Las entidades aseguraron que el 60% de los trabajadores temporeros no tiene contrato laboral, lo que a su juicio se presta para innumerables abusos, como incumplimiento de las fechas de pago, cancelaciones por un monto inferior al salario pactado verbalmente, entre otras.

También denunciaron la alta incidencia de trabajo infantil y adolescente en estas faenas, y las graves consecuencias que genera el uso masivo de plaguicidas en la salud de los trabajadores y de la población en general.

En ese sentido, estimaron que no hay voluntad política para solucionar la situación de los trabajadores agrícolas lo que, a su juicio, se refleja por el escaso interés en ratificar los convenios de la OIT, como el 184, sobre seguridad salud en la agricultura, y 181 sobre inspección de trabajo.

Entre las organizaciones, se encuentran la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-Al), la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), entre otras.