Luis Bilbao
Fuente: Le Monde Diplomatique, Chile

En Salta, la conmemoración del "día del padre de la patria", José de San Martín, comienza en la madrugada del 17 de agosto de una manera inverosímil: decenas de soldados y oficiales estadounidenses, vestidos con uniformes de combate, salen ruidosamente de los hoteles más distinguidos de la capital y se dirigen a los cuarteles de la V Brigada Mecanizada del ejército. Allí se preparan las maniobras "Cabañas 2001", planeadas, financiadas y comandadas por Estados Unidos, en las que participan tropas de ocho países latinoamericanos. Luego del tumulto casi sin testigos, la ciudad vuelve a la calma. El feriado ha sido trasladado al lunes siguiente y no hay un solo indicio, siquiera en los edificios públicos, de una celebración nacional. Hacia el mediodía, en el parque San Martín, se realiza la ceremonia oficial, presidida por el vicegobernador Walter Wayar y el comandante del regimiento local, general Jorge Olivera. La presencia de un grupo de alumnos sordos de escuela primaria no logra disimular el vacío en el que se realiza el acto. La atención del observador a la traducción de previsibles discursos al alfabeto mudo se pierde cuando un representante de la Asociación Cultural Sanmartiniana invita a "reflexionar sobre los ideales de unión para trabajar por la libertad como lo hizo el General San Martín". Ni un músculo se mueve en los rostros de las autoridades.
La rutina todo lo puede; y la rigidez está además en consonancia con el frío intenso de un día inusualmente gris. Horas después, a las cuatro en punto de la tarde, el general Olivera recibe en su despacho a Le Monde diplomatique.
La posición del general es sólida: él está --"gracias a Dios", dice, elevando las manos-- subordinado a las políticas definidas por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es decir el presidente Femando de la Rúa. Además, éstas son maniobras de paz, en el marco de las Naciones Unidas. Y los trámites relativos a la exigencia constitucional de aprobación del Congreso para el ingreso de tropas extranjeras a territorio nacional son responsabilidad del ministerio de Defensa. Se trata de un entrenamiento de rutina y cualquier otra interpretación es fruto de oscuras intenciones.
De hecho, la sociedad salteña no se ha detenido a pensar en el significado de esos soldados que, con uniformes apropiados para camuflarse en la selva pero en exceso vistosos en los alrededores de la Catedral, salen por la mañana y regresan por la tarde al centro de la ciudad. Más aún: el país todo ha permanecido ajeno a la significación de estas maniobras, absorto como está ante los vaivenes del índice "riesgo país" y las noticias provenientes de la misión que en Washington negocia un préstamo de emergencia para evitar la cesación de pagos. Prensa, partidos, sindicatos e intelectuales permanecen en general ajenos al hecho de que ingresen tropas estadounidenses a ten tono argentino para entrenar a militares latinoamericanos en situaciones de conmoción urbana.
Pero acaso por efecto del excesivo contraste entre esta presencia y la celebración del aniversario sanmartiniano, el silencio se quiebra. Desde la mañana las radios de la capital provincial han difundido un comunicado de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Salta (1), cuyo texto expresa "extrema preocupación por la falta casi total de información precisa sobre los motivos, objetivos, duración, consecuencias y necesidad de tales actividades, que en el actual momento de tensión y conflicto social en la región aparecen como inoportunas e imprudentes". El documento exige que "en forma inmediata se informe a la comunidad de la manera más amplia y explícita sobre los extremos mencionados, permitiéndose el acceso irrestricto de los trabajadores de prensa al ámbito de las maniobras, para que se pueda obtener de fuente directa y veraz la realidad de los hechos" (2).
Olivera se apresura a subrayar que no habrá restricciones a la prensa, "en tanto no se interfiera en las operaciones". No hay nada que ocultar, insiste. Documentos en mano, el jefe militar ofrece datos ligeramente diferentes a los aparecidos en otros medios: Cabañas 2001 será llevada a cabo por 1200 efectivos; el 60% argentinos; 200 estadounidenses; el resto proporcionalmente integrado por los 7 países restantes: Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay(tras el inicio de las operaciones la prensa local dio cifras muy diferentes: 464 efectivos argentinos, 574 estadounidenses) (3).
