El presidente Kirchner ha planteado las elecciones legislativas de Octubre
próximo como un plebiscito de su gestión; y el principal problema de esta
gestión suya es la Deuda Pública. Por este motivo, y a la luz del muy
cuestionable Megacanje que se acaba de cerrar, corresponde profundizar el
análisis de la Cuestión de la Deuda y su relación con las pautas exigidas
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al gobierno argentino en esta
materia, para que la opinión pública pueda formarse una idea más clara de lo
que, aunque parcial e indirectamente, la Población va a "plebiscitar" en
definitiva en Octubre.
La continuidad de base del programa económico-financiero del FMI para la
salida de la Convertibilidad constituye el eje de todas las acciones tomadas
en la Argentina desde el default de 2001 hasta la fecha.
Con posterioridad al fracaso del "blindaje" o intento de salvataje
financiero de fines del 2000, después del negociado del Megacanje Cavallo de
Junio de 2001, luego de implantar la política de Déficit Fiscal Cero para
privilegiar el cobro de los Acreedores Financieros sobre el resto de los
Acreedores del Estado, después de la Conversión de Deuda por Préstamos
Garantizados con la recaudación tributaria de Noviembre del 2001, después
del corralito o retención forzada de los depósitos bancarios hecha a
posteriori de la gran fuga de Capitales Bancarios que ya se había producido
durante el año, cuando ya no se podía ocultar más la imposibilidad fáctica
de pago de los intereses de la Deuda Pública y cuando quedaba también al
desnudo la complicidad y la corresponsabilidad de los Organismos
Multilaterales de Crédito en la política irresponsable de endeudamiento
seguida por la Argentina; entonces el Fondo suspendió sus desembolsos a la
Argentina, provocando con ello la caída final del Régimen de la
Convertibilidad y también del gobierno De la Rúa.
Y esto lo hizo para lograr un cambio de formulación en el futuro
endeudamiento público, en beneficio del Capital Financiero, de modo de
instaurar otra etapa en la Política Económica del Estado Argentino para
reorganizar las Finanzas Públicas en función de la Deuda.
EL ÉXITO DEL MINISTRO LAVAGNA.
El doble Golpe de Estado Institucional producido en la segunda quincena de
Diciembre 2001 - primero contra De la Rúa por el agotamiento de la
Convertibilidad a raíz del vaciamiento de las Reservas Internacionales por
parte de los grandes bancos; y luego contra Rodríguez Saá, por su intento de
poner en circulación una moneda propia alternativa e investigar la Deuda
Pública – este golpe duplicado se dio en el marco de un importante proceso
de cambio interno del FMI y de directivas de los países del G 7; y tuvo de
hecho a la Argentina como experiencia piloto.
La actitud del FMI que desencadenó el default dentro de la Crisis de la
Deuda en la Argentina estuvo directamente relacionada con el cambio del
Gobierno Bush en los Estados Unidos, que terminó – en principio - con la
política de salvatajes sistemáticos del Fondo y los Organismos
Multilaterales de Crédito frente a las crisis financieras de pago, tal como
se había llevado a cabo hasta el fin de la Administración Clinton. Estos
salvamentos no estaban ni están nunca destinados a la ayuda efectiva de los
Países altamente endeudados sino que, en realidad, están dirigidos a que
tales países puedan atender, con esa "asistencia", los pagos a sus
Acreedores, que eran los únicos verdaderos beneficiarios de tal
refinanciación.
Dicho en otros términos: que el Sistema Financiero Internacional, después de
la serie de Crisis de Deuda producida en el Mundo – México 1994/5, Asia
1997, Rusia 1998 y Brasil 1999 – decidió cambiar la modalidad operativa,
aunque no para terminar con el mecanismo perverso de los endeudamientos sino
para replantearlos hacia la apertura de una nueva forma y una nueva etapa en
la política de Deuda Perpetua sobre los Países en Desarrollo. La idea básica
no era, entonces, resolver ni mucho menos eliminar sino, por el contrario,
salvar la continuidad de la Deuda Externa como Sistema.
La reorganización de cuadros internos en el FMI y las nuevas exigencias de
Política Económica para la Argentina iban a desarrollar, de aquí en más, una
experiencia tipo de este nuevo enfoque dentro de la Política Mundial de
Endeudamiento Público. La Argentina ha sido así el "caso testigo" para el
FMI de pasaje de países con política de tipo de cambio fijo y moneda
sobrevaluada (como la Convertibilidad), al nuevo régimen de tipo flexible o
variable, con flotación cambiaria, conteniendo los efectos
hiperinflacionarios de este paso dentro de la economía doméstica, para que
los países deudores destraben algunos de sus problemas de coyuntura y puedan
volver a endeudarse.
Esto se logró aquí con la macro-devaluación del peso, el corralón bancario
(congelamiento y pesificación asimétrica de créditos y depósitos), la
redistribución de ingresos, la licuación de pasivos en dólares de empresas
endeudadas en la plaza local, el freno temporal al aumento de tarifas de
Servicios Públicos y, fundamentalmente, mediante el congelamiento general de
Salarios y Jubilaciones frente al fortísimo incremento del Costo de la Vida
(62 % acumulado desde Diciembre de 2001) y del aumento todavía mayor del
Índice de Precios Mayorista (que supera el 100 %).
En el plano operativo inmediato, el sentido de esta Nueva Política de Ajuste
Fiscal era que los grandes Países Deudores – como la Argentina, Brasil y
Turquía – bajasen su exposición con el Fondo Monetario y los otros
Organismos Internacionales (fundamentalmente Banco Mundial y BID), que
comprometiesen altos niveles de Superávit Fiscal Primario para pagar los
Servicios de la Deuda Pública, que hiciesen extensivo este nuevo sistema de
ajuste financiero planificado a Provincias y Municipios del país, que
aumentasen la presión impositiva y la eficiencia en la Recaudación Fiscal,
que limitasen al máximo el Gasto Público – empezando con el congelamiento de
Salarios y Jubilaciones y siguiendo con la mayoría de los Gastos del Estado
(salvo Intereses de la Deuda y paliativos para el Desempleo), todo ello para
lograr el aumento superavitario básico a los efectos de poder retomar la
Política de Estado de Endeudamiento Público permanente. Y esto debía
lograrse en un tiempo prudencial, una suerte de Período de Gracia fáctico de
tres años, para que el país deudor – en este caso, la Argentina – recuperase
una aparente Solvencia Fiscal para poder volver así, después del "éxito" de
la nueva receta, a endeudarse en el Mercado de Capitales.
Ello no debía producirse ni antes ni después del momento establecido por los
poderes financieros internacionales para que tal retorno a la Política de
Estado de la Deuda Pública se diese en las circunstancias óptimas para ellos
– dentro de las posibilidades existentes – en que la Argentina, como
"país-modelo" del nuevo paradigma de endeudamiento, tenía que hacerse cargo
de nuevas obligaciones que debía cumplir, sí o sí, de aquí en adelante,
mientras tomaría nueva deuda. De allí el discurso coincidente en este punto
– tanto del Fondo Monetario como del presidente Kirchner - en el sentido que
nuestro país no podía y no iba a asumir nuevos compromisos que no pudiese
cumplir en lo sucesivo.
El objetivo concreto final era llegar a demostrar que funcionara en la
práctica un nuevo modelo de re-endeudamiento del Estado, cuyos principales
ejes serían tres:
Contener los efectos hiperinflacionarios de la mega-devaluación del peso
como forma de salida de la Convertibilidad, sin descontrol del sistema de
precios internos; cosa que debía lograrse con la expropiación parcial de los
depósitos financieros de la población, con una brutal caída del Salario Real
y de los Ingresos fijos en general (incluyendo los de Jubilados y
Pensionados) y un reajuste discrecional en los Precios Relativos del
Mercado.
Estabilizar el Tipo de Cambio, después de producido la gran devaluación,
tendiendo a una gradual apreciación del Peso contra el Dólar, de modo de
mejorar con ello la capacidad de pago del país frente a los Servicios de la
Deuda Externa.
Otorgar un Período de Gracia fáctico de unos tres años pero con la variante
de transformar la cesación de pagos total en un híbrido donde – a diferencia
de la lógica de todo estado concursal – se pagase a ciertos Acreedores
(fundamentalmente los Organismos Multilaterales de Crédito) y se cumpliese
con la Deuda masiva emitida post-default (esencialmente, Bodenes) mientras
se organizaba un nuevo Plan Brady para reformular la Deuda en Títulos
Públicos.
Este último punto estaba directamente vinculado a la Federalización de la
Deuda de los Estados Provinciales: el traspaso producido de los grandes
pasivos de Provincias y Municipios al Estado Nacional, contra descuento de
la Coparticipación de Impuestos. Y todo ello, monitoreado bajo la nueva Ley
de Responsabilidad Fiscal, que pone a todas las jurisdicciones de la
Administración bajo condiciones de Ajuste Fiscal para garantizar el mayor
pago posible de servicios de la Deuda Pública. De esta manera, transcurrido
un plazo "razonable" de estabilización y reactivación económica, el país
podría comprometer nuevos niveles posibles de pago de la Deuda, garantizar
la toma de nuevos préstamos sistemáticos con los Organismos Multilaterales
de Crédito – Banco Mundial y BID – para la financiación de Obras Públicas y
parte del Gasto Social (que no tiene capacidad de repago) y, esencialmente,
la Argentina podría "volver al Mercado de Capitales" lo que, como lo hemos
dicho muchas veces, en buen romance significa volver a endeudarse.
Los datos de la realidad muestran que esta experiencia piloto llevada a cabo
en la Argentina por parte del FMI, los Países del G 7 y la Banca
Internacional, ha tenido suficiente "éxito" en función de los resultados
buscados hasta el presente; y que el ministro Lavagna – puente y continuador
de esta política local durante los gobiernos Duhalde y Kirchner – se apresta
ahora a dejar ubicada en la etapa del tercero de los grandes ejes del
Programa: la nueva Era de Endeudamiento Público después de la salida del
default.
LA ARGENTINA Y EL FMI.
La política de "des-endeudamiento" de la Argentina con el FMI – tal como lo
hemos visto en nuestra nota de El Traductor Gráfico No. 26 - no es una
acción de independencia del gobierno argentino con el Fondo sino, por el
contrario, el sometimiento a una exigencia del FMI, dictada por los Países
del G 7 y por la Tesorería Norteamericana en particular. Esta exigencia se
materializa teniendo que bajar la exposición del Fondo con nuestro país, es
decir, pagándole nosotros al FMI más de lo que el FMI nos desembolsa; con la
alternativa de una refinanciación bilateral de la deuda de la Argentina con
el Organismo, para darle lugar al país a que pague más intereses y renueve
más Deuda por Capital con los Acreedores Privados (tomando para ello nuevas
obligaciones en el Mercado a tasa de interés más cara).
El 18 de mayo pasado, el Directorio del FMI aprobó así la extensión por un
año de gran parte de los vencimientos que tiene la Argentina durante el
resto del 2005 – que suman unos 2.500 millones de dólares - aunque igual
tiene que afrontar pagos por 1.500 millones de dólares de ahora hasta
Diciembre. El Director-Gerente del FMI, Rodrigo Rato, ha dejado bien en
claro dos cosas: por un lado, que es el gobierno Kirchner el que está
pidiendo la reanudación de las negociaciones con el Fondo - ya que necesita
la refinanciación de su Deuda con el Organismo (que pasa los 14.000 millones
de dólares) para dejar de pagarle los vencimientos al contado, como lo está
haciendo puntualmente, para tratar de prorratearlos en un trienio – y, por
otro lado, que la retoma de tales conversaciones tiene que hacerse bajo
condicionalidades análogas a las fijadas en el último Acuerdo de Setiembre
del 2003.
A estas condiciones – que abarcan Metas Fiscales y Reformas Estructurales –
nos hemos referido particularmente en los números 26, 25, 23 y 21 de El
Traductor Gráfico. El presidente Kirchner se encuentra así ante el dilema
que – cualquiera sea su discurso público contra el Fondo - después del nuevo
Megacanje tiene ahora el dilema de empezar a cumplir con los nuevos
compromisos asumidos por la Deuda Pública, que tocan tanto a los bonos
reestructurados como a la otra mitad de la Deuda remanente, que todavía no
ha sido refinanciada. Y dentro de esta última están los vencimientos con los
Organismos Multilaterales de Crédito, además de los bonos post-default.
El gobierno Kirchner ha venido cumpliendo total y escrupulosamente con los
pagos de Capital e Intereses con el Fondo – lo mismo que con el Banco
Mundial y con el BID – aceptando sus exigencias de base, más allá de algunas
demoras parciales de cumplimiento. Pero la principal de estas exigencias era
llegar a un arreglo con los tenedores de títulos públicos en default, como
requisito previo e indispensable para retomar luego las negociaciones con el
Fondo. Este requisito ahora se ha cumplido con el Megacanje, aunque el
gobierno Kirchner todavía no ha demostrado su capacidad de repago para poder
atender los Servicios de la Deuda a posteriori de este nuevo acuerdo de
reestructuración. Obviamos aquí todos los detalles de este tema porque ya
los hemos desarrollados en los últimos números de El Traductor Gráfico,
especialmente en los cuatro citados más arriba
LA POLÍTICA DE ENDEUDAR.
Si no recordamos mal, a fines de la década del ´80 fue el actual ministro
Lavagna – entonces funcionario del gobierno Alfonsín en el área de Comercio
Exterior – que renunció a su cargo advirtiendo el peligroso "festival de
bonos" en que había entrado la Administración del Estado. Paradójicamente,
el Dr. Lavagna es hoy el Ministro de Economía que pilotea el inicio de un
nuevo gran "festival de bonos" en la Argentina, un proceso que se ha puesto
en marcha apenas cerrado el Megacanje Kirchner (una reestructuración de
Deuda que, repetimos, no tiene demostrada su capacidad de repago) y que
tiene por objeto declarado refinanciar en forma sistemática todos los
vencimientos de Capital que se van produciendo y capitalizar por anatocismo
la mayoría de los Intereses anuales devengados. En línea con esta postura,
el gobierno Kirchner ya ha comenzado a emitir nueva deuda en bonos locales –
los Boden 2014 – en pesos indexados por Inflación, a Tasas de Interés
implícitas que no bajan del 15% anual y a 9 años de plazo.
Este nuevo mecanismo de endeudamiento, común a los nuevos bonos del
Megacanje y a los que se empiezan a colocar ahora para renovar toda la Deuda
por Capital, constituye – como ya lo hemos explicado en números anteriores –
una "bola de nieve" de efectos financieros explosivos: tasas de interés
crecientes en los bonos Par y Discount, aumentos de la base de cálculo de
Capital por anatocismo de los intereses no pagados durante el próximo
decenio, "plus" por crecimiento computado sobre el valor nominal de los
viejos títulos y, sobre todo, indexación por CER (correspondiente a la
Inflación pasada) de todos los nuevos títulos en pesos. El grado de aumento
de la Tasa de Interés promedio sobre un stock de Deuda Pública equivalente a
más del Producto Bruto Interno – entre 150 y 160 mil millones de dólares – y
la proyección creciente de la misma como derivado lógico de las nuevas
colocaciones de bonos determina que el Gasto Público por concepto de
Intereses será inexorablemente creciente en los próximos años. Y como estos
bonos son colocados a altísimas tasas de interés – es un despropósito tomar
Deuda así indexada a largo plazo – el riesgo sobre la Deuda Soberana es
mayor.
De hecho – como hemos visto en los números anteriores de El Traductor
Gráfico (26, 25, 23 y 21) – después del Megacanje el país está condenado a
renovar los vencimientos de su Deuda tomando bonos a tasas más elevadas, con
el agravante que están atadas a un mecanismo indexatorio perverso, porque se
institucionaliza el privilegio de la actualización por Inflación para las
Deudas Financieras del Estado mientras se mantiene la prohibición de la Ley
No. 23.928 para no indexar el resto de las Deudas, públicas y privadas. La
Argentina cae así, cada vez más hondo, en la trampa de la Deuda más cara: es
el círculo vicioso perfecto de la Usura. Y el Banco Central (BCRA) deviene,
dentro de este esquema, la principal institución regulatoria del mecanismo
estructural de la nueva Inflación pautada que se está desarrollando en la
Argentina, porque el BCRA emite dinero sin respaldo para comprar dólares y
luego aumenta las tasas de interés de Letras y Notas (LEBAC/NOBAC) que
coloca en el Mercado para esterilizar ese dinero, con lo que se cumple el
objetivo del FMI de aumentar la Tasa de Interés para frenar el riesgo
inflacionario cuando, por el contrario, la Tasa de Interés es el principal
factor de Inflación, porque el Multiplicador del costo financiero es
muchísimo mayor que todo multiplicador de la Inversión Productiva.
El gobierno se encuentra así en la encerrona del costo financiero de la
Política Cambiaria – tema que ya lo hemos desarrollado especialmente en los
números 21 y 20 de El Traductor Gráfico, además de los otros números citados
– porque para sostener el Dólar alto termina subiendo la Tasa de Interés, lo
que desacelera la Economía Real y aumenta el Gasto Público por Servicios de
la Deuda. La reaparición de un déficit cuasi-fiscal - esto es, no el déficit
de la Administración del Estado sino el déficit del tratamiento monetario y
financiero del Banco Central – configura así parte del nuevo escenario de
endeudamiento público después de la llamada "salida del default"; una
apuesta muy peligrosa de aumento en la Deuda para el sostén transitorio del
tipo de cambio mientras se busca lograr nuevas refinanciaciones de Deuda
hasta el fin de la Administración Kirchner; cosa que se programa a costa de
empeorar el esquema de refinanciamiento por vía de nueva deuda en dólares
con alta sobretasa por riesgo-país y con nueva deuda en pesos con altísima
tasa derivada del Capital indexado por Inflación.
Y como elemento de balance para esta ecuación desequilibrada el Fondo
propone no solamente el mantenimiento de altas tasas de interés sino
fundamentalmente la nueva apreciación del peso, lo que choca contra la
política de Tipo de Cambio Alto del gobierno Kirchner y también contra la
lógica del Crecimiento Económico. Las tres exigencias clave del Fondo para
la Deuda Argentina de hoy son así:
El alto Superávit Fiscal Primario para el mayor pago de los Servicios de la
Deuda,
La apreciación del peso frente al dólar para mejorar aún más el pago de
dichos servicios, y
La descompresión relativa del perfil de vencimientos en comparación con
otros países emergentes – como el Brasil, que está en virtual cesación de
pagos – precisamente para que la Argentina pueda volver al Mercado de
Capitales para tomar más Deuda.
Con el cumplimiento gradual de estas condicionalidades concurrentes, la
actual Administración Kirchner se presenta ante la Opinión Pública y el
Electorado bajo la máscara de una aparente solvencia fiscal que le es
reclamada para poder cubrir las exigencias del verdadero plan de nuevo
endeudamiento público del Fondo Monetario para la Argentina.