Ernesto Herrera
Correspondencia de prensa*

Legitimidad incontestable

Euforia y esperanza. Centenares de miles de personas de todas las edades tomaron las calles para saludar a Tabaré Vázquez, el 'compañero presidente'. El 1º de marzo, el gobierno de centroizquierda asumió la conducción del país. El apoyo político del 'bloque regional progresista' estuvo presente con su plana mayor: Kirchner, Lula, Chávez, Lagos. Como para darle la razón a los comentarios periodísticos de que 'la región gira a la izquierda' o a las afirmaciones persistentes del presidente venezolano sobre 'la nueva Suramérica'.

La incontestable legitimidad política y social del nuevo gobierno no tiene precedentes. Los sindicatos, los medios académicos, el conjunto de las organizaciones populares, de sectores importantes del empresariado, lo respaldan. Los índices de apoyo en la 'sociedad civil' rondan el 80%, y un 73% opina que el nuevo gobierno será 'bueno o muy bueno', casi un 65% piensa que su situación económica personal 'mejorará'…aunque 'no se pueden esperar milagros de un día para otro'. La mayoría parlamentaria en ambas cámaras (diputados y senadores) del gobierno le permite votar, entre otras leyes, el decisivo presupuesto nacional donde se asignan los recursos de inversión social y salarios públicos.

Justamente, porque el pronunciamiento del 31 de octubre 2004 fue tan categórico y la derrota electoral de la derecha tan aplastante, es que se instala con fuerza en amplias capas sociales, la idea de un 'gobierno del pueblo', donde las aspiraciones antineoliberales se confunden con las de un publicitado 'cambio posible'. En tal sentido, la delegación hacia el gobierno del Encuentro Progresista-Frente Amplio -identificado en la conciencia popular como el gobierno de la izquierda histórica- garantiza una 'luna de miel' prolongada. Aquí y ahora, no se puede hablar de 'crisis de representación política'.

En este escenario, el movimiento popular y la izquierda se aprestan a recorrer una experiencia inédita en su larga historia de lucha, centenas de sus cuadros políticos y técnicos (tupamaros, comunistas, socialistas, etc.) pasan a reciclarse en el gobierno del Encuentro Progresista-Frente Amplio y la administración del aparato estatal. Algunos de ellos, convencidos de que pueden 'empujar al gobierno más hacia la izquierda'.

Las primeras medidas (anunciadas por el presidente en un acto de masas y no en los ámbitos de la 'democracia representativa' como era habitual) refuerzan la idea de 'cambio' y 'democracia participativa'. Compromiso de aclarar 'definitivamente' el tema de los desaparecidos, para 'dar vuelta la página' y que las fuerzas armadas -según la ministra de Defensa, Azucena Berruti- 'se reencuentren con la sociedad'; puesta en práctica un Plan de Emergencia Social cuyo blanco son los 'indigentes' y 'más pobres'; instalación de los Consejos de Salarios (negociaciones entre patronales y sindicatos) en un país donde los trabajadores perdieron el 20% de sus ingreso en los dos últimos años; reubicación de mandos y funcionarios policiales identificados con los 'valores democráticos' y derecho de sindicalización; derogación de mecanismos represivos impuestos por los anteriores gobiernos neoliberales; el combate a la corrupción, y la conocida promesa de austeridad 'republicana' en el manejo de los recursos públicos.

En el terreno internacional se restablecieron las relaciones diplomáticas con Cuba; se firmaron acuerdos de colaboración en derechos humanos con Argentina, y de intercambio comercial con Venezuela, Paraguay, Cuba; y se reitera la 'apuesta estratégica' en el Mercosur y la 'comunidad latinoamericana de naciones'. Estas primeras señales fueron empañadas (ya durante la 'transición) por el voto favorable de los parlamentarios del Frente Amplio al envío de tropas de ocupación a Haití, bajo la excusa de acompañar a los gobiernos de Argentina y Brasil en la operación 'humanitaria' de la ONU.

Emergencia Social

La gravedad y la extensión de la crisis socio-económica rompe los ojos: casi un millón de pobres (32% de la población total); 14% de desocupación; 35% de la fuerza de trabajo en situación de 'precariedad'; decenas de miles de personas viviendo en asentamientos precarios; el 54% de los niños que nacen y crecen en los hogares 'desafiliados socialmente'. En este cuadro, el Plan de Emergencia Social (Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social - PANES), asume el carácter de 'buque insignia' del gobierno. Alcanzará a 200 mil personas y tendrá una duración de dos años. Incluye un 'ingreso ciudadano' (cuyo monto monetario no está resuelto) y varias prestaciones en términos de alimentación, salud, educación, vivienda y transporte.

En un principio, consumirá solamente U$S 100 millones, el 0,7% del PIB anual (una cifra irrisoria si tenemos en cuenta que al pago de los intereses de la deuda externa se dedicará casi un 4% del PIB) y en etapas siguientes contará con la 'ayuda' del Banco Mundial, el BID y algunos países de la Unión Europea. Según la ministra responsable del área (Marina Arismendi, Partido Comunista), el éxito de la propuesta depende de 'una amplia participación popular' y de la interacción del aparato del Estado, los municipios, las ONGs, los pequeños comercios, y los voluntarios (ver más adelante). El objetivo es que en dos años se puedan 'erradicar los merenderos y comedores' donde hoy se concentran los 'indigentes'.

