Al inicio de la primera semana oficial de campaña con antelación a las elecciones presidenciales del 8 de abril, Amnistía Internacional ha pedido a todos los candidatos que se comprometan a abordar con seriedad los descubrimientos de fosas comunes que albergan a presuntas víctimas de graves abusos contra los derechos humanos cometidos en la pasada década.

"Es preciso que se tomen medidas urgentes para garantizar la protección de todas las fosas comunes, dondequiera que aparezcan - ha señalado Amnistía Internacional -. Con independencia de quiénes hayan sido los autores de la muerte de las personas cuyos restos descansan en esos lugares, las autoridades deben garantizar que no se destruyen las pruebas encontradas".

El llamamiento de Amnistía Internacional sucede a los alarmantes informes recibidos recientemente, según los cuales el mes pasado fueron exhumados los restos mortales de decenas de personas de una fosa común situada en la provincia occidental de Relizane y trasladados a otro lugar, en un aparente intento de ocultar o destruir pruebas de los abusos cometidos. Los restos hallados pertenecen, al parecer, a civiles que fueron secuestrados y muertos a mediados de los años noventa a manos de una milicia local armada por el Estado.

No es la primera vez que salen a la luz informes como éstos. En el 2000, activistas de derechos humanos en Argelia aseguraron que los restos mortales de unas 20 personas enterrados en otra fosa común situada en la misma zona fueron exhumados y trasladados por miembros de la misma milicia con el propósito de encubrir sus crímenes.

"Los restos humanos encontrados en las fosas comunes no sólo son indicios fundamentales para las investigaciones que aún están pendientes sobre el alcance de los crímenes contra la humanidad cometidos la pasada década en Argelia, sino también los restos de unas víctimas cuyos familiares deberían tener la ocasión, largamente esperada, de darles una sepultura digna" ha afirmado Amnistía Internacional.

En los últimos años, la organización de derechos humanos ha solicitado reiteradamente el establecimiento de una comisión completa, independiente e imparcial para investigar los gravísimos abusos contra los derechos humanos perpetrados en Argelia desde 1992 por las fuerzas de seguridad, grupos armados y milicias armadas por el Estado.

Desde 1998, la prensa argelina ha informado sobre el descubrimiento de alrededor de una decena de fosas comunes, muchas de ellas en zonas que resultaron gravemente afectadas por la violencia a mediados de los años noventa. La información publicada en los periódicos parecía indicar que cada una de ellas podía contener los restos de hasta varias decenas de personas.

La forma en que las autoridades se han ocupado de estas fosas comunes ha suscitado considerable temor e inquietud. Además de no impedir presuntos encubrimientos, las autoridades no parecen haber investigado las fosas comunes con arreglo a las normas internacionalmente aceptadas, lo cual, según informes, ha ocasionado la destrucción de algunas o todas las pruebas disponibles.

El temor y la inquietud son especialmente intensos en el caso de las familias de miles de personas secuestradas por grupos armados en la última década y presuntamente asesinadas por ellos sin que sus cuerpos hayan aparecido nunca. Estas familias creen que los restos de sus seres queridos podrían reposar en fosas comunes, y confían en que puedan ser exhumados e identificados cuanto antes para poder darles sepultura dignamente.

Las asociaciones de familiares de "desaparecidos" también están profundamente preocupadas, ya que consideran que algunas de estas fosas podrían albergar los cadáveres de civiles que "desaparecieron" tras su aprehensión por las fuerzas de seguridad o las milicias armadas por el Estado en los años noventa.

El legado de una década de violencia, en la que más de 100.000 personas han perdido la vida y miles más han "desaparecido", no ha sido abordado de forma concreta por las autoridades argelinas, como se refleja en la manera en que han tratado el asunto de las fosas comunes.

Hasta la fecha prácticamente no se han tomado medidas encaminadas al esclarecimiento de la verdad sobre estos abusos y al procesamiento de los responsables, lo que ha privado a las víctimas y sus familiares de resarcimiento y a la población de garantías de que los crímenes contra la humanidad que han presenciado en los últimos años no se repetirán.

Información general

El descubrimiento más reciente de una fosa común en la provincia de Relizane fue anunciado en una conferencia de prensa ofrecida en Argelia el 27 de diciembre de 2003 por Mohamed Smaïn, defensor de los derechos humanos, quien explicó que había sido alertado sobre su existencia por personas que residían en la zona y habían descubierto restos humanos y prendas de ropa en el lugar.

Dos cosas encontradas allí, unos pantalones impermeables y un mechero, fueron identificadas por una familia del lugar como pertenecientes a un pariente suyo "desaparecido". Según la familia, Abed Saidane, comerciante de 48 años y padre de siete hijos, llevaba esos pantalones cuando fue secuestrado el 9 de septiembre de 1996 por miembros de una milicia local armada por el Estado, en presencia de varios familiares. Parece ser que las milicias locales fueron responsables de la "desaparición" de más de 200 civiles en la zona a mediados de los años noventa.

Mohamed Smaïn, director de la sección local de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos, ha denunciado en repetidas ocasiones a las milicias locales armadas por el Estado que él considera responsables de estos crímenes. Como consecuencia de su labor de campaña, los milicianos a los que estaba denunciando emprendieron acciones judiciales en su contra en el 2001. En enero de 2002 fue declarado culpable de difamarlos y condenado, en vista de apelación, a un año de cárcel, una multa de 5.000 dinares (unos 65 dólares estadounidenses) y una indemnización total por daños y perjuicios de 270.000 dinares (3.500 dólares estadounidenses). Actualmente se encuentra en libertad, en espera de una decisión del Tribunal Supremo sobre su causa. Si es encarcelado, Amnistía Internacional lo considerará preso de conciencia.

Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos que, a la hora de realizar investigaciones sobre fosas comunes, se atengan a los métodos establecidos en los acuerdos internacionalmente aceptados, como el Protocolo Modelo de las Naciones Unidas de Exhumación y Análisis de Restos Óseos.

Si desean más información, remítanse al informe más reciente sobre este asunto publicado por Amnistía Internacional, "Argelia: ¿Medidas para el cambio o promesas vacías?" (Índice AI: MDE 28/005/2003), de 16 de septiembre de 2003.