Promediando su mandato, Luiz Inacio Lula da Silva ya no puede contar con el apoyo incondicional de los movimientos sociales. Algunos de ellos, los más radicales, se oponen abiertamente a su gobierno. Otros, como el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), adoptan una posición crítica, pero de diálogo, en los términos del dirigente más conocido del MST, Joao Pedro Stedile. Otros más, como la Central Unica de los Trabajadores (CUT), recusan la política económica del gobierno al tiempo que apoyan a Lula, aunque cada vez más tímidamente.
Sin embargo, las medidas adoptadas con posterioridad demostraron que ninguna de las propuestas del Foro Social Mundial (FSM) -calificado no obstante por Lula, el 24 de enero de 2002, frente a sus entusiastas participantes, como "la más extraordinaria realización de la sociedad civil mundial" y "el mayor acontecimiento político de toda la historia de la humanidad"- fue tomada en cuenta por su gobierno: ni la reglamentación del capital financiero ni la suspensión del pago de la deuda ni la protección del medio ambiente ni la lucha contra los organismos genéticamente modificados ni ninguna otra propuesta surgida de Porto Alegre. Cuando los organismos multilaterales -desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta el Banco Mundial- alabaron la política económica del gobierno, se hizo evidente que las decisiones de Lula estaban más cerca de la estación de esquí suiza que de la capital gaúcha.
De todos modos, el divorcio entre el go-bierno emanado del Partido de los Trabajadores (PT) y los movimientos sociales es el resultado de un proceso y no de un cambio brusco de orientación, aunque la llegada al poder aceleró las tendencias que se perfilaban estos últimos años.
La elección presidencial de 1994 marcó un paso decisivo cuando el ampliamente favorito Lula fue derrotado por Fernando Henrique Cardoso y su plan de estabilización monetaria. Desde ese momento, el PT modificó sus posiciones en búsqueda de medios para acceder al poder. El tema de la deuda externa evidenció esta transformación: mientras que el partido reivindicaba la suspensión de su pago como paso previo a una renegociación, finalmente afirmó, en la campaña electoral de 2002, que respetaría los compromisos asumidos (y paga efectivamente hasta el último peso desde el comienzo de su mandato).
La relación con la CUT fue siempre muy estrecha. En contrapartida, con el tiempo los máximos responsables del PT se mostraron cada vez más incómodos frente a las ocupaciones de tierra y las presiones del MST para obtener financiamientos para sus assentamentos (asentamientos). La dirección de partido se condujo como si se tratara de un primo mal educado, cuyo parentesco no podía negar, pero a quien manifestaba su desacuerdo con su comportamiento. Quedaba claro que en adelante se dirigía al sistema, a la elite, como si su institucionalización fuera hecho concluido y justificara la condena de las acciones y declaraciones del MST. Sin embargo, al mismo tiempo, firmaba un documento de compromiso titulado Carta a los brasileños en que precisaba que no rompería ninguno de los compromisos financieros contraídos por el país, y esto con el fin de frenar la fuga de capitales en curso, consecuencia de la posibilidad de su victoria, a tal punto que el "riesgo Brasil" se convertía en el "riesgo Lula".
¿Cómo gobernar con las manos tan firmemente atadas? Los primeros signos claros de alejamiento de la base popular fueron las opciones realizadas en la composición del equipo económico, que no incluyó prácticamente a ningún economista del PT ni de ningún otro sector de izquierda, sino a economistas que provenían de grupos liberales que trabajaron en gobiernos precedentes. Antonio Palocci, ex intendente de una ciudad muy rica del interior del Estado de Sao Paulo (Ribeirao Preto) y coordinador de la campaña electoral, fue designado en el Ministerio de Economía. La presidencia del Banco Central recayó en Henrique Meirelles, ex presidente del Banco de Boston, afiliado al partido de Cardoso.
Simultáneamente, se anunció que se iba a mantener la política económica del gobierno precedente. No obstante, el poder seguía enviando señales contradictorias. Por un lado, sostenía que esa continuidad se debía a una "herencia maldita" del precedente go-bierno. Experto de la profesión, Palocci afirmaba que "no se cambia de médico en la mitad de la enfermedad". Por su parte, Lula declaraba que no podía revelar el verdadero estado del país so pena de suscitar aún más incertidumbres. Todos coincidían en que se trataba sólo de un plan de transición para conquistar la "confianza del mercado" y, a continuación, poder empezar a reducir las tasas de interés, aumentadas desde la primera reunión de la comisión del Banco Central. Así se reanudaría el desarrollo del país.
Poco a poco, el tono fue cambiando. Al restablecer una balanza comercial positiva, que arrojó un superávit superior al que pedía el FMI, Palocci presentó esa decisión como permanente, agregando que, si podía hacerlo, mantendría ese excedente durante 10 años. Al mismo tiempo, se reunía con Cardoso y admitía que actuaba en continuidad con la política del gobierno precedente.
El elemento que marcó más nítidamente el cambio fue la propuesta de reforma de las jubilaciones. Según un modelo en perfecta correspondencia con la segunda generación de reformas preconizadas por el Banco Mundial, ésta hizo que los jubilados vuelvan a pagar impuestos; la propuesta limitó también los niveles de jubilación de los trabajadores del sector público y abrió importante espacio para el desarrollo de sistemas de fondos de pensión, manjar del sistema financiero. En oposición a este proyecto, los sindicatos de trabajadores del sector público se agruparon para organizar, con apoyo del MST, la CUT, parlamentarios del PT y otros partidos de izquierda, las mayores manifestaciones desde el comienzo del gobierno de Lula. La expulsión de parlamentarios por la dirección del PT -los diputados Joao Batista, Joao Fontes y Luciana Genro, y la senadora Heloísa Helena- fue vista como la voluntad del partido de castigar a quienes no obedecían las nuevas orientaciones, incluso si éstas no habían sido adoptadas en el congreso o durante la junta nacional del PT.
