Raúl A. Wiener F.
Rebelión

En Chile: Los ríos son propiedad privada por disposición de la dictadura, no modificada por el gobierno de la concertación democrática. Más del 80% de las fuentes superficiales tienen ahora propietarios particulares. Lo que configura el curioso concepto del Código de Aguas: un bien público de aprovechamiento privado. Se dice que de esta forma se conserva mejor un recurso escaso, se obliga a su uso eficiente y se promueven las inversiones..

Pero hay otros efectos que no se dicen tanto:

a) Una sola empresa: Endesa de España, ha logrado apropiarse, prácticamente sin inversiones, del 60% de las fuentes fluviales, y es la que reparte el agua según su criterio e intereses. Como se trata de una empresa con inversiones en electricidad (en el Perú controla más del 30% del mercado en generación y distribución), sus posesiones favorecen sus operaciones en ese sector, y establecen una barrera de entrada de precios y opción, para otros inversionistas (similar a lo que ocurre aquí en el caso de la telefonía). Es decir no favorecen la inversión sino el monopolio.

b) A través del pago del agua se discrimina a los receptores por dinero; muchos campesinos que no pueden absorber el costo han debido vender sus tierras. Grupos de agro-exportación han establecido asociaciones con los vendedores de agua (a veces son los mismos) y se han convertido en los grandes consumidores del agua de riego. La privatización como siempre concentra, no democratiza el servicio.

c) La actividad estrella del Chile moderno: la agro-exportación, lleva actualmente un contenido de agua cara (junto con otros servicios caros), que limitan su competitividad internacional, y que termina por ser compensado con reducciones en los costos laborales o en las participaciones del Estado. Este es un elemento adicional de la redistribución regresiva del ingreso que propician las políticas neoliberales.

d) Contra la teoría del agua eficiente, Chile ha registrado una mayor contaminación de sus fuentes acuíferas, tanto por efecto de los proyectos mineros, la agro-exportación, la industria y la explotación energética. En la zona norte se han detectado elementos de boro y arsénico en el agua potable, que han sido materia de sonados escándalos periodísticos.

e) El agua potable para las ciudades ha sido concesionada mediante su entrega a empresas privadas regionales. El 80% de la cobertura de las concesiones ha recaído en la empresa francesa Suez. Entre 1999-2000, el gobierno reconoce oficialmente un alza de tarifas entre 20 y 30%. Las organizaciones de consumidores opinan que fue entre 100 y 200%. Actualmente una familia chilena pobre invierte el 7% de su ingreso en agua potable, mientras que una rica con mucho mayor consumo gasta un 0.1%. La factura promedio mensual en Chile por agua potable es de 30 dólares.

f) Según la CEPAL, los países sudamericanos en los que el agua es más cara son: (1) Chile, (2) Argentina; ambos privatizados.

En México: Llega Condolezza Rice, secretaria de estado de Estados Unidos y hace la siguiente declaración: "debemos asegurar la cooperación continuada del manejo de recursos naturales preciosos, como el agua, para el beneficio de ambas economías"

Nótese está hablando de los recursos de México, del agua de México, para el beneficio de "ambas economías".

De hecho Estados Unidos está en proceso de cobranza de una deuda mexicana que se propone sea cancelada mediante la concesión de fuentes acuíferas en el note de ese país para su conexión con el suroeste de los Estados Unidos, donde se está sintiendo una creciente escasez de agua para riego.

Estados Unidos: el investigador Bernardo Qualiotti explica que el 95% del agua potable de Estados Unidos es subterránea. Las fuentes se están sin embargo secando debido a que los cultivadores bombean el líquido más rápido de lo que las lluvias rellenan los depósitos. El Oqallala, fuente principal de abastecimiento del suroeste norteamericano, se está empobreciendo a razón de 12 mil millones de metros cúbicos por año.

Alfredo Serra, del Foro Ecologista de Paraná, aprecia la situación de la siguiente manera: "si Washington agredió a Irak por el petróleo –una sustancia reemplazable– qué no haría por el agua"

Hay un "estrés hídrico severo" que alcanza actualmente a Estados Unidos y el sur de Canadá, Europa, Asia, Australia, África y algunas partes de América del Sur.

La paradoja de América del Sur es que en esta zona se concentra el 47% de las aguas dulces –superficiales y subterráneas-, del mundo. Pero, a su vez, el 25% del continente es árido o semiárido y requiere urgentemente de mayor agua.

Todo esto es el terreno preparado para una enorme disputa global.

Europa: la Unión Europea repite insistentemente, con un gran sentido de culpa, que no se encuentra promoviendo la privatización de los servicios de agua en el tercer mundo. Sin embargo todos saben que las trasnacionales de los principales países de la UE están presionando a sus gobiernos y la instancia comunitaria, para que saquen la cara por ellas ante el avance de los intereses estadounidenses en casi todos las actividades de servicios incorporadas al mercado global y ante el aumento de su influencia en toda Latinoamérica a través de los tratados de libre comercio. Que es también una disputa por el agua.

Es en el negocio del agua, donde los europeos tienen mayor hegemonía. Las francesas Suez y Vivendi, y la alemana RWE-Thames, controlan el 70% del mercado mundial. En 1990, estas tres compañías prestaban servicios a 51 millones de personas en 12 países. Actualmente tienen 300 millones de clientes en 130 países. En la gran mayoría de países que privatizan, reaparecen estos mismos nombres. De hecho Suez, ha estado vivamente interesada en la concesión de Sedapal, y su influencia sobre el gobierno de Toledo se verifica a través de su subsidiaria Tractebel (energía de Ilo; privatización eléctrica fallida en Arequipa y Tacna; proyecto Yuncán en Pasco; planta de Chincha-Cañete de gas de Camisea; etc.)

Soweto, Sudáfrica: en el mismo lugar donde funcionó el sistema del apartheid (exclusión de los africanos en su propia tierra), la gente pobre sufre de falta de agua. Antes estaban prohibidos de circular en su propia tierra, ahora de vivir con un mínimo de decoro. La solución del gobierno recogiendo la recomendación del Banco Mundial ha sido la privatización de las empresas municipales. Así es que se creó la Johannesburg Water, otro nombre de la Suez, que para enfrentar el dilema de conectar a poblaciones de bajos ingresos tomó una decisión inspirada: instalar medidores prepago para el servicio de agua.

Las familias que contratan este sistema en Soweto, el barrio negro de la capital, deben hacer lo que se hace con un celular: comprar una tarjeta con el consumo adelantado que se proponen realizar. Cuando el medidor indica que el consumo autorizado se ha agotado, los caños se secan. Y nuevamente las mujeres acarrearán agua de los camiones. Si no tienen para adquirir una nueva cuota de agua, permanecerán así hasta que puedan hacerlo. Es como nos pasa en el Perú, que tanta gente tiene aparatos telefónicos muertos durante semanas y meses. Que estadísticamente se lee como aumento de la cobertura. El sistema, además, permite diversos menús intermedios, según el poder adquisitivo. Todo vale en la medida que las trasnacional pueda reducir el riesgo de no ser pagada.

En el 2003 hubieron manifestaciones de protesta y movimiento de activistas para romper estos medidores infames. Y muchas detenciones.

Argentina: año 1993, Saúl Menen privatiza el servicio de agua de Buenos Aires, y se configura la empresa "Aguas de Argentina", subsidiaria de la Suez, como la unidad empresarial de agua potable más grande del mundo, con 10 millones de usuarios. Empeñado en transferir toda la propiedad pública, Menen firmó un contrato de operación por 30 años, renovables.

