Bolivia atraviesa una de sus cíclicas tensiones que amenazan gravemente la estabilidad política y social del país. El presidente boliviano logró un triunfo parcial en el parlamento boliviano, tras jugar la carta de su renuncia condicionada. Era una carta ganadora, porque casi todos los sectores reconocen que la salida de Carlos Mesa del palacio de gobierno en La Paz, significaría –como bien dice el refrán- saltar de la olla para caer en el fuego. Los personajes políticos que siguen en la línea de sucesión presidencial, son conocidos y rechazados por una gran mayoría de la población, y se sabe que tienen vínculos estrechos con las multinacionales y con los grandes grupos económicos.
Entre ellos el presidente del Parlamento, Hormando Vaca Diez, hombre del ex presidente Sánchez de Lozada que controla las bancadas parlamentarias del MIR, ( Mov. Izquierda Revolucionaria ), del MNR ( Mov. Nacionalista Revolucionario y de NFR (Nueva Fuerza Republicana ), denominaciones que nada tienen que ver con sus posiciones, sus prácticas y sus objetivos, y que están estrechamente vinculadas con las devastadoras experiencias neoliberales. ( Ver nuestro envío 292 de enero pasado, "Las carroñeras vuelan bajo" )
Mesa condicionó el retiro de su renuncia a que todos los partidos terminaran lo que calificó de oposición rígida, y a que cesaran los bloqueos de carreteras y las huelgas que afectan a una parte importante del país. Pero finalmente, en el acuerdo logró incluir un cierto consenso con sus propio criterio en torno a la Ley de Hidrocarburos, verdadero nudo gordiano de la crisis, y tras el cual hay posiciones claramente enfrentadas. Las grandes transnacionales del petróleo y seguramente también gobiernos de algunos países europeos y el de Estados Unidos presionaron con fuerza a Carlos Mesa para que atenúe las condiciones y las cargas tributarias de las corporaciones que tienen a su cargo la extracción de las gigantescas reservas de hidrocarburos que posee Bolivia y su distribución. Los movimientos sociales,
las federaciones campesinas, la Central Obrera Boliviana y el principal partido de la oposición, exigen formas de control estatal y la aplicación de unas regalías del 50 % para su país.
Mesa se decanta
El plan de Mesa se manifiesta en una legislación favorable a la explotación de los recursos energéticos por parte de compañías extranjeras, mientras buena parte de los 8,5 millones de bolivianos ( 65 por ciento de los cuales son pobres ) no pueden costearse el servicio de gas natural a pesar de ser los verdaderos propietarios de ese recurso que está bajo la tierra que pisan.
El presidente que hasta ahora navegaba en zig-zag por el mar de las crisis continuas, parece haber puesto el rumbo que las transnacionales y la oligarquía política y social boliviana esperaban.
Fue por esta cuestión, fundamentalmente, que hace un año fue derrocado Gonzalo Sánchez de Losada por revueltas populares que costaron decenas de muertos y cientos de heridos. El ex presidente pretendió llevar adelante el proyecto de salida del gas boliviano por un puerto chileno con destino al norte de México y al estado norteamericano de California. Amplios sectores sociales reaccionaron y consideraron que la medida significaba la entrega de los recursos naturales más importantes que tiene el país. Se generó entonces una gran movilización de rechazo que tuvo como respuesta represión policial y militar. La protesta se convirtió entonces en rebelión y Sánchez de Losada terminó huyendo a Estados Unidos.
Carlos Mesa parece haber aprendido de esa experiencia reciente y cuando comenzó la nueva crisis anticipó que él renunciaría antes que ordenar una represión. El pasado sábado las juntas vecinales de la ciudad de El Alto, decidieron radicalizar su protesta y amenazaron con entrar en La Paz para cerrar el Parlamento al que consideran poco representativo y permeable a sobornos y presiones.
Por su parte, Evo Morales, diputado y dirigente del Movimiento al Socialismo, la primera fuerza política en la oposición, manifestaba su desaliento por la tarea parlamentaria, y denunciaba que dirigentes indígenas habían sido comprados y que esas condiciones impedían resoluciones democráticas y representativas. Morales anunció que volvía a promover la movilización en las calles y en las carreteras de
sus partidarios campesinos. Esta conjunción de protestas se convertía entonces en una seria amenaza para la estabilidad del gobierno.
Mesa no dudó entonces, en jugar la carta de su renuncia que anunció el domingo por la cadena de radio y televisión.