Lula definió la reforma jubilatoria como "la acción más importante del primer año de su gobierno". El programa Hambre cero y los que lo sucedieron no comportaron políticas fundadas en los derechos universales, sino que apuntaron a zonas y ciudades de "extrema pobreza" recurriendo a fichas de identificación de las familias más desposeídas.
Se reúnen así dos elementos característicos de la tercera vía: el mantenimiento de la estabilidad monetaria como principal objetivo y el desarrollo de políticas sociales compensatorias, mientras que, al mismo tiempo, ciertas conquistas del Estado de bienestar social son atacadas. El objetivo es crear un clima propicio a las inversiones extranjeras.
La dicotomía, e incluso el enfrentamiento entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y el de Agricultura refleja las contradicciones del gobierno. El ministro de Agricultura, alineado con la multinacional Monsanto, preconiza abiertamente la adopción de cultivos transgénicos, sobre todo en las plantaciones de soya del sur del país, mientras que el MST lucha fervorosamente en contra de éstos, fiel a las tesis del movimiento agrario Vía Campesina y de los foros sociales mundiales. Del mismo modo, el ministro de Industria -él mismo gran empresario exportador de pollos- representa el modelo del agrobusiness destinado al mercado exterior mientras que el MST lucha por un eje de desarrollo agrario llevado adelante por pequeñas y medianas propiedades que produzcan para el mercado interno.
Cuando el gobierno reajustó el salario mínimo, la oposición entre su política económico-financiera y los intereses de los trabajadores se hizo aún más evidente. Fue el Banco Central el que definió el nivel insignificante de ese aumento, pese a la oposición de la CUT y de todos los sindicatos del país. Más que en otros episodios, Lula sintió la rigidez del equipo económico, pero pese al carácter simbólico de esa decisión, no impidió que se impusiera.
Este muy débil aumento permitió comprender la naturaleza de la expansión económica prevista para 2004. Esta estaría basada únicamente en la exportación y el consumo de las elites, puesto que no había recuperación de la capacidad de consumo del mercado interno y principalmente de los trabajadores. Tras dos años de estancamiento, el nivel de crecimiento previsto -alrededor de 3.5 o 4 por ciento- constituye una débil mejora, sin por ello significar una recuperación del empleo, y menos aún del poder adquisitivo de los asalariados.
En ese contexto, las elecciones municipales de octubre-noviembre de 2004 constituyeron el primer retroceso electoral del partido desde su participación en la vida democrática (1). Aunque el número de votos haya aumentado en el país, el PT vio desplazarse su presencia geográfica desde los centros políticos fundamentales -como Sao Pablo y Porto Alegre, ciudad-símbolo donde había gobernado durante 16 años- hacia regiones del interior del país, de menor peso político y nivel de politización menos elevado, como la región central del Brasil (2).
Consecuencia directa de la decepción causada por las orientaciones del gobierno, la casi total ausencia de los militantes en las calles constituyó el principal punto débil de las campañas electorales del PT. Es como si hubiera perdido su alma e intentado remplazarla por la "profesionalización", es decir, la introducción de especialistas en marketing para dirigir las campañas -más centradas en la televisión que en las calles- y de cabos eleitorais (personas remuneradas para hacer propaganda electoral) en sustitución de los militantes.
Después de esos malos resultados electorales, el gobierno de Lula buscó recomponer su base de alianzas políticas con los partidos de centro, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) (3), de derecha, el Partido Popular (PP), con miras a la elección presidencial de 2006. Esta vez, los movimientos sociales reiniciaron las movilizaciones confirmando su toma de distancia: ocupaciones por trabajadores sin tierra que habían hecho una tregua durante la campaña electoral; oposición de estudiantes y profesores a la reforma universitaria considerada "privatizante"; re-chazo de la reforma del derecho laboral que anuncia debilitamiento de los sindicatos y un avance de la precariedad del trabajo.
La experiencia de gobierno del PT y de Lula, que parecía dirigirse hacia una confluencia entre gobierno popular, partidos de izquierda y movimientos sociales, desemboca, al cabo de dos años, en una cita fallida.
1) Directamente emanado de los movimientos sociales, y en particular de la gran huelga de los metalúrgicos, en Sao Paulo, en 1980, durante la dictadura militar (1964-1985), el PT conoce su primera gran victoria cuando, el 15 de noviembre de 1988, Luiza Erundina de Souza gana la elección a la municipalidad de Sao Paulo. En diciembre de 1989, si bien es derrotado por Fernando Collor de Mello, Lula obtiene 48 por ciento de los votos en la se-gunda vuelta de la elección presidencial, lo que constituye en ese momento un acontecimiento histórico.
2) En San Pablo (7 millones 700 mil electores), el candidato del Partido Social Demócrata Brasileño, José Serra, derrotó a la intendente petista Marta Suplicy con 55.47 por ciento de los votos. José Fogaza, del Partido Popular Socialista se instala en la municipalidad de Porto Alegre con 53.32 por ciento. Más allá de esas dos derrotas simbólicas, el PT controla 411 municipalidades (contra 187 en 2000) y ha conquistado importantes intendencias: Belo Horizonte (Minas Gerais) y Recife (Pernambuco), así como en periferias de Sao Paulo y Río de Janeiro.
3) El PMDB, que gobierna media docena de estados -entre ellos, Río de Janeiro y Paraná-, cuenta con mayoría en el Senado y es segunda fuerza en diputados.
* Sociólogo brasileño, catedrático de la Universidad de Río de Janeiro.