadero (GEI). Cada habitante de los EE.UU. emite como promedio 19.7 toneladas de CO2 al año, es decir, más de 9 veces las emisiones correspondientes a un habitante promedio del Tercer Mundo y casi 8 veces las emisiones per cápita de un latinoamericano y caribeño medio.
Sin embargo, la actual administración ha expresado reiteradamente su negativa a ratificar el Protocolo de Kyoto, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tiene como objetivo básico estabilizar las concentraciones de GEI en la atmósfera a un nivel que impida interferencias peligrosas en el sistema climático derivadas de actividades humanas.
Adicionalmente, EE.UU. emite 63.8 kg de SO2 per cápita, según cifras de 1993-97, o sea, un 38% más que el promedio de la OCDE; los desechos nucleares generados ascienden a unas 2.700 TM de metal pesado anuales (1998); la generación de residuos peligrosos es de 173 millones de TM anuales (1991-97). En cuanto a reciclaje de desechos, EE.UU. que recicla 41% del papel y el cartón y 26% del vidrio ha quedado muy a la zaga de otros países industrializados que muestran mejor comportamiento en estos indicadores, como son los casos de Suecia: 62% y 76%, respectivamente; Holanda: 62% y 82%; Suiza: 63% y 91%, Alemania: 70% y 79%; y Austria: 69% y 88% (Ver PNUD, 2000).
La actual administración norteamericana, lejos de proponerse un avance sustancial en el cumplimiento de los compromisos nacionales, regionales y globales de EE.UU. en materia ambiental, parece actuar en una dirección opuesta, como se ha confirmado, por ejemplo, con la negativa a ratificar el Protocolo de Kyoto y los recortes a ciertos programas ambientales. En el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2002, se contempla una reducción (en unos 2300 millones de dólares) de los fondos federales destinados a varios programas ambientales.
Más allá de la retórica con relación a que el crecimiento económico, a través de la liberalización comercial y de las inversiones, debe ser coherente con el objetivo del desarrollo sostenible, las posiciones oficiales de EE.UU. en torno al tema ambiental en las negociaciones del ALCA no aportan propuestas concretas para hacer frente con seriedad a las preocupaciones ambientales hemisféricas y globales.
No se hace alusión, por ejemplo, al alto costo ambiental que tendría la liberalización de las inversiones foráneas en los países receptores de tales inversiones, teniendo en cuenta que muchas de estas inversiones se orientarían hacia sectores ecológicamente sensibles como la silvicultura, la minería, el transporte marítimo, la extracción de hidrocarburos, y la pesca, entre otros.
Tampoco se hace referencia a las responsabilidades ambientales que tendrían los inversionistas transnacionales, y no existe ningún indicio de que EE.UU. pueda endosar el principio de precaución en la adopción de regulaciones ambientales. Este principio supone actuar oportunamente, aunque no haya una certeza científica plena sobre un determinado problema ambiental. Además, no se aclara la posición de EE.UU. en lo concerniente a la relación entre el ALCA y los acuerdos ambientales multilaterales.
Ante estas realidades, los serios problemas de vulnerabilidad ambiental que enfrenta América Latina y el Caribe se agravarían significativamente bajo un esquema de integración hemisférica como el propuesto bajo el ALCA. Latinoamérica y el Caribe registran una elevada dependencia de las actividades primarias y de los sectores de transformación y de servicios que utilizan recursos naturales. Durante los últimos años los productos básicos han llegado ha representar más del 50% de los ingresos por exportación latinoamericanos.
Además, amplios sectores de la población latinoamericana y caribeña, que viven en condiciones de pobreza, no tienen otra alternativa que depredar el medio ambiente para intentar sobrevivir y, como se trata de economías subdesarrolladas y altamente dependientes de las exportaciones de productos básicos, al erosionarse el medio se afectan sensiblemente las principales fuentes de ingresos exportables.
En estas condiciones, una reinserción de América en los mercados mundiales no debe basarse en un esfuerzo exportador y una promoción de inversiones extranjeras que descansen en la explotación a toda costa y la subvaloración del patrimonio natural de la región. Según la CEPAL, América Latina ya entró en la etapa en que una explotación indiscriminada y abusiva de los recursos existentes significaría un freno para el desarrollo.
Una parte significativa del deterioro ambiental y de la alteración de los ecosistemas en América Latina se explica por los efectos de la llamada "revolución verde", emprendida en el sector agrícola después de la Segunda Guerra Mundial, con una fuerte participación del capital transnacional. Además de la creciente artificialización de los ecosistemas, este proceso aceleró la emigración de campesinos hacia zonas urbanas, con implicaciones ambientales adversas.