A partir de allí se iniciaron negociaciones que terminaron el martes, cuando el Parlamento, sin debate alguno y por mano alzada, rechazó por unanimidad su renuncia. Mesa consiguió también que las desacreditadas fuerzas políticas tradicionales respaldaran sus posiciones sobre una ley de hidrocarburos que respetara lo que llaman "seguridad juíridica" de las empresas extranjeras. Pero dos partidos, el MAS
de Evo Morales y el Movimiento indígena Pachakutic, expresaron su rechazo y exigieron el cobro del 50% de las regalías burlado por la Cámara de Diputados. Denuncian además, que el proyecto de ley no respeta el resultado del referéndum vinculante realizado hace pocos meses por convocatoria del propio gobierno de Mesa. Allí se expresó en términos contundentes la defensa de la soberanía nacional en los recursos energéticos por una amplia mayoría de los votantes.
La historia vuelve a repetirse
Mesa, que fue vicepresidente con el derrocado Gonzalo Sánchez de Losada, intenta por otros medios, sacar adelante un marco jurídico que facilite las cosas a las transnacionales. Argumenta que eso beneficiará a Bolivia. Pero hay muchos bolivianos que no lo creen así. Y tienen motivos porque llevan muchos años a sus espaldas con engaños y despojos sistemáticos.
Esta etapa la ganó Mesa, e indirectamente quienes defienden los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. Cierto es que tuvo que hacer concesiones, como la convocatoria de la reclamada Asamblea Constituyente, y autorizar formas de autonomía para varios departamentos hasta ahora gobernados desde La Paz, pero ya veremos en que queda todo eso.
Mientras tanto, intenta sumar los votos necesarios para que la Ley de Hidrocarburos salga adelante tal como él lo pretende: con una carga impositiva y regalías por debajo de lo que reclaman amplios sectores y movimientos sociales bolivianos.
La oposición, queda centrada en el MAS de Evo Morales, en el movimiento indígena de Felipe Quispe, en la COB, Central Obrera Boliviana y especialmente en la superpoblada ciudad de El Alto, próxima a La Paz, donde decenas de miles de habitantes están organizados en Juntas Vecinales bajo el liderazgo de Abel Mamani. Aquí hay una fuerte defensa de la soberanía sobre los hidrocarburos, pero además, una clara exigencia de que se rescinda el contrato con la empresa proveedora de los servicios de agua potable, propiedad de Suez, la multinacional de matriz francesa.
Los dirigentes opositores no tienen un proyecto común
La ventaja para el presidente Mesa, es que todos estos movimientos sociales no están coordinados entre sí, por más que ante la coyuntura hayan establecido una alianza. Están separados por políticas sectarias y antiguos personalismos. No hay un proyecto común ni la intención de alcanzarlo. Eso lo sabe el presidente y quizás por eso se esfuerza en que la protesta no se generalice. El sabe que es mas fácil que la gente en la calle encuentre de forma natural sus puntos de coincidencia y actúe en consecuencia, a que los dirigentes se pongan de acuerdo para coordinar la oposición.
Audaz, Mesa convocó a movilizarse a "los partidarios del orden" en respaldo a su gobierno, consiguiendo que varios miles de ciudadanos se expresaran en la Plaza Murillo de La Paz y en otras ciudades contra los bloqueos. Entre los asistentes prevalecían funcionarios, y gentes de los sectores de clase media.
Lo último: nueva ruptura
Un nuevo intento de diálogo entre el presidente Mesa y los opositores ( Evo Morales, Jaime Solares y otros dirigentes sociales ) quedó cortado tras varias horas de discusión. El dirigente del MAS al retirarse de la reunión expresó: "Hay intransigencia en el Ejecutivo, que demuestra una actitud servil para con las transnacionales del petróleo. No estamos pidiendo confiscación de las empresas, es importante tener socios, pero ese socio debe aportar 50% de lo que gana con los hidrocarburos bolivianos. Pero el Presidente no quiere atender ese pedido". Añadió Evo Morales que lo que solicitaban era una reivindicación del pueblo. "No es posible que Mesa no acepte 50% de regalías del negocio energético. Son 750 millones año que se recaudarían, actualmente sólo se consigue 150 millones de dólares. Dijo finalmente que ante la intransigencia del gobierno, el movimiento campesino seguirá luchando para el que el gas sea el futuro de los bolivianos.
Las próximas horas, los próximos días, la crisis seguirá su curso y resulta difícil prever un punto de encuentro que detenga las diversas formas de confrontación política y social, que nuevamente se trasladan a las calles, a las plazas y a las rutas.
Esa es en síntesis la situación de la renovada crisis boliviana. En primer plano, el destino de las reservas de hidrocarburos, una de las más importantes del continente americano. Pero detrás, ancestrales problemas, postergaciones, marginación y olvido de amplios sectores de la población, en especial campesinos e indígenas que en Bolivia constituyen uno de los porcentajes mas altos de América Latina. Una vez más podemos decir que este "acuerdo" es nuevamente una salida en falso. No cierra viejas heridas ni contempla los intereses y los deseos mayoritarios de los bolivianos.