La decisión del Congreso de sancionar la Ley de Hidrocarburos polarizó hoy a Bolivia, donde grupos sociales reanudaron sus llamados a protestas, mientras políticos y líderes regionales piden al gobierno que vete su promulgación. En tanto que en el departamento boliviano de Tarija (sur), ubicado en la frontera con Argentina, cumplía hoy un paro general de actividades y un bloqueo de caminos exigiendo beneficios de la ley petrolera que sancionó el Parlamento y obras de infraestructura.

La protesta, que amenazaba con impedir la provisión de diesel para la vecina región de Santa Cruz (oriente), se inició la noche del jueves, casi de forma simultánea a la sesión en la que la Cámara de diputados sancionó la nueva Ley de Hidrocarburos.

La Cámara de Diputados aprobó la víspera los 142 artículos del proyecto de ley petrolera en medio de una compleja sesión que puso fin a ocho meses de debates legislativos, iniciados tras el respaldo que alcanzó el referéndum sobre el gas realizado a mediados de 2004.

La norma, que obtuvo 59 votos a favor, 49 en contra y 3 en blanco, establece las nuevas reglas para el negocio energético de Bolivia, país que posee las segundas mayores reservas gasíferas de la región, estimadas en 52.3 trillones de pies cúbicos.

La suerte de esta ley, que había sido aprobada por los diputados y los senadores en primera y segunda instancia, quedó ahora en manos del presidente Carlos Mesa, quien decidirá si la promulga o no.

La Constitución establece que el Ejecutivo puede vetar la norma, con lo que dejaría en manos del Congreso la promulgación, o formular observaciones a algunos artículos.

Sin embargo, la determinación del Ejecutivo amenazaba con desatar una nueva "lucha de los sectores sociales en defensa del gas, después de que distintos dirigentes se declararan contrarios a la ley".

En una primera reacción, Tarija (sur), el departamento que concentra las mayores reservas de gas en el país, inició un paro general para exigir que la presidencia de la estatal YPFB se traslade a esa zona.

Tarija, que concentra un 80 por ciento de las reservas gasíferas del país andino, es paso obligado para los camiones que transportan el diesel desde Argentina hasta Santa Cruz.

"Esta ley la rechaza el departamento de Tarija", aseguró el presidente del Comité Cívico local, Francisco Navajas, quien consideró que la norma energética "fue aprobada de forma abusiva".

El Comité Cívico, que reúne a los gremios civiles y empresariales de esa zona, exige que Tarija se convierta en sede de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPGB), que se inicie la licitación para construir un corredor vial que irá hasta Paraguay, y la destitución del prefecto (gobernador).

"No nos quedaremos con los brazos cruzados. Se aplicará todo un mecanismo de presión que ya fue consensuado y analizado para responderle no solamente al Congreso, sino también al Estado boliviano", indicó el dirigente del Comité de Movilizaciones, Jorge Lema, en declaraciones reseñadas por medios periodísticos.

El diario El Deber, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, señaló que la federación de transporte se sumó al paro indefinido, así como la Central Obrera y las agrupaciones campesinas.

Los informes indican que los mercados públicos y las diferentes entidades de esa región se mantendrán cerradas. Incluso, la prensa indicó este viernes que la aerolínea Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) suspendió las rutas hacia Tarija debido al paro cívico.

Consultado sobre el tema, el senador Hugo Carvajal, representante de Tarija por el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), dijo que la situación en la zona "es complicada".

Reveló que una comisión integrada por el ministro de Servicios y Obras Públicas, René Gómez, y varios legisladores se trasladará a Tarija. La semana pasada se registró un bloqueo en la localidad de Yacuiba (Tarija) que impedía el paso por la frontera con Argentina, poniendo en jaque a los agricultores en Santa Cruz, que evaluaban la posibilidad de paralizar la cosecha de miles de hectáreas de caña, soya, arroz y maíz por falta de diesel.

Logro, refundación de YPFB: líder del MAS

GERARDO ARREOLA CORRESPONSAL

La Habana, 6 de mayo. El diputado y líder campesino boliviano Evo Morales reconoció hoy tanto avances como deficiencias en la Ley de Hidrocarburos de su país, aprobada la víspera por el parlamento, pero anunció que la posición oficial del Movimiento al Socialismo (MAS), que él encabeza, será adoptada tras un debate el lunes próximo.

"Hay que reconocer que hemos avanzado, pero no tanto como quería el pueblo boliviano", dijo Morales a la prensa, tras dos semanas de estadía en Cuba, donde fue operado de una lesión en una rodilla.

"Lamentablemente no llegamos a conseguir el 50 por ciento de regalías para el Estado boliviano", señaló Morales, como su principal crítica a la Ley.

Al mismo tiempo, el dirigente consideró que ese ordenamiento representa un avance al prever la refundación de la empresa estatal del sector, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas sobre el recurso natural.

Consultado por la prensa, Morales fue cauteloso al definirse sobre qué tendría más peso ahora, si la defensa de lo alcanzado o la lucha por lo que falta.

Dijo que "mucho dependerá de la fuerza del pueblo" e insistió en que el tema estará sobre la mesa en la reunión del MAS.

La Ley recuperó para el Estado la propiedad sobre los hidrocarburos, confirmó el pago de 18 por ciento de regalías de las exportaciones y estableció un impuesto de 32 por ciento a las operaciones.

En cualquier caso, el líder boliviano recordó que la Ley ahora está en manos del presidente Carlos Mesa, quien puede promulgarla o regresarla al Congreso con observaciones, lo cual abre distintos escenarios legales.

Morales, que tenía previsto regresar a su país esta noche, fue operado hace dos semanas, tras una lesión de ligamentos en los meniscos y el derrame del líquido senovial, que se causó jugando futbol.

Recordó que una resolución del Tribunal Constitucional de hace tres semanas, declarando ilegales 76 contratos petrolíferos, refrendan de pleno derecho la propiedad del recurso al Estado boliviano.

"Lo que tiene que hacer el gobierno boliviano es tomar posesión" de los campos petroleros, señaló. "Ejercer el derecho de propietario".

"No estamos diciendo fuera trasnacionales, sino que el Estado boliviano tiene que tomar posesión de los recursos naturales y que haya nuevos contratos legales", precisó Morales.