Fuera de la ley, al alcance del castigo
El caso de María Claudia García de Gelman

Los abogados del poeta argentino Juan Gelman presentarán la semana entrante un escrito ante el juez penal Gustavo Mirabal para que se active la investigación sobre la desaparición de María Claudia García de Gelman.

Brecha

El expediente sobre la joven argentina secuestrada en 1976, trasladada clandestinamente a Uruguay y asesinada después de haber dado a luz una niña en cautiverio –niña que fue entregada a un oficial de la Policía–, había sido archivado después de que el entonces presidente Jorge Batlle dictaminara que el caso estaba comprendido en la ley de caducidad.
En su momento se reclamó de Batlle que diera a conocer los fundamentos por los cuales ordenaba detener la investigación de esta desaparición, difícil de justificar como acto de servicio ordenado por los mandos militares. Por el contrario, el presidente Tabaré Vázquez anunció que consideraba ese caso, y el de Michelini-Gutiérrez Ruiz, fuera de la ley de caducidad. Esa afirmación presidencial, y los nuevos elementos surgidos en torno a la desaparición de María Claudia, impulsan el pedido de reactivación de la investigación.
Entre esos elementos no es menor el trascendido sobre las disputas originadas en el círculo de oficiales retirados miembros del antiguo Servicio de Información de Defensa (SID), que participaron en la operación Cóndor y están individualizados como los autores materiales de numerosos delitos de lesa humanidad.
Según una información difundida por El Observador (miércoles 18), el coronel Gilberto Vázquez le pidió al inspector retirado de Policía José Sande Lima "que se entregara y admitiera su responsabilidad en el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman". Al parecer Vázquez, antiguo miembro del SID, estuvo presionando para que "tres o cuatro" represores vinculados al secuestro y desaparición de María Claudia "se entreguen" porque "a nivel político había presiones para investigar el pasado" y porque "alguien debe hacerse cargo". Las fuentes de El Observador revelaron que en una reunión del Centro Militar, el coracero Ricardo Medina informó que Vázquez había propuesto "sacrificar las cabezas" del teniente coronel Juan Carlos Rodríguez Buratti, del capitán Ricardo Arab, del inspector Sande Lima y la suya propia.
Toda la versión tiene olor a operativo de inteligencia utilizando los medios de comunicación. En el mismo artículo se sostiene que algunos militares retirados calificaron de "traidores" a otros oficiales que habrían entregado información al secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández. Del contexto de la crónica se puede inferir que la "fuente" es alguien allegado a Sande o a Medina, pero no queda claro qué objetivo se persigue al exponer los trapos al sol de una interna militar que hasta ahora había exhibido una unidad monolítica.
Sin duda, los cateos en el Batallón 13, la investigación interna en el Ejército ordenada por el comandante Ángel Bertolotti, la postura del nuevo gobierno en materia de derechos humanos y la reactivación de causas judiciales, han desmoronado aquella unidad. En todo caso, el posible juzgamiento de cuatro oficiales ya había sido adelantado por Últimas Noticias, otro periódico que suele acoger "fuentes militares" vinculadas a los antiguos represores. Por lo pronto, si la fuente es Sande Lima, hay una cierta incoherencia: la investigación privada de Gelman había determinado que unos 20 oficiales y policías habían estado vinculados de una u otra manera a la desaparición de su nuera, pero en la lista no figuraba Sande Lima; en cambio sí estaban Medina, Buratti y el propio Gilberto Vázquez. Medina, por cierto, fue identificado por el mismísimo Batlle como el autor material del asesinato de María Claudia, tal como se lo confesó al senador Rafael Michelini. En cambio, no parece sensato que Vázquez, directamente involucrado en el secuestro de María Claudia, proponga sacrificar a quien no habría participado. Se sabe que Sande Lima integró los equipos de militares y policías que operaron en Buenos Aires y que estaba vinculado al traslado de prisioneros a Montevideo. Fue identificado por Álvaro Nores, uno de los secuestrados, como el oficial que lo recibió en Carrasco cuando fue traído ilegalmente desde Automotores Orletti por el teniente Maurente.
Si Sande Lima está o no involucrado en la desaparición de María Claudia, si Medina mató o no a la nuera de Gelman, si Gilberto Vázquez tiene o no responsabilidad en los episodios, ello seguramente podrá ser dilucidado en sede judicial. Puesto que la Presidencia sostiene que el caso no está amparado por la ley de caducidad, entonces los responsables, los coautores y los cómplices, militares y civiles, podrán ser perfectamente castigados por la justicia.