El primer efecto de la privatización fue un ajuste de tarifas encima del 100% que afectó violentamente la estructura de gasto de las familias argentinas. Asimismo la Suez disponía un contrato, que no fue hecho público, según el cual se le garantizaba una utilidad mínima anual de 19% a la compañía, que quedaba así autorizada a reajustar tarifas para alcanzar este compromiso. En otra cláusula se decía, además, que las tarifas estarían amarradas a las variaciones en la cotización de la moneda de Estados Unidos. Como se sabe, los años 90 se siguió el modelo de paridad entre el peso y el dólar, que se derrumbó en la crisis de 2002. Desde entonces el agua se hizo prohibitiva en la Argentina y el gobierno Kichner tuvo que recurrir a un decreto de urgencia para poner una barrera al esquilme que representaba mantener vigente la cláusula de paridad cuando la moneda local estaba totalmente depreciada. Esto llevó a un conflicto ente gobierno y empresa extranjera, que ahora se ventila com
o una negociación con el gobierno francés para el retiro de la concesionaria y se rebajen las demandas planteadas por Suez ante el tribunal del Banco Mundial reclamando por las ganancias no recibidas en la explotación del agua potable en ese país.

Inglaterra: en 1988, la administración Thatcher decretó la privatización de los servicios de agua en la isla, con fuerte subsidio del Estado para alentar la intervención del capital privado. Entre 1990-1997, las utilidades de las empresas de este sector registraron un incremento de 147%, con márgenes 3 o 4 veces superiores a los que existían en Francia y Alemania. Esto hizo que las gigantes francesas y alemanas compren las empresas inglesas y se hagan del negocio. Las tarifas aumentaron tan fuertemente que se multiplicaron los cortes y una parte de la población fue forzada a trasladarse al sistema de medidores prepago, que hoy cubre unas 30 mil conexiones.

Francia, Grenoble: El servicio de agua en Grenoble fue privatizado en 1989 (pasó a manos de la empresa Lyonnaise des Eaux, actual Suez) y el encargado de la privatización fue el alcalde de la ciudad, Alain Carignon. Diez años después, este acuerdo fue revocado, el servicio devuelto a la ciudad, y el alcalde procesado por haber estado recibiendo sobornos de la empresa.

Bolivia, Cochabamba: en 1999, el Banco Mundial puso como condición inapelable para la renovación de un crédito por 25 millones de dólares que Bolivia no podía cancelar, que se procediera a la privatización de los servicios del agua.

A raíz de este acuerdo se transfirió a fines de ese año la empresa municipal de Cochabamba (con una población de 500 mil habitantes) a la empresa constituida en Bolivia con el nombre de Aguas de Tunari, de propiedad de la constructora estadounidense Betchel. Entre enero-febrero del 2000, las tarifas saltaron en 250% porque la Betchel opinaba que estaban muy retrasadas. Los cochabambinos que pagaban una factura promedio de 5 dólares mensuales, pasaron a 20 dólares, de un día para otro, con un salario promedio en la ciudad entre los 100 y 150 dólares.

La protesta fue muy violenta. Numerosas personas quedaron heridas y dos jóvenes resultaron ciegos por efecto de la represión. El gobierno inició entonces una negociación con la población y la empresa, pero no hubo acuerdo. Estallaron nuevas protestas y un joven de 17 años cayó asesinado por la policía. Recién ahí, el gobierno aceptó que la batalla estaba perdida, por los que procedió a rescindir el contrato que tenía sólo 6 meses y devolver la empresa al municipio. Betchel que hasta ese momento había desembolsado no más de 20 mil dólares, se consideró afectada en sus expectativas de ganancia y planteó una demanda por 25 millones de dólares al Estado boliviano ante el CIADI, que el gobierno Mesa ha dicho que va a pagar "por culpa de los cochabambinos".

Bolivia, El Alto: en 1997, se constituye la empresa Aguas de Illimani, subsidiaria del grupo Suez de Francia, que toma a su cargo el servicio de agua potable y alcantarillado de la ciudad de El Alto, próxima a La Paz, con un millón de habitantes y el más alto índice de pobreza urbana del país, donde se han dirigido el mayor número de migraciones de los últimos 20 años y dónde hay las más serias carencias de servicios básicos.

Aguas de Illimani, tenía un compromiso de incrementar anualmente el número de conexiones de la población sin servicios, que no cumplió. En el año 2004 hubo cero conexiones nuevas. Y al igual que en el modelo argentino tenía un contrato reservado que le aseguraba una ganancia piso (en este caso 12% anual) y por lo tanto la autorizaba a incrementar las tarifas cuando podía argumentar que sus operaciones normales no garantizaban el objetivo. Igualmente gozaba de la cláusula de indexación del dólar. Durante las movilizaciones que derribaron al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se manifestó claramente el malestar que existía contra la empresa del agua de El Alto. El tema ha reaparecido este año, en contra del presidente Mesa, que se ha resistido a rever el contrato. Ni siquiera ha sido capaz de hacer valer las acciones que el Estado, la municipalidad e inversionistas bolivianos mantienen en la empresa de agua de El Alto, en la que formalmente cuentan con la mayoría y podrían
cambiar la política.

El conflicto, por lo tanto, no ha encontrado solución y a estas alturas ha llegado a un punto irreconciliable, con la población reclamando el retiro de Suez y una nueva administración compartida y la trasnacional negándose a dar marcha atrás enfrentada a los más pobres de Bolivia.

Podrían caber algunas lecciones de la experiencia boliviana: (a) no cambies deuda pagada por privatización, puedes terminar pagando el doble; (b) no te enfrentes a tu propio pueblo en defensa de las trasnacionales de servicios, la gente es más resistente de lo que piensas; (c) no trates de engañar con mecanismos de propiedad compartida, cuando se está entregando todo el control a los extranjeros, porque siempre se descubre que los socios menores están al servicio del más grande; (d) no hay nada de inevitable o irreversible en la privatización, los bolivianos la han evitado y revertido dos veces.

Perú, Pacasmayo: Primer experimento de privatización de agua en el Perú. La empresa municipal de la provincia, con 7 mil conexiones fue entregada en concesión a la empresa alemana Nor Wasser, con un compromiso de inversión de un millón de dólares, que anunciaba regularizar el servicio y elevar las horas de agua de cuatro a ocho y conectar a la población de las zonas periféricas que no tenían acceso al recurso. Un año después el contrato quedó rescindido. La empresa no invirtió un solo centavo. El tiempo de servicio bajó a dos horas. No hubieron nuevas conexiones. Se descubrieron manejos corruptos entre el anterior alcalde y la concesionaria alemana.

Perú, Tumbes: para el presente año, el gobierno de Toledo se ha comprometido con el Banco Mundial y el BID en comenzar el proceso de privatización de las empresas del agua. Se ha calculado empezar desde el norte, considerando que habrá una menor resistencia.

Además se ha elegido el caso de la empresa de Tumbes, EMFAPATUMBES, por reunir varias características que favorecerían la decisión: (a) es una empresa con muy mal servicio, con muy pocas horas de atención (6 al día) y con un 16% de población no servida; (b) es una empresa endeudada que genera pérdidas continuas y no tiene cómo resolver sus pasivos, por lo que está en un círculo vicioso; (c) es una empresa que ha tenido un manejo municipal muy politizado; (d) es una empresa relativamente pequeña (31 mil conexiones) que requiere un menor volumen de inversión que otras.

Proinversión, que es la agencia estatal de promoción de inversiones, ha elaborado un plan de privatización de la empresa, que plantea la obtención de una donación y crédito especial del Banco de Alemania KFW y una donación de este mismo origen, así como un compromiso estatal de subsidiar a la concesionaria privada.

El propósito es amortiguar las alzas de tarifas en la primera etapa y facilitar las medidas de racionalización (recortes de personal) Obviamente se pretende hacer atractiva la transferencia y al mismo tiempo lograr presentarla como un contra-modelo respecto a otras experiencias, por ejemplo las de Bolivia y Argentina.

Esta será la privatización que sí funciona, con plata encima, que favorecerá a toda una ciudad y extenderá el agua a los que carecen de ellas. Esto es por lo menos lo que se dice.

