Latinoam�rica
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Crisis por el agua: protestas y propuestas Montevideo
Comcosur al d�a
La decisi�n gubernamental de mantener la concesi�n de las empresas espa�olas
Aguas de la Costa y Uragua, y de estatizar los servicios que en la actualidad
brindan Aguas Corrientes El Pinar y una decena de peque�as cooperativas que
operan en la zona de la costa de los departamentos de Canelones y Maldonado,
gener� fisuras e interpretaciones divergentes en el seno del PIT-CNT y del
Frente Amplio, las principales organizaciones que -junto con un sector del
Partido Nacional- promovieron en octubre pasado una reforma constitucional que
determin� el pasaje a manos del Estado de todos los servicios de agua y
saneamiento.
El pasado viernes 20, el presidente de la Rep�blica, Tabar� V�zquez, actuando en
Consejo de Ministros, aprob� un decreto interpretando la reforma constitucional
del agua del pasado 31 de octubre, que dispone que s�lo podr�n continuar a cargo
de los servicios de agua y saneamiento aquellos operadores que tengan un
contrato vigente con el Estado. Seg�n explic� al semanario B�SQUEDA el
vicepresidente de Obras Sanitarias del Estado (OSE) Fernando Nopitsch, eso
significa que caer�n todas las concesiones, excepto las de las extranjeras
Uragua y Aguas de la Costa, que brindan servicios en el departamento de
Maldonado.
El presidente de OSE, Carlos Colacce explic� a radio EL ESPECTADOR que seg�n el
gobierno, la reforma no tiene efecto retroactivo, por lo que "todas las
concesiones que estaban vigentes al 31 de octubre seguir�an vigentes, siempre y
cuando no tengan problemas contractuales, lo cu�l es harina de otro costal".
F�lix Leborgne, el director de Aguas Corrientes El Pinar, una de las peque�as
empresas que no tiene contrato con el Estado, dijo a B�SQUEDA que la decisi�n
oficial le caus� "sorpresa" y se quej� de que "mientras las empresas extranjeras
se quedan, se tienen que ir las empresas nacionales".
Pero tanto la Comisi�n de Defensa del Agua y la Vida como la central sindical,
el PIT-CNT, han manifestado su malestar por la decisi�n del gobierno y discrepan
en la interpretaci�n que �ste hace de la reforma constitucional aprobada en
plebiscito junto con las elecciones nacionales por casi el 65% de los votantes.
En su reuni�n del pasado lunes 23, la Mesa Representativa del PIT-CNT decidi�
reiterar su exigencia de que cesen todas las concesiones de servicios de agua y
saneamiento, tal como lo estableci� el texto de la reforma aprobada.
En el d�a de hoy, el sindicato de OSE (FFOSE) y la Comisi�n de Defensa del Agua
y de la Vida anunciar�n un plan de acci�n hasta setiembre. Ambas organizaciones,
al igual que la central sindical, iniciaron consultas jur�dicas para,
eventualmente, interponer un recurso de "inconstitucionalidad" frente al decreto
presidencial. La Comisi�n Nacional en Defensa del Agua y la Vida tambi�n
solicitar� una entrevista con el presidente Tabar� V�zquez para plantearle sus
inquietudes. Uragua cesar� sus actividades en el pa�s de todas maneras, ya que
tanto la empresa como el Estado est�n interesados en rescindir el v�nculo
contractual, si bien ambas partes discuten la forma de hacerlo.
Para el gobierno, los reiterados incumplimientos de la empresa espa�ola en
materia de inversiones, calidad del servicio, y pago de c�nones, han hecho caer
el contrato. Uragua, en cambio, afirma que obr� de acuerdo a derecho y exige una
indemnizaci�n para retirarse del pa�s. La vicepresidenta de la Federaci�n de
Funcionarios de OSE (Ffose), Adriana Marquisio, explic� al diario ULTIMAS
NOTICIAS que "El decreto de alguna manera mantiene los contratos de las dos
multinacionales (si bien en el caso de Uragua ser� rescindido por
incumplimiento), cuando el texto de la reforma dice que la pol�tica de agua y
saneamiento tiene que quedar en manos de los ciudadanos uruguayos".
Consultada su opini�n sobre el decreto presidencial, el secretario general del
PIT-CNT, Juan Castillo, dijo al diario EL OBSERVADOR que "seguramente existen
presiones sobre el gobierno", y que "puede que alg�n miembro del Poder Ejecutivo
tenga compromisos asumidos que ahora debe cumplir, de otra forma no se explica
el decreto". Castillo se estaba refiriendo a que el Banco Mundial tiene acciones
en la empresa belga Suez Lyonaise des Eaux, propietaria de Aguas de la Costa; y
suger�a que su continuidad en el pa�s podr�a deberse a una exigencia de esa
organizaci�n financiera internacional.
Entrevistado esta ma�ana en el programa En Perspectiva de RADIO EL ESPECTADOR,
el senador oficialista Enrique Rubio, propuso que el Estado compre la empresa
Aguas de la Costa. "A veces tenemos una especie de pereza para imaginar
situaciones distintas", dijo el parlamentario de la Vertiente Artiguista. Seg�n
explic�, su intenci�n al lanzar esta idea es atender los reclamos sobre los
servicios de Agua de la Costa y, adem�s, atenuar las apelaciones al reciente
decreto emitido por el gobierno en este tema. Rubio dijo que uno de los factores
favorables para que se concrete su propuesta es que esa firma no ha realizado
grandes inversiones y que los retornos esperados, seg�n la informaci�n que
maneja "no son cosa demasiado importante".