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"Compromiso" de militares de "colaborar" en tema "desaparecidos" un "hito" hacia la paz interna
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El presidente Tabaré Vázquez aseguró que las Fuerzas Armadas entablaron un "compromiso" con el gobierno para "colaborar" en la búsqueda de restos de desaparecidos durante la dictadura. En rueda de prensa, el jefe de Estado dijo ayer miércoles que encontró "muy buena receptividad" a los planteos que formuló sobre el tema durante una reunión que mantuvo el lunes 2 con el comandante en jefe del Ejército, teniente general Ángel Bertolotti, y con los generales de la fuerza de tierra.
En el encuentro, que se desarrolló en la sede del Comando del Ejército, también participó el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, principal operador del gobierno en asuntos militares. Minutos después de finalizada la reunión, el presidente se manifestó "satisfecho" en declaraciones que formuló a periodistas, y si bien indicó que su visita tuvo carácter "protocolar", admitió que la cuestión de los desaparecidos había sido objeto de conversación. Ayer miércoles, en tanto, Vázquez afirmó: "Hay un ánimo firme no sólo de parte del gobierno, sino de parte de la institución Fuerzas Armadas, de terminar con este problema. (...) Hay un compromiso, y así quedamos, de las Fuerzas Armadas de colaborar en esta búsqueda".
UN "HITO" HACIA LA PAZ INTERNA En medio de los augurios de triunfo electoral de la izquierda, mucha gente se preguntaba el año pasado qué ocurriría en caso de un enfrentamiento entre un gobierno del EP-FA y los militares en torno al tema de los desaparecidos.
La respuesta se tuvo cuando el presidente Vázquez concurrió el lunes al Comando General del Ejército a reunirse con todos los generales. Simplemente no hay enfrentamiento. Al contrario, el Ejército, que ya había dado su acuerdo al ingreso de técnicos gubernamentales a instalaciones militares para buscar indicios de restos de desaparecidos, formalizó una actitud de mayor alcance, impensable hasta hace poco tiempo.
Se comprometió a investigaciones internas sobre el destino corrido por los detenidos desaparecidos y a entregar la información resultante al gobierno.
Este curso había sido sugerido días atrás al comandante en jefe, teniente general Ángel Bertolotti, por el general Manuel Saavedra en nombre de un grupo de generales, pero se formalizó recién en el encuentro con Vázquez. La situación creada por la forma civilizada en que se procesan las relaciones entre el primer gobierno de izquierda del país y sus Fuerzas Armadas tiene efectos que son -y deberán ser en el futuro- altamente positivos. La actitud militar refleja la firme estabilidad de nuestro renacido sistema democrático, con un Ejército subordinado a la autoridad civil y consciente del aporte que le corresponde realizar para restañar antiguas heridas, abiertas durante la lucha contra la insurrección tupamara y que todavía hoy dividen a la sociedad uruguaya.
La disposición militar a colaborar con el esclarecimiento de lo ocurrido con los desaparecidos, que contrasta con la cerrada renuencia de años atrás, es una contribución contundente a la pacificación nacional, meta que obstaculizan quienes persisten en crispadas actitudes confrontativas. Así se advirtió el 1° de mayo en el cuestionamiento formal a la Ley de Caducidad en la proclama del PIT-CNT leída por la dirigente sindical Adriana Marquisio, pese a que el gobierno se ha comprometido a cumplir esa norma aprobada por el Parlamento y confirmada en un plebiscito popular.
La cooperación acordada por el Ejército complementará el trabajo valioso de la Comisión para la Paz bajo el gobierno anterior para dar la justificada respuesta humanitaria a los reclamos de familiares y amigos de los desaparecidos. Pero también será un factor decisivo para desactivar la agitación que promueven algunos sectores, más empeñados en la venganza, el revanchismo y la agitación politizada que en la búsqueda de la paz y la conciliación que quiere la enorme mayoría de los uruguayos. La reunión de Vázquez con los generales marcó un hito en el camino hacia la madurez democrática. Es ahora responsabilidad del gobierno evitar que sectores radicalizados de su propia fuerza política sigan tratando de poner piedras y crear baches en ese mismo camino.