Roberto Arosemena Jaén

El sistema histórico de la corrupción panameña se acentúa con la desaparición de su primer presidente, el Libertador Simón Bolívar. El 22 de febrero de 1826, Bolívar ordena a Santander decir a la compañía que aspiraba a construir el Canal por el Istmo de Panamá: que él no será su protector y le aconseja que no intervenga en "ese negocio puramente especulativo".

La corrupción es el mal de los funcionarios públicos, por extensión se habla de corrupción de la empresa privada cuando corrompe al funcionario para hacerlo servidor de intereses privados. Sin "Moral Pública no puede existir la República" decía Bolívar en el Congreso de Angostura. Por eso, Panamá existe a empujones de partidos improvisados, gobernantes cosméticos y campañas mediáticas arrebatadas.

Cuando un grupo pide el enjuiciamiento de los Magistrados de la Corte y ante, su dificultad, opta por lo más sencillo y lo más ingenuo: "pedir su renuncia", entonces, uno piensa y qué pasó con la destitución forzada y aún no resuelta, legalmente, del ex presidente de la Corte, César Pereira Burgos. Luego, de la renuncia de los nueve, vendrá el nombramiento presidencial, según la Constitución reformada del 2004, que incluso habilita a ser magistrados a ex convictos condenados a menos de cinco años de prisión. El impedimento de delitos contra la administración pública ha sido borrado.

De allí que cuando Dimas Cedeño levanta la voz de un nuevo pacto social para realizar una reforma integral de la Administración de Justicia en Panamá, los ciudadanos responsables, inmediatamente piensan en una Constituyente que le quite al Ejecutivo y a los diputados el manipuleo de los futuros magistrados. Bolívar ya lo sabía el 11 de enero de 1825 cuando establece una Junta Calificadora para nombrar a los funcionarios que recomendaban los prefectos, no obstante que desde el 16 de septiembre de 1824 declaraba mediante decreto que las autoridades y prefectos de la Nación son responsables por la incapacidad de sus "recomendados". La corrupción de los magistrados, en sentido bolivariano, es responsabilidad directa del Órgano Ejecutivo.

El problema de la corrupción no son los magistrados de la Corte, sino el exceso de poder presidencial tanto en el nombramiento de los procuradores y magistrados de la Corte Suprema de Justicia como en la asignación de las partidas presupuestarias bajo el criterio del superministro de Economía y Finanzas. Lo único positivo de la solicitud de renuncia en bloque de los magistrados es la rendición de cuenta que le exigirá - si consiguen los 2/3 de los votos de los "honorables" legisladores - la Asamblea Nacional de Diputados. El caso Faúndes no ha caído en el olvido y ese enjuiciamiento parece una distracción más de los poderosos medios de comunicación al servicio del poder.

La corrupción en Panamá es sistémica y debe ser combatida sistemáticamente. Antes del inicio de la carrera administrativa, que intentó institucionalizar Bolívar en 1825, se había establecido, mediante ley, la pena de muerte para los funcionarios que dilapidaban o tomaban dinero de los fondos públicos. En Panamá ni existe carrera administrativa, ni existe, para fortuna de los corruptos y gracias a la lucha de los pueblos, pena capital para los peculados, defraudación fiscal y blanqueo de dinero. Por el contrario, la falta tributaria la califica el superministro, el blanqueo de capitales la oficina adjunta a la Presidencia de la República y el peculado el Código Penal con su artículo 325 que permite al funcionario, ante la amenaza de un enjuiciamiento, devolver el dinero y cambiar por virtud de la ley, una pena de prisión de doce años, por 50 días multa. Recientemente, un ex gobernador de provincia consignó el dinero que se le acusa haber utilizado y que está pendiente de una investigación sumarial. No se puede hablar seriamente de una reforma integral de la administración de justicia si no se cambia la dinámica de los códigos penales heredados de la República de Francisco de Paula Santander y se asume la actitud moral de la República de Colombia, fundada y desaparecida bajo el liderazgo moral de Simón Bolívar.

El Estado es una entidad moral y no hay política estatal sino bajo el imperio de la ética, la constitución y las leyes de la República. El Estado es un asunto tan serio que no puede dejarse en manos de la sociedad civil ni de los partidos políticos y menos en manos de las iglesias y de los funcionarios electos por votación popular o nombrados por el gobierno. El estado, sólo, puede estar en manos de la ciudadanía y ésta, solamente, se expresa democráticamente con arreglo a una constitución derivada de su poder soberano y autolegislador. Hablar de la democracia y pensar en el Estado panameño es inoportuno e inconveniente.

Uno de los filósofos vivos del siglo XXI, Jürgen Habermas, considera que la ética sin derecho es inútil y que el derecho sin ética es despiadado, arbitrario e irracional. Para demostrar eso, escribió un libro sobre Filosofía del Derecho de más de 680 páginas y que le costó cinco años de investigación y consulta y una madurez de siete décadas. Lo que trató de hacer Bolívar, ahora se está proponiendo en los mejores centros de estudio e investigación político administrativo del mundo globalizado.

El autor es filósofo y abogado.