La sancionada nueva ley de Hidrocarburos está en manos del presidente Carlos Mesa. Las presiones del gobierno, cuyas observaciones eran coincidentes con las que tenían las transnacionales petroleras, obligaron a recortarla al mínimo aceptable para los sectores sociales, aunque aún así el gobierno cavila en promulgarla o vetarla, los empresarios pidieron vetarla y los sectores sociales se reorganizan para lo que podría ser una nueva etapa en las movilizaciones tendientes a recuperar el control de los bolivianos sobre sus recursos energéticos.

La nueva ley, sancionada en la víspera con el voto de los partidos que mantuvieron a Sánchez de Lozada en el poder (MIR, MNR, NFR y ADN), tiene 143 artículos que imponen nuevas condiciones a la actividad petrolera, entre ellas la obligación a adecuar los contratos (un artículo que es considerado como 'legalizador de los contratos axistentes'), la aplicación de un nuevo impuesto del 32 por ciento, la distribución de recursos y la refundación de YPFB.

Sin embargo, las nuevas condiciones establecidas no son del agrado de las empresas petroleras que días atrás amenazaban con llevar al país a arbitrajes internacionales, aunque su posición fue debilitada después que el Tribunal Constitucional dijo que sus contratos deben ser ratificados por el Congreso.

Tampoco son del agrado de los empresarios que pidieron vetar la ley, una posibilidad antes ya anunciada por el entorno presidencial muy cercano a los intereses de las transnacionales que operan en Bolivia.

Según la Constitución Política del Estado, Mesa tiene diez días para promulgar la norma, la misma que entraría inmediatamente en vigencia, pero también puede observar la norma, bajo el riesgo de provocar una conmoción social de consecuencias imprevisibles.

Si Mesa opta por el veto, el Congreso puede reconsiderar la ley o también puede declarar 'infundadas' las observaciones presidenciales, caso en el cual Mesa tendría otros 10 días para promulgar la ley , aunque esta vez también puede ser promulgada por el presidente del Congreso, caso en el cual a Mesa y a las petroleras no les quedaría otra opción que el acatar la decisión del Congreso.

Un mesa atrás, Mesa había intentado una serie de movidas políticas, incluida la amenaza de renuncia, para obligar a que el Congreso suavice la norma para ponerla a tono con los intereses de las petroleras.