El borrador de la Ley de Concesiones a discusión en el Congreso de la República aleja a Guatemala de la senda marcada por los Acuerdos de Paz. Donde el borrador habla de "transferencia de la prestación del servicio público a los particulares, mediante la institución de la concesión" los Acuerdos de Paz mencionan el "papel rector del Estado", al que corresponde "promover, orientar y regular el desarrollo socioeconómico del país de manera que, con el esfuerzo del conjunto de la sociedad, se asegure, en forma integrada, la eficiencia económica, el aumento de los servicios sociales y la justicia social".

Mientras el borrador argumenta que el Estado "no está en capacidad de prestar directamente... una serie de servicios que la sociedad moderna demanda", los Acuerdos indican (¿indicaban?) la necesidad de que "el Estado debe democratizarse y fortalecerse como orientador del desarrollo nacional, como legislador, como fuente de inversión pública y prestatario de servicios y como promotor de la concertación social y de la resolución de conflictos".

Los Acuerdos de Paz señalan además que el Estado tiene "obligaciones indeclinables (...)en la tarea de superación de las iniquidades y deficiencias sociales, tanto mediante la orientación del desarrollo como mediante la inversión pública y la prestación de servicios sociales universales. Asimismo (...)tiene obligaciones específicas por mandato constitucional de procurar el goce efectivo, sin discriminación alguna, de los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda y demás derechos sociales. La superación de los desequilibrios sociales históricos que ha vivido Guatemala y la consolidación de la paz requieren de una política decidida por parte del Estado y del conjunto de la sociedad". Obligaciones y política que la ley de concesiones omite y deja en manos de la inversión y la iniciativa privadas, sin un esquema marco de desarrollo.

Un estado debilitado
La propuesta de Ley de Concesiones parte de un supuesto acertado: las dificultades financieras y técnicas del Estado para satisfacer las "enormes demandas sociales". El estado no tiene recursos, se dice, promovamos una ley de concesión para satisfacer necesidades sociales. Pero la falta de recursos no es una causa en sí sino efecto, entre otros, del desinterés de las elites y de la baja cultura tributaria. "El estado guatemalteco no es débil sino ha sido debilitado. Hoy día incluso el Banco Mundial señala la necesidad de fortalecer el Estado, pues los resultados de su adelgazamiento son negativos en el ámbito continental"

Y para enmendar este debilitamiento histórico y estructural no se propone el fortalecimiento del Estado, sino su sustitución por la iniciativa privada, "en todos los proyectos que tengan por objetivo el desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de obras y servicios públicos, y de otros de análoga importancia social"

Crónica truncada de los Acuerdos
La Ley de Concesiones es un capítulo más de la crónica de una larga cadena de oposición al modelo de desarrollo definido en los Acuerdos de Paz. Esta crónica comenzó a escribirse antes de la firma de los propios Acuerdos, cuando el gobierno de Álvaro Arzú promulgó el Decreto 35-96 sobre regulación del derecho de huelga para trabajadores del Estado. Continuó con el cumplimiento formal y protocolario por parte del Gobierno y la negación de su contenido de fondo (instalación de oficinas y comisiones sin poder real). Sufrió un grave quebranto con el asesinato de Monseñor Gerardi y el desconocimiento de las conclusiones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Perdió ímpetu en enésimos intentos de tímidas reformas tributarias. Naufragó con el revés de la Consulta Popular. Tropezó en el racismo que convierte al Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas en el menos cumplido. Concitó oposición radical para promover el desarrollo agrario. Encontró aliados involuntar
ios en la desorientación temporal de la izquierda partidaria y el movimiento social. Claudicó frente al impulso demagógico y contrainsurgente del gobierno del Frente Republicano Guatemalteco. Hoy, el círculo del abandono de la agenda de la paz parece estarse cerrando: son muchas las similitudes entre el gobierno de Oscar Berger y el primer gobierno de la paz encabezado por Arzú.

Política de renuncias
En este contexto, el alejamiento del espíritu de los Acuerdos de Paz (nunca admitido ni explicitado oficialmente) lleva aparejadas otras renuncias, igualmente implícitas: la renuncia al Pacto Fiscal como instrumento para empoderar económicamente el Estado y por tanto desarrollar la sociedad integralmente; y la renuncia a la solidaridad como principio básico derivado de aquel. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, "El Pacto Fiscal es la herramienta clave para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales y en particular aquellas relacionadas con el desarrollo sostenible y la justicia social en la búsqueda del bien común... Implica acuerdos nacionales sobre el tipo de sociedad que se desea construir y sobre principios y compromisos recíprocos del Estado y de los ciudadanos y ciudadanas"

A estas alturas del año, mientras se discute la ley de concesiones, permanece pendiente la revisión de la llamada cuestión tributaria: es decir, y retomando las olvidadas palabras del presidente Berger a inicios de 2004, qué tipo de país queremos y cuánto estamos dispuestos a aportar para lograrlo. El combate de la evasión y el fraude fiscal y sobre todo la progresividad en la tributación permanecen hoy tan inalcanzables como a inicios de la administración Berger. La duda es si también el Código Tributario Municipal, estancado en el trámite parlamentario, resentirá la falta de desarrollo del Pacto Fiscal.

La utopía de la paz
La naturaleza contraria a los Acuerdos de Paz de la Ley de Concesiones dibuja un futuro más excluyente e insolidario que el actual. Pero las alternativas existen: "El gobierno dice no tener recursos pero... si se llegara al 12% de ingresos fiscales habría capacidad para construir obra de infraestructura por valor anual de cinco mil millones de quetzales. Esto permitiría el desarrollo de un plan de infraestructura de 20 mil millones en cuatro años. Con ello habría reactivación económica y fuentes de empleo".

Es decir, la alternativa consiste en retomar el espíritu de la paz. Que a estas alturas, y a pesar de todas las veces que los Acuerdos han sido negados, sobrevivan en el debate político, indica no sólo la tenacidad de algunos de sus firmantes sino también la vigencia de muchos de sus planteamientos, en cuanto a las metas y al modelo de desarrollo previsto.

Mientras un gobierno empresarial dificulta el cumplimiento de los Acuerdos, en el ámbito internacional, estos se ven favorecidos, uno, por la presión internacional para el cumplimiento de las Metas del Milenio; dos, por la crítica generalizada al Consenso de Washington y a la recuperación del Estado en varios países de América Latina, que debe promover, frente al actual modelo privatizador donde el mercado es el principal regulador, la utopía de un nuevo proyecto de nación.