Completamos ya 14 meses de ejecución del denominado 'Plan Patriota' o segunda fase del Plan Colombia y el gobierno de Uribe promocionó con el pretexto de combatir a la insurgencia revolucionaria armada.

En su aplicación, Estados Unidos ha invertido más de 3.500 millones de dólares en los últimos tres años y soporta los ruegos de Uribe que implora por más dineros. De hecho, para el 2005 ya están en trámite en el congreso gringo otros 700 millones que se sumaran a los $11.8 billones aprobados del presupuesto nacional colombiano para la guerra.

Y como este gobierno, en el marco de la concepción de seguridad nacional que sostiene la estrategia terrorista del estado colombiano, persiste en alentar la orientación de 'secarle el agua al pez' agrediendo a la población civil que no simpatiza con sus políticas y acrecienta la violación de los Derechos Humanos, está logrando que nuevos sectores se incorporen al torrente insurreccional como consecuencia de la agresión sobre las comunidades.

Es que al transformar Alvaro Uribe sus odios personales y mimos retaliatorios en una razón de Estado, va hundiendo más, en el lodazal de la guerra, cualquier intento por mejorar la situación de los derechos fundamentales de todos los colombianos.

En amplias zonas del país, la fuerza pública oficial acelera su desprestigio porque trata a la población como su enemigo, realzando su perfil de fuerza mercenaria agregada al Comando Sur del ejército de los Estados Unidos, quien diseña y dirige los operativos.

Según afirmo recientemente el Ministro Sabas Pretel, cursan contra el Estado más de 60.000 demandas, que de penderlas, generarían indemnizaciones por más de $ 61 billones, la mayoría de ellas como consecuencia de los atropellos de la fuerza pública durante este gobierno. Para la muestra algunos ejemplos:
5 campesinos en Cajamarca-Tolima y tres dirigentes sindicales (Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto) fueron fusilados por el ejército que pretendió hacer pasar los como guerrilleros; el 31 de marzo, en San Nicolás de Coconuco-Cauca, el ejército asesinó estando dormidas en su casa de habitación a Nancy Inchima Golondrino y a Marta Inchima Golondrino (menor de edad que estaba embarazada) a quienes también quiso mostrar como guerrilleras; en enero en el norte del Cauca, el indígena Olmedo Ul fue asesinado por el ejército y presentado a la opinión como guerrillero por lo que una asamblea indígena enjuicio al Coronel José Vicente Trujillo, comandante del Batallón Pichincha, responsabilizando al ejército por este repudiable crimen y rechazando su mentirosa versión; en agosto fue asesinado por el ejército en las Cabañas de los termales del nevado del Tolima, el civil Jhon Jairo Triana, quien cuidaba el lugar, siendo presentado como guerrillero muerto en confrontación militar; el 27 de noviembre, en San Isidro de Planadas-Tolima fue asesinado en su casa de habitación Raúl Castro Machado, a quien el ejército quiso vestir de camuflado para fotografiarlo al lado de armas y boletines de las FARC, hecho que su familia impidió.

También están los miles de masacrados por el ejército a nombre del paramilitarismo que en ocasiones se coloca el brazalete respectivo para encubrirse o en otras, tiende dispositivos de seguridad para proteger a los sicarios, como por ejemplo:

El 5 de septiembre, en Pailitas y El Carmen límites del Cesar y norte de Santander, veredas Guarumera y Bobalí donde asesinaron a Obdulio Bayona, Daniel Montego, Alfonso Quevedo y otra persona de apellido Maldonado y desaparecieron a 7 más; en la vereda Las Vegas de la Motilonia el 11 de septiembre asesinaron a Víctor Estrada y al profesor de la vereda el Carmen en Convención; en la vereda la Carmona, en agosto, fue asesinado Cesar Angarita tesorero de la junta y también Arturo Meneses en Mata de Enea y en el mes de julio en este mismo municipio fue asesinado Hermes Pérez.