Eso es precisamente, más allá de los operativos mediáticos, lo que encrespa la interna militar. Todo promete que habrá más recriminaciones, más acusaciones, más zancadillas, pero en el círculo estrecho de los hasta hoy intocables. El grueso del Ejército transita otros caminos.
El expediente sobre la joven argentina secuestrada en 1976, trasladada clandestinamente a Uruguay y asesinada después de haber dado a luz una niña en cautiverio –niña que fue entregada a un oficial de la Policía–, había sido archivado después de que el entonces presidente Jorge Batlle dictaminara que el caso estaba comprendido en la ley de caducidad.
En su momento se reclamó de Batlle que diera a conocer los fundamentos por los cuales ordenaba detener la investigación de esta desaparición, difícil de justificar como acto de servicio ordenado por los mandos militares. Por el contrario, el presidente Tabaré Vázquez anunció que consideraba ese caso, y el de Michelini-Gutiérrez Ruiz, fuera de la ley de caducidad. Esa afirmación presidencial, y los nuevos elementos surgidos en torno a la desaparición de María Claudia, impulsan el pedido de reactivación de la investigación.
Entre esos elementos no es menor el trascendido sobre las disputas originadas en el círculo de oficiales retirados miembros del antiguo Servicio de Información de Defensa (SID), que participaron en la operación Cóndor y están individualizados como los autores materiales de numerosos delitos de lesa humanidad.
Según una información difundida por El Observador (miércoles 18), el coronel Gilberto Vázquez le pidió al inspector retirado de Policía José Sande Lima "que se entregara y admitiera su responsabilidad en el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman". Al parecer Vázquez, antiguo miembro del SID, estuvo presionando para que "tres o cuatro" represores vinculados al secuestro y desaparición de María Claudia "se entreguen" porque "a nivel político había presiones para investigar el pasado" y porque "alguien debe hacerse cargo". Las fuentes de El Observador revelaron que en una reunión del Centro Militar, el coracero Ricardo Medina informó que Vázquez había propuesto "sacrificar las cabezas" del teniente coronel Juan Carlos Rodríguez Buratti, del capitán Ricardo Arab, del inspector Sande Lima y la suya propia.
Toda la versión tiene olor a operativo de inteligencia utilizando los medios de comunicación. En el mismo artículo se sostiene que algunos militares retirados calificaron de "traidores" a otros oficiales que habrían entregado información al secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández. Del contexto de la crónica se puede inferir que la "fuente" es alguien allegado a Sande o a Medina, pero no queda claro qué objetivo se persigue al exponer los trapos al sol de una interna militar que hasta ahora había exhibido una unidad monolítica.
Sin duda, los cateos en el Batallón 13, la investigación interna en el Ejército ordenada por el comandante Ángel Bertolotti, la postura del nuevo gobierno en materia de derechos humanos y la reactivación de causas judiciales, han desmoronado aquella unidad. En todo caso, el posible juzgamiento de cuatro oficiales ya había sido adelantado por Últimas Noticias, otro periódico que suele acoger "fuentes militares" vinculadas a los antiguos represores. Por lo pronto, si la fuente es Sande Lima, hay una cierta incoherencia: la investigación privada de Gelman había determinado que unos 20 oficiales y policías habían estado vinculados de una u otra manera a la desaparición de su nuera, pero en la lista no figuraba Sande Lima; en cambio sí estaban Medina, Buratti y el propio Gilberto Vázquez. Medina, por cierto, fue identificado por el mismísimo Batlle como el autor material del asesinato de María Claudia, tal como se lo confesó al senador Rafael Michelini. En cambio, no parece sensato que Vázquez, directamente involucrado en el secuestro de María Claudia, proponga sacrificar a quien no habría participado. Se sabe que Sande Lima integró los equipos de militares y policías que operaron en Buenos Aires y que estaba vinculado al traslado de prisioneros a Montevideo. Fue identificado por Álvaro Nores, uno de los secuestrados, como el oficial que lo recibió en Carrasco cuando fue traído ilegalmente desde Automotores Orletti por el teniente Maurente.
Si Sande Lima está o no involucrado en la desaparición de María Claudia, si Medina mató o no a la nuera de Gelman, si Gilberto Vázquez tiene o no responsabilidad en los episodios, ello seguramente podrá ser dilucidado en sede judicial. Puesto que la Presidencia sostiene que el caso no está amparado por la ley de caducidad, entonces los responsables, los coautores y los cómplices, militares y civiles, podrán ser perfectamente castigados por la justicia.
Eso es precisamente, más allá de los operativos mediáticos, lo que encrespa la interna militar. Todo promete que habrá más recriminaciones, más acusaciones, más zancadillas, pero en el círculo estrecho de los hasta hoy intocables. El grueso del Ejército transita otros caminos.