Se recrudece tensión entre el Estado colombiano y campesinos tras la última masacre de la que responsabilizan al ejército 

Constanza Vieira
IPS
 
La tensión llegó a su punto máximo entre el Estado colombiano y la pequeña Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el noroeste del país. Los campesinos denuncian que el ejército penetró en su aldea luego de asesinar a ocho pobladores. Pero se niegan a declarar ante la justicia, pues ya no confían en ella. Más de 146 comuneros fueron muertos desde 1997, sin que se aclarara ningún crimen.

”Tenemos derecho a no convivir con los victimarios. Necesitamos que el ejército salga de San José. Ahora está alrededor de nuestras casas, de nuestras escuelas, de nuestros niños”, sostuvo el viernes un comunicado de la comunidad, integrada por más de 1.300 campesinos que en 1997 declararon su aldea como territorio libre de armas y operaciones bélicas.

Según el texto, fuerzas militares penetraron a las 9.15 horas (14:15 GMT) al poblado, cuyos habitantes acusan al ejército de haber asesinado el 21 de febrero a ocho personas, entre ellas el líder de la comunidad y tres niños.

”Exigimos al Estado colombiano no tener presencia armada en nuestros lugares de asentamiento y en nuestros lugares de trabajo. Esta situación nos coloca en grave riesgo pues nos sitúa como objetivos militares”, agrega el texto.

Este es un reclamo que la comunidad también mantiene ante los demás actores armados de esta guerra interna que lleva más de cuatro décadas: los paramilitares de derecha y las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

”Si el estado colombiano persiste en esta actitud de hostigamiento nos veremos obligados a un desplazamiento forzado”, advirtió el texto.

El 21 de febrero, fue torturado y muerto el reconocido líder comunitario Luis Eduardo Guerra, de 35 años, su esposa y su hijo de 11, otra pareja campesina, sus dos niños, de cinco y un año y medio, y otro campesino. Todos los cadáveres aparecieron destrozados.

Guerra era interlocutor ante el Estado para la aplicación de acciones provisionales de protección a esa comunidad, dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA el 9 de octubre de 2000, y que habían sido precedidas por medidas cautelares dictadas en diciembre de 1997 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del mismo organismo hemisférico.

Guerra se había reunido tres veces con el vicepresidente Francisco Santos, quien se comprometió personalmente a impulsar las medidas de seguridad para la Comunidad de Paz.

En una audiencia ante la Corte, que se llevará a cabo en San José de Costa Rica el 14 de este mes, el gobierno colombiano tendrá que mostrar qué acciones adoptó para garantizar la vida y la seguridad de los integrantes de la Comunidad de Paz.

De acuerdo con el informe de una comisión de verificación integrada por 100 campesinos de la comunidad, los hechos del 21 de febrero son responsabilidad de efectivos de la Brigada XVII del ejército.

Algunas autoridades niegan la acusación, mientras otras prefieren esperar los resultados de la respectiva investigación judicial.

Pero los fiscales que llegaron a San José de Apartadó a efectuar interrogatorios se encontraron con dos muros.

Uno, el que los habitantes construyeron, ladrillo a ladrillo, con el nombre en cada uno de más de 146 asesinados desde marzo de 1997, cuando se proclamaron neutrales frente a la guerra.

El otro fue un muro de silencio.

La comunidad refrendó su decisión pública del año pasado, cuando resolvió romper con el sistema judicial, en vistas de que todos los crímenes seguían impunes.

”Sólo vamos a hablar ante la Corte Interamericana” de Derechos Humanos de la OEA (Organización de los Estados Americanos), contestaron los campesinos a los fiscales cuando éstos les requirieron declarar sobre los hechos.

La posición comunitaria se vio debilitada por un ataque contra los investigadores perpetrado aparentemente por las FARC en el camino de 12 kilómetros que une San José con la cabecera municipal, Apartadó, en el departamento de Antioquia, en el que resultó muerto un joven policía.

Los campesinos condenaron el ataque.