Desde comienzos de los años 80, a los efectos ecológicos negativos de la crisis se añadió el impacto sumamente nocivo de los programas de ajuste impuestos por las instituciones monetarias y financieras internacionales a los países deudores. Por un lado, el proceso de ajuste socioeconómico se ha traducido en un severo recorte de los presupuestos ambientales, con la consecuente reducción de las actividades fiscalizadoras; postergación, redimensionamiento o cancelación de obras con fines ambientales; reducción al mínimo de los estudios de impacto ambiental, etc. Adicionalmente, el esfuerzo exportador llevado a cabo por los países deudores bajo las condiciones del ajuste ha provocado una notable presión sobre ciertos productos de exportación, con un elevado costo ambiental.
Por otro lado, en la medida en que los programas de ajuste han agudizado las condiciones de pobreza de las amplías mayorías de la población latinoamericana, también han contribuido, por esta vía, a reforzar el deterioro ecológico en la región.
Entre los principales problemas ambientales que padece la región en la actualidad se hallan la erosión, salinización y reducción de la capacidad productiva de los suelos; la deforestación; pérdida de la diversidad biológica; la contaminación atmosférica, marina y de las vías fluviales; así como la contaminación provocada por desechos urbanos y residuos peligrosos (ver Gligo, 1994).
Con relación a la erosión de los suelos, resulta preocupante que en una región en que la mayoría de los países basan sus economías en la agricultura y en la agroindustria, unos 300 millones de hectáreas (10% del territorio regional) estén sometidas a procesos de erosión de moderada a muy grave (ver PNUD, 1998).
Este problema se explica, en gran medida, por el sistema de tenencia de la tierra imperante en la región, donde el 10% de la población controla más del 90% de la tierra cultivable, lo que conduce a la sobreexplotación de las áreas de cultivo, sobre todo por parte de los pequeños propietarios.
Muchos de estos fenómenos, tales como la erosión y la reducción de la capacidad productiva de los suelos están estrechamente vinculados a la deforestación, y se han agudizado por la ampliación de la frontera agrícola hacia zonas ecológicamente frágiles y por el sobreuso de la tierra. En cuanto a la deforestación, América Latina y el Caribe, que posee el 51% de los bosques tropicales del mundo, ha registrado una de las más altas tasas de deforestación entre las regiones subdesarrolladas en los últimos 20 años (ver PNUD, 1998).
La deforestación en estos países ha sido acelerada por diversas razones como: nuevas colonizaciones para fines agrícolas o pecuarios; la extracción de madera con propósitos comerciales; el empleo ineficiente de combustibles tradicionales de la biomasa como la leña y el carbón vegetal; la construcción de nuevas redes de carreteras; y los incentivos establecidos en ciertas políticas económicas que fomentan actividades nocivas para el medio ambiente.
En lo referido a la diversidad biológica, una de las principales preocupaciones es la creciente pérdida de especies, muchas de las cuales aún no han sido debidamente estudiadas.
En el espacio urbano, además del crecimiento de áreas marginales y de la contaminación hídrica, se destacan la contaminación atmosférica y la provocada por la basura y los residuos peligrosos. Las causas principales de la contaminación atmosférica se asocian al rápido crecimiento del parque automotriz, el incremento de la actividad industrial, el aumento de la producción energética, entre otras. Algunas de las ciudades latinoamericanas que presentan índices más elevados de contaminación atmosférica son Ciudad de México, Sao Pablo y Santiago de Chile.
Una parte significativa de la contaminación atmosférica se atribuye al sector energético, que mantiene una elevada dependencia de la producción y consumo de combustibles fósiles, especialmente petróleo, y bajos niveles de eficiencia energética. En estos países no se han llevado a cabo, de forma generalizada, políticas coherentes dirigidas al uso eficiente de los energéticos, debido fundamentalmente a las limitaciones financieras y tecnológicas que enfrenta la región.
Según estimados para los últimos años, la expansión y modernización del sector energético regional requeriría unos 20 mil millones de dólares anuales en inversiones.
En este contexto, los sectores mayoritarios de la población rural y urbana de bajos ingresos no tienen acceso a los servicios energéticos básicos con la calidad requerida. La leña, cuya utilización ineficiente tiene efectos sumamente nocivos para la salud, la economía y el medio ambiente, continúa ocupando el primer lugar en la estructura del consumo energético residencial de América Latina, sobre todo en las áreas más pobres como Centroamérica. Aproximadamente, el 60% de la población de la región depende de la leña y el carbón vegetal como combustibles domésticos; y en general, los combustibles tradicionales de la biomasa aportan más del 40% de los requerimientos energéticos totales de los países más pobres del área, como El Salvador (37%), Nicaragua (43%), Paraguay (48%), Honduras (50%), Guatemala (59%), y Haití (81%), según datos de Naciones Unidas (PNUD, 2000).