Venezuela y Colombia, que no participan, tienen no obstante un observador. El comandante enfatiza que no hay costo alguno para el escuálido fisco argentino: ignora el monto de los gastos, pero es claro que paga Estados Unidos. Incluso las raciones de los soldados en maniobras vienen directamente desde el país del Norte. Respecto de la cadena de mandos, Olivera afirma que la jefatura está compartida por él mismo y el general estadounidense Remo Butler ("nosotros porque somos anfitriones; ellos porque ponen los recursos"). Un alto oficial de España participa como observador.
El jefe militar pisa terreno firme también cuando desestima la idea de que nueve ejércitos entrenen en Salta como respuesta a las recientes movilizaciones en las localidades de Tartagal y General Mosconi, episodios de sublevación urbana que dieron lugar a dos muertes y decenas de detenidos, varios de ellos torturados en dependencias policiales, según testimonios de los abogados defensores y del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
El general vacila en cambio cuando se le presenta el panorama regional: inestabilidad extrema en Paraguay, un año y medio de movilizaciones masivas y constantes en Bolivia, crisis permanente en Perú y Ecuador y, sobre todo, giro drástico del cuadrante geopolítico a partir de la asunción de Hugo Chávez en Venezuela y sus acuerdos con el gobierno brasileño en oposición a la voluntad estadounidense de inmediata activación del Área de Libre Comercio de América (ALCA), para no hablar de la situación en Colombia. Como ciudadano, dice Olivera, puede tener sus opiniones. Pero el oficial está comandando una maniobra de rutina, destinada a preparar tropas para intervenir en otras áreas del planeta a las que se llevará la paz.
Tras la cordial entrevista, el periodista debe esperar varios minutos sobre la Avenida Belgrano donde se emplaza el comando de la V Brigada: una caravana ni-terminable de tractores y pequeños acoplados colmados por campesinos de rasgos duros y gestos amigables, desfilan con tranquilidad provinciana y determinación propia de quienes ya han soportado todo lo posible: demandan solución para sus unidades productivas en quiebra.
De Salta al Paraná Mientras tanto, voces aisladas en el poder Legislativo se elevaron para denunciar que se estaba violando la Constitución, porque el Congreso no había autorizado el ingreso de tropas extranjeras, como lo establece taxativamente la Carta Magna. El diputado Héctor Polino, integrante de la Alternativa para una República de Iguales (ARI) emitió un duro comunicado denunciando que el te-mano había sido tratado por la Cámara; su par Ramón Torres Molina, ex integrante del bloque del Frepaso, presentó una vibrante y documentada cuestión de privilegio en la sesión del 22 de agosto pasado, en la que denunció la flagrante violación a la Constitución. Torres Molina intentó que la Cámara de Diputados interpelara a los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, argumentando además que "Este tipo de ejercicios -en referencia a Cabañas 2001-- contradice la tradicional política argentina de solidaridad con los países de nuestro continente, pone en serio riesgo la paz en nuestra región y potencialmente nos coloca en conflicto con países hermanos como Ecuador, Venezuela y Panamá, objetivos de la Iniciativa Andina (antes llamada Plan Colombia) y de la política exterior estadounidense".
No hubo eco. Diputados no aprobó la interpelación y el poder Ejecutivo no se dio por aludido. "¿Cómo no entienden los legisladores que esto es el Plan Colombia?", exclamó un alto oficial del ejército en actividad consultado por LMD. En las antípodas Ángel Tello, secretario de Asuntos Militar del ministerio de Defensa, negó terminalmente cualquier vinculación con cuestiones internas o regionales y respecto de la violación de la Constitución explicó que el requisito de la autorización por el Congreso proviene de un artículo de 1853, superado por la realidad actual de un mundo globalizado. Tello aclara además que el decreto 19 enviado al Congreso con suficiente atención, pero no fue tratado, aunque tuvo dictamen favorable de la Comisión de Defensa. No podía postergarse la realización de ni operación tan compleja por esa omisión. la distancia entre el orden constitucional y ejercicio del poder político no supone un dc medro de la democracia.
