Franklin Falconí

Periodico opcion

Cayó el noveno presidente de la República que ha tenido el Ecuador en los últimos ocho años. Desde 1996 se han turnado en el poder: Abdalá Bucaram, Rosalía Arteaga, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, el triunvirato de Antonio Vargas, Lucio Gutiérrez y Carlos Solórzano; Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez. Un gran movimiento de masas protagonizó este nuevo hecho histórico, que pone nuevamente a este país de apenas 272.045 kilómetros cuadrados de extensión, en la mira del imperialismo norteamericano y de todos sus organismos de seguridad y de control geopolítico de la región (OEA) y del mundo (ONU).

No es para menos, aquí es normal hablar de que la institucionalidad democrática sobre la que se sostiene el sistema capitalista está corroída, y que no corresponde con el nivel de expectativas de las masas. Desde diversas perspectivas e intereses, todos hablan de la necesidad de refundar el país, y mientras ello no ocurra, lo único que se avizora para el futuro es más crisis política...

Aunque desde las esferas del poder se habla de que este acontecimiento tuvo una historia de apenas una semana, y en el mejor de los casos de cuatro meses, es obvio que se trata del desenlace de un proceso más largo y complejo, que tiene a diversos actores políticos en escena.

El gobierno de Lucio Gutiérrez se inició con grandes expectativas en la población. Venía de representar el espíritu transformador del levantamiento popular del 21 de enero del 2000, que tumbó al gobierno de Jamil Mahuad. Ganó las elecciones con una propuesta programática de características progresistas y patrióticas, y gracias al respaldo de dos de las fuerzas sociales y políticas más importantes del país: El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País, y el Movimiento Popular Democrático (MPD). El imperialismo y los grupos de poder locales iniciaron rápidamente su acción para deformar el proyecto político, confundiendo y presionando a Gutiérrez, y llevándolo cada vez más a sus posiciones.

Gutiérrez, por su extracción de clase, se vio impelido a decidir entre sumarse a la derecha y convertirse así en uno más de sus instrumentos, o arriesgarlo todo por defender el proyecto político que lo llevó al poder. Eligió la segunda opción y, por tanto, el inicio de su caída.

El MPD fue el primero en retirarle el respaldo y en salirse del gobierno, y tras esperar que Pachakutik también tome la misma decisión, le declaró la oposición popular al régimen, porque Gutiérrez se había aliado a la derecha y al imperialismo, y se había convertido en un traidor al pueblo ecuatoriano. Pachakutik, por dificultades propias de su dirección, no lo hizo de manera total, pues muchas de sus cuotas se negaron a abandonar los puestos en el gobierno, lo cual lesionó gravemente su credibilidad en sus bases y en la población en general.

Gutiérrez tuvo que enfrentar grandes movilizaciones y acciones de protesta, que ponían en riesgo su estabilidad. Resolvió establecer una alianza con el PSC, que sin tener la presidencia de la república desde 1984, ha mantenido secuestrados a los últimos gobiernos. Al final, el PSC actuó con Gutiérrez como lo ha hecho con todos: lo exprimió hasta donde más pudo para satisfacer sus intereses y los de los grupos económicos que representa, y luego lo abandonó. Algo que se dio en llamar la política del trapiche.

El PSC, de cara a las próximas elecciones generales, no solo que rompió su alianza con el régimen, sino que se declaró un radical opositor, sumándose así a la Izquierda Democrática (ID), partido oligárquico que tuvo actitudes conspirativas desde el primer momento, incluso cuando Gutiérrez representaba un proyecto patriótico y democrático. Esto debilitó aún más al régimen, que estuvo muchas veces a punto de caer.

A partir de este momento, la prioridad de Gutiérrez ya no fue otra que sostenerse en el poder, para lo cual estaba dispuesto a aliarse a cualquier fuerza; y decidió hacerlo con el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), que condicionó su respaldo al hecho de obtener del gobierno todo el apoyo para el retorno de su líder, el populista corrupto Abdalá Bucaram.

Como eso no era suficiente, tuvo que ceder espacios y comprometerse a defender los intereses del hombre más rico del Ecuador, Alvaro Noboa, con cuyo partido, El Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) lograba una mayoría al interior del Congreso Nacional.

El país vio entonces formarse dos corrientes de oposición al gobierno, la una oligárquica, encabezada por el PSC y la ID, a la que se sumó Pachakutik, en una actitud meramente electorera y de defensa de intereses particulares de una parte de su dirigencia, ubicada principalmente en Pichincha. Y la otra representada por estudiantes, maestros, campesinos, trabajadores, pequeños comerciantes, etc., aglutinados en el Frente Popular, además de otras importantes fuerzas sociales como los jubilados, los médicos y trabajadores de la salud, que protagonizaron importantes acciones reivindicativas y políticas: combatieron contra el Plan Colombia, rechazaron la pretensión de firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, exigieron respeto a los derechos laborales que pretendían ser conculcados en varias ocasiones, así como defendió la soberanía y los recursos naturales que Gutiérrez quiso rifar con procesos privatizadores en áreas como la petrolera, de la seguridad social, electricidad, etc.

