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Latinoamérica

  El presidente Lagos y la OEA nada dicen sobre la violación de los  Derechos Humanos, denunciados por Amnistía Internacional.

Eduardo Andrade Bone  

  El documento de AI, valoriza la eliminación de la impunidad por  crímenes cometidos bajo dictadura aunque todavía es lenta, según  el documento del organismo internacional. Las violaciones de los  derechos humanos de los pueblos indígenas, los maltratos en cárceles  y los efectos de los TLC sobre la población son también preocupaciones  del documento.
  “Desafortunadamente, la situación de Chile no ha variado demasiado  respecto del informe del año anterior: tenemos situaciones muy  similares en cuanto a duras condiciones de reclusión, incluidos los  presos políticos condenados por la justicia militar, y los abusos  contra activistas mapuches”, manifiesta a la prensa en Londres,  Virginia Shoppee, investigadora responsable del capítulo relacionado  con  Chile de Amnistía Internacional (AI), organismo que tan solo  hace algunos días atrás, hizo público su último informe sobre derechos  humanos en todo el mundo.
  El presidente Ricardo Lagos y José Miguel Insulza, actual nuevo  administrador de los intereses de los Estados Unidos en la OEA,  nada dicen con respecto a este llamado de atención de Amnistía  Internacional, así como lo esbozado en el último informe de la  Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que también en uno de sus  apartados también hace referencia a Chile. Cuestión muy bien  ocultada por el gobierno de la Concertación y los medios de  comunicación al servicio del sistema neoliberal en Chile.
  El presente año se distingue del anterior para Chile en un aspecto: el  organismo internacional estampa su crítica al informe de la Comisión  Nacional sobre Prisión Política y Tortura -conocido como Informe  Valech-, documento que recogió alrededor de más de 28 mil testimonios  de víctimas de torturas del régimen militar admitió que dicha práctica  respondió a una política institucional del Estado chileno.
  “El punto es que la comisión recomendó reparaciones, pero no propuso  ninguna medida para hacer justicia. No se ha marcado una pauta clara  de justicia en relación a la tortura. Esa es una mala señal pues, al  no haber sanción, la práctica se puede repetir”, afirma Shoppee, quien  enfatiza que el problema lo completa la Ley de Amnistía. “Esta  consagra la impunidad”, agrega.
  El documento de  AI, dice que Chile tiene aún camino por recorrer en lo  relativo a la abolición de la Ley de Amnistía y también debe corregir la  definición de tortura. “En la Constitución el concepto hace referencia  a los ‘apremios ilegítimos’, una definición bastante inferior, limitada  y poco amplia comparada con los textos contra la tortura ratificados por  Chile. Así se favorece la no sanción de actos que intencionadamente causen  dolor y sufrimiento físico o mental por parte de funcionarios del Estado",  sostiene Shoppee.
  A pesar de las críticas, el último informe de Amnistía Internacional  destaca la confirmación de las penas de prisión contra el ex jefe de  la DINA, Manuel Contreras, y otras cuatro personas. También califica  como un avance el levantamiento de la inmunidad al ex dictador Pinochet.
  El informe de Amnistía este año acusa que “las violaciones de los  derechos humanos de los indígenas sigue haciéndose presente”.
El documento puntualiza que durante todo el año pasado, la dirigente de  la comunidad mapuche, Juana Calfunao Paillalef y sus familiares  sufrieron reiterados actos de intimidación, como amenazas de muerte  y, al parecer, un ataque  contra la casa de Juana Calfunao.
  En el Informe 2005 sobre derechos humanos en el mundo también aborda  otros puntos de interés. Irene Khan, secretaria general de Amnistía  Internacional, no sólo cuestiona duramente a Estados Unidos y la ONU,  sino también advierte sobre los riesgos que conlleva la globalización  de la economía y el mercado libre y salvaje, donde los acuerdos comerciales  marcan cada vez más la agenda.
  El foco se centra en la situación chilena y, dados los recientes  Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos por el gobierno, Virginia  Shoppee entrega algunas luces al respecto. “Estamos monitoreando  pues queremos hacer una investigación sobre cómo estos acuerdos  pueden afectar los derechos humanos”, dice antes de explicar que  “los derechos humanos son indivisibles y no son sólo políticos y  civiles, sino económicos, sociales y culturales”.
A juicio de AI, los acuerdos de libre comercio pueden afectar a la  población menos favorecida y su derecho al alimento, al agua, a la  salud, la vivienda, la educación o al trabajo.

  En el caso de Chile, cabe destacar además, que el esquema económico  vigente, lleva en sus entrañas la violación permanente y sistemática  de los derechos humanos, de allí que el proyecto económico de la  dictadura, debe ser reemplazado, por otro, que garantice la plena  vigencia de los derechos humanos en el país sudamericano.
  La importancia que reviste el documento de Amnistía Internacional, es  que la situación de violación permanente de los derechos humanos, los  asume de manera integral, artículo por artículo, y en donde el Estado  Chileno viola una variedad de ellos, no sólo los que tienen un  carácter puntual. De allí que jactarse de que en Chile se respetan los  derechos humanos, no es más que una quimera, que cuenta con la  complicidad del gobierno de la Concertación y los que quieren aplicar  una ley de punto final, para que no exista verdad y justicia, en  relación a todos los crímenes cometidos en la dictadura militar, más  los que se violan en "democracia".
  Al momento de escribir esta nota, cuatro presos políticos chilenos  condenados a "cadena perpetua", realizan una huelga de hambre que  lleva más de ochos días de realización. El objetivo que se busca  con está huelga de hambre indefinida, es presionar al gobierno de  Ricardo Lagos, para que asuma con urgencia el proyecto de ley que  los beneficia con la libertad incondicional.
  Mientras tanto, la Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos  Políticos Mapuches, realizan múltiples jornadas de solidaridad con  los presos de los pueblos originarios chilenos, hasta obtener su  completa libertad.