Sin embargo, horas más tarde de e entrevista se sabría que la violación de Constitución adquiría carácter de felonía otras maniobras, acaso de mayor envergadura, en territorio nacional. Un diario Gualeguaychú, El Argentino, informó el de agosto que en Mazaruca, un paraje próximo al puerto natural de aguas profundas de Ibicuy, al sur de Entre Ríos, dos barcos numerosos helicópteros y un número indeterminado de tropas estadounidenses realizaban maniobras con efectivos de la Armada argentina. En este caso no hubo pedido de autorización al Congreso, ni informe a la prensa, ni resquicios por donde se filtrara la operación.
"¿El pie para una futura presencia en el Delta?" se pregunta el periódico; y agrega: "Estados Unidos tiene planeadas tres bases en territorio argentino: la Antártida en el Sur; el Delta en el Centro y Salta en el Norte" (4).
Ante la evidencia, las autoridades se esforzaron igualmente por quitarle dramatismo a los hechos. El intendente de Ibicuy, Ángel Tramontín, del Partido Justicialista, explicó que se trata de "un convenio de la Armada con la Marina estadounidense. En Ibicuy se instalaron marinos norteamericanos para hacer ejercicios comunes, que son los que se hacen todos los años. Los pedidos de autorización para estas operaciones se piden entre mayo y junio de cada año antela Municipalidad de Ibicuy" (5). Como el funcionario de Defensa, el intendente peronista dijo mucho más de lo que se proponía en su esfuerzo por minimizar la significación de estos hechos: "Son simulacros de combate, suponemos nosotros, utilizando lo agreste de la región, que no afectan el medio ambiente, ni la región, no perjudican la pesca ni tampoco hemos recibido comentarios de gente de las islas. No sabemos qué hicieron, pero pasaron totalmente inadvertidas", abundó Tramontín (6). En medios políticos entrerrianos hay sospechas de que en realidad en esa zona se emplaza un contingente militar permanente, con presencia de tropas estadounidenses. A escasa distancia del puente Zárate-Brazo Largo, que une las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, el olvidado puerto de Ibicuy está a tiro de piedra del complejo Zárate-Campana, el centro industrial más importante de Argentina.
Bases en territorio argentino Hay algo más que consistentes análisis respecto de la estrategia estadounidense de emplazar bases propias en Argentina. Aun sin prueba fáctica, la alegación de que Washington presiona sobre la crisis financiera con el objetivo de imponer el ALCA a la vez que ofrece cambiar deuda externa por bases militares, tiene sustento a la vista: cuando tras dos semanas de zozobra inaudita y por pública disposición del presidente George W. Bush se concedió al gobierno argentino un préstamo por 8.000 millones de dólares, Fernando de la Rúa hizo el feliz anuncio y agregó que Argentina, junto al Mercosur, se incorporaría "en el menor plazo posible al mercado más grande del mundo", mientras el secretario del Tesoro estadounidense, Paul O'Neill, anunciaba que su país "ha propuesto reuniones con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay para impulsar el comercio, probablemente en septiembre" (7). Días antes, la corresponsal de una agencia de noticias brasileña enviaba desde Buenos Aires el siguiente despacho: "Una importante fuente del gobierno argentino confirmó a la Agencia Estado que el equipo económico está tratando de negociar la deuda total de Argentina y que el apoyo del Fondo Monetario Internacional incluiría la instalación de una base de radares o de misiles en la ciudad de Salta (...) La fuente informó que durante la administración Menem el gobierno argentino aprobó un proyecto de instalación de radares en la región de Salta y que entre las empresas que competían para llevar a cabo el proyecto estaban las estadounidenses Raytheon y General Electric" (8).
Después de este despacho pero antes del acuerdo con el FMI, tomó estado público el propósito de instalar una base militar estadounidense en Chubut. Confirmó el tu-motel propio gobernador de aquella provincia, José Luis Lizurume, quien admitió que "La idea no me resulta muy atractiva, aunque esperamos detalles oficiales de la Cancillería para saber hasta qué punto se avanzó en esto (...) Hasta ahora se venia hablando de la Patagonia, sin especificar el lugar, pero ya se habla concretamente de Chubut aunque nosotros no tenemos más informaciones para opinar" (9). Superados por los acontecimientos, los funcionarios dicen otra vez más de lo que se proponen: el hecho de que Estados Unidos emplace una base militar en su provincia no provoca en el gobernador más que un escaso atractivo...
