El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) demandó al Estado de Guatemala por la actitud represiva de las fuerzas de seguridad durante las protestas contra la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, se informó hoy.
Mario Polanco, dirigente de la agrupación defensora de los derechos humanos, señaló que la acusación ante las instancias judiciales se sustenta en que el gobierno, por medio de las fuerzas públicas, vedó la libertad de locomoción de los manifestantes.
Además, dañó la propiedad privada y no ofreció de inmediato atención médica a quienes protestaron contra el acuerdo comercial y resultaron heridos durante choques con la policía en la localidad de Colotenango, en el departamento de Huehuetenango (noroeste).
En aquella comunidad huehueteca un campesino murió por disparos presuntamente hechos por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y del ejército que trataron de desalojar a quienes bloqueaban un puente.
La demanda del GAM también incluye la responsabilidad del Estado por la muerte del labriego Juan Estéban López, de 24 años de edad, durante los referidos disturbios.
Polanco explicó para realizar la denuncia se basó en una ley, según la cual, los manifestantes deben pedir permiso a Gobernación de su departamento (provincia) y esa dependencia notifica a las fuerzas de seguridad para que vigilen la manifestación.
"En el caso de las últimas marchas, la policía las reprimió y agredió", fustigó el activista humanitario, al agregar que en lo referido a daños a la propiedad privada el pasado lunes un grupo de policías intentó ingresar a la Casa del Estudiante.
En ese inmueble, situado en el centro de esta capital, se encontraban los organizadores de la protesta contra la ratificación parlamentaria del TLC, apuntó.
Desde hace dos semanas decenas de miles de guatemaltecos convocados por el Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular (MICSP), que aglutina a casi una veintena de agrupaciones civiles, salieron a las calles para criticar la política oficial.
Esas jornadas tuvieron por momentos episodios violentos, en los cuales murieron dos personas, medio centenar resultó herido (incluidos agentes del orden), una veintena fue detenida y se reportaron más de nueve millones de dólares en pérdidas para la economía.