Más de 6.000 campesinos del sector bananero permanecen acampados ante la Asamblea Nacional de Managua. Reclaman al Gobierno del presidente Bolaños indemnizaciones por las graves secuelas en su salud producidas por el pesticida Nemagon, utilizado indiscriminadamente por las multinacionales para fumigar los latifundios bananeros.
Durante siglos los campesinos alternaban sus cultivos porque sabían que la tierra se fatiga y que de esa forma se evitaban las plagas que brotan como pestes en las amplias extensiones dedicadas a los monocultivos.
Los campesinos que permanecieron al servicio de las enormes extensiones propiedad de las multinacionales, que antes les habían sido expropiadas, padecieron los efectos de estas fumigaciones que les afectarían durante generaciones. Estos productos agroquímicos cuyos letales efectos se transmitieron de padres a hijos han producido más víctimas que los huracanes.
El Nemagon es un pesticida utilizado en las plantaciones de plátano en Nicaragua y otros países de Centroamérica, Caribe, África y Asia. Es un derivado del dibromocloropropano (DBCP) para combatir a un gusano microscópico que daña los cultivos de banano. En 1975, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) determinó que el DBCP era un posible agente cancerígeno, y el Gobierno de EE UU prohibió el agroquímico para casi todos los usos y suspendió el suministro temporalmente.
Las multinacionales Standard Fruit (Dole, en EE UU), Del Monte y United Fruit (actualmente, Chiquita) son algunas de las compañías que fumigaron Nemagon en sus cultivos bananeros. El pesticida era producido por Dow Chemical, Shell y Occidental, entre otras empresas. Se estima que 22.000 nicaragüenses han enfermado por el Nemagon, y se contabilizan 466 muertes de cáncer causadas por el pesticida.
Los informes médicos demuestran que más del 67% de los campesinos que trabajan en el plátano en Nicaragua tiene problemas de esterilidad. Las mujeres sufren abortos y cáncer de útero y de mama. En ambos sexos se han detectado migrañas, intensos dolores en las articulaciones, pérdida de visión, fiebre intermitente, caída de pelo y uñas, hematomas, pérdida de peso, ansiedad y otros desórdenes nerviosos y casos de cáncer de riñón y estómago.
Una de las principales reivindicaciones es que el Gobierno y el Parlamento mantengan en vigor la Ley 364, aprobada en el año 2000, en virtud de la cual un tribunal de justicia nicaragüense condenó en 2002 a las multinacionales Dow Chemical, Shell Oil Company y Dole Food Company a pagar 490 millones de dólares como indemnización a unos 600 trabajadores de los 5.000 que habían presentado la demanda.
Las empresas condenadas no han cumplido la sentencia porque alegaron que la ley es inconstitucional y la justicia nicaragüense es corrupta. Estas empresas ya no están presentes en Nicaragua y así han escapado a cualquier acción de embargo en su contra. En estos casos no tiene lugar la extradición de los culpables, como sucede con los narcotraficantes que se desmarcan de la acción desestabilizadora de los agentes de las Agencias de EEUU.
Este es uno de los perversos efectos del modelo de desarrollo acelerado que los países industrializados impusieron durante décadas a "poblaciones subdesarrolladas". Con ellas experimentaron productos químicos que actuaron como auténticas armas de destrucción masiva. Después, vistos los efectos nocivos y letales, prohibieron su utilización en EEUU pero permitieron que continuaran utilizándose en otros países para acelerar los procesos de crecimiento agrícolas.
Hasta hace poco, en amplias zonas cercanas a Latacunga, a unos sesenta kilómetros de Quito, se cultivaban plantas prohibidas por las leyes pero que muy valoradas por la industria farmacéutica suiza para elaborar productos anestésicos. Los campesinos que trabajaban en esas explotaciones todavía aparecen drogados y destrozados por las veredas y los contornos. Aspirar las emanaciones de las plantaciones residuales produce daños irreparables en el cerebro y afecta de manera fatal a la salud de familias enteras. Fetos monstruosos, alteraciones genéticas y cánceres de todo tipo se silencian por las autoridades que conocen la existencia de esas plantaciones, y de las pistas de aterrizaje de las avionetas que las sacan del país. Pero esas actividades criminales no son fumigadas ni bombardeadas desde helicópteros artillados, como los que el Pentágono ha facilitado al gobierno de Colombia, como "ayuda al desarrollo", contra las plantaciones de la coca cuya pasta consumen en un 80% los ciudadanos norteamericanos. No sólo Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador sino que Ecuador, Bolivia y Perú padecen los efectos de esa política de exterminio que, en nombre de la salud pública, desestabilizan a los gobiernos para poder mantener el control de esa zona al sur del Canal de Panamá declarada de importancia vital y estratégica por el gobierno de Washington.

José Carlos García Fajardo
Profesor de Pensamiento Político y Social (UCM)
Director del CCS
fajardo@ccinf.ucm.es