Declarados absueltos del cargo de terrorismo internacional: un fallo histórico emitido por la valiente jueza italiana Clementina Forleo, Giudice di Udienza Preliminare (Jueza del Tribunal de Primera Instancia) que no debe pasar desapercibido.

Así es como terminó, el 24 de enero en Milán, el proceso contra tres de los cinco musulmanes norafricanos arrestados en 2003 bajo el cargo de ser parte de una célula terrorista ligada a Al Quaeda. Sólo fueron declarados culpables de inmigración ilegal y posesión de documentos falsos. Los argumentos de esta sentencia no han sido todavía dados a conocer. El proceso contra los otros dos acusados, sospechosos de formar parte de la misma organización, fue enviado al tribunal de Brescia, porque la jueza consideró que no era competencia de la Corte de Milán sino de la de Brescia. Mientras tanto, la magistrada revocó la orden de prisión preventiva contra estos dos acusados. Las razones dadas en esta orden son de naturaleza histórica. Ésta es una sentencia extremadamente importante que enfureció al gobierno italiano y a los partidos de derecha, y que provocó ataques de una furia sin precedentes contra la jueza por parte, entre otros, de los ministros de Justicia y del Interior. La subversiva sentencia, en el caso de los dos últimos acusados, fue posterior -el 1º de febrero-, y fue emitida por Roberto Spanó, Giudice di Indagini Preliminari (Juez de Instrucción) de Brescia. Vale la pena comentar todo el episodio, porque abre el debate sobre la naturaleza del terrorismo y la guerra de guerrillas y sobre el futuro del sistema legal en Europa.
De acuerdo con la magistrada de Milán, Clementina Forleo, aun si estuviera probado que había contactos entre los acusados y un grupo paramilitar, de todos modos se podría decir, a lo sumo, que son simpatizantes de la guerra de guerrillas en Irak y Afganistán, pero eso no significa que sean terroristas, porque hay una enorme diferencia entre las acciones guerrilleras y el terrorismo. De acuerdo con las declaraciones de la magistrada, a lo sumo ellos formaban parte de una organización que financiaba y reclutaba voluntarios dispuestos a ir a Irak a luchar contra la ocupación de Estados Unidos, pero no hay nada que sugiera que tuvieran intenciones de organizar actos terroristas, menos aún fuera de Irak y Afganistán. Según la magistrada, la guerra de guerrillas es una cosa y el terrorismo internacional otra, completamente distinta. En sus palabras "alguien que comete ataques en el contexto de un conflicto armado, si no involucra a civiles, no es terrorista". Ésta es una distinción fundamental que hasta ahora no había sido definida adecuadamente en ninguna corte europea. De acuerdo con la jueza Forleo, "la noción de terrorismo diverge de la de subversión, y como tal, no está definida de una manera normativa".
Ella invoca a la Convención Global sobre Terrorismo de la Naciones Unidas de 1999 para afirmar: "la actividad guerrillera o la violencia que tiene lugar en el contexto de un conflicto armado, aun cuando esté llevada a cabo por fuerzas armadas no institucionales, no puede ser perseguida, ni siquiera a nivel de la ley internacional, a menos que se violen leyes humanitarias internacionales". De acuerdo con sus declaraciones, sancionar un acto guerrillero durante un conflicto "podría, inevitablemente, conducir a una injustificable toma de posición en apoyo de una de las fuerzas en conflicto". También sostiene que para abrir un juicio penal sobre una reacción violenta contra una fuerza de ocupación, ese hecho debe ser evaluado y juzgado en el contexto del uso general de "instrumentos de un potencial destructivo extremadamente elevado". En sus palabras, "es bien sabido que en el conflicto bélico en cuestión, todas las partes han usado instrumentos con un potencial altamente destructivo". En otras palabras: en un país en guerra, con decenas de víctimas cada día, ¿por qué sólo se juzgan las actividades de la resistencia o de algunos grupos fundamentalistas islámicos? Esto significa, de acuerdo con la magistrada, que es muy difícil distinguir entre barbarie y civilización en este contexto de guerra y que, en cualquier caso no es competencia de la justicia italiana. Es evidente que ella intenta diferenciar entre los distintos grupos que luchan en Irak, y otros que llaman terrorista a cualquiera que resista la ocupación de las tropas estadounidenses.
La magistrada reconoce que las actividades de los acusados apuntaban a "el apoyo de las estructuras del entrenamiento paramilitar, presumiblemente en el norte de Irak", pero "no se comprobó "una programación concreta de objetivos que trascendieran las actividades guerrilleras". La magistrada también basó su sentencia en otra consideración importante: aun si se admite que los inculpados formaban parte de una organización, "no hay antecedentes penales relevantes de que esos grupos, aun compartiendo la misma posición ideológica, hayan sido probadamente responsables de ataques de naturaleza terrorista"; y en un tribunal, no es suficiente demostrar lo contrario usando datos de servicios de inteligencia, que pueden ser útiles a la policía, pero que en un proceso judicial tienen que ser considerados como "evidencias inútiles, por carecer de todo sustento merecedor de aceptabilidad procesal y sin confirmación inmediata mediante evidencias procesales aceptables". En otras palabras, los datos proporcionados por "fuentes de inteligencia" no especificadas, las "certezas informativas o investigativas", son inaceptables en los tribunales. No se puede condenar sobre la base de "organizaciones de inteligencia estadounidenses", o de "datos provistos por el BKA (Servicio de Inteligencia Alemán, por sus siglas en inglés).
Creo que ésta es la primera vez que se da un fallo semejante en Occidente.
Esta sentencia incumbe a toda la gente de izquierda y obliga a meditar profundamente sobre la resistencia en Irak. Debemos reconocer que hay un inalienable derecho a resistir una ocupación extranjera, reconocido por el derecho internacional. Debe hacerse una distinción entre la resistencia armada legítima, que tiene como blanco a las fuerzas de ocupación y las fuerzas armadas títeres iraquíes, de los coches bomba que matan indiscriminadamente a civiles y que son recurso de algunos grupos , claramente, terroristas. El que estos últimos sean actos terroristas no debe cegarnos respecto de un hecho: los que luchan en Fallujah, Najaf, Nassiriyah, contra las fuerzas de ocupación, son genuinos luchadores de la resistencia, y necesitan toda la asistencia moral y material que sea posible brindarles.
Volviendo a la sentencia y sus consecuencias posteriores, por un lado muestra que aún existe en Italia independencia del poder judicial, a pesar de tres años de ataques del gobierno de Berlusconi. Por otro lado, la derecha italiana usó la sentencia de Milán para atacar precisamente esta independencia que no puede tolerar. A continuación cito algunas reacciones de ministros del gobierno y políticos de la derecha. "Enojo e incredulidad", de Gianfranco Fini, ex fascista y actual Ministro de Relaciones Exteriores; de acuerdo con sus declaraciones, la magistrada no distingue entre "víctimas y perpetradores". El Ministro Calderoli, de la Liga del Norte, dijo que tenía el estómago revuelto y que invitaba a la magistrada a mirar videos de las decapitaciones. Dijo que "la sentencia ha legitimado al terrorismo haciéndolo pasar por guerra de guerrillas", y añadió "es evidente que algo no está bien, o la ley está mal o los jueces están mal". El Ministro de Comunicaciones, Maurizio Gasparri, también ex fascista, pidió al Consejo Superior de la Magistratura, cuerpo gubernamental a cargo de las cuestiones constitucionales, que "castigara a los jueces culpables". Para otro miembro de la Liga del Norte, el vicepresidente de su grupo parlamentario, Federico Bricolo, sólo es posible referirse al fallo de Milán con una vulgaridad. Y agregó: "los terroristas islámicos en Italia seguramente nombrarán a esta jueza como su protectora".
Pero la peor reacción, y la más reveladora, es la del Ministro de Justicia, Roberto Castelli, también de la Liga del Norte. Anunció que estaba pidiendo una interpelación y dijo: "Instruí a mis inspectores para que evalúen si fue ignorancia o si ha habido una grave distorsión de los hechos". A continuación, dijo que en el último año ha habido demasiadas sentencias que perturbaron a la opinión pública. Su afirmación más dañina fue: "para mí es una cuestión de carácter cultural: cuando hay demasiadas sentencias que perturban a la opinión pública significa que hay muchos magistrados que se distanciaron de los sentimientos comunes a la gente".
Ésta es una declaración muy grave para un Ministro de Justicia de una democracia europea. Él, mejor que nadie, debería saber que los jueces no deben seguir los dictados de la opinión pública, que puede ser manejada por la propaganda de la prensa que suele desconocer los detalles de un caso.
Obviamente esta declaración del Ministro influyó en el desarrollo posterior de la historia.
Como se mencionó, en el caso de los dos acusados enviados a juicio a Brescia, el Juez de Instrucción de Brescia disintió con su colega de Milán, para deleite de la derecha italiana. El razonamiento de este juez es peligroso porque sigue las declaraciones del Ministro. Este juez reinstala la detención preventiva para los dos acusados de terrorismo internacional.
Usa un procedimiento argumental para revocar la orden de la jueza Forleo. En su opinión, la magistrada violentó el procedimiento legal porque en el momento en que se declaró incompetente para juzgar a los dos acusados, enviando el caso a Brescia, debió también suspender la sentencia concerniente a su detención. Y no satisfecho con lo anterior el juez de Brescia dijo que las motivaciones de la magistrada Forleo fueron "confusas y dependientes de su opinión personal". Sin embargo, el juez Spañó expone, a continuación, su propia opinión personal. Argumenta que "las leyes son la expresión de los sentimientos comunes de una comunidad, enraizados en un momento histórico y en un contexto geográfico. En vistas de los sentimientos comunes de la comunidad política que aprobó el artículo 270 bis (sobre terrorismo internacional) debe aceptarse que acciones realizadas usando ataques kamikazes por promotores de la ideología extremista islámica contra unidades militares desplegadas en Asia, entre las cuales hay un contingente italiano, no pueden ser consideradas como acciones guerrilleras legítimas y justificadas, sino que deben ser definidas como actos de terrorismo".