El caso es que se hablaba de la Patagonia no sólo por Chubut. Según una denuncia de la Asamblea Popular en Defensa de la Soberanía, de Río Grande, Tierra del Fuego, el decreto 1369/01 del gobierno provincial "habilita a Estados Unidos a instalar una serie de bases en territorio provincial". Este agrupamiento civil, integrado por profesionales, intelectuales, sindicatos y partidos, sostiene que mediante esa disposición el gobernador Carlos Manfredotfi "cede tierras de Tolhuin para este fin". Y concluye: "nos queda a nosotros la posibilidad de rechazar cualquier intento de intrusión que afecte nuestra soberanía" (10).
Según las informaciones oficiales, esta base no sería tal, sino una instalación científica , destinada a detectar ensayos nucleares. El gobernador peronista de Tierra del Fuego "cedió cinco hectáreas de tierra para la edificación de la estación de vigilancia, que estará ubicada en la zona del río Valdez, a 15 kilómetros de Tolhum, en el centro de Tierra del Fuego. En ese lugar se emplazarán dos de las ocho estaciones científicas previstas en distintos puntos del país" (11).
La ofensiva no deja flancos desprotegidos: por esos días se conocía la decisión oficial de cerrar bases argentinas en la Antártida. Como es de rigor, las autoridades se esforzaron por desvincular esa decisión de cualquier tipo de presión política, aunque con escasa fortuna: "Fuentes diplomáticas británicas, y legislativas y militares de Argentina coincidieron en lo esencial: Londres modificó su oposición a que Argentina sea sede del organismo que regula la Antártida a cambio de una 'desmilitarización parcial' de la zona" (12).
La escalada está convenientemente respaldada por instrumentos legales.
En noviembre de 1999 --es decir, minutos antes del cambio de gobierno-- el entonces ministro de Defensa de Argentina, Jorge Domínguez, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, William Cohen, firmaron un acuerdo mediante el cual se conformó un "Grupo de trabajo bilateral sobre defensa Argentina-Estados Unidos". Con esa base, el 21-7-2000 el embajador estadounidense James Walsh envió al canciller argentino un documento que transforma aquel convenio en disposiciones específicas relativas a "las condiciones del personal civil y militar de los Estados Unidos de América, dependiente de las Fuerzas Armadas de dicho país, el cual permanecerá temporalmente en la República Argentina con relación al ejercicio de mantenimiento de la paz 'Fuerzas Aijadas Cabañas 2000"'.
Entre otros detalles, el texto de Washington impone que "El personal de Estados Unidos de América podrá usar uniforme mientras desempeñe sus responsabilidades oficiales en la República Argentina". Ese mismo documento, devuelto por el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini con "el agrado de manifestar la conformidad de mi gobierno", establecía que "los reclamos de terceros que se originen en las actividades de los ejércitos serán dirigidos al Estado presuntamente responsable y serán resueltos de conformidad con las normas legales aplicables en ese Estado"; disposición de inmunidad jurídica que enrojeció el rostro y levantó sonoras protestas de no pocos oficiales del ejército argentino.
Estados Unidos ha logrado quebrar incluso los arrestos de independencia del gobierno brasileño: se propone "alquilar una base militar en Alcántara, una población cercana a Ecuador", con el objetivo de desarrollar "un centro espacial dedicado en principio al lanzamiento de satélites" (13). En este caso, la mayoría de los legisladores brasileños, incluyendo a los oficialistas, condenaron el proyecto considerándolo "un atropello a la soberanía nacional" y cabe la posibilidad de que el gobierno retire el proyecto.
Subordinación y valor Tal parece que el profesionalismo de un ejército subordinado finalmente al poder político y las leyes, está destinado ahora, por la lógica de la situación, a cumplir en el actual contexto mundial el papel que otrora desempeñaron las Fuerzas Armadas adueñándose del gobierno: coincidir con la voluntad política--y los intereses económicos-- le Estados Unidos.
