Samuel Blixen
Brecha

El juez penal Pedro Hackenbruch podría perfectamente suscribir las palabras del ministro de Defensa, Yamandú Fau: "No tengo ni la menor idea de dónde puede estar". Fau se refería al paradero del coronel (r) Manuel Cordero, de quien al día de hoy puede afirmarse que ha pasado definitivamente a la clandestinidad. Cordero faltó a su encuentro con Hackenbruch, que lo había citado el 26 de agosto en calidad de indagado en la denuncia que otro juez penal, José Balcaldi, había formulado contra el notorio torturador. Cordero había sido denunciado por apología del delito a raíz de unas declaraciones formuladas a Búsqueda en las que reivindicó la tortura como método de combate a la subversión. El juez Balcaldi debió soportar una conducta abusiva de Cordero y de su abogado, Alejandro Pfeiff, quienes interpusieron todo tipo de artimañas jurídicas con el objeto, ya no de evitar el castigo, sino simplemente de no concurrir al juzgado: el militar quería demostrar, en la arrogancia de su impunidad, que no estaba dispuesto a inclinarse ante un juez civil, y menos por un delito de imprenta, cuando un presidente y una mayoría parlamentaria le habían concedido el privilegio de no presentarse por delitos más graves, secuestros, asesinatos, desapariciones. Cuando se le acabaron las chicanas Cordero recusó a Balcaldi, a quien le atribuyó alimentar "una sed de venganza". El magistrado entonces formuló una denuncia contra Cordero por "desacato por ofensa".
Según acaba de revelar el juez Hackenbruch, encargado de resolver en la denuncia de su colega, Cordero continuó con la práctica de chicanas. La última vez que el magistrado vio a Cordero fue en diciembre último, durante una audiencia. En abril, el fiscal Rafael Ubiría, solicitó el procesamiento del militar. Desde entonces -cuatro meses- Hackenbruch está por decidir si procesa a Cordero, y al parecer no podía resolverlo porque Cordero interponía chicanas, postergando una comparecencia en la que, posiblemente, se le comunicaría un fallo adverso. La última artimaña de Cordero ocurrió el 16 de agosto cuando en el juzgado se recibió una carta, firmada por el militar pero sin fecha, en la que informaba que pensaba ausentarse por 150 días para someterse a un tratamiento médico en el exterior, sin especificar el país. El torturador no aguardó una autorización del juez y no hay registro de recibo de la carta, con lo que no se sabe quién la entregó, carta que por otra parte no está avalada por su abogado, Jorge Recioy, quien tuvo la deferencia de informarle al magistrado que había renunciado a representar profesionalmente a Cordero. Así las cosas, Hackenbruch ordenó ese mismo lunes 16 el inmediato cierre de fronteras y solicitó a la Policía que obligara a Cordero a concurrir al juzgado. Pero en la casa de la calle Atlántico, en Malvín, una hija del militar informó que su padre ya estaba en el exterior, cuando una comisión policial entregó la citación el lunes 23, para una audiencia que debía realizarse el jueves 26. Cordero tuvo, evidentemente, margen de maniobra para escapar.
Ahí comenzó el segundo acto del sainete. ¿Dónde está Cordero? El ministro Fau fue enfático: "el ministerio no tiene ninguna competencia en este caso porque Cordero se encuentra en situación de retiro. Las fronteras no las vigilan las Fuerzas Armadas sino el Estado, a través de distintos servicios.
Quien dice que entra o sale alguien del país no es el Ejército, no es la Fuerza Aérea, no es la Armada". El ministro de Interior, Daniel Borrelli, explicó que recibió de Interpol y de la Dirección Nacional de Migraciones "información que descartaría la presunta salida del país del coronel (r) Manuel Cordero". Y especificó que hasta el miércoles 1 por la noche la justicia no había librado ninguna orden de ubicación, detención y conducción del militar. El jefe de Policía de Montevideo, Nelson Rodríguez Rienzi, dijo: "No tengo conocimiento de que haya una comunicación oficial de cierre de fronteras"; y las autoridades de Interpol explicaron que "todavía" el juez no había ordenado un pedido internacional de captura contra Cordero, ni había solicitado la colaboración de Inteligencia Policial para ubicar al fugitivo. Sin embargo, dos matutinos, El Observador y Últimas Noticias, aseguraron, citando fuentes policiales y militares, que Cordero se había internado en territorio brasileño. Los informantes de El Observador "dijeron que Cordero debe haber viajado con 'cobertura' para evitar ser reconocido y detenido por la policía de otro país". La "cobertura" de Cordero estaba gastada, según una denuncia del sindicato de funcionarios judiciales: cubierto con una gorra y bufanda, y firmando con su segundo apellido, "Piacentini", se lo vio a Cordero haciendo "trámites de baranda" en los juzgados civiles de la calle 25 de Mayo y en los de la calle San José.