”El fiscal de derechos humanos en Bogotá me llamó y me dijo que yo debería estar en ese momento en su oficina. Le contesté que no: hago objeción de conciencia y no voy a ir”, dijo a IPS Gloria Cuartas, quien era alcaldesa de Apartadó cuando surgió la iniciativa pacifista.

”La comunidad de San José ya ha dicho que no van a continuar sometidos a interrogatorios, en un país donde el testimonio es manipulable, donde se compran testigos, se paga a la gente para que hable sobre otros, se obstruyen pruebas”, agregó.

Cuartas había acompañado a la comisión de verificación campesina a los lugares donde se hallaron los cadáveres. El miércoles recibió amenazas de muerte por teléfono.

También fue amenazado un conductor que se prestó el sábado 26 de febrero a transportar los cuerpos del cementerio de Apartadó hasta San José, donde fueron velados.

Requerida también para declarar por las fiscalías de Apartadó y de Medellín (capital de Antioquia), Cuartas contestó que ”no voy a dar ninguna declaración ante ningún operador de justicia de este país”.

”La experiencia demuestra que durante ocho años de denuncias siempre se buscó el testimonio de la víctima pero nunca el de los victimarios. Y en todas las denuncias que hicimos siempre fueron amenazados o asesinados quienes llegaron a presentar sus declaraciones”, argumentó.

”El nueve de marzo de 2004, después de entregar 220 pruebas que implican al general Rito Alejo del Río (ex comandante de la Brigada XVII), sin embargo la investigación precluyó. Muchas de las personas que denunciaron contra el general, fueron asesinadas”, dijo Cuartas.

Los comuneros se reunieron el miércoles con una delegación de la ONU que visitó el lugar, integrada por el director del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Colombia, Roberto Meier, y por Amérigo Incalcaterra, director adjunto de la oficina local de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Con ayuda de religiosos católicos, la comunidad ha consignado detalladamente y denunciado en forma pública todas las violaciones de derechos humanos contra los suyos. Con ese grueso archivo respondió a la acusación de ”obstrucción de la justicia”, que le efectuó el propio mandatario Álvaro Uribe, en mayo del año pasado.

”Uribe está en el origen de la historia de la comunidad de paz”, dijo a IPS el sacerdote jesuita Javier Giraldo, asignado por la Compañía de Jesús para asesorar a la comunidad de San José.

El actual mandatario fue gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997 y asumió la presidencia en agosto de 2002.

”Cuando se comenzó a hablar de resistir, se habló de crear comunidades neutrales”. Uribe ”apareció de pronto” en una reunión ”y empezó a hablar de la neutralidad activa tal como la entendía él: hacer una alianza con el ejército para no permitir la presencia de la guerrilla en las comunidades”, relató.

”Su propuesta era tan distante de lo que se proponía, que el obispo Tulio Duque, entonces obispo de Apartadó, le dijo 'señor gobernador, su propuesta no es la misma nuestra', y él, muy enojado, se retiró”, agregó Giraldo.

”El gobernador se estaba apropiando del lenguaje de la neutralidad”, y por eso la comunidad no tomó el nombre de ”neutral” sino ”de paz”, relató el sacerdote.

Ya como presidente electo, en una gira por Europa, Uribe comenzó a anunciar la militarización de San José y de otras comunidades que siguieron su ejemplo, según Giraldo.

En mayo del año pasado, en la celebración de un consejo de seguridad en Apartadó, Uribe había dicho que ”en Colombia no debe haber un centímetro del territorio excluido de la presencia de las instituciones”.

Pero el gobierno no admite la existencia de un conflicto armado, sino de ”una amenaza terrorista” contra la democracia, una situación ante la cual todos los civiles deben tomar partido.

”Siempre hemos pedido y exigido al estado colombiano la presencia permanente de sus órganos civiles de control como la Procuraduría (ministerio público) y la Defensoría del Pueblo. Pero de ninguna manera aceptamos la presencia de las fuerzas militares entre nosotros”, afirmó el comunicado campesino del viernes.