Los jueces independientes no pueden someter la ley a presiones del gobierno en el poder o la opinión pública. Los cuerpos legislativos hacen las leyes y es el deber del poder judicial aplicarlas sin miedo a la opinión pública y sin presiones del gobierno. Si los jueces tuvieran que ceder a la opinión pública o a los sentimientos comunes descenderíamos a un estado sin leyes, al linchamiento, o a una jungla legal donde la turba cuelga o ejecuta al culpable y al inocente sin un justo proceso. Esta apelación al "sentimiento común" que hacen un Ministro y un juez es extremadamente peligrosa, porque abre el camino a la ley Lynch. En el contexto presente significa que cualquiera es culpable de terrorismo internacional por el simple hecho de ser musulmán y, de acuerdo al "sentimiento común", es considerado terrorista. El moderno sistema legal fue desarrollado precisamente para evitar que la turba tome la ley en sus propias manos.
A propósito del "sentimiento común", una vasta mayoría de italianos y europeos está contra la guerra en Irak pero el gobierno en el poder ha ignorado por completo este sentimiento. Parece que los "sentimientos comunes" son considerados sólo cuando sirven al partido de la guerra.
Otro aspecto del moderno sistema legal es que protege al pueblo de las posibles arbitrariedades del poder ejecutivo. Ceder ante la presión política del gobierno niega la verdadera esencia de los estados democráticos modernos. En los últimos siglos, Europa y los Estados Unidos han desarrollado mecanismos para protegerse de esos dos peligros, la justicia a merced del poder ejecutivo y la justicia que cede a las presiones populares.
Se han desarrollado mecanismos para controlar al poder ejecutivo y para proteger los derechos de la población y evitar que sean usurpados. Éstas son precisamente las conquistas de la democracia en Occidente que nosotros, en los países en vías de desarrollo, envidiamos y anhelamos y estas son, precisamente, las que peligran en los propios países donde se originaron.
Estos aspectos de la democracia peligran no sólo en los Estados Unidos, que se está convirtiendo rápidamente en un Estado fascista, sino también en Europa. Las reacciones del ala derecha del gobierno italiano son alarmantes en este contexto, así como la situación en el Reino Unido, donde el nuevo Ministro del Interior, Charles Clark, está tratando de darle la vuelta la ley aprobada por la Cámara Alta, diciendo que la detención sin el debido proceso, tal como fue practicada por su predecesor, David Blunkett, es ilegal, proponiendo en cambio arresto domiciliario, brazaletes electrónicos, la prohibición del uso del teléfono, Internet, etc., Otra vez, sin el debido proceso y sólo a criterio del Ejecutivo. Este es un camino resbaladizo. Por fortuna, tanto en Italia como en el Reino Unido hay movimientos fuertes que se oponen; esperamos que las voces cuerdas prevalezcan.
En lo que respecta a Italia, la Asociación Nacional de Magistrados, diversos colegas y organizaciones han unido sus voces en defensa de la magistrada Forleo.. Una fuerte defensa de su independencia provino de la Vicepresidencia del Consejo Superior de Magistrados. Es muy significativo que el presidente estatutario del Consejo Superior sea el señor Ciampi, el Presidente de la República de Italia y es por eso, en opinión de muchos, que las afirmaciones del vicepresidente reflejen el pensamiento de Ciampi. El señor Ciampi ha luchado durante los dos últimos años para salvar la independencia del poder judicial de los ataques del gobierno de Berlusconi.
Este episodio debe ser visto no sólo como el intento por distinguir entre terrorismo y guerra de guerrillas en el contexto internacional, sino también dentro del marco nacional italiano de ataque a la independencia del poder judicial. En este contexto, el embarazoso silencio de la izquierda es significativo. Sólo unas pocas voces de la oposición han hablado para defender a la magistrada milanesa. La izquierda teme hablar claramente para no ofender a la opinión pública, especialmente en un momento en que fuerzas italianas se encuentran en Irak. En mi opinión, ésta es una posición cobarde. La izquierda tiene que decir con claridad que esta guerra es ilegal y que las tropas italianas deben ser retiradas de inmediato de Irak. Debe tener el valor de decir que aquellos que luchan contra las fuerzas de ocupación en Irak, sean éstas fuerzas estadounidenses o italianas, son luchadores de la resistencia, guerrilleros; deben decirlo y no escudarse detrás de un falso patriotismo.