Para apreciar en su crudeza la lógica de la privatización conviene escuchar algunos diálogos sobre el caso Tumbes:

"Sólo nos van a regalar la plata si hay un operador especializado".....o sea un operador privado" (Jorge Villacorta, Viceministro de Vivienda)

"Necesitamos agua para una cadena de hoteles" (Ricardo Florez, alcalde de Tumbes)
"No se puede hacer efectivo la donación de KFW, sino privatizamos" (Jorge Vidalón, Proinversión)
Perú, Lima: La empresa estatal, no municipal, llamada Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), existe como sociedad anónima, es decir regida por derecho privado, bajo propiedad y administración del Estado, desde noviembre de 1998. Sirve a 43 de los 49 distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Los 6 restantes son atendidos parcialmente por la misma empresa o por administración municipal. Su cobertura es cercana al 90% de la población capitalina, con un número de conexiones de casi 2 millones y alrededor de 7 millones de usuarios. Una parte de la población limeña, entre 800 mil y un millón de personas carecen de servicios de agua, y en su mayoría se encuentran ubicados en zonas de ocupación reciente de la ciudad y en lugares de difícil acceso (partes altas de los cerros, quebradas, desiertos)
Por su magnitud, Sedapal es un negocio apetecible. En la década del 90, el gobierno de Fujimori preparó a la empresa de agua de Lima y a las de provincias para su venta o concesión, a través de una legislación que las adaptaba a un régimen de administración diferente (Sedapal como empresa de derecho privado y el resto como unidades municipales). Se formaron las CEPRI respectivas y se empezó a buscar compradores para el gigante de Lima, mientras se dejaba a los alcaldes saber qué hacer con las empresas a su cargo, muchas de ellas en estado caótico por falta de recursos de funcionamiento y diversos grados de ineficiencia.
El gobierno de Fujimori dispuso específicamente que las prestadoras municipales de servicios eran privatizables. Aunque ese era un problema de los alcaldes y sus consejos municipales.
En el discurso del CADE 1998, sin embargo, Fujimori sorprendió a medio mundo cuando se quejó amargamente de haber sido engañado por las empresas privatizadas que no había bajado sus tarifas sino que las habían incrementado sustancialmente. Pensando probablemente en la re-reelección y lo que podría costarle la subida del agua y mayores aumentos en petróleo y electricidad, anunció que no se privatizaría ni Sedapal, ni la refinería de Talara ni la Hidroeléctrica del Mantaro.
En la campaña electoral del 2001, Alejandro Toledo hizo exactamente los mismos anuncios. Y ante la población de Lima, de Talara y de todo el país asumió solemnes compromisos. Pero según se supo luego, hizo promesas igualmente solemnes ante el Banco Mundial y las posibles compradoras –como la Suez de Francia-, de que sí privatizaría. Los presupuestos de los dos primeros años indicaban montos por privatización que el señor Kuczynski estimaba desde su escritorio, mientras Toledo seguía maniobrando con declaraciones a las regiones y a los sectores laborales afectados. Los dilemas del gobierno sobre el asunto de la privatización han sido pues sumamente estresantes y están en la base de sus muchas frustraciones. En el 2002, fracasó la privatización de las eléctricas de Arequipa a favor de Tractebel después de una dura batalla, con dos estudiantes muertos, y el gobierno tuvo que retroceder en toda la línea privatizadora por varios años.
Pero, hoy está recuperando la iniciativa. Y, dada la debilidad extrema en que se encuentra, sólo queda concluir que estamos aquí ante el fenómeno exactamente inverso al de Fujimori. A Toledo ya no le importa lo que vayan a pensar de él, o hacer de él, por privatizar en sus días postreros. En definitiva su futuro político es inexistente. En cambio, para él, como para varios en este gobierno, el futuro se refiere a la consideración que puedan recibir del capital internacional y tal vez de que puedan volver a ser convocados como gestores económicos de próximos gobiernos. Hay además una clara conciencia que la oposición va a seguir apoyando la institucionalidad y continuidad democrática a "pesar de los errores de Toledo", lo que quiere decir que Toledo puede seguir cometiendo errores. La privatización del agua puede ser uno de ellos.
Toledo ya sacó al presidente de Petroperú a pesar de una gestión positiva. Así que ya no hay como esconder las vergüenzas.
