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Latinoam�rica

Crisis por el agua: protestas y propuestas Montevideo

Comcosur al d�a

La decisi�n gubernamental de mantener la concesi�n de las empresas espa�olas Aguas de la Costa y Uragua, y de estatizar los servicios que en la actualidad brindan Aguas Corrientes El Pinar y una decena de peque�as cooperativas que operan en la zona de la costa de los departamentos de Canelones y Maldonado, gener� fisuras e interpretaciones divergentes en el seno del PIT-CNT y del Frente Amplio, las principales organizaciones que -junto con un sector del Partido Nacional- promovieron en octubre pasado una reforma constitucional que determin� el pasaje a manos del Estado de todos los servicios de agua y saneamiento.
El pasado viernes 20, el presidente de la Rep�blica, Tabar� V�zquez, actuando en Consejo de Ministros, aprob� un decreto interpretando la reforma constitucional del agua del pasado 31 de octubre, que dispone que s�lo podr�n continuar a cargo de los servicios de agua y saneamiento aquellos operadores que tengan un contrato vigente con el Estado. Seg�n explic� al semanario B�SQUEDA el vicepresidente de Obras Sanitarias del Estado (OSE) Fernando Nopitsch, eso significa que caer�n todas las concesiones, excepto las de las extranjeras Uragua y Aguas de la Costa, que brindan servicios en el departamento de Maldonado.
El presidente de OSE, Carlos Colacce explic� a radio EL ESPECTADOR que seg�n el gobierno, la reforma no tiene efecto retroactivo, por lo que "todas las concesiones que estaban vigentes al 31 de octubre seguir�an vigentes, siempre y cuando no tengan problemas contractuales, lo cu�l es harina de otro costal". F�lix Leborgne, el director de Aguas Corrientes El Pinar, una de las peque�as empresas que no tiene contrato con el Estado, dijo a B�SQUEDA que la decisi�n oficial le caus� "sorpresa" y se quej� de que "mientras las empresas extranjeras se quedan, se tienen que ir las empresas nacionales".
Pero tanto la Comisi�n de Defensa del Agua y la Vida como la central sindical, el PIT-CNT, han manifestado su malestar por la decisi�n del gobierno y discrepan en la interpretaci�n que �ste hace de la reforma constitucional aprobada en plebiscito junto con las elecciones nacionales por casi el 65% de los votantes. En su reuni�n del pasado lunes 23, la Mesa Representativa del PIT-CNT decidi� reiterar su exigencia de que cesen todas las concesiones de servicios de agua y saneamiento, tal como lo estableci� el texto de la reforma aprobada.
En el d�a de hoy, el sindicato de OSE (FFOSE) y la Comisi�n de Defensa del Agua y de la Vida anunciar�n un plan de acci�n hasta setiembre. Ambas organizaciones, al igual que la central sindical, iniciaron consultas jur�dicas para, eventualmente, interponer un recurso de "inconstitucionalidad" frente al decreto presidencial. La Comisi�n Nacional en Defensa del Agua y la Vida tambi�n solicitar� una entrevista con el presidente Tabar� V�zquez para plantearle sus inquietudes. Uragua cesar� sus actividades en el pa�s de todas maneras, ya que tanto la empresa como el Estado est�n interesados en rescindir el v�nculo contractual, si bien ambas partes discuten la forma de hacerlo.
Para el gobierno, los reiterados incumplimientos de la empresa espa�ola en materia de inversiones, calidad del servicio, y pago de c�nones, han hecho caer el contrato. Uragua, en cambio, afirma que obr� de acuerdo a derecho y exige una indemnizaci�n para retirarse del pa�s. La vicepresidenta de la Federaci�n de Funcionarios de OSE (Ffose), Adriana Marquisio, explic� al diario ULTIMAS NOTICIAS que "El decreto de alguna manera mantiene los contratos de las dos multinacionales (si bien en el caso de Uragua ser� rescindido por incumplimiento), cuando el texto de la reforma dice que la pol�tica de agua y saneamiento tiene que quedar en manos de los ciudadanos uruguayos".
Consultada su opini�n sobre el decreto presidencial, el secretario general del PIT-CNT, Juan Castillo, dijo al diario EL OBSERVADOR que "seguramente existen presiones sobre el gobierno", y que "puede que alg�n miembro del Poder Ejecutivo tenga compromisos asumidos que ahora debe cumplir, de otra forma no se explica el decreto". Castillo se estaba refiriendo a que el Banco Mundial tiene acciones en la empresa belga Suez Lyonaise des Eaux, propietaria de Aguas de la Costa; y suger�a que su continuidad en el pa�s podr�a deberse a una exigencia de esa organizaci�n financiera internacional.
Entrevistado esta ma�ana en el programa En Perspectiva de RADIO EL ESPECTADOR, el senador oficialista Enrique Rubio, propuso que el Estado compre la empresa Aguas de la Costa. "A veces tenemos una especie de pereza para imaginar situaciones distintas", dijo el parlamentario de la Vertiente Artiguista. Seg�n explic�, su intenci�n al lanzar esta idea es atender los reclamos sobre los servicios de Agua de la Costa y, adem�s, atenuar las apelaciones al reciente decreto emitido por el gobierno en este tema. Rubio dijo que uno de los factores favorables para que se concrete su propuesta es que esa firma no ha realizado grandes inversiones y que los retornos esperados, seg�n la informaci�n que maneja "no son cosa demasiado importante".

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