Sólo que ahora los imperativos estratégicos de la gran potencia suponen un designio diferente para los militares. Basta observar la realidad para comprobar que Washington está preparando ni dispositivo bélico hemisférico bajo su mando. Ya no se trata de adiestrar oficiales y suboficiales en la Escuela de las Américas, como en los '60 y '70. Ni de armar bandas mercenarias como en los '80. A tono estos tiempos unilateralmente descriptos con la noción de globalización, Washington se propone tener una fuerza arma-la única, comandada desde el Pentágono.
Está en curso la transformación de los ejércitos nacionales en meras patrullas de seguridad interior con estructura y línea de mandos federadas desde Washington. Sucesivos ocupantes de la Casa Blanca han explicitado su estrategia de "mercado único de Alaska a la Patagonia" y menos estridente, aunque más eficiente, el propósito de moneda única ha tomado cuerpo ya en Ecuador y El Salvador, mientras apunta a Honduras, está concretándose en Guatemala y sigue al acecho en Argentina. No es extraño que el tema militar sea tratado con cautela y argucias. Pero las bases estadounidenses ya desplegadas y planificadas, así como la proliferación de maniobras conjuntas financiadas y comandadas por el Pentágono, prueban que el plan está en marcha y a velocidad de vértigo.
Por la coyuntura de extrema fragilidad económica que atraviesa, por su singularidad política dada a partir de la ausencia de hegemonía entre las múltiples fracciones de sus clases dominantes, por el lugar geopolítico que ocupa y ante todo porque es el más vulnerable entre los que gravitan en el hemisferio, Argentina se ha transformado hoy en el país clave para este plan estadounidense. La subordinación militar al gobierno civil es un valor fundamental para el régimen constitucional vigente, una conquista lograda con costos enormes y por lo mismo irrenunciable. El detalle es que si el gobierno cede ante las presiones de Washington y para hacerlo no vacila en violar la Constitución, todos los factores cambian de signo.
Atrapado en esta paradoja, el teniente general Juan Carlos Mugnolo comienza un artículo con la conocida frase de San Martín "Serás lo que debas ser; y si no serás nada" (14). El núcleo de su respuesta a la incógnita sobre la razón de ser de las Fuerzas Armadas le atribuye a éstas el compromiso con "intereses vitales de la Nación", que enumera así: "Soberanía e independencia de la Nación; Integridad territorial y capacidad de autodeterminación; Vida, libertad, justicia y derechos individuales de los habitantes; Preservación de los recursos naturales".
Si las palabras tienen algún sentido, estrictamente ninguno de estos "intereses vitales" tienen la más mínima vigencia hoy en Argentina. El espectáculo bochornoso de funcionarios mendicantes vapuleados por el secretario del Tesoro estadounidense; la presencia clandestina e ilegal de tropas de aquel país que traen hasta la ración de comida para los soldados de Argentina; el asesinato y la tortura de obreros desocupados que resisten la destrucción del aparato productivo nacional; el latrocinio a ojos vista de todos los recursos naturales por parte de capitales extranjeros, dan una respuesta contundente a la alternativa planteada por San Martín: la línea de continuidad con casi un siglo de compromiso con lo que no se debe ser, conduce a no ser nada.
Esto resulta tanto más evidente cuando el gobierno estadounidense, en sus documentos oficiales, no oculta sus planes: "El objetivo de la estrategia es asegurar la protección de las necesidades permanentes y fundamentales de nuestra Nación: proteger la vida y la seguridad de los norteamericanos, mantener la soberanía de EE.UU. con sus valores, instituciones y territorio intactos y proveer la prosperidad de la Nación y la población" (15) . En consecuencia con esta clara estrategia, los "intereses vitales" son definidos por Washington con idéntica nitidez: "La seguridad física de nuestro territorio y la de nuestros aliados; la seguridad de nuestros ciudadanos; nuestro bienestar económico". Para sostener estos intereses, el gobierno de Estados Unidos reconoce que "nuestra misión ha sido derribar las barreras comerciales en el extranjero con el objeto de crear puestos de trabajo en el país".
