Pierre Franklin Tavares
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Los jóvenes Estados africanos independientes heredaron una soberanía fragil, que las multinacionales y la dislocación de las sociedades por las políticas de ajuste acabaron por reducir a la nada. El poder público se convierte así en una ficción de la que todos buscan sacar provecho y el golpe de Estado en una forma natural de conquistar el poder.

Golpes de Estado en Guinea Bissau (septiembre de 2003) y en Santo Tomé y Príncipe (julio de 2003), intentos fracasados de golpe en Mauritania y en Burkina Faso (octubre de 2003), derrocamiento de Charles Taylor en Liberia por una rebelión (agosto de 2003), agitación política en Senegal (2003), desestabilización en Costa de Marfil (desde septiembre de 2002)... Pareciera que la crisis política se ha instalado de manera duradera en los países de África Occidental. Y si bien algunos escapan a ella, como Cabo Verde, Ghana y Mali, ¿por cuánto tiempo seguirán protegidos de esas conmociones? Puede decirse que el África Occidental se encuentra al borde de un derrumbe general.

Las crisis actuales parecen tener una naturaleza totalmente diferente de las que afectaron a los Estados africanos en los años posteriores a la independencia. A las luchas ideológicas de la Guerra Fría le sucedió una doble desestabilización, debida por una parte a la inserción a marcha forzada en la mundialización económica, y por otra, a la democratización improvisada de Estados sin recursos. Estos dos fenómenos terminaron por deslegitimar las nacientes construcciones nacionales y tornaron puramente ficticia la soberanía de esos países.

En virtud de una "ironía trágica", varios fenómenos de naturaleza muy diferente conjugaron sus efectos desestabilizadores: el final del enfrentamiento Este-Oeste, que estructuraba la geopolítica africana; la improvisación de los prestamistas de fondos al imponer un orden democrático mal controlado (sustituido por el discurso de François Mitterrand en La Baule en 1990 (1)); el nuevo marco macroeconómico ultraliberal, que significó privatizaciones salvajes, programas de ajuste estructural incoherentes y drásticos, planes sociales encubiertos, explotación descarada de la mano de obra, precios irrisorios de las materias primas y fraudes, medidas comerciales desventajosas, etc. (2); las intervenciones salvajes de las multinacionales occidentales y de los poderosos bancos orientales; el estallido de la deuda; las aspiraciones de algunos Estados africanos (por ejemplo, las intervenciones en Chad y el activismo "panafricanista" de Libia) (3); la desconcertante falta de cultura general de muchos dirigentes políticos del continente negro, con su corolario, la falta de visión (incluso a corto plazo); la corrupción de los pequeños y grandes funcionarios; el tráfico de armas; etc. Todos males que han terminado por hundir a un continente ya muy debilitado.

Todos los indicadores macroeconómicos, sociales y sanitarios se degradaron súbitamente desde los años 1980, erradicando a las clases medias y creando profundas tensiones sociales. El África Occidental se ha empobrecido, el Producto Interno Bruto de todos los países se ha deteriorado, el crecimiento prometido por los prestamistas de fondos no se ha producido e incluso ha pasado del 3,5% en promedio en 1975 al 2% en 2000 (4). El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) describe una "degradación sin precedentes" de los indicadores de desarrollo humano (5).

En casi todas partes los salarios de la función pública se pagan con dificultades: en República Centroafricana una de las primeras medidas del gobierno golpista del general François Bozizé fue anunciar, en la primavera de 2003, el pago de los sueldos atrasados. El desempleo no deja de crecer. Las patologías (sida, enfermedades tropicales, etc.) se propagan y afectan gravemente la esperanza de vida de las poblaciones. Los refugiados se cuentan por miles. Pauperizados, los ejércitos se han convertido en una amenaza constante para los regímenes de muchos países, como lo demostró el levantamiento en República Centroafricana, el intento de golpe de Estado en Burkina Faso y la rebelión en Costa de Marfil (6).

En realidad, sólo se han "democratizado" los golpes de Estado y las guerras civiles, entremezcladas con extrañas guerras ajenas que forman ahora una madeja densa y difícil de desenredar. Así, Congo Kinshasa está simultáneamente invadido por sus vecinos y dividido entre diferentes facciones políticas, a su vez apoyadas por potencias extranjeras (7). Todo ocurre como si ya no hubiera "vida ética" en África. Resulta muy revelador que la noción misma de "bien público" haya desaparecido de los discursos políticos e intelectuales.

En lugar de una voluntad general, sólo hay un enfrentamiento generalizado de voluntades singulares, todas focalizadas en las etnias, esas palancas tan fáciles de manejar, como lo muestra la temática de la "marfilidad" y la propaganda de los actores de la crisis en Costa de Marfil.