En el Comngreso, el MPD actuó en el escenario de las contradicciones interoligárquicas con el propósito de acentuarlas; logrando con ello profundizar la crisis de la institucionalidad burguesa. Integró una mayoría con el PRE, el PRIAN y el gobierno, para reestructurar los tribunales Constitucional y Supremo Electoral, además de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual asestaba un duro golpe al PSC y a la ID, partidos que siempre controlaron estos organismos en función de sus intereses y los de sus grupos económicos. También contribuyó con sus votos para que se conforme otra mayoría, junto al PSC y la ID, en función de lograr el enjuiciamiento político a Gutiérrez, algo que al final no se dio por intereses ocultos de algunos supuestos opositores al Régimen.

La oposición oligárquica, al verse golpeada en la parte que más le dolía: el control de la justicia, armó todo un movimiento de masas, pensando también en aprovechar este escenario de convulsión para obtener protagonismo de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Primero fueron las marchas encabezadas por los alcaldes de Guayaquil y Quito, quienes buscaban escudarse en estas instituciones para mostrarse como representantes de la ciudadanía y no como lo que son: dirigentes políticos con intereses políticos concretos.

La marcha de Guayaquil, el 26 de enero, tuvo que ser convocada bajo el pretexto de la exigencia de seguridad ciudadana, pero en realidad encerraba dos propósitos: presionar al gobierno para obtener de él el manejo de un lucrativo negocio como es la administración de un aparato policial propio, y con ello caminar al control de un mini Estado, y el propósito de crear un ambiente de movilización en rechazo al gobierno.

En Quito, la ID se comportó de forma más audaz: reivindicó su convocatoria a la marcha del 16 de febrero como política, y cuya intención era 'retornar al estado de derecho', frase que lograron convertir, a nivel mediático, en una realidad. En Quito, la marcha fue masiva, pero lo que no midieron es que tomara un giro distinto, al aparecer espontáneamente en la masa el grito de '¡Fuera Gutiérrez!' El alcalde se encargó rápidamente de aclarar que su propósito (y por tanto de su partido) al convocar a la movilización no era tumbar a Gutiérrez, sino lograr el cese de la Corte 'de facto' que había nombrado el Congreso. Luego se reprodujo esta experiencia en Cuenca, otro reducto socialdemócrata, pero al final, ninguna de estas marchas dio los resultados que ellos se plantearon: retomar el control de los organismos del Estado de los que fueron desplazados.

Pero insistieron y fueron más allá. La denominada Asamblea de Pichincha, liderada por el prefecto Ramiro González, convocó a un paro provincial en Pichincha y algunas otras provincias de la serranía, para el 13 de abril, pero resultó un fracaso. La población leyó bien las intenciones que se ocultaban en los discursos aparentemente 'ciudadanos' de estos dirigentes. Por ello, la estrategia debió tomar un nuevo rumbo: el alejamiento del escenario de liderazgo, de los alcaldes y prefectos derrotados, y promover, con la ayuda de los medios que tomaron partido por la oposición oligárquica, a 'nuevos actores'. Los dirigentes de ONGs autonominadas representantes de la sociedad civil tuvieron espacio libre para su acción política; y utilizaron muy bien todos los recursos propagandísticos a su favor: contaban con medios de comunicación, especialmente dos canales de televisión (Teleamazonas y Ecuavisa) y una radio que, desde el lado alternativo, venía abriendo sus micrófonos a una participación masiva, tanto en opinión
como en convocatoria a la movilización.

Pronto el ambiente de crisis política se desbordó y los sectores medios de Quito se tomaron masivamente las calles, reivindicados como 'forajidos'. Las fuerzas del polo popular no habían dejado de pelear y de lograr conquistas en muchas de esas luchas, pero con sus propios contenidos, sin dejarse arrastrar por la corriente impulsada desde las élites. Pero cuando estalló la crisis bajo la consigna de ¡Fuera Lucio!, todas estas fuerzas se encontraron y juntas protagonizaron en algunas horas, masivas y beligerantes movilizaciones, exigiendo la destitución de Gutiérrez.

Lastimosamente, los dos influjos democráticos y populares no lograron encontrarse alrededor de una lucha con mayor proyección: la conquista de un gobierno popular, que permita transformaciones profundas, y lo que al final ocurrió fue que ganó la tesis de las élites: el recambio oligárquico, con la sucesión presidencial. Hoy tenemos un nuevo gobierno en el que nadie deposita demasiadas esperanzas, aunque en el Gabinete estén personajes que sostienen posiciones patrióticas, como Rafael Correa, ministro de Economía, y Mauricio Gándara, ministro de Gobierno.

La caída de Gutiérrez no concluyó con la sucesión en el cargo de Alfredo Palacio, continúa en el desarrollo de un intenso movimiento político que enfrenta a posiciones populares y oligárquicas con distintos matices.