Europa

  El primer ministro irlandés, Bertie Ahern, adelantó hoy su vuelta de vacaciones para mediar en la polémica sobre la posible extradición de los tres presuntos miembros del IRA prófugos de la justicia colombiana.
      Ahern volvió a Dublín para entrevistarse con altos cargos de su Gobierno, a la vez que envió a un embajador irlandés a Bogotá, en medio de las presiones de la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido para que se ocupe de los tres supuestos terroristas del Ejército Republicano Irlandés (IRA) que se encuentran en Irlanda.
      Los tres individuos han sido condenados en Colombia por entrenar a rebeldes de las FARC y la semana pasada, la Radiotelevisión Irlandesa (RTE) anunció que estaban desde hacía varios días en territorio de la República.
      Varios funcionarios del Gobierno de Irlanda se reunieron hoy, a instancias de Ahern, con el embajador de Estados Unidos y un representante de la misión diplomática británica, informó un portavoz.
      Igualmente, el embajador irlandés en Colombia, que se encontraba en México, viajó a Bogotá para entrevistarse con las autoridades de ese país.
      "El objetivo de esas reuniones es establecer un contexto legal y político y escuchar todo lo que" esos países "tengan que decir", añadió el portavoz.
      El pasado sábado, Ahern declaró que la decisión de extraditar a los tres presuntos miembros del IRA debe ser tomada por los tribunales, pese a que todavía no ha habido una petición formal por parte de Colombia.
      El Gobierno irlandés informó hoy de que está a la espera de algún avance en ese sentido, pese a que no hay acuerdos legales en materia de extradición entre Dublín y Bogotá.
      Martin McAuley, Niall Connolly y Jim Monaghan fueron arrestados en agosto de 2001 en el aeropuerto de Bogotá cuando se dirigían a París.
      Los irlandeses, acusados de colaborar con el IRA y de entrenar a las FARC en tácticas terroristas, estuvieron presos en una cárcel de Bogotá hasta abril de 2004, cuando un juez los absolvió, aunque debían permanecer en Colombia.
      No obstante, un tribunal los condenó en segunda instancia en diciembre de 2005 a 17 años de prisión cada uno por enseñar a los guerrilleros de las FARC a elaborar explosivos, aunque para entonces ya habían desaparecido.