La necesidad, dicen los filósofos, es el conjunto de los accidentes. Así, desde hace unos quince años existe una continuidad política e histórica entre las guerras y los golpes de Estado. En realidad, de Monrovia a Bissau, de Freetown a Nouakchott, de Dakar a Niamey, de Casamance (Senegal) a Abiyán, se trata de un solo y único fenómeno. En África (especialmente en los países occidentales) ya no hay Estados independientes en el sentido político del término. Las independencias llamadas formales, es decir, jurídicas y en los papeles, adquiridas en los años 1960, se han tornado abstractas. A los ojos de los ciudadanos, de los dirigentes, de las facciones y de los jefes militares, el poder estatal se ha vuelto una ficción que se sufre y de la que se intenta sacar provecho.

Por un lado, la existencia y el funcionamiento de cada Estado de África Occidental dependen directamente de los cálculos de los Estados vecinos. Hay una repercusión regional de la inestabilidad en Costa de Marfil, especialmente en los países de enclave (como Mali y Burkina Faso), migraciones masivas de trabajadores (de Burkina Faso hacia Costa de Marfil, por ejemplo), injerencias políticas (de Guinea Bissau en la crisis de Casamance, de Chad en la crisis centroafricana), etc.

Por otro, el derecho público interno -la Constitución- está ahora determinado por el derecho público internacional, es decir, por la calidad de la relación con los demás Estados. Pero si bien esta relación puede contribuir a una solución de paz positiva (por ejemplo, en Congo Kinshasa, donde Naciones Unidas y Sudáfrica apadrinaron los acuerdos) (8), a veces se la juzga como negativa y fundada en la hostilidad.

La crisis de Costa de Marfil brinda una ilustración significativa. En efecto, los acuerdos de Linas-Marcoussis del 24 de enero de 2003 (en los que se organizó un reparto del poder con las facciones rebeldes, en detrimento de la presidencia y en beneficio del gobierno) entran en contradicción con la constitución nacional (presidencial). Estos acuerdos, por más legítimos y necesarios que hayan sido, marcan el punto culminante del proceso histórico de debilitamiento de la institución presidencial iniciado en 1990, y el fin del régimen de Félix Houphouët-Boigny.

Ahora bien, en Costa de Marfil, la institución presidencial no puede ser reemplazada por un sistema de primer ministro con plenos poderes, porque el país no dispone todavía de un régimen parlamentario como tiene, por ejemplo, Cabo Verde. Para los marfileños, un derecho público externo excelente vale menos que un derecho público interno defectuoso. Evidentemente, estas contradicciones explican, sin justificarlos, los cambios de posición del presidente Laurent Gbagbo.

La incuria de las elites africanas terminó, por otra parte, reduciendo a nada las soberanías. Un delegado al Diálogo Nacional Centroafricano, organizado después del golpe de la primavera de 2003, llegó a hacer el siguiente razonamiento: "Todos los centroafricanos son corruptibles y corrompidos. Pero el Estado centroafricano debe conseguir sus ingresos fiscales. Por lo tanto, la organización y la gestión de la administración financiera del Estado deben ser transferidas a expatriados franceses!". Así, uno de los instrumentos esenciales de la soberanía del Estado -los impuestos y, en consecuencia, el presupuesto- pasaría a estar bajo la autoridad directa del Ministerio francés de la Cooperación. Este silogismo no hace más que ilustrar, en su gran ingenuidad, la alienación de numerosos responsables políticos africanos, que alcanza con esto su colmo.

En unos quince años, las fronteras establecidas en la Conferencia de Berlín (1885) y consagradas en los textos fundadores de la Organización para la Unidad Africana (OUA) se han vuelto porosas y ficticias. Son verdaderos coladores para todos los movimientos rebeldes: en Costa de Marfil, los mercenarios y milicias reclutadas por las diferentes facciones se han vuelto casi incontrolables y amenazan a ciertas zonas del país con desviaciones mafiosas. El mismo fenómeno puede observarse en Liberia, donde los ex combatientes de la guerra de Sierra Leona se convirtieron en combatientes contra el presidente Charles Taylor, derrocado en agosto de 2003.

La fuerte interdependencia de los Estados africanos depende a su vez en gran medida de los intereses de las multinacionales. Sean europeas u orientales, han sometido y controlado los aparatos de los Estados. Han abolido de facto las fronteras heredadas de la colonización y han modificado profundamente la naturaleza de los Estados del continente, haciendo de ellos anexos u oficinas de control.

Los conflictos "étnicos" suelen ser una pantalla del cálculo de intereses que efectúan los poderes instalados o las multinacionales. Estas últimas instrumentan conflictos regionales o locales para conseguir o mantener mercados y concesiones. El papel de los industriales de la madera en la descomposición de Liberia y del Congo Kinshasa ha sido denunciado por organizaciones no gubernamentales y por un informe de Naciones Unidas (9). La prensa marfileña no pierde ninguna ocasión de recordar que la crisis de su país nació cuando el presidente Gbagbo anunció la renegociación de algunas concesiones públicas (10).

Esta intromisión de las multinacionales -así como las reglas de la mundialización económica- en la esfera pública africana ha provocado una amalgama entre derecho público y derecho privado. En efecto, los asuntos públicos no son gestionados conforme a las reglas universales de la administración pública, sino según las reglas jurídicas del derecho privado. La mayoría de los jefes de Estado africanos no se ven a sí mismos como presidentes de una República, garantes del interés general, sino más bien como presidentes de un consejo de administración. La gestión del petróleo, del oro y de los diamantes, y la venta de los productos agrícolas y de los recursos naturales (minerales, madera) dan lugar a comportamientos de clan, incluso de lealtad feudal, desde la firma de contratos de explotación de las materias primas (comisiones) hasta la distribución de los importantes valores agregados producidos al momento de su venta en el mercado mundial.

Sentado sobre la renta petrolera, el régimen de Gabón ha llegado a ser maestro en este juego, lo mismo que el gobierno de Angola. Las privatizaciones ordenadas por los prestamistas de fondos han dado lugar a verdaderas liquidaciones, que los Estados no han querido o no han sabido resistir. Así, el gobierno senegalés no termina nunca de renegociar las condiciones de la privatización de la Compañía Nacional de Electricidad. Los pueblos son, evidentemente, los grandes perdedores de este reparto del poder en la cumbre. En este contexto, el golpe de Estado se vuelve un modo normal de transmisión del poder público.

Una recolonización civil

Desde el final del enfrentamiento Este-Oeste, las multinacionales actúan cada vez más sin contrapesos políticos (11). Vinculadas en su origen a los intereses gubernamentales, adquieren cierta autonomía. En África, donde los Estados son débiles, han hecho literalmente la política exterior, aprovechando la rápida prescindencia de los países europeos -dictada por el rechazo a la injerencia en los asuntos internos-. El proceso a los dirigentes de la sociedad Elf reveló las negociaciones organizadas por Loïc Le Floch-Prigent con la rebelión de Angola (Unión para la Independencia Total de Angola - Unita) de Jonas Savimbi, mientras oficialmente financiaba al poder establecido (Movimiento Popular de Liberación de Angola - MPLA) (12).

En febrero de 2003, en el Foro Social Africano de Addis Abeba, un delegado del Congo Brazzaville consideró irónicamente que en su país se enfrentaban dos legitimidades: la "legitimidad democrática" y la "legitimidad petrolera". El término de recolonización "civil", utilizado en el mundo económico internacional, se acomoda bien a esta situación. Y señala claramente la impotencia del poder público en África.

Nunca hubo en este continente tantas "batallas", patologías, y saqueos de la economía y del subsuelo. Las ganancias acumuladas durante estos últimos quince años son considerables, incluso inigualadas. La reducción de la ayuda pública al desarrollo deja a los Estados a merced de la avidez de las grandes firmas. De manera que, en muchos casos de desestabilización de los regímenes, los Estados europeos se encuentran desfasados o superados respecto de la evolución de los acontecimientos. Y así, siempre que tratan de retomar el control, lo hacen a posteriori, especialmente mediante el ejercicio de un método ya probado: la implementación de las reconciliaciones nacionales.

En la etapa intermedia que atraviesa África, la resolución (provisoria) de los conflictos requiere todavía la intervención directa de los Estados europeos, cuyas capitales o ciudades suburbanas -símbolo significativo, revelador e ilustrativo- se vuelven los lugares de reconciliación de las clases políticas africanas consagrando, de hecho, su alienación. Es lo que ocurrió con los acuerdos marfileños de Linas-Marcoussis cerca de París. Aunque los agentes privados occidentales y orientales "enciendan" batallas y fomenten golpes de Estado, les corresponde a los Estados occidentales y orientales interponerse entre los beligerantes. Hay allí una complementariedad inadmisible, en una odiosa división del trabajo.

En suma, los Estados africanos se encuentran cada vez más fragilizados por las acciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial por un lado, y de las multinacionales por otro. ¡Esta es la "Françafrique"! Léopold Sédar Senghor deseaba otra cosa -una Euroáfrica de asociados iguales- que Francia no supo entender en su momento. La desestabilización de los Estados africanos se inscribe así en la lógica de un orden mundial desigual, que desacredita por sí mismo la cosa pública.

Habría que buscar las vías y los medios por medio de los cuales las multinacionales -así como los jefes de Estado y de guerra- implicados en los intentos de desestabilización puedan ser llevados a comparecer ante la Corte Penal Internacional (CPI). Para lograrlo, sería conveniente implementar un cuerpo judicial internacional, compuesto de jueces africanos avezados en los mecanismos financieros y económicos, y especializados en el seguimiento de los movimientos de capitales que financian los golpes de Estado y las rebeliones. También debería incrementarse el control sobre la entrega de las concesiones públicas africanas.

Según Hegel, "la historia avanza siempre por el mal camino". A través de las crisis políticas actuales aparece por primera vez la necesidad real de construir una nueva unidad política y económica del África. Pero esta nueva unidad ya no debe revestir los viejos oropeles de la OUA y de la Unión Africana, o las viejas formas de unión económica, como la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao) y la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (Uemoa) o, incluso, la Nueva asociación económica para el desarrollo de África (Nepad).

Lo que podría iniciarse a partir de la derrota histórica de los Estados africanos es la posibilidad de una unidad real (y ya no declamada) del continente. Y en este desastre que se prolonga desde hace cinco siglos, los africanos tienen también su cuota de responsabilidad.