Latinoamérica
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La difícil lucha contra la impunidad
Gustavo
Espinoza
El último día de febrero, fue negro para la justicia peruana. Un así llamado
'tribunal anticorrupción' salvó de la cárcel a una de las más despreciables
figuras del fujimorato, el ex ministro de economía Carlos Boloña Berh, al que
condenó a sólo 4 años de prisión 'no efectiva' por haberle proporcionado 15
millones de dólares -dinero del Estado- al entonces Asesor de Inteligencia del
Presidente depuesto, para que huya del país. Boloña, hombre de confianza del
Fondo Monetario y caracterizado vocero del neo liberalismo estuvo involucrado
también en un intento de 'Golpe', en el año 2000, para evitar la quiebra el
régimen dictatorial de Fujimori, pero también fracasó.
Ese mismo tribunal que encontró liviana la responsabilidad de Boloña, una semana
antes, había absuelto a Martha Chávez, connotada figura parlamentaria del
régimen depuesto, arguyendo que 'no había encontrado pruebas' para condenarla.
Estos dos ejemplos sirven por cierto para graficar cómo es difícil en el Perú la
lucha contra la impunidad. Pero no son los únicos. Decenas de mafiosos han
abandonado ya las cárceles en unos casos por haber sido sancionados con penas
insignificantes; y en otros por no haber sido juzgado. A estos últimos se les
aplicó la figura del 'exceso de carcelería', porque transcurrió un tiempo que la
justicia consideró 'razonables' sin que se haya expedido sentencia en el caso.
Y es que, por donde se les mire, los tribunales de justicia están corroídos por
los viejos sistemas de dominación, que simplemente se inclinan ante los
poderosos. Y la mafia Fujimorista no solo que fue poderosa, sino que lo sigue
siendo y puede darse el lujo -incluso- de retomar el poder en nuestro país. Es
de temerle, entonces.
Hace algunas semanas, uno de los órganos de expresión más reaccionarios que se
editan aquí -el diario Expreso- se quejaba de la situación creada más o menos en
los siguientes términos: cuando ocurre algo como lo que está pasando hoy en el
Perú y nuevos tramposos capturan el control del Estado, aparece -decía- una
colección de videos como la que dejó pasar a la historia la Mafia de Montesinos,
y como resultado de ello, la ética, la moral y la honra de las personas quedan
hechas escarnio.
Una lógica sugerente, claro porque le ética, la moral y la honra que quedaron en
escombros, fueron las de los mafiosos que compraban voluntades, y las de los que
vendían las suyas a cambio del dinero público.
No estaba, en efecto, la honra ni la dignidad del pueblo en juego, porque no
fueron 'los de abajo' los que se vendieron; sino 'los de arriba' los que
buscaron acumular fortuna a manos llenas en una extraña capacidad de combinar lo
agradable con lo productivo: multiplicaban sus ingresos, en efecto, al tiempo
que servían obsecuentemente los intereses del Gran Capital. Hoy buscan que nadie
los juzgue por ello y que no les impongan sanciones. Después de todo 'sirvieron
a la patria', pero sus servicios no tenían por qué ser gratuitos. Nunca lo
dijeron.
El tema es más complicado porque no sólo se refiere a gente que robó a manos
llenas, sino también a asesinos que segaron vidas humanas, que mataron a
inocentes, que privaron del más elemental de los derechos -el derecho a la vida-
a mujeres, ancianos y niños.
Alan García estuvo complicado en numerosos crímenes que hoy toman forma:
Accomarca, Llocllapampa, Cayara, los Penales; pero también en matanzas como la
de Los Molinos, lugar en el que fueron simplemente fusilados decenas de
combatientes rendidos del MRTA; o ejecuciones extrajudiciales como las que llevó
a la práctica el conocido Comando Rodrigo Franco, que usurpó el nombre de un
mártir haciendo escarnio de su vida. Pero Alan García se niega a comparecer ante
los tribunales de justicia que lo requieren apenas para 'declarar', ya que temen
abrirle procesos en la materia.
Los militares que asesinaron en Accomarca, entre agosto y septiembre de 1985,
hicieron uso de procedimientos horrendos: tomaron a los niños de las aldeas y
los confinaron en chozas de paja con sus madres. Allí dispararon después bombas
de gasolina y metralla, con la que mataron a muchos y quemaron sus cuerpos. La
autopsias dirían más tarde que allí los niños fueron quemados vivos. Pero hoy,
quienes tuvieron la iniciativa de actuar así, u ordenaron ese crimen, dicen que
nadie puede juzgarlos. En unos casos no tuvieron participación directa en los
hechos, y en otros, tales delitos 'ya prescribieron'. Por una u otra razón, la
impunidad asume la función de norma.
Gracias a ella, en efecto, ya están libres dos connotados asesinos del Grupo
Paramilitar Colina, pero probablemente en abril estarán en la calle otros, a los
que se les concederá la misma licencia benigna: no hubo juicio, pasó el tiempo,
y ya.
Bien podría decirse que en nuestros países, la justicia es una parodia. Porque
lo que ocurre hoy en el Perú sucede también en Chile, en Argentina, En Paraguay
o en Brasil ¿O es que algún castigo recibieron, por ejemplo, los que
secuestraron y desaparecieron en una calle de Buenos Aires, en 1979, a Antonio
Maidana, el valeroso Secretario General del Partido Comunista del Paraguay?.
Como en muchos otros casos, en todos los rincones del continente se ha afirmado
la impunidad y los asesinos tenido la habilidad necesaria para librarse de
culpas.
No siempre les fue fácil. En el Perú, por ejemplo, algunos de los más
caracterizados asesinos, tuvieron asistencia del Estado para cambiar de
identidad, de imagen y de documentos; y la ayuda necesaria para salir del país y
radicarse en algún del mundo en el que hasta hoy, no fueron ubicados. Fue el
caso de Alvaro Artaza, el tristemente célebre 'Comandante Camión', uno de los
primeros asesinos que operó en la zona de emergencia precisamente al amparo del
general Clemente Noel Moral y sus cómplices.
Esos elementos hoy son libres, sí; pero con seguridad no se han librado nunca de
sus culpas ni de su conciencia, que les atormentará hasta el fin de sus días.
La impunidad no es, entonces, carta de garantía. Es, apenas, una mueca de
desprecio por la justicia y por la vida.
* Gustavo Espinoza es miembro del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera.