Crónica Digital

La decisión del juez federal Claudio Bonadío se apoya en que Chile no se le "asegura un debido proceso" a Apablaza y que los delitos atribuidos en su contra son de carácter "político".

El juez también argumentó que en Chile se inició una investigación en ausencia del militante del FRMR, razón por la cual no permite la extradición, según la ley argentina. Bonadío pidió al gobierno argentino que solicite a su homólogo chileno "garantías" para que, en caso de revocarse la sentencia, el inculpado reciba un juicio justo.

Gobierno Chileno apelará a la medida

En Santiago, el presidente chileno Ricardo Lagos, anunció que su gobierno llegará hasta la Corte Suprema de Argentina en el juicio por extradición que se sigue en argentina a Sergio Galvarino Apablaza.

"(Esta) es una resolución de primera instancia. Cualquiera que sea el resultado una u otra parte va a apelar y esto llegará hasta la Corte Suprema", declaró al respecto el presidente Lagos.

Por su parte, el canciller Ignacio Walker rechazó los argumentos de la defensa del ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en el sentido de que en Chile no existen las garantías para un juicio.

"No aceptamos ese argumento. Hemos alegado en Argentina que en Chile hay plenas garantías para juzgar a Apablaza o a cualquier otra persona, con todas las garantías... por lo tanto no hay ninguna razón para impedir la extradición", puntualizó.

Abogados chilenos y argentinos respaldan decisión de justicia argentina

Por su parte, el abogado Hugo Gutiérrez, defensor de Apablaza en Chile, señaló que la extradición debe ser rechazada, porque Santiago nunca ha cumplido con la reciprocidad.

"Argentina ha pedido en varias oportunidades la extradición del general (r) Manuel Contreras y otros involucrados en el crimen del general Carlos Prats y la Corte Suprema chilena lo ha negado", precisó Gutiérrez, quien funge como representante en Chile de Apablaza.

En más de una ocasión, el abogado Rodolfo Yanzón, defensor del ex guerrillero, ha declarado que su cliente es un perseguido por razones ideológicas y los delitos que se le imputan tenían un propósito político.

Trascendió que Yanzón cuenta para ello con abundante documentación y cinco importantes testigos para argumentar que en Chile, donde se le acusa de la muerte en 1991 del ex senador derechista Jaime Guzmán, no hay garantías para un debido proceso.

Apablaza alegó ante el juez

En su último alegato, antes de escuchar la sentencia de Bonadío, Apablaza sostuvo en la víspera que "las únicas cicatrices y manchas de sangre que tengo son las de mis torturas" por parte de la dictadura de Augusto Pinochet.

"En este largo andar, las únicas cicatrices y manchas de sangre que tengo son las de mis torturas y las de los miles de compatriotas asesinados por la dictadura, para los cuales, lamentablemente, la justicia parece muy lejana", enfatizó.

El también conocido como Comandante Salvador consideró que está sentado en el banquillo de los acusados por haber pertenecido al FPMR y al Partido Comunista de Chile, aunque destacó el hecho de poder defenderse en un juicio por primera vez.

Expresó que en Chile subsiste un estado de impunidad y denunció la existencia de un "pacto entre el gobierno civil, la derecha pinochetista y los militares para no tocar a Pinochet".

Con su resolución, el magistrado argentino se inclinó finalmente por la tesis de Rodolfo Yanzón, abogado defensor de Apablaza, quien durante el proceso sostuvo que su cliente, de ser deportado, no tendría un juicio justo en Chile.

Esa posición fue avalada por varios testigos que viajaron desde Santiago para declarar en la causa, quienes coincidieron en que, pese al regreso de la democracia en 1990, la Justicia se sigue manejando como en la época del régimen militar.

Uno de ellos, el Presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teillier, sostuvo que en Chile todavía se vive en un entorno que calificó de democracia tutelada o protegida por fuerzas afines a Pinochet.

Tanto Teillier como otros declarantes ratificaron que no existen elementos que prueben la participación del ex guerrillero en el atentado contra Guzmán.

Apablaza es reclamado por la justicia chilena por la muerte del ex senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards, hijo del dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards, considerado instigador y vocero del golpe de 1973 contra el presidente Salvador Allende.

La captura resultó posible por una operación coordinada entre efectivos de los cuerpos policiales de ambos países.