El Movimiento al Socialismo (MAS)-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) y los movimientos sociales de Bolivia, denunciamos que de acuerdo a informaciones del servicio de inteligencia del propio gobierno, existe un plan para asesinar al diputado nacional y presidente del MAS, Evo Morales Aima.

En las últimas horas, fuentes reservadas del servicio de inteligencia del gobierno nos alertaron que un comando de mercenarios -presumiblemente colombianos- ingresaron al territorio nacional con el único objetivo de eliminar a nuestro principal dirigente y a otros del movimiento popular boliviano.

En este macabro plan estaría involucrado el Ministro de Gobierno, junto a sectores ligados a las transnacionales de los hidrocarburos, los grupos fascistas y un sector de la oligarquía cruceña.

Además, denunciamos que a través del internet se ha desatado una campaña cobarde y anónima que ofrece recompensa económica por 'Evo vivo o muerto, mejor, si es muerto'.

Esta campaña no es nueva, pero en los últimos días, se ha intensificado porque el objetivo del gobierno de Carlos Mesa y la embajada de Estados Unidos es criminalizar, satanizar y penalizar al MAS, a los movimientos sociales y a nuestros dirigentes, principalmente a Evo Morales Aima.

La renuncia -mejor chantaje- del Presidente de la República, el pasado 6 de marzo, con una serie de mensajes de carácter racista, divisionista y elitista, tenía ese objetivo de tratar de destruir a nuestro movimiento y sus representantes. No lo lograron.

Aunque el presidente Mesa aplaudió, en los últimos días, en más de una oportunidad desde los balcones de Palacio de Gobierno a los funcionarios públicos que coreaban 'mano dura, mano dura', 'Evo al paredón', 'Muerte a Evo' y otros adjetivos, el gobierno chantajista no pudo con la fortaleza de los movimientos sociales y del pueblo boliviano.

La 'renuncia' maquiavélica de Mesa es parte de toda una campaña nacional e internacional. El 21 de marzo, el editorial del periódico norteamericano Washington Post señala que 'Evo es una amenaza para la democracia latinoamericana'.

'Los revoltosos que reclaman ser representantes de la población indígena del país, echaron del poder a un Presidente democráticamente elegido hace 18 meses y, ahora se ocupan de su sucesor, Carlos Mesa, quien ha buscado comprometerlos valerosamente pero sin éxito. Los populistas siguen una onda izquierdista actualmente pujante en América Latina y tienen el apoyo retórico -y posiblemente material- del autogobierno denominado 'bolivariano' de Hugo Chávez, presidente de Venezuela', dice partes salientes de ese editorial que refleja perfectamente lo que piensa una gran mayoría del actual gobierno.

Es bueno recordar, en esta oportunidad, algunos hechos ocurridos en este año para comprender la campaña:

- El 15 de enero, un informe del Consejo de Inteligencia de EEUU, denominado 'Mapa del Futuro Global' identifica a Venezuela y Bolivia como dos países que forman parte del 'eje del mal'. La administración de George W. Bush, bajo el pretexto de 'terrorismo internacional' puso en la mira al gobierno bolivariano de Hugo Chávez y al Movimiento al Socialismo (MAS).

- El 20 de enero, mediante medios de comunicación, se conoció que el ex militar y alto funcionario del Comando de las Fuerzas Armadas para el Conos Sur de los Estados Unidos, James Hill, acusó a nuestro dirigente de recibir financiamiento de Hugo Chávez, presidente del gobierno de Venezuela.

- El 22 de enero, el periódico 'Semana' editado en Bogotá-Colombia, en su sección 'Confidenciales' aseguró que Rodrigo Granda -más conocido como 'el canciller' de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)- tenía el teléfono de Evo Morales en una agenda que le fue incautada durante su detención.

- El 17 de febrero, se conoció que la Secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, expresó su preocupación sobre el fortalecimiento en este país 'del partido conformado por cultivadores de coca'. 'Estamos muy preocupados por ese partido (MAS)', aseguró la 'mano dura' norteamericana.

- A principios de marzo, 'Datos' una revista al servicio del empresariado, el gobierno y las transnacionales afirma: 'Datos tuvo acceso a documentación clasificada que asegura que el jefe del MAS, Evo Morales Aima y su par indigenista Felipe Quispe Huanta, fueron financiados en octubre de 2003 por el magnate George Soros, hombre ligado a diferentes ONGs, desde donde impulsa la legalización de la hoja de coca'.

La criminalización, satanización y penalización a los movimientos sociales no es nueva, esta es una imposición del gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, es bueno recordar que el primer artículo de la Constitución Política del Estado dice: 'Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en república unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos'; por tanto, nosotros -las mayorías nacionales- defenderemos ese precepto.

Bolivia, tiene a la mayor parte de su población como indígena. Según datos del último Censo Nacional de Población (INE 2001), el 62 por ciento de los bolivianos y bolivianas de 15 o más años se identifica con algún pueblo originario: el 31 por ciento es quechua, el 25 por ciento aymara y el seis por ciento se identifica con otras etnias; este porcentaje podría ser incluso mayor porque muchos ocultan su identidad.

A pesar de esta campaña a nivel nacional e internacional, el MAS ratifica que continuará fortaleciendo el sistema democrático y la unidad en base a los principios de equilibrio para el pueblo boliviano, defenderá los intereses de las mayorías nacionales y combatirá para que las justas demandas sean una realidad.

Todos los movimientos sociales de Bolivia, en torno al Pacto 'Por la Soberanía y Dignidad Nacional' nos unimos en torno a una agenda popular con las siguientes demandas:

* La defensa de la unidad del país, entendida como el rechazo a cualquier tipo de convocatoria de un referéndum sobre autonomías o la aprobación de una ley de autonomías, por constituir sólo pretextos para dividir el país y evitar la Asamblea Constituyente.

* La recuperación de los recursos naturales con la aprobación inmediata de la nueva Ley de Hidrocarburos que garantice la recuperación de todos los hidrocarburos para el Estado Boliviano, el incremento de las regalías al 50 por ciento, la refundación de YPFB para que opere en toda la cadena productiva y con un título de derechos indígenas y originarios y de protección del medio ambiente.

* La aprobación de la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente que garantice una Asamblea Constituyente Soberana, Participativa, Incluyente y Originaria.

* La expulsión de la ciudad de El Alto de la empresa Aguas del Illimani y la transnacional Suez y la constitución de la nueva empresa de agua potable en La Paz y El Alto de carácter social y sin participación privada.

* El rechazo a la aprobación de la inmunidad para soldados y súbditos norteamericanos, lo mismo que a las negociaciones del país sobre el TLC y el ALCA hasta que la Asamblea Constituyente defina el nuevo Estado.

* El inmediato procesamiento mediante juicio de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada y a todos los actores materiales e intelectuales de la masacre de octubre de 2003.