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El Uruguay "tapado": el gran lucro va en secreto y la miseria también
Hugo Cores
La República
En sociedades como la nuestra, la democracia –aún entendida en su dimensión
más escuálida y formal- se ve fuertemente restringida por la falta de
transparencia. Veamos algunos ejemplos.
Todo lo que tiene que ver con lo financiero está recubierto por el secreto. De
las estafas de los financistas, banqueros y especuladores nos enteramos siempre
mucho tiempo después de que se han producido y raramente el Estado logra luego
recuperar una parte mínima de lo robado.
1. En estos días, con la comunicación librada por las autoridades del
Banco Central a la Asociación que defiende a los afectados por intereses de
usura, AFINDU, se ha conocido una nueva actitud de deslinde de responsabilidad
por parte del Estado.
En respuesta a una nota donde se denunciaba la acción de una decena de falsas
cooperativas de ahorro y crédito que incurren en el delito del cobro de
intereses ilegales- estamos hablando de intereses que superan el 75% de la tasa
media cobrada por los Bancos- la Superintendencia de Instituciones de
Intermediación Financiera del Banco Central afirma que las diez"cooperativas
denunciadas no se encuentran dentro del elenco de instituciones sujetas al
control de este organismo."
Dicho de otro modo, vía libre para empresas financieras que tienen, entre otras,
la facultad de retener jubilaciones y pensiones otorgadas por el Banco de
Previsión Social.
A partir de esta retención, la falsa cooperativa, que actúa también sin mínimos
contralores internos, como podrían ser asambleas democráticas de sus afiliados,
brinda créditos a jubilados y pensionistas. Sobre estos préstamos no hay formas
de contralor que permitan estimar el monto de lo retenido a cada jubilado o
pensionista por el BPS, ni el número de cuotas que se retendrán ni la relación
de estas cuotas e intereses con el monto del préstamo inicial.
Se trata, una vez más, de operaciones contra los sectores de menores ingresos y
con menos información de nuestra sociedad.
Aunque las denuncias por el cobro de intereses usurarios ante Área de Defensa
del Consumidor del Ministerio de Economía han sido centenares, no ha habido una
sola medida de protección a los perjudicados ni se han puesto trabas para
detener los abusos de que son víctimas los consumidores.
Por el contrario, las actuaciones de estos mecanismos de contralor del
Ministerio de Economía han dado muestras de una cómplice negligencia en el freno
de estos abusos. Parecería que algunos funcionarios están no para defender al
ciudadano que es víctima de la usura sino para cuidar de los intereses de los
usureros.
Aproximadamente cien mil jubilados y pensionistas reciben sus asignaciones por
intermedio de diez de estas falsas cooperativas, alguna de las cuales, además,
está notoriamente vinculada a actividades de tipo político electoral
expresamente prohibidas por la ley.
Como ocurrió en el año 2002 con la escandalosa falta de contralor por parte del
BCU de las acciones delictivas de los banqueros privados, las autoridades dejan
actuar libremente a los que lucran con las necesidades, el apremio y la
ignorancia de sus derechos que padecen los más desposeídos.
2
Días pasados el presidente de UTE explicaba ante la prensa las causas del apagón
que afectó recientemente a Montevideo. Al pasar, Scaglia hizo referencia a la
existencia de una población, Tres Ombúes, situada en la periferia de Montevideo,
en una zona sumamente expuesta al peligro de una violenta descarga eléctrica,
como efectivamente ocurrió accidentalmente días pasados provocando quemaduras
graves a un niño.
En las inmediaciones de las torres de alta tensión, que trasmiten una fuerte
carga de energía eléctrica, cientos de personas habitan casas de lata
construidas sobre terrenos rellenados de basura. En tal situación, los
habitantes de ese asentamiento corren gravísimos riesgos. "La existencia de esa
población no es un problema de UTE", sostuvo su presidente.
En un sistema como el nuestro, la existencia de los pobres no es un problema
para el gobierno. Aunque los que viven en condiciones de necesidad extrema, como
ocurre ahora entre nosotros, sean cientos de miles. No son un problema sobre
todo si son mansos y si viven lejos de las torres de alta tensión. Y cuando los
excluidos no son mansos, los problemas sociales se transforman en una "cuestión
de policía". Que es también una forma engañosa e inconducente de abordar la
realidad de la gente a la que el régimen empuja a la marginalidad.
Lo que no se ha logrado ni se logrará con gobiernos como los de Lacalle,
Sanguinetti y Batlle, es que la cuestión social adquiera un estatuto propio y
determinante en el momento de decidir las políticas económicas. Esas políticas
ya dieron toda su (mala) leche. Y son cada vez menos los que esperan algo que
atenúe los flagelos sociales de la desocupación, del hambre y la miseria. De ahí
el incontenible ascenso de los que creen que hay que buscar otros caminos y dar
un golpe de timón a favor de los más necesitados.
3
Finalmente hay un aspecto que tiene que ver con la acción política y de los
medios de comunicación de masas, especialmente de la televisión abierta.
El proceso por el cual, en los últimos años, una parte considerable de la
población urbana se ha visto expulsada de la ciudad y sus posibilidades, se
desarrolla en secreto. Más de 150 mil uruguayos han sido arrojados a
asentamientos marginales, en muchos de los cuales los niveles de pobreza
alcanzan su mayor y más dramática expresión. Asentamientos que, sin
interrupción, en un proceso lento y silencioso, crecen a un ritmo del 10% al
año.
No es fácil hacer números con esto pero hay que pensar en cientos de personas
por mes. Así lo indican las dependencias estatales que miden esos
desplazamientos de población.
Exilios silenciosos, estas expulsiones son, en la vida familiar de los pobres y
de los trabajadores, una verdadera tragedia, que no obstante no logra "ser
iluminada desde la dimensión universal y solar de la esfera pública". No son
noticia, ni centro del debate político. Suceden, como sucede que se erosionan
los campos, como un hecho "natural".
Junto con el empleo, o un poco después, el trabajador perdió la vivienda y el
barrio, el liceo y la escuela, se alejó la policlínica y las posibilidades de
empleo aunque sea en changas.
Tragedia sin público. Los pobres no intervienen en la decisión sobre qué cosas
son un problema grave y cuáles son las soluciones. Por eso su confinamiento en
los campos de la miseria es opaco. Una cuidadosa articulación del poder político
con el poder de los medios de comunicación (y de algunos académicos) ha logrado
sacar del debate la problemática de la explotación y la marginalización social.
Drama social que se vive en privado.
En la sociedad política suelen discutirse las declaraciones más extravagantes de
algunos dirigentes.
Salvo para la izquierda, que se ha comprometido con un plan para atender la
emergencia social, en el país oficial, en los discursos de Larrañaga y de
Stirling, lo que nunca aflora es ese cuadro de destrucción social que padece
Uruguay y menos aún la explicitación de las soluciones a que se apelará para
resolverlo.