Los atropellos cometidos contra la población civil por la fuerza pública al amparo del Plan Patriota en las diferentes áreas del país, son plena prueba contra un gobierno que a nombre de la seguridad se ha ensañado contra los que no tienen nada. Veamos ejemplos:

En Urabá donde ejército y paramilitares desarrollan los operativos simultáneamente.

a) Del río Cauca hacia Urabá, zona del megaproyecto de Pescadero (Ituango) y la represa de Urra con presencia permanente de tropas e instalación de la Brigada móvil número 11 en Urra, avanzando el operativo hacia las cabeceras del Sinú, Esmeralda y el Cañón del río San Jorge, con bloqueo y desplazamiento forzoso de la población, asesinato de campesinos y detenciones masivas de civiles en Ituango y Peque.
b) Urrao- Frontino- río Atrato: grandes rondas de ejército y paramilitares hacia la selva de Mande, Pantano y La Blanquita de similares características en el río Atrato, redoblamiento de zonas con proyectos de cultivo de palma africana y bloqueo económico.
c) Oriente de Antioquia y Caldas: fuerte presencia de ejército y paramilitares en la zona de los embalses y la auto pista Medellín Bogotá. El campo abandonado en municipios como San Carlos y San Luís, redadas y allanamientos en las comunas de Medellín y toque de queda en las carreteras.
d) Eje cafetero: incremento del pie de fuerza y operativos permanentes hacia los límites con el Chocó.

En la costa atlántica:

a) Gran operativo desde hace un año en la sierra nevada de ejército y paramilitares con taponamiento de todos los carreteables que ha causado abandono del campo y caseríos, pérdida de las cosechas cafeteras y productos de pan coger, asesinato de campesinos e indígenas, bombardeos indiscriminados con destrucción de caseríos, retenes y racionamiento de mercados.
b) Gran operativo de infantería de Marina y Paramilitares en toda la extensión de Sucre (montes de María, La Sabana y El Litoral) y el centro de Bolívar. Muchos campesinos asesinados. El campo abandonado. Son frecuentes las redadas masivas, el empadronamiento y el control de remesas.
c) En la serranía del Perijá hay represión, centenares de civiles asesinados a lo largo de la serranía desde Aguachica, pasando por Becerril, Codazzi y Media Luna, pueblos y campos abandonados, desabastecimiento y muchas familias desplazadas hacia Venezuela.

En el Oriente del país:

En Carurú, Miraflores, Calamar desde helicópteros amenazaron a los campesinos para que abandonaran todo y se fueran. Las tropas robaron ganado, mulas, cerdos, aves de corral, motores, carros, motos, combustibles, vajillas y ropas, quemaron y destruyeron viviendas. La mitad de los habitantes fueron desterrados, otros presos, desaparecidos y muertos. Todo acompañado de bloqueos, retenes, detenciones masivas de campesinos acusados como guerrilleros o auxiliadores. Hay control poblacional, fumigaciones, ametrallamiento y bombardeos.

Este mismo procedimiento lo aplican en el medio y bajo Guayabero, en los municipios metenses de Mapiripan, Concordia, Puerto Rico, Puerto Lleras, Fuente de Oro, Vista Hermosa, San Juan de Arama, Mesetas, Lejanías, Castillo, Dorado, Cubarral, San Juanito, Calvario y San Martín. Tropas de ejército y paramilitares han ocupado extensas regiones expulsando a los antiguos pobladores, asesinándolos o desapareciéndolos, robando todo y repoblando con extraños a quienes titulan las tierras.

De San Vicente a Macarena el ejército ha quemado y destruido 17 viviendas con todo, en 3 fincas ha sacrificado el ganado y dejado tirado. Conducta similar ha tenido en los departamentos de Vichada, Casanare, Arauca, Boyacá y Cundinamarca. El ejército y los paramilitares asesinaron y desaparecieron a decenas de habitantes del área rural de El Castillo-Meta hasta despoblarla.

En el Sur:

El ejército oficial atacó la inspección de Peñas Coloradas en el Caguán originando el desplazamiento de más de 1.200 de sus pobladores a quienes acusó como auxiliares de la guerrilla. La situación se hizo más crítica por el bombardeo y ametrallamiento de los aviones y helicópteros, procedimiento que se repitió en los caseríos de Animas, Animas Altas, Caño Perdido, Cristales, Cumarales, Danto, la Playa, Muelona, Venado, Billar, Santa Fe y Remolinos, donde también se disparó contra las viviendas.

