Cada vez que Bolivia debe tomar decisiones sobre su gas y petróleo llegan "casualmente" personajes claves al país. Así ocurrió anteriormente con las visitas de los presidentes Lula y Kirchner. Ambos prometieron, como de costumbre, supuestas termoeléctricas en las fronteras y la ilusoria industrialización binacional del gas. Arribó también Charles Shapìro, Subsecretario de Estado de EEUU para asuntos latinoamericanos, en momentos en que Mike Falcoff, asesor del ex ejecutivo petrolero y vicepresidente de EEUU, Dick Cheney, decía que Bolivia sería borrada del mapa. Una vez más, el imperio y sus voceros usaban el palo y la zanahoria. De manera paralela, aparecieron Enrique Iglesias del BID y Rodrigo Rato del FMI. En los últimos días, el boliviano Enrique García, de la CAF, se pasó de rosca al asegurar que si Bolivia no vendía su gas de inmediato, este quedaría bajo tierra, durante muchos, muchos años. García no quiere ver la sed de gas en Argentina, que incumple sus compromisos con Chile o la ansiedad de Petrobrás y Repsol por revender el gas boliviano, transformado en termoelectricidad, GLP, gasolinas, metanol y productos petroquímicos a Chile, Paraguay, Brasil y Argentina, luego de cruzar sus fronteras.

En este contexto, el presidente Vicente Fox, en su reciente visita a La Paz, demandó, también como representa del NAFTA (mercado común de su país con Canadá y EEUU) la venta de gas a México, dentro de acuerdos binacionales de la más diversa índole. La cuestión de los precios del gas de exportación sigue siendo un tabú para la ciudadanía. Lo concreto es que Repsol, filial Bolivia, ha estado vendiendo gas seco a Repsol Argentina a $US 0.98 (precio "solidario", fijado por los presidentes Kirschner y Carlos Mesa). Ese gas, que sólo recorre 34 kilómetros de Madrejones (Bolivia) a Refinor (la refinería más grande del norte argentino), a través de un gasoducto amortizado hace dos décadas, al precio de $US 1.80 (porque incluye líquidos), del cual Bolivia recibe 18 % por regalías, o sea $US 0.35, y un impuesto por utilidades que, según el ex funcionario oficial, Juan Carlos Virreira, sólo suma un uno por ciento a la cifra anterior.

¿Quedará algo para Bolivia si envía su gas a México, a más de 3.000 kilómetros de distancia, después de amortizar la construcción de un gasoducto que atravesando dos cordilleras llegue a la Costa del Pacífico, para ingresar a una planta de licuefacción que lo congele a 160 grados bajo cero, para después ser transportado en barcos metaneros y ser sometido a una planta de re gasificación en la costa de México, antes de ser distribuido a los consumidores? El ex Ministro Ramiro Cavero recordó que el precio del gas entre EEUU y México está en alrededor de $US 7 el MPC y que Bolivia podría recibir la mitad de esa cantidad. Cavero olvidó que las empresas exportadoras del gas a la Argentina y Chile son las mismas que pretenden llevar el gas a México. En consecuencia, ¿quien garantiza que Bolivia obtendrá mayores ingresos vendiendo su gas a una distancia cien veces mayor? ¿No se tratará más bien de un nuevo intento de resolver la crisis energética de las transnacionales asentadas en Chile? ¿Puede olvidarse que grandes petroleras, como Shell, Sempra, Exxon y BHP han incursionado también en minería? A su vez, los enormes consorcios mineros que operan en Chile, como la Río Tinto Zinc, Anglo American, BHP, Mitsui, Noranda y Barric Gold ¿dejarán que el gas boliviano, convertido en la electricidad que requieren, se vaya a México o EEUU? ¿Alcanzarán las reservas probadas de Bolivia para las exigencias de Chile, Argentina, Brasil y México?

En estos momentos, cualquier aberración es posible ya que el gobierno de Mesa está conformado por agentes de las petroleras. El nuevo presidente de YPFB, Carlos D’arlach, fue traído de la Occidental Petróleum del Ecuador, donde trabajó 23 años. Hoy la Occidental es socia de Repsol. D’arlach sustituyó a Jaime Barrenechea, quien de Presidente YPFB pasó a trabajar para la Repsol en Neuquén, Argentina. El vicepresidente de YPFB, José Kreidler, encargado de fiscalizar a las transnacionales, es el gerente de SERPETROL, empresa de servicios petroleros que atiende a Repsol, British Gas, Total, Petrobrás y Maxus. El gerente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, Raúl Kieffer, es el representante en América Latina de la Halliburton, de Dick Cheney. El Ministro de Energía e Hidrocarburos, Guillermo Torres, propiciador de esos nombramientos, fue el Superintendente de Hidrocarburos de Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), cuya empresa minera COMSUR, ha ampliado sus actividades, gracias al Superintendente Torres, a la construcción de gasoductos. La gente pide nacionalizar el gas. Sin embargo, como decía Sergio Almaraz, lo más importante ahora es nacionalizar el gobierno.