Y por si alguien tiene dudas el documento Subraya: "Haremos lo que sea necesario para defender estos intereses. Incluso usaríamos nuestro poder militar en forma unilateral y decisiva, si fuera necesario" (16). No hace falta traducción: Estados Unidos propone utilizar su poderío militar si condicionamientos para derribar barren comerciales y crear puestos de trabajo en su territorio. Eso es el ALCA.
Temor al "chavismo" Aunque no se perciba desde fuera ni pese hoy en las preocupaciones políticas inmediatas, este cuadro provoca descontento generalizado en las Fuerzas Armadas. Una neta mayoría circunscribe sus reclamos a cuestiones económicas individuales y de sus fuerzas. Incluso desde una perspectiva estrictamente profesional, la cuestión plantea problemas gravísimos. Según fuentes insospechables, en una reciente reunión de altos mandos con autoridades civiles, al considerar los riesgos de una conmoción social d envergadura un oficial de máxima graduación dijo textualmente: "A nosotros sólo nos cabe encerrar a todos los efectivos en u cuartel y ponerles ocho cadenas y dieciséis candados a los portones: si mandamos reprimir, no sabemos para dónde apuntarán los soldados, que cobran menos de 50 pesos; e incluso los oficiales, que tiene doble trabajo o dependen del sueldo de su mujer".
La misma fuente informa que semanas atrás en prácticamente todas las unidades militares, e incluso en el Edificio Libertador --sede del ministerio de Defensa y comando del ejército- aparecieron volante sin firma de grupos militares cuyo título e toda una proclama: "Que el ajuste lo paguen Santibañes y Escasany!" (17). Otro alto jefe militar señala que en la reciente movilización del sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UICN) frente al Edificio Libertador, había numerosos militares ataviados de civil.
Ante la pregunta respecto de la existencia de grupos organizados dentro de las Fuerzas Armadas, un general profesionalista admite que sí los hay. Y de manera creciente. ¿Qué proponen? Hay de todo. ¿Qué significa eso? Hay sectores nacionalistas como definición general, pero de las más diversas orientaciones. Algunos oficiales jóvenes, y otros que no lo son tanto, viven la presencia de tropas estadounidenses como una oferta intolerable. Pero no hay ideas definidas ni estructuras con peso real.
Además, están rodeados por una mayoría que, aun bajo protesta, sigue la corriente y trata de hacer su carrera. ¿Qué puntos de referencia toman los rebeldes? Como regla general, hay una gran simpatía con Chávez. ¿Hay líderes reconocidos? No. Pero es sabido que la demanda garantiza la oferta.
Otra vez, un cruce de caminos Colocarse al servicio de la represión frente a las demandas dramáticas de la población, ahora mediante mecánicas políticas inversas a las empleadas durante décadas de feroces dictaduras militares --que además implican autosuprimirse-- no es un dilema exclusivo para los militares de Argentina. A comienzos de agosto el diario brasileño Folha de Sao Paulo reveló documentos militares que ponían en evidencia la utilización de la inteligencia militar contra partidos' movimientos sociales, a los que clasifican como "fuerzas adversarias" (18). Mucho menos se trata de una perspectiva espontánea. A través del Center for Hemispheri Defense Studies (Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa) el Pentágono organizó en Miami en marzo pasado un seminario donde "pudo escucharse la sugerencia de que las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, supuestamente sin amenazas de conflictos externos, deben pasar ocuparse de conflictos internos (...) El término acuñado por algunos participantes de encuentro es 'policiación' de las Fuerzas Armadas" (19). La aceleración por este camino ha sido determinada por la irrupción di la crisis argentina. Otro seminario, esta vez en Washington y patrocinado por el Washington Center for Strategic and Lnternatio nal Studies, observó con justificada a1arma que "Si el país de América Latina que más ha privatizado, desregularizado y liberalizado se cae, el llamado 'Consenso di Washington' se rompería" (20).
Basta observar la proliferación de "seminarios" y cotejarlos con fechas y secuencias de maniobras bélicas y anuncios de emplazamientos militares para comprobar que el futuro ha llegado. No el de la guerra por cierto, sino el de las definiciones estratégicas para evitarla, en beneficio de impostergadles necesidades y de una genuina democracia.