Ejército e infantería de Marina han obligado a civiles a transportarlos en embarcaciones de su propiedad, usándolos como escudos humanos.

Las detenciones arbitrarias a campesinos son frecuentes. Los detenidos son sometidos a humillantes tratos, torturas, golpizas, amenazas, detenciones por uno ovarios días, siempre bajo la acusación de ser guerrilleros, bandoleros, narcotraficante, terroristas, familiares o cómplices de los mismos. Varios de ellos han sido trasladados en helicóptero hasta diversas bases militares o la misma ciudad de Florencia, donde finalmente se les libera con toda clase de amenazas.

Las viviendas campesinas, el comercio de caseríos o rural solitarias son violadas y saqueadas por las tropas. El ganado y los animales domésticos son hurtados. El mismo procedimiento se ha aplicado en viviendas ocupadas, cuyos habitantes son ultrajados y detenidos. Algunas denuncias sindican a unidades de la Brigada Móvil Número 22 al mando del Mayor Peña.

En las escuelas públicas ocupadas por la tropa durante la jornada escolar, se ha humillado, amenazado y maltratado a los maestros delante de sus alumnos. A los detenidos les toman fotos, huellas digitales y pese a los abusos les hacen firmar constancia de buen trato. A todos les ofrecen trabajar como informantes. Los militares hacen pintas que dicen: 'somos las AUC y llegamos para quedarnos', y también amenazan con 'los paramilitares que vienen detrás de ellos a degollarlos'.

Estos son procedimientos generalizados en todo el país: en la costa pacifica nariñense, vallecaucana y chocoana donde los operativos también han sido acompañados de bombardeos y ametrallamiento en las zonas pobladas, en el Cauca sobre la vía panamericana y sobre las dos cordilleras y particularmente los territorios indígenas, en el Valle, el Huila, en el Quindío y el Tolima.

En todo el país, los operativos militares han significado saqueo y pillaje de las casas de habitación de la población por parte de un ejército de ocupación empujado a la barbarie y justificado por el Presidente.

La utilización y manipulación de la información como arma de guerra, le ha permitido al Régimen militarista de Uribe engañar a la opinión a cerca de las bondades humanitarias de su gobierno y su fuerza pública.

El secuestro del compañero Rodrigo Granda en Caracas, desenmascaró a Uribe y a sus equito de servidores personales, como cínicos falsarios. Días antes ya le había sucedido con la llamada 'destrucción de la última mina anti personal del ejército colombiano' ocasión a la que informaron a la reina Noor de Jordania.

Lo que no se publicó ni se dijo, es que esa no era la última mina anti personal del ejército, ni mucho menos, porque ellas circundan cada una de las bases militares en todo el país como defensa contra posibles incursiones guerrilleras. Ni tampoco que vienen utilizando bombas de fragmentación en los ataques aéreos provocando heridos con metralla incrustada.

Estas bombas racimo equivalen, según el modelo, cada una a 230 minas anti personal, que no son sembradas en la tierra sino lanzadas sobre áreas rurales en veredas, espacios públicos abiertos como carreteras y puentes y sobre cultivos y viviendas de la población civil.

Con razón uno de los panelistas asistentes al simposio guerra y medicina en Colombia, 'las minas anti personal', realizado en la universidad militar nueva granada en abril 9 de 2003, señaló:

'Tal vez por el hecho de que estas armas también están siendo usadas en Colombia para bombardear colombianos, en operativos aéreos dirigidos por estadounidenses es que ahora se prefiere más bien hablar aquí de 'minas terrestres'. Las minas anti personal son también conocidas como 'el arma de los pobres'. La guerra enseña que el negocio que existe de tras de la fabricación de armas es el que da ciudadanía sobre la legalidad o ilegalidad de un arma, y no el sufrimiento y daño indiscriminado que causa.'.

El fascismo siempre ocultó su rabioso y violento método de gobernar tras la máscara de la seguridad, siempre violo los Derechos Humanos con cualquier disculpa como Hitler ó Pinochet. Uribe Vélez no es la excepción.

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP