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El nuevo instrumento legal, suscripto por 53 naciones, debería garantizar la tutela de los derechos de la personas, el buen gobierno y la transparencia democrática y forma parte de una serie de órganos creados recientemente por la Unión Africana, entre los que se incluyen el Parlamento Africano, el Consejo de Paz y Seguridad y la Corte de Justicia.

Al menos sobre el papel, el continente más atormentado del planeta cuenta ya con un instrumento para la defensa de sus habitantes. El Tribunal Africano de Derechos Humanos, un nuevo instrumento para la tutela, el 'buen gobierno' y la transparencia democrática, entró hoy en vigor tras ser ratificada por el número mínimo de países de la Unión Africana (UA) que se requería para ello.

Este Tribunal, emanado de la UA, responde en principio al compromiso de las 53 naciones de ese organismo de mejorar la situación de los Derechos Humanos en el continente. Sin embargo, y significativamente, hasta el momento ningún país se ha ofrecido para ejercer como sede de este Tribunal (aunque de momento se reunirá en Addis Abeba, capital de Etiopía y sede de la UA) ni se ha nombrado aún a los jueces que trabajarán para esta Corte. Según declaró a la BBC el director de Comunicaciones de la UA, Desmond Orjiako, estas decisiones se tomarán en una cumbre prevista para julio próximo.

El nuevo Tribunal forma parte de una serie de órganos creados recientemente por la UA, entre los que se incluyen el Parlamento Africano, el Consejo de Paz y Seguridad y la Corte de Justicia. El organismo basará sus leyes en el Acta de Derechos Humanos de la UA y trabajará conjuntamente con la Comisión Africana para los Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en Gambia.

El número de países que se requerían para la entrada en vigor del nuevo órgano, 15, se completó el 26 de diciembre último, con la ratificación del Protocolo Adjunto del Tribunal por parte de las Islas Comores. A partir de ese momento, se precisaba de 30 días para que el Protocolo adquiriera validez formal. El funcionamiento de la nueva Corte está inspirado en el del Tribunal Europeo para los Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia).

El nuevo Tribunal "aumentará el empeño de la Unión Africana en la realización de los Derechos Humanos y en los valores fundamentales de la tolerancia, la solidaridad, la igualdad de género y las cuestiones humanitarias en el continente", declaró el presidente de la Comisión de la UA (cargo equivalente al del presidente de la Comisión Europea), Alpha Oumar Konaré, citado por la agencia misionera 'Misna'.

Burundi y Uganda

Entre los Estados que han ratificado el Protocolo se encuentran algunos de los más conflictivos del continente, como Burundi o Uganda. También son firmantes Argelia, Ruanda, Costa de Marfil, Togo, Burkina-Faso, Gambia, Mali, Islas Mauricio, Senegal, Sudáfrica, Libia y Lesotho.

Hasta la fecha, el único mecanismo existente era la Comisión Africana para los Derechos Humanos y de los Pueblos, establecida en aplicación de la Carta de Derechos Humanos Africana -aprobada el 27 de junio de 1981 y en vigor desde el 21 de octubre de 1986- y que apenas tenía poder real. De hecho, ni la Carta ni la Comisión suponían remedio alguno para las múltiples violaciones de los Derechos Humanos que se registran en el continente. El Protocolo afirma claramente que la nueva Corte deberá "complementar y reforzar las funciones" de la Comisión, por lo que ambos organismos no serán incompatibles.

Una vez que se haya constituido, el Tribunal podrá entender en casos de violaciones de Derechos Humanos que le remitan la Comisión, los Estados parte del Protocolo y, en los casos en que los propios Gobiernos acepten su jurisdicción, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los individuos particulares.

Amnistía Internacional (AI) ha dado la bienvenida a la creación de este Tribunal. No obstante, para su plena eficacia, considera necesario que lo ratifique el resto de Estados que aún no lo han hecho, que se permita a los individuos y a las ONG presentar directamente casos ante la Corte, que los Gobiernos africanos adapten sus legislaciones y sus políticas a los requerimientos del Tribunal y que se garantice la plena independencia de la nueva institución.

Amnistía pide también que los Gobiernos garanticen a los pueblos que podrán ser escuchados y representados legalmente de la forma que elijan, que se asegure la protección de los testigos, que se aporten recursos esenciales para el funcionamiento del nuevo Tribunal y que la sede de la nueva Corte cuente con suficiente dotación para sus necesidades operativas e infraestructurales.

Por su parte, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) consideró que el nuevo Tribunal constituye "una gran victoria" en la lucha contra la impunidad en Africa.

Los derechos humanos en Africa

Lo cierto es que el nuevo Tribunal se deberá enfrentar a la realidad de un continente que es escenario de los conflictos internos más sangrientos del mundo, en muy buen parte apoyados y financiados por el capital internacional. El interés de éste por controlar y explotar los recursos naturales africanos alimenta los enfrentamientos internos y, de paso, sirve de base para uno de los comercios más lucrativos del mundo, el de las armas ligeras que se suministran tanto a los Ejércitos estatales como a los grupos rebeldes.

Los conflictos se derivan en múltiples violaciones de los Derechos Humanos contra civiles, que quedan por lo general impunes. Tal es el caso de países como Burundi, República Centroafricana, Congo-Brazaville, República Democrática del Congo (RDC), Costa de Marfil, Liberia, Sudán, Senegal o Uganda, entre otros.

Las pautas más generalizadas de violaciones de Derechos Humanos son las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones o las torturas por parte de los Gobiernos y los secuestros, las mutilaciones, las torturas de civiles o el reclutamiento de niños soldados (sobre todo en Liberia, Costa de Marfil, Burundi o la RDC) por parte de los grupos rebeldes.

También se registran torturas y malos tratos, así como detenciones arbitarias, en países como Angola, Eritrea, Kenya, Guinea Ecuatorial, Togo, Mauricio, Camerún, Liberia o Zimbabwe, entre otros. La pena de muerte sigue figurando en las legislaciones de 14 países y en Nigeria, Sudán y Uganda se sigue aplicando.

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