Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA
Alainet

En su visita a Washington, el gobierno colombiano anunció la iniciación de negociaciones de un tratado bilateral con Estados Unidos para el 18 y 19 de mayo. Para los colombianos no puede haber peor noticia y más grave aun cuando se ha trasmitido con euforia y como un triunfo gubernamental. Con el inicio de estas negociaciones, el gobierno de Uribe está lanzando el país al abismo.

La negociación, a pesar de las promesas gubernamentales de que se tomaría todo el tiempo posible, se realizará de manera rápida. La duración de la negociación será de máximo 10 meses, se realizarán 8 ó 9 rondas de dos días cada una lo cual totaliza en el mejor de los casos 18 días de negociación y esto busca que la administración Bush, la cual termina en diciembre su periodo, sea la que haga la mayor parte de las negociaciones ya que esta considera a Uribe "un gran aliado en la lucha contra el terrorismo internacional". El tratado deberá ser ratificado por el Congreso norteamericano entre febrero y junio del 2005 ya que en ese mes termina la autorización que ese congreso dio al ejecutivo para negociar tratados por la "Vía rápida". La negociación comenzará con Colombia, a menos que Ecuador y Perú, presionados por estas fechas se apresuren a solucionar los litigios que tienen con empresas norteamericanas, si no lo hacen, Colombia, el país más obsecuente hacía los Estados Unidos marcará el paso y ellos tendrían que plegarse a las definiciones que se adopten.

La estrategia negociadora del gobierno colombiano insistía en utilizar el argumento de que la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico permitiría obtener concesiones comerciales o ablandar la dura posición negociadora de Estados Unidos. De hecho la respuesta norteamericana fue que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa: que las definiciones en materia de libre comercio las tomaría Estados Unidos desligadas de las del Plan Colombia y que en este tema se tomaría su tiempo, previendo una reacción parlamentaria adversa en plena época electoral, con lo cual la "astucia" gubernamental quedó nuevamente en entredicho.

El gobierno colombiano aceptó negociar todos los temas y todo el universo arancelario, con lo cual retrocede con respecto a las definiciones de la OMC que han excluido de las negociaciones comerciales temas como inversión, compras estatales o servicios y aun retrocede con respecto al proceso del ALCA en los cuales varios países han exceptuado temas ante la intransigencia norteamericana en poner en la mesa sus ayudas internas al agro y ceder en la protección de su industria. Colombia negociará sobre los temas propuestos por Estados Unidos y parte de la base de ni siquiera intentar doblegar las exigencias norteamericanas. Es decir pone toda la economía del país en la mesa y Estados Unidos se reservan ni más ni menos el derecho de proteger su industria y su agricultura.

Hace unos meses el gobierno presentaba estos tratados como una panacea para que el país creciera al 5 por ciento, hoy cuando se ha demostrado el fracaso de la experiencia mexicana, se argumenta que es necesario un plan de desarrollo complementario a los tratados para garantizar que sean aprovechados, pero en ninguna oficina del gobierno hay rastros de en que consiste este plan.

Reconociendo tácitamente su falta de preparación, el ministro Botero, que ha recorrido varias veces el país predicando sobre las ventajas del libre comercio, señaló que se está preparando un nuevo estudio sobre los efectos del tratado sobre el bienestar de la población y la política macroeconómica. Cuando ya decenas de organizaciones han alertado sobre los nefastos efectos que este acuerdo tendrá en materia de bienestar para la población y cerca de 500 organizaciones hemos entregado un documento al gobierno exigiéndole que no suscriba el acuerdo bilateral y documento que se entregó al Congreso y se leyó en los dos foros regionales de Medellín y Barranquilla en los cuales, como es la costumbre gubernamental, el ministro habla una hora y da dos minutos a los críticos de los acuerdos.

Esta conducta gubernamental, a menos de dos meses de tomar las primeras definiciones, revela nuevamente que en la mira gubernamental no está la defensa del interés nacional, que hace oídos sordos a los reclamos de la población y que está dispuesto a negociar a cualquier, costo por esta razón nuestra exigencia es que abandone la pretensión de iniciar esta pantomima de negociaciones, ante lo cual la única salida que queda es una fuerte resistencia popular en contra de esta grave amenaza que se cierne sobre el país.