Perú 2005: El director del diario "Correo", el conductor del programa "La Hora N", la conductora del programa "Prensa Libre", el diario "Expreso", el diario "El Comercio" y otros, han puesto en nuestra conciencia un argumento que parece lapidario: no habrá solución para los limeños sin agua y los peruanos que no tienen este servicio, si no se privatizan Sedapal y todas las empresas de provincias. Defender la empresa pública es ponerse en contra de los más pobres, egoísmo puro y duro.
Evidentemente es una novedad que todo este conglomerado aparezca encarnando el altruismo y la preocupación por los pobres, cuando toda su trayectoria está vinculada a la promoción de intereses privados, a heroicas batallas para que las transnacionales no paguen impuestos y que se los trasladen a los consumidores, a generosos combates contra los derechos de los jubilados y los trabajadores, etc.
Si la teoría liberal dice que uno tiene lo que puede tener y si no puede que se vaya a llorar al río, de dónde podemos pensar que ha salido este neo populismo. ¿No será que están usando a los pobres como coartada para que puedan entrar las transnacionales del agua como lo hicieron en países vecinos?
Pero frente a su argumentación de fondo, lo que se debe hacer para solucionar las demandas de los limeños y peruanos sin agua, queremos presentar simplemente algunas propuestas:
(a) El problema ante el que estamos es ante todo de cantidad de agua, no de propiedad o administración. Lima tiene agua insuficiente para atender a las conexiones existentes y por cierto tendría mucho mayor dificultad para abastecer a los que están desconectados así se tendieran los tubos para llegar a ellos. Por tanto es ineludible la captación de fuentes nuevas, a lo que apunta el proyecto Marca 2, de trasvase de aguas de la vertiente oriental, que tenía el crédito aprobado para su financiación, que el rey del endeudamiento, el señor Kuczynski, no quiso ejecutar porque no quería que se fortaleciese la posición de Sedapal. Es evidente que cualquiera fuera el dueño o administrador de la empresa de Lima, dependerá de lo que se haga para aumentar los flujos de agua hacia sus plantas, es decir lo que se está proponiendo es privatizar la escasez. Y uno puede sospechar legítimamente que el ministerio de economía dará paso al crédito cuando hayan forzado el traspaso a una operadora
extranjera.
(b) El segundo problema es de recursos, que supuestamente el Estado no posee y los privados sí. Lo que en buena cuenta implica decir que Sedapal ha podido dar agua a 7 millones, pero no puede hacerlo para un millón más. Esto es una falacia, salvo que partamos de explicar las cosas como un cambio radical de las prioridades del Estado. Sedapal es una enorme empresa, con una facturación mensual de cientos de millones de soles, con capacidad de endeudamiento y repago de sus créditos, que ejecuta miles de obras civiles cada año, pero que depende de un sistema institucional y de las directrices de gobiernos que están en una orientación privatizadora. Por eso se han priorizado unos gastos sobre otros (ensanchamiento de cañerías en barrios residenciales, servicios para los nuevos edificios, colocación de medidores en zonas populares, antes que nuevas conexiones en áreas periféricas). En esto además ha estado la mano del BID y el Banco Mundial diciendo en qué se debe gastar. Cientos d
e millones de dólares se han ido en estudios para demostrar la "necesidad de privatizar", cuyo mayor efecto ha sido ganarse para esta perspectiva a los investigadores y difusores generando una opinión privatista. Una cantidad bastante más elevada se ha ido además a financiar la "racionalización" (despidos y tercerización) para poner la empresa a punto de concesión. O sea dinero ha habido y hay. Todo depende de cómo lo emplean.
(c) Si se habla de fondos públicos para responder a necesidades públicas, tampoco es verdad el supuesto indiscutible de que el Estado no tiene plata. Entonces: ¿por qué el anuncio de Properú? Nuestra propuesta es que no tiene sentido querer ayudar a los pobres urbanos si un millón de ellos carecen de agua, el producto más elemental para vivir. Por tanto los fondos del programa deben ser destinados a dotar de agua a estas familias, ninguna cosa puede ser más urgente.