Padrinazgo del FMI

Sin embargo, las principales señales van hacia la derecha y los 'inversores privados'. Diálogo y acuerdo multipartidario (en economía, educación, política exterior) con los partidos burgueses para asegurar la 'gobernabilidad'; bienvenida a Telmex en la 'competencia' en telefonía celular, instalación de Botnia, la transnacional finlandesa de la celulosa, pese a las protestas de las organizaciones sociales y de numerosas personalidades incluso en el Foro Social Mundial de Porto Alegre; inversiones de la transnacional brasilera de la bebida, Ambev, que llegaron de la mano de Lula, aunque la empresa practique sistemáticamente medidas antisindicales; mantenimiento del 'secreto bancario' y del régimen de AFAP (administradoras de fondos de pensión).

Por el contrario, no habrá 'salariazo', y el reclamo de los sindicatos de aumentar el salario mínimo a 5.000 pesos (250 dólares) ya fue desestimado. La 'recuperación del ingreso' quedará supeditada a la creación de 'empleos genuinos' lo que a su vez depende del volumen de 'inversiones productivas' que realicen los 'empresarios nacionales y extranjeros'. Es decir, la misma cantinela neoliberal; primero crece la torta y después se 'reparte'. El conjunto de esto pasos viene de la mano con lo que será el punto nodal para poner en práctica el proyecto de 'país productivo': las negociaciones con el FMI.

El ministro de Economía, Danilo Astori, ya lo ha dejado explícitamente claro: 'Sin un acuerdo con el FMI hoy no hay cambio (…) la mayoría de la inversión va a ser privada y del exterior (…) Por eso para darles o no trabajo a los uruguayos va a depender de un acuerdo con el Fondo'. (El Observador Económico, Montevideo, 25-2-05).

Obviamente, la cuestión de la deuda externa pública estará en el centro de las negociaciones. El gobierno progresista ha sido enfático: cumplirá religiosamente con los 'compromisos contraídos' por el país. Veamos. En 1999 la deuda bruta era de U$S 8.500 millones y en 2004 U$S 13.500 millones…el PIB era en 1999 de U$S 21.000 millones y a finales de 2004, U$S 13.000 millones. El FMI requiere un 'superávit primario' del 4% (en 2004 fue del 3,8%) para garantizar el pago de los intereses y 'obtener credibilidad frente a los mercados' e inversores privados, actores esenciales en la 'sustentabilidad' del programa del nuevo gobierno (Uruguay cuenta con una de las menores tasas de inversión de América del Sur respecto al PIB: alrededor de 14%). El calendario de pagos a los 'acreedores' es insostenible: el país deberá transferir a las instituciones financieras internacionales U$S 3.000 millones en los próximos dos años. Si como todo parece indicarlo, el gobierno claudica ante los condicionamientos del FMI y los 'mercados', su propuesta de 'cambio', 'país productivo' y 'reactivación del mercado interno', serán una ilusión óptica.

En tal sentido, el gobierno de Tabaré Vázquez pondrá en tela juicio, por lo menos, dos de los pilares básicos de cualquier gobierno que se pretenda de izquierda: 1) una real distribución de la riqueza a favor de los trabajadores y capas sociales empobrecidas, lo que implica afectar la 'rentabilidad' de los capitalistas; 2) medidas que apunten a quebrar el círculo de hierro de la dependencia con respecto al imperialismo y sus agencias de 'crédito', lo que implica una ruptura con las condiciones que imponen las Cartas de Intención del FMI y los programas de 'ayuda' del Banco Mundial y el BID. Por ahora, nada de esto figura en la inmediata agenda progresista.

Vitalidad popular

El gobierno cuenta con oxígeno, aunque no es portador de un cheque en blanco. Si bien nos encontramos en unos de los momentos más bajos de las luchas sociales, la experiencia acumulada en la amplia resistencia antineoliberal (que ha impedido la privatización del agua, las telecomunicaciones, la electricidad, etc.) permite afirmar que las demandas socio-económicas continuarán dibujando el paisaje del nuevo período que se abre.

El programa del gobierno progresista no contempla muchas de las reivindicaciones por las cuales el movimiento obrero y popular se enfrentó a las clases propietarias y a las coaliciones neoliberales de blancos y colorados. Su estrategia apunta a un 'pacto productivo' que diseñe un escenario de 'paz social' y brinde mayor tranquilidad a unos 'mercados' que, sin embargo, han 'reaccionado favorablemente': el 'riesgo país' es el más bajo de los últimos 5 años (336 puntos).

Paro toda la energía social que hoy se expresa en esperanza politizada, puede traducirse en organización y movilización. Esto no se debe subestimar. A pocas horas de entrar en funciones Tabaré Vázquez, cientos de voluntarios se inscribieron, ya el primer día, para incorporarse a la tareas de apoyo del Plan de Emergencia Social: en su mayoría militantes de izquierda, activistas de los movimientos sociales o simples ciudadanos de a pie. La pronta, voluntaria y masiva respuesta hacia el Plan de Emergencia Social, no solamente refuerza la legitimidad del gobierno, manifiesta también, una extendida voluntad de participar, vital y directamente, de un proceso de autoorganización y socialización de la solidaridad de clase.

Evidente, esa voluntad de 'cambio' chocará con las restricciones de un programa económico cuya matriz la impone el FMI; también, con los innumerables obstáculos burocráticos y la decisión gubernamental de controlar desde arriba la 'espontánea' adhesión de un movimiento de masas que se apropia del 'hecho histórico' de haber quebrado la dominación bipartidista burguesa.


* Ernesto Herrera es militante de la izquierda radical, editor del boletín informativo Correspondencia de Prensa.