Si bien los principales responsables de la contaminación atmosférica global son los países industrializados, los países subdesarrollados, incluidos los latinoamericanos y caribeños, podrían verse severamente afectados por las consecuencias derivadas de fenómenos tales como el "efecto de invernadero" o calentamiento global. Así, por ejemplo, los estados insulares del Caribe y otros países de América Latina que tienen costas bajas contarían entre los más perjudicados por las implicaciones del efecto invernadero, en lo relativo a la elevación previsible del nivel del mar y a la mayor probabilidad de que se produzcan huracanes, ciclones y tormentas tropicales, entre otros efectos negativos.
De hecho, ya han comenzado a sentirse algunas de estas consecuencias adversas; se especula que la seria afectación de los arrecifes coralinos conocida como "blanqueamiento de los corales" está asociada a la elevación de las temperaturas del océano provocadas por el calentamiento global. Estos problemas ambientales están teniendo un elevado costo socioeconómico para los países de la región, particularmente en sectores estratégicos como el turismo, la pesca y la agricultura, entre otros.
Entre los factores de vulnerabilidad socioeconómica y ambiental de muchos de los países latinoamericanos y caribeños se encuentran la propensión a los desastres naturales (fenómenos atmosféricos, inundaciones fluviales, terremotos, erupciones volcánicas, etc.) y la baja capacidad de respuesta de sus economías para recuperarse de estas situaciones.
Acerca de la contaminación provocada por la basura y los residuos peligrosos, resultan particularmente preocupantes, además de los problemas de manejo local de los desechos urbanos e industriales, los efectos del movimiento transfronterizo de residuos peligrosos hacia la región, máxime si se tiene en cuenta la carencia de sistemas de control y de evaluación de impactos derivados de este tráfico.
El incremento del costo de tratamiento de los desechos tóxicos en los países industrializados (hasta unos 3 mil dólares por tonelada) ha estimulado la exportación de tales desechos hacia los países subdesarrollados, donde se pueden enterrar sin tratar por unos 5 dólares la tonelada (PNUD, 1998). En el tráfico transfronterizo de desechos peligrosos, muchas veces se ha empleado como argumento o pretexto la supuesta utilización de los desechos como "materias primas" o "material reciclable" en los países de destino.
Sobre el vínculo entre población y medio ambiente, algunos autores consideran que América Latina ha entrado en una fase de "transición demográfica", dado que la tasa de crecimiento demográfico anual para la región se sitúa en torno al 1,7% en 1993-2000, frente a 2,3% en 1960-93. No obstante, la dinámica poblacional de la región continúa generando fuertes presiones en términos de requerimientos adicionales de alimentos, agua potable y recursos naturales. En los países industrializados, la tasa de crecimiento poblacional anual pasó de 0,8% en 1960-93 a 0,4% en 1993-2000 (PNUD, 1996 y 1999).
Dos problemas centrales que requieren soluciones impostergables a nivel internacional, para dar respuestas integrales a los requerimientos de desarrollo socioeconómico y de protección ambiental, son los relacionados con el financiamiento del desarrollo sostenible y la transferencia de tecnologías ambientalmente idóneas. Ambos temas resultan de particular relevancia para los países latinoamericanos, sobre todo después de una "década perdida para el desarrollo" en los años 80 y del eclipse de la "década de la esperanza" en los años 90; pero el ALCA lejos de ser la vía idónea para alcanzar tales objetivos constituiría un obstáculo adicional para avanzar en esas direcciones bajo criteriosde desarrollo, equidad y sostenibilidad.
Bibliografía
-BP-Amoco, 2000. Statistical Review of World Energy.
-CEPAL, 1991. El desarrollo sustentable: transformación productiva, -equidad y medio ambiente, Santiago de Chile.
-Gligo, N., 1994. La situación ambiental de América Latina y el Caribe y sus perspectivas al año 2000, Santiago, Chile.
-NEPDG – National Energy Policy Development Group – 2001. National Energy Policy. Report of the National Energy Policy Development Group, Washington D.C., mayo 2001 (Tomado de INTERNET).
-OLADE, 2000. Sistema de Información Económica-Energética (SIEE),
Quito.
-OLADE, 1998. Desarrollo Energético en América Latina y el Caribe en 1998. Documento tomado de Internet.
PNUD. Informe