(d) Lo que no puede aceptarse es que se derive de la tesis: el Estado no ha dado (o no ha querido dar) cobertura a los limeños y peruanos sin agua, y como no tiene plata (aunque eso pueda ser una excusa); que la solución la vaya a dar la inversión privada, porque es "mas eficiente" y "tiene más plata". Eso no ha sido probado por ninguna experiencia de privatización. Al contrario, al quitarle al Estado la responsabilidad de cubrir la necesidad de los sin agua (que es una responsabilidad política), ya no habrá nadie que esté obligado a hacerlo. Una empresa privada que administra un servicio sólo tiene compromiso con sus clientes. Y de acuerdo a su conveniencia buscará nuevos clientes. No hay como obligarla. Su eficiencia se mide en cantidad y calidad del servicio, y su éxito en los ingresos que produce. Y eso de que tienen inagotable plata es una ilusión óptica, porque como se ha visto la misma empresa está de operadora en decenas de países, en cada uno de los cuales hay neces
idades de miles de millones de dólares, y nadie tiene la plata para hacer ese gasto. Bueno, alguien la tiene, los propios usuarios a través del pago de sus facturas, con las que se hace la caja para las obras en los siguientes años. El problema de la gente si agua es muy serio. Lo que no es serio es engañarlas con falsas soluciones.
(e) La administración de Sedapal y las empresas de agua no tiene por qué seguir el modelo actual. El manejo del agua potable y la necesidad pública de que todos tengan agua, en las cantidades suficientes y con la calidad adecuada, es una responsabilidad que trasciende los gobiernos, los municipios y los partidos que ejercen temporalmente el poder. Por tanto en vez de privatización se requiere tecnificación y democratización de las entidades prestadoras de servicio de agua. Tecnificación, en el sentido de gestiones que respondan ante la nación y las regiones, por la política de agua. Democratización, en tanto debe haber participación y fiscalización de las decisiones. Esto existe en otros países. Depende de la forma como se nombran los directorios, de su composición, de los mecanismos de control. Pero la principal condición es una gestión para el desarrollo de las empresas y no para su venta, como las que ha habido durante quince años y que causa una desorientación en el manej
o y un espacio para la corrupción que se esconde en el "cambio de régimen". Si se trata de impulsar una gestión sensible a las necesidades de la gente y no cerrada sobre sí misma como la actual, el camino es aproximar la empresa a la gente, para que los burócratas perciban a quién se deben. En cambio la privatización aleja aún más la administración de los usuarios, invistiéndoles del poder la transnacional, lo extranjero, el dinero que no tenemos, la impenetrabilidad de lo privado, etc. Y, paradójicamente, muchas veces son los mismos burócratas y tecnócratas estatales insensibles, los que terminan de burócratas y tecnócratas privados, igualmente insensibles.
(f) En un proyecto de reforma de la empresa pública no debe estar excluida la participación privada en diversos aspectos de la gestión, para fortalecer la gestión y tecnificarla. Esto se puede lograr a través de modalidades de asociación que atiendan zonas no cubiertas. Es el caso de lo que ocurre en el valle Chillón de Lima, con la sociedad establecida por Sedapal con una empresa italiana para ampliar la captación de agua para el norte de Lima. Pero a nadie se le puede ocurrir, que para hacer este compromiso haya que entregar todo Sedapal a los inversionistas asociados.
(g) A la tesis de que habría algún gran inversionista privado (trasnacional) dispuesto a hacerse cargo de la extensión de la red hacia los sectores no abastecidos en forma inmediata y resolver por su cuenta las necesidades de la población no atendida, habría que decir que nadie podría, en principio, oponerse a ello. Significaría que Sedapal haga un contrato especial de asociación y que los operadores hagan las inversiones y se encarguen de facturar a sus usuarios. Incluso podría ser una gestión compartida, para subsidiar los primeros años con un promedio de la tarifa general de la empresa, es decir compartiendo el costo. Obviamente que lo que estamos suponiendo es que esto no va a ser tan fácil y que lo que interesa a los privatizadores no es el hueso de los más pobres sino la carne de los que ya están pagando, entre los cuales también han muchísimos pobres, que consiguieron el agua luchando contra la indolencia de muchos gobiernos, lo que nunca hay que olvidar.

Requerimos ciertamente una gestión nueva y democrática del agua. Pero es falso que eso se logra por el camino de la privatización. Nada de lo que ha ocurrido en el mundo y en el Perú, acredita que la privatización sea ganancia de alguien más que las empresas privatizadoras.