El arrogante capitán que en el 5º de Artillería manoseaba a las detenidas durante las torturas y que en Buenos Aires, en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, utilizaba la tortura para concretar negocios de extorsión, venía organizando su retirada. Según un periodista de la agencia ap, la casa de la calle Atlántico donde una de sus hijas recibió a la Policía y firmó el comprobante de la citación judicial, fue alquilada a un grupo de cristianos que se dedican a difundir el Evangelio. Cordero pasó a la clandestinidad. La evidencia es su ausencia y su silencio. Pero ello no necesariamente supone que haya abandonado el país. Uruguay es un eficiente santuario de represores fugados, como lo comprueba el episodio del chileno Eugenio Berríos, que permaneció más de un año en nuestro país, en forma clandestina, vigilado por oficiales chilenos y uruguayos. En ese sentido la presteza con que "fuentes militares" aseguran que Cordero salió a Brasil sería una ingenua cortina de humo similar a aquella que el coronel Tomás Casella, uno de los custodios de Berríos, le vendió al Parlamento cuando afirmó que había acompañado al chileno hasta la frontera, cuando en realidad Berríos estaba muerto. Tampoco supone el cierre de fronteras una garantía de que el requerido no podrá fugarse, y en ese sentido resulta un tanto fútil el compromiso de honor del comandante del Ejército, Santiago Pomoli, sobre la permanencia en el territorio nacional del coronel Casella, ahora requerido por la justicia chilena y que bien podría cruzar la frontera con sólo taparse la cara con una bufanda.
En cualquier caso, Cordero tomó las medidas necesarias para eludir a la justicia. Ciertamente tuvo tiempo para planificar su pase a la clandestinidad e incluso para escribir una carta de cobertura. Nadie se explica por qué el juez Hackenbruch postergó durante cuatro meses una resolución sobre el pedido fiscal y por qué decidió cerrar las fronteras recién cuando el indagado le informó que se ausentaba, siendo que se habían confirmado nuevas chicanas formales. Este magistrado ya había sido sancionado por la Suprema Corte por la lentitud en ciertos procesos y había sido amonestado por el trámite en la denuncia contra Juan María Bordaberry por violación de la Constitución, caso en el que Hackenbruch finalmente se excusó. Sin duda Cordero tuvo noticias de un inevitable procesamiento por desacato por ofensas, una decisión que para su desgracia venía a coincidir con un inminente fallo de la Suprema Corte en un asunto que también lo involucra: el pedido de detención preventiva con vistas a la extradición, formulado por el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral en 2001. Al contrario de lo que se ha informado insistentemente, no existe hasta el día de hoy ningún pedido de extradición contra Cordero, José Gavazzo, Jorge Silveira, Jorge Medina y Julio César Vadora. En 2001 el juez Canicoba no llegó a concretarlo, contrariado por la decisión de la cancillería uruguaya de denegar su previo pedido de detención preventiva. "Habrá que esperar a un cambio de gobierno", declaró a BRECHA, en su momento, un ofuscado Canicoba.
La detención preventiva había recalado en la cancillería, en su trámite desde la Suprema Corte argentina a la Suprema Corte uruguaya, pero fue rechazada por Didier Opertti, quien interfirió en el procedimiento en base a un informe del entonces fiscal de Corte, Óscar Peri Valdez. La resolución fue cuestionada por el Ielsur, organismo de defensa de los derechos humanos, que planteó a la Suprema Corte que reclamara la potestad de la justicia para decidir en los pedidos de detención preventiva. Hace un año que la Corte analiza esta intromisión indebida del Ejecutivo. Si la Suprema Corte resuelve en ese sentido, entonces deberá reclamar al gobierno la solicitud argentina y derivarla a un juez para que decida. Con ello no sólo queda abierta la eventualidad cierta de que Cordero y sus colegas sean detenidos, con lo que Canicoba podrá formalizar el pedido de extradición por delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor, sino que se sienta precedente para otros pedidos de extradición que se anuncian desde Buenos Aires. En lo que refiere a Cordero, el mismo juez Canicoba está instruyendo una causa por los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, en los que el coronel artillero está directamente involucrado. Y en la lista de espera están las decenas de desapariciones de uruguayos exiliados. Son razones de peso para